Como parte de la labor que en favor de los Derechos Humanos
ha venido realizando la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala -ODHAG- desde sus
inicios, está la formación y promoción, denuncia y acompañamiento para el
cumplimiento de los Derechos de la niñez en Guatemala.
Son 18 informes que dan cuenta de cómo se vulnera la
dignidad de una sociedad a través de las violencias contra las niñas, niños y
adolescentes.
Como pastoral especializada en Derechos Humanos de la
Arquidiócesis de Guatemala, hemos transitado de la suma preocupación a la
indignación al ser testigos de un deterioro que de paulatino ha pasado a ser
abrupto en las condiciones de vida de la niñez y la adolescencia en Guatemala.
Nos ofende como a través de diferentes ejercicios de
violencia, que van desde la más directa hasta la más difusa, de la violencia
física a la estructural, se ha colocado a la niñez, en el último cajón de los
excluidos, que ya “no son solamente explotados”1 desprotegidos, también
“sobrantes y desechables”2.
1 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del
Caribe. Documento Conclusivo. Aparecida: mayo de 2007.
2 Idem.
En más de 25 años de la ratificación de la Convención de los
Derechos del Niño, el Estado no ha sido capaz de llegar a la realidad cotidiana
de todas y todos los niños y adolescentes del país a través de una
institucionalidad fortalecida en todos los aspectos. Esto se evidencia en las
graves violaciones a sus derechos que en nuestro informe resaltamos con algunos
datos:
El crecimiento de la pobreza sigue su curso y se está
concentrando en la población infantil, 4 de cada 10 personas pobres son niñas
niños o adolescentes menores de 15 años. (INE, 2014) y 5 de cada 10 personas
que viven en extrema pobreza, son menores de 15 años (INE, 2014). En algunos departamentos la pobreza ha
llegado al límite de lo obsceno, en algunos casos la pobreza general sobrepasa
el 70 % (el caso de Sololá, 80 %).
La niñez y adolescencia guatemaltecas se desenvuelven en un
marco de desigualdad y de exclusión.
Guatemala es el noveno país más desigual a nivel mundial y el cuarto a
nivel latinoamericano. Esa desigualdad se ve expresada en el desequilibrio
entre capital y trabajo, entre salario y capacidad de consumo: en Guatemala el
costo de la canasta básica (Q.7,022.91) sobrepasa por casi el triple al salario
mínimo (Q.2,644.40 agrícolas y no agrícolas, y Q.2,450.95 para maquila y del
sector exportador). Además, casi 7 de cada 10 trabajadores no tienen acceso a
prestaciones laborales, entre ellos el seguro social. (INE, 2016).
La expresión más cruda de la desigualdad es el hambre y la
desnutrición. Guatemala es el país centroamericano con mayor número de personas
subalimentadas (2.5 millones entre 2014 y 2016). Al menos el 14% de la
población guatemalteca es subalimentada (muy por encima del promedio
latinoamericano 6%), (FAO).
La Tasa de Incidencia de desnutrición crónica en menores de
5 años pasó de 2009 a 2015, de 0.1 a 26.1 por cada mil habitantes. La mayor
parte de estos casos están concentrados en los departamentos con mayoría de
población indígena, como el caso de Alta Verapaz, en donde se registraron más
de 31 mil casos para el año 2015, según cifras del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social, o como en el municipio de San Mateo Ixtatán,
Huehuetenango, donde 8 de cada 10 niñas y niños menores de 5 años padecen de
desnutrición crónica.
Es indignante que en el 2015, cada 24 horas el Ministerio
Público haya registrado un promedio de 32 niñas, niños o adolescentes víctimas
de maltrato y peor aún, que cada día se haya producido un homicidio de una
niña, niño o adolescente en ese mismo período. (PNC).
¿Qué realidad le seguimos construyendo a nuestra adolescencia
si en los últimos 3 años se registró un suicidio cada cinco días de
adolescentes entre 12 y 17 años?
¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que las niñas y
adolescentes sigan siendo violentadas sexualmente? El INACIF registró un
promedio de 24 reconocimientos médico legales relacionados a delitos sexuales
en niñas, niños y adolescentes por día.
