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lunes, 27 de noviembre de 2017

GUATEMALA: PLANTÓN PACIFICO, COMUNIDADES DESALOJADAS FORZOSAMENTE Y DESPLAZADAS INTERNAS POR EL ESTADO DE GUATEMALA CONSTITUYEN COMUNIDAD FRENTE A CASA PRESIDENCIAL


Familias provenientes de distintas comunidades desalojadas de manera forzosa por el Estado de Guatemala, en los departamentos de Petén, Izabal, las Verapaces, Quiché, Santa Rosa y Escuintla, constituyen una comunidad indígena y campesina, denominada “Comunidad Indígena y campesina de desalojados de manera forzosa y de desplazados internos por el Estado de Guatemala”, el cual exige al Gobierno de Guatemala, soluciones a la problemática agraria que afecta a las familias y comunidades, la reinstalación de las comunidades desalojadas, el cese a los desalojos y el cese a las políticas represivas, violentas, asesinas y criminalizadoras, implementadas por el Gobierno de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera.

Las familias que constituyen la comunidad, manifiestan venir preparados para quedarse el tiempo que sea necesario hasta que el Gobierno asuma compromisos y defina soluciones a la problemática que los afecta; “Las familias desalojadas exigimos al Presidente que deje de desalojar a las familias que viven en las comunidades, que deje de perseguirnos y llamarnos invasores y terroristas por el hecho de exigir que se cumplan nuestros derechos, no queremos más violencia, más criminalización ni asesinatos” expresó Lorenzo Pop, en representación de las comunidades de las Verapaces.

“Las Comunidades indígenas y Campesinas presentes, exigen al Estado de Guatemala el cumplimiento de su legítimo derecho a su Territorio, es motivo de repudio ver como el Gobierno Actual, antepone intereses de un sector de poder económico, por encima de los derechos inherentes, inalienables y constitucionales de los Pueblos Originarios, implementando políticas criminalizadoras, represivas, violentas y asesinas en contra de las comunidades que defienden su territorio y su derecho a la vida”, expresó Julian Marcelo Sabuc, coordinador Nacional del CCDA.
Éste mismo día se hizo entrega a la Secretaría general de la Presidencia, un memorial con las exigencias de las comunidades constituidas en la “Comunidad Indígena y campesina de desalojados de manera forzosa y de desplazados internos por el Estado de Guatemala”.
CCDA Presente. 


COMUNICADO DE PRENSA DEL 20 DE NOVIEMBRE

El Comité Campesino del Altiplano, CCDA, y la Asamblea Permanente de Comunidades desalojadas y desplazadas por parte del Gobierno de Guatemala, a la opinión pública, a los medios de comunicación nacionales, internacionales y alternativos, y a la Población en General, MANIFIESTA:

Durante mucho tiempo hemos entablado mesas de negociación con altos funcionarios del gobierno de Jimmy Morales, con la finalidad de resolver los graves problemas agrarios en distintos puntos del país, sin que hasta el momento hallan resultados concretos y viables para las comunidades y pueblos indígenas y campesinos. Hemos sido flexibles en nuestras peticiones a tal grado de priorizar entre miles de casos, tan solo 147 conflictos que no representa ni si quiera el 10% de las comunidades que hoy en día no tienen la certeza jurídica de su territorio, esto a pesar de que muchos de los casos las comunidades se han asentado en sus tierras por décadas, incluso siglos, por lo que históricamente ese territorio les pertenece pero aun así, las maniobras oscuras de ciertos sectores se las intenta arrebatar con maniobras ilegales.

La semana recién pasada la asamblea se reunió con líderes y lideresas de 50 comunidades desalojadas de los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Izabal, Escuintla, Peten, El Quiche y Santa Rosa, y dimos un plazo de 10 días para el gobierno en turno a través de las instituciones relacionadas al tema agrario dieran una solución a las hermanas y hermanos afectados por los desalojos que han dejado como resultado, Comunidades completas desplazadas en zonas montañosas.