De estas, 9 fueron practicadas adolescentes mujeres entre 13 y 17 años
de edad. Asimismo, el Ministerio Público durante 2015 registró diariamente al
menos 9 casos de víctimas del delito de agresión sexual, el 34% entre uno y
diecisiete años de edad.
Ese mismo año el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social registró en promedio, 5 embarazos de menores de 14 años cada 24 horas y
212 de adolescentes entre 15 y 19 años.
Las violencias generadas por exclusión, también nos generan
preocupación. Algunas de estas, las vemos expresadas en el acceso a educación.
Solamente 5 de cada 10 niños en edad escolar fueron matriculados en el nivel
pre primario de educación formal durante 2015. En ese mismo año al menos 19 de
cada 100 niñas y niños entre 7 y 12 años, no fueron atendidos por el sistema de
educación.
En el caso de los adolescentes, el acceso a la educación se
hace más difícil. Durante 2015 solamente 4 de cada 10 recibieron educación
básica y únicamente 2 de cada 10 fueron matriculados en el nivel diversificado
(datos de MINEDUC 2015 son preliminares).
Este tipo de exclusión se agrava en las poblaciones
indígenas, pues solamente 3 de cada 10 niñas/niños tienen acceso a educación
preprimaria, 4 de cada 10 tienen acceso a educación primaria, 1 de cada 10
adolescentes tienen acceso a educación básica y solamente 5 de cada 100
adolescentes y jóvenes indígenas tienen acceso a educación diversificada.
Con estas cifras, se calcula que cerca de 3.5 millones de
guatemaltecos y guatemaltecas, no tienen acceso a educación.
Desde cualquier perspectiva, la realidad de las niñas, niños
y adolescentes en Guatemala está siendo creada día a día bajo un paradigma que
promulga las violencias. Desde una
perspectiva cristiana, la del amor, la que precisa más allá de un compromiso
afectivo con la niñez y la adolescencia para instalarles en el centro de
nuestras vidas, se traduce en la perspectiva de derechos, como el interés
superior de la niña, del niño y las y los adolescentes.
En esos términos la no garantía de los derechos de la niñez
y la adolescencia constituye con seguridad un crimen social que legitima, con
la complicidad de un estado inoperante y aprobador, las desigualdades
propiciadas por el modelo económico del cual el Papa Francisco responsabiliza
de esta tragedia y la sociedad misma a través de la reproducción de prácticas
violentas, el ejercicio de todas las violencias.
En ese sentido nos indigna que no se haga lo posible
siquiera por comenzar a desvanecer ese marco de violencias que afecta
principalmente a la niñez y adolescencia, ese marco que tiene raíces históricas
y que se nutre de la desproporción en la distribución de la riqueza y se
manifiesta en la cotidianidad a manera de explotación, exclusión, desempleo y
no acceso a los servicios básicos. Así mismo, el racismo, el machismo y la
misoginia con la que se han construido patrones de relacionamiento social y de
acceso a servicios, también conforman dinámicas de desigualdad y
exclusión.
Por ello, la ODHAG ha identificado diversas acciones que
corresponden al Estado de Guatemala en su expresión institucional tal como:
1. Incrementar la inversión pública en general o gasto
social para beneficiar a la sociedad y a las familias y en consecuencia a la
niñez y adolescencia.
2. Centrar las propuestas y los ejercicios presupuestarios
en la niñez y adolescencia tal y como lo ordena la Convención de los Derechos
del Niño de la cual el Estado de Guatemala es signatario.
3. Garantizar el acceso a condiciones óptimas para una vida
digna de las niñas, niños y adolescentes.
4. En términos más precisos, garantizar el acceso a una
justicia social a través de instituciones sólidas capaces de ofrecer seguridad,
educación y salud.
5. Propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de
las familias en todas sus expresiones, especialmente las de índole laboral en
cuanto a salario y tiempo libre.
Quizás no hay indicadores sociales más claros que aquellos referidos a niñez,
en ellos se
traslucen la salud o la enfermedad de un pueblo,
en ellos quedan claramente reflejados los equilibrios o
desequilibrios de una sociedad.
Monseñor Juan José Gerardi
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
Guatemala, octubre 2016
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