Esto solo demuestra el interés de este Gobierno por acaparar las tierras que con mucho esfuerzo hemos trabajado y las hemos vuelto útiles para las cosechas, ahora ellos lo quieren para seguir con su modelo de desarrollo extractivo, acaparador y explotador que lo único que ha demostrado es la miseria, la exclusión, la discriminación y el racismo para nuestros pueblos originarios.
En esa ocasión también denunciamos el exceso de la fuerza pública para ejecutar un desalojo supuestamente pacifico, procesos en donde participaban cientos de elementos de la Policía Nacional Civil quienes en lugar de realizar su trabajo que es cuidar a la ciudadanía, pasaron a ser parte de los empresarios corruptos e impunes que son favorecidos por el Estado.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO:
La Asamblea de Comunidades desalojadas y desplazadas, se encuentran en asamblea permanente y hemos acordado tomar medidas de hecho durante los siguientes días, para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, de territorio, culturales y constitucionales de los habitantes de las comunidades desalojadas.
Exigimos:
• Al Estado de Guatemala Presidido por el gobierno de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, el cese inmediato de los desalojos forzados y desplazamientos internos, producto de sus políticas represivas, criminalizadoras, violentas y destructivas, cometidas en contra de las comunidades originarias de los departamentos de Izabal, Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Santa Rosa y Quiché.
Demandamos al Estado que resuelva inmediatamente las demandas de tierra de las comunidades, ya que ellos son la base fundamental para la producción de alimentación y auto sostenibilidad de las familias para la generación de ingresos. 
La depuración de los integrantes del pacto de la corrupción e impunidad en el Congreso de la República que buscan continuamente atentar en contra del bienestar de las grandes mayorías favoreciendo únicamente intereses de sectores de corrupción, del crimen organizado, el narcotráfico, transnacionales y sectores de poder económico, incrementando la impunidad, y la legislación perversa, sumado a que no dudamos que ellos también sean parte de esa secta que desaloja a diestra y siniestra a las comunidades de nuestros hermanos y hermanas.

Solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la aprobacion de medidas cautelares para las familias desalojadas de manera forzada y desplazados internos, consecuencia a las políticas de este Gobierno.
• Solicitamos a la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, su vigilancia al cumplimiento de los derechos humanos de las familias desalojadas, y acciones en contra del Gobierno de Guatemala y sus instituciones, debido a la ola de acciones represivas en contra de las comunidades, en las que se han violentado derechos humanos a hombres, mujeres, niños, niñas y adultos mayores, habitantes de las comunidades.
A la CICIG, la investigación de las instituciones y los órganos de justicia que han incurrido en ilegalidades al otorgar autorización de desalojos extrajudiciales y anómalas en contra de las comunidades.
Guatemala, 20 de noviembre de 2017
CCDA PRESENTE EN LA LUCHA.

miércoles, 7 de junio de 2017

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DEFENSORAS, DEFENSORES Y AUTORIDADES ORIGINARIAS DE LOS PUEBLOS Y TERRITORIOS DE AMÉRICA LATINA


Encuentro Latinoamericano sobre “Estrategias de protección para la defensa del territorio”

30, 31 de mayo y 1 de junio 2017. Casa Xitla, Tlalpan, Ciudad de México

Declaración organizaciones participantes en el Encuentro Latinoamericano de Defensoras, Defensores y Autoridades Originarias de los pueblos y territorios de América Latina. 1

Defensores y defensoras, autoridades originarias de los pueblos y territorios de América Latina nos hemos reunido en la ciudad de México para compartir y analizar nuestras realidades, luchas, desafíos y esperanzas.

Vemos con indignación el avance de un modelo de desarrollo neoliberal y extractivista, que saquea los bienes naturales, que avasalla los territorios y destruye la vida en todas sus formas. Es un sistema basado en un nuevo colonialismo que genera nuevas formas de esclavitud entre las poblaciones que habitan los territorios devastados por una insaciable codicia. Es un sistema que considera los cuerpos de las mujeres otro territorio a ocupar y a ganar como botín de guerra. Sus impactos se viven con intensidad particularmente en las poblaciones indígenas, rurales, negras, afrodescendientes, mestizas-rurales y quilombolas.

Vemos con dolor cómo se deterioran las aguas, los bosques, las tierras de nuestra región. Y cómo se criminaliza, se judicializa y se estigmatiza a quienes defendemos estos bienes comunes. Vemos con preocupación el acelerado proceso de reconcentración de la tierra y de la riqueza en cada vez menos manos, lo que está generando en nuestro continente monstruosas y peligrosas desigualdades.

Vivimos rodeados de impunidad, de corrupción, de censura, de compra de conciencias, de militarización, sicariato, de asesinatos, desapariciones y encarcelamientos. Vivimos en narcoestados en los que la vida no vale nada y las leyes son empleadas para reprimir a quienes alzamos la voz y trabajamos porque estos problemas desaparezcan.

Los poderes formales -gobiernos e instituciones-, los poderes fácticos -grandes capitales, transnacionales, narcoactividad, iglesias conservadoras, medios de comunicación cómplices- están fortaleciendo este modelo económico neoliberal y patriarcal que ha hecho del dinero el dios a quien servir a costa de la Vida, arrasando derechos civiles y políticos, derechos culturales, derechos ambientales, todos los derechos conquistados en tantos años para nuestros pueblos.

No aceptamos la manipulación que estos poderes hacen de la historia de nuestros pueblos ni el discurso que pretende hacernos creer que la destrucción de nuestros territorios y el saqueo de nuestros recursos naturales traerán desarrollo, progreso y bienestar.

Consideramos inaudito que en pleno siglo 21 y con el reconocimiento cada vez amplio de la comunidad internacional de los derechos para todo ser humano se continúe encarcelando y asesinando a defensores y defensoras de las aguas, los bosques, las tierras y el territorio.

El saqueo y las injusticias, el abuso del poder ha dejado grandes huellas y duelos aun no resueltos en nuestros pueblos y comunidades. Hemos visto desarticularse el tejido social comunitario y debilitarse los sistemas normativos, culturales e históricos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y de sus territorios. Hemos visto desaparecer la autonomía municipal y la de los territorios. Hemos visto incrementarse los feminicidios, la violencia sexual, el tráfico y la negociación con los cuerpos de las mujeres, la fragmentación de las familias, el desplazamiento forzado de poblaciones que dejan atrás sus hogares, sus afectos, sus recuerdos. Hemos visto vivir a mucha de nuestra gente en incertidumbre y permanente zozobra, con el temor diario de perder la vida.

En el día de hoy, también en el de mañana y en el de pasado mañana, en cada uno de nuestros países, en cada territorio de Nuestra América, una defensora, un defensor, una persona, será asesinada, encarcelada, desaparecida, torturada, amenazada, violada o desterrada por defender derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es para enfrentar tanta muerte que defensoras y defensores de derechos humanos, particularmente quienes defienden el medioambiente y los territorios estamos tejiendo alianzas estratégicas que sean duraderas y que nos permitan protegernos mejor y fortalecer la organización, las resistencias y la acción política.

Hacemos un llamado a otros pueblos, a académicos, intelectuales progresistas, organizaciones y movimientos sociales, populares y comunitarios a respaldar con decisión y pasión estas luchas y resistencias y a no permitir que avance más este modelo patriarcal, neoliberal y depredador de los bienes naturales, porque si sigue avanzando terminará destruyendo a toda la Humanidad y la vida.

Queremos decirles que, en medio de tanto esfuerzo, seguimos vivos y vivas. Y que nos sentimos alegres de mantener nuestro compromiso de luchar por la Vida. Por la vida de todo las formas de vida. Por la libertad, la justicia y la permanencia de la memoria. Por un futuro mejor para todas y para todos. Por el planeta, nuestra casa común.

En Ciudad México en el primer día del mes de junio de 2017

Organizaciones firmantes y país.

Parlamento Mapuche Río Negro – Argentina

Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – Bolivia

Comissao Pastoral Da Terra (CPT) – Brasil

Movimento Sem Terra – Brasil

Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos – Brasil

Terra de Direitos – Brasil

Anamuri – Chile

Red de Defensa de los Territorios – Chile

Pueblo Mapuche, Comunidad Juan Kurrin – Chile

Asociación de Campesinos de Buenos Aires – Colombia

Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Naya – Colombia

Equipo Jurídico Pueblos – Colombia

Movimiento Ríos Vivos – Colombia

Proceso Comunidades Negras – Colombia

Asociación Norte por la Vida (UNOVIDA) – Costa Rica

Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana – Ecuador

Asociación de Mujeres de Santo Tomás (Momujest) – El Salvador

Unidad Ecológica Salvadoreña – El Salvador

Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir – Guatemala

Comité Campesino del Altiplano (CCDA) – Guatemala

Consejo de Pueblos K’iche’ CPK – Guatemala

Consejo Mam – Guatemala

Coordinadora Ecuménica y Social en Defensa de la Vida en Zacapa y Chiquimula – Guatemala Gobierno Ancestral Plurinacional Izabal – Guatemala

Jóvenes Organizados en Defensa de la Vida – Guatemala

Madre Selva – Guatemala

Resistencia Pacífica La Puya – Guatemala

Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) – Honduras

Comunidad el Listón – Honduras

Comunidades Zacate Grande ADEPZA – Honduras

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – Honduras

Movimiento Ambientalista de Olancho – Honduras

Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz – Honduras

Organización de Mujeres Miskitas – Honduras

Organización Fraternal Negra Hondureña – Honduras

Alianza Sierra Madre – México

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio – México

Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPJ) – México

Colectivo de Mujeres Hilamos Vida – México

Cooperativa la Tosepan Sierra Norte de Puebla – México

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra – México

Movimiento en defensa del río San Pedro Libre – México

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) Chiapas – México

Tribu Yaqui – México

Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio – México

Movimiento de Mujeres Segovianas – Nicaragua

Movimiento Segoviano Llegó la Hora de la Acción del Pueblo – Nicaragua

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP) – Panamá

Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas – Paraguay

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – Perú

Pueblo Shiwilu de la Amazonía – Perú

Rondas Campesinas femeninas de Bambamarca – Perú

1Este encuentro fue organizado por Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Fondo Acción Urgente – América Latina (FAU-AL), Front Line Defenders, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Just Associates (JASS), Pan para el Mundo, Protection International y en coordinación con Aluna Acompañamiento Psicosocial, Comité por la Libertad de Expresión Honduras (C-Libre), Consorcio Oaxaca, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perú, Programa Somos Defensores, Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz), Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA) y la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM) y contó con la participación de distintas defensoras y defensores quienes elaboraron este comunicado.
http://im-defensoras.org/2017/06/declaracion-organizaciones-participantes-en-el-encuentro-latinoamericano-de-defensoras-defensores-y-autoridades-originarias-de-los-pueblos-y-territorios-de-america-latina/

lunes, 20 de marzo de 2017

GUATEMALA: COMUNICADO, ASAMBLEA DE PUEBLOS DE SAN MARCOS, TXE CHMAN


ASAMBLEA DE PUEBLOS DE SAN MARCOS, TXE CHMAN

Ante la opinión pública

En ocasión de la libertad de 6 de los 10 presos políticos
del municipio de San Pablo, departamento de San Marcos yde la persistente criminalización de defensores de derechos humanos de dicho departamento

Desde hace años el municipio de San Pablo está sufriendo una persecución y criminalización sin precedentes. No sólo autoridades mayas y comunitarias, también líderes sociales y ciudadanos comunes están siendo criminalizados, a fin de que no haya expresiones en contra de proyectos de explotación de bienes naturales; se busca entonces, que no se escuchen voces disidentes.

Damos la bienvenida a…

Damos la bienvenida a Fausto Sánchez, autoridad Maya Mam de San Marcos, quien siendo inocente estuvo privado de su libertad durante 2 años y 3 meses –dos veces absuelto de todo cargo por los tribunales del Organismo Judicial. Exigimos al Estado la reparación económica y moral derivada de su detención arbitraria y de la violación de sus derechos y de su familia.

Damos la bienvenida a Lorenzo Ramírez, Alfonso Chilel, Maribel Díaz, Marco Tulio Pérez y Simeón Mauricio Guzmán –algunos fueron inducidos a declararse culpables por el Ministerio Público, a cambio de condenas más leves, aunque no habían cometido ningún delito.En su mayoría pasaron más de 2 años en prisión; incluso, pasaron más tiempo en la cárcel al tiempo de su condena.

Denunciamos la continua criminalización…

Denunciamos la continua criminalización de Bruno Solís, Nery Santos y Heriberto Santos, a quienes se les sigue impidiendo su libertad con el uso frívolo de recursos judiciales; por ejemplo, el último recurso de casación presentado por parte del "querellante adhesivo", con el único fin de alargar la detención y la violación a los derechos humanos.

Denunciamos la ilegalidad de haber admitido a la Asociación Liga Pro Patria como "querellante adhesivo". Como la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) lo dijera en su reciente comunicado, nos "preocupa sobremanera que en esta criminalización jueces, fiscales y abogados tengan algún nivel de participación para lograr criminalizar a las personas". Exigimos la imparcialidad del Organismo Judicial, quien debe rechazar y no dar trámite a espurias actuaciones.

Denunciamos la continua criminalización de Óscar Sánchez, a quién el Juez Unipersonal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de San Marcos le suspendió el juicio con fecha 13 de marzo de 2017, sin justificar plenamente esta decisión. De esta forma, alarga el tiempo de medidas sustitutivas ilegales, que afectan su derecho a la libertad de expresión, entre otros derechos.

Denunciamos el litigio de mala fe, evidenciándose en el uso reiterativo del recurso de amparo. Óscar Sánchez e Irineo Plutarco Clemente, fueron víctimas de esta mala práctica, ya que el Ministerio Público y los querellantes adhesivos hicieron uso de la acción de amparo de mala fe, en vez de usar los mecanismos procesales correspondientes; ellos recurrieron al amparo con el pretexto de cuestionar el cambio de delito legalmente resuelto por un juez competente en su oportunidad procesal. Es reprochable que la Sala Mixta del Departamento de San Marcos, haya admitido los amparos, que debieron de haber sido rechazados de plano, ya que no existía agravio, por tratarse de una resolución apegada a derecho.

Denunciamos que existe un número elevado de procesos contra autoridades mayas y comunitarias, en los que se les acusa por el delito de “plagio o secuestro”, cuando es notorio que este delito no procede en ninguna de estas causas penales; se constata que el afán de que se abra a juicio por el delito de plagio o secuestro, es mantener encarcelado a las autoridades y líderes e imponer una sanción mayor (inclusive la pena de muerte) y se trata por ello, de una estrategia de criminalización.

Denunciamos que es inaceptable el impulso de procesos penales de parte de los así llamados “testigos” o “víctimas, para lograr sentencias condenatorias; por ejemplo, la declaración de Casimiro Pérez, cuya credibilidad ya ha sido declarada nula en un proceso anterior (Causa 12005-2014-00385). Sin embargo, la empresa Hidro Sala S.A. y la Asociación Liga Pro Patria siguen insistiendo en su declaración, siendo la única finalidad criminalizar a líderes sociales.

Denunciamos que hasta la fecha la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, no ha resuelto los recursos de exhibición personal interpuestos ya hace más de tres meses, mientras que la referida garantía procesal, debería detectar detenciones arbitrarias e ilegales en forma inmediata e implementar medidas correctivas, dejando en libertad a las personas.

Dejamos constancia expresa de nuestro rechazo a nuevos procesos penales, iniciados en contra de Duarle Licardie y la continuación de los procesos penales en contra de Irineo Plutarco Clemente, Óscar Sánchez, José Mauricio López y Evelio Velásquez, así como un número considerable de órdenes de captura en contra de otros dirigentes comunitarios. Exigimos al Ministerio Público y a la Fiscal General un alto a la persecución penal de los líderes, autoridades mayas y comunitarias, defensores de derechos humanos.

Consideramos inaceptable que los procesos en contra de defensores de derechos humanos y autoridades comunitarias sean impulsados por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado (FCCO) del departamento de San Marcos. Demandamos que la Fiscal General revise esto de forma inmediata. De lo contrario podría estar aplicando una política criminal del "derecho penal del enemigo", que contradice la Política Criminal Democrática aprobada por el mismo Ministerio Público.

Rechazamos el continuo abuso de leyes para cometer ilegalidades

En vez de aplicarla ley en búsqueda de la verdad y justicia, se tuercen las leyes, códigos y artículos, lo cual es un abuso de poder y se hace con la única finalidad de cometer injusticias, ilegalidades y de perpetuar impunidades de sociedades anónimas que se dedican a la explotación de bienes naturales y territorios, especialmente de los pueblos indígenas. Exigimos que se respete a las autoridades mayas, comunitarias y líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Recordamos que el Estado debe obligatoriamente consultar a los pueblos indígenas, sobre asuntos susceptibles de afectarlos en sus territorios.

Finalmente, expresamos nuestro apoyo a las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y apoyamos las últimas decisiones de la Corte de Constitucionalidad que reafirman que no pueden otorgarse licencias para el uso de bienes naturales, mientras no se haya realizado una consulta a los pueblos indígenas que podrían resultar afectados.

Consejo Mam Te Txe Chman San Marcos
Consejo Sipakapense
Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos (FRENA)
Asociación para el Desarrollo Integral Maya AJCHMOL (ADIMA)
Movimiento de Trabajadores/as y Campesinos/as (MTC)
Fundación Tierra Nuestra (FUNDATIERRA)
Juventud Roja

Con el apoyo y acompañamiento de:

Alianza Política Sector de Mujeres
Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango (ADH)
Asociación Barillense de Mujeres Indígenas Yalmotx
Asociación COMUNICARTE
Asociación Comunitaria para el Desarrollo (SERJUS)
Asociación Conexión de Recursos para la Acción Comunitaria. Barcelona, España
Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala NIMAJPU
Asociación de Desarrollo de la Mujer K'ak'a Na'oj (ADEMKAN)
Asociación de Formación para el Desarrollo Integral (AFOPADI)
Asociación de Organizaciones para el Desarrollo de Colomba(ASODECO)
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)
Asociación Feminista La Cuerda
Asociación Movimiento Nacional Uk´u´x Mayab´ Tinamit
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO)
Asociación Para el Desarrollo Sostenible de la Juventud (ADESJU)
Asociación para el Mejoramiento Habitacional de Guatemala (MEJORHA)
Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Comunidad (CEIBA)
Asociación Vida, Justicia y Libertad para las Mujeres, Huehuetenango
Broederlijk Denle (BD)
Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH)
Campaña Guatemala sin Hambre (CGSH)
Caritas Verapaz
Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)
Centro de Análisis Forense y Ciencia Aplicadas (CAFCA)
Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG)
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Colectiva de Mujeres Feministas de Izquierda
Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango (CCQ)
Colectivo de Estudios Rurales Ixim
Colectivo Ecologista MadreSelva
Colectivo No'j
Colectivo Popular Otto René Castillo
Colectivo Prensa Comunitaria
Colectivo Tierra y Territorio - Madrid (Estado español)
Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Comisión JPIC, Justicia, Paz e Integridad con la Creación (CONFREGUA)
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
Consejo Maya K’iche’ de Quetzaltenango
Convergencia por los Derechos Humanos
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER)
Fundación Guillermo Toriello (FGT)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Movimiento Acción Sancarlista CUNOC
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
Plataforma Agraria (PA)
Plataforma de Solidaridad con Guatemala de Barcelona
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Protection International (PI)
Red de Mujeres Positivas en Acción
Sagrada Tierra
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Servicios Jurídicos y Sociales (SERJUS)
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)
Unsitragua Histórica
Voces de Mujeres

Alba Cecilia Mérida, feminista, antropóloga, defensora del Territorio
Andrés Cabanas, periodista independiente
Agustín Rigoberto Calderón Lozano
Begoña Arreche Irigoyen, Barcelona, España
Carlos Pérez Guartambel, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) /   Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador (ECUARUNARI)
Fernando Soto Tock
Leonor Hurtado, Defensora de los Derechos Humanos y Derechos Indígenas
Helvi Mendizabal
Joaquín Raymundo González
Julia Esquivel
Manuela Picq, Profesora, Departamento de Ciencia Política, Amherst College (USA)
María Beatriz Lozano Pascual
María Eugenia Díaz Díaz
Mario Sosa, académico
Mónica Beatriz Calderón Lozano
Oscar Sierra
Sergio Duarte M.
verónica sajbin, feminista, maya K'iche'
Walter Emilio Cuc S., Director Ejecutivo de FGER


Guatemala, 17 de marzo del 2017.