Los Pajoques es una de las doce comunidades en San Juan Sacatepéquez, involucrada en un movimiento de resistencia a la construcción de una planta de procesamiento y producción de cemento, que recientemente se ha opuesto a la construcción de una carretera que atravesaría la comunidad para llegar a la cementera. Su oposición se fundamenta en las preocupaciones sobre el profundo impacto que las operaciones de la cementera podrían tener en el medio ambiente de esta área conocida por el cultivo de vegetales y flores.
La violencia, que según informes dejo 11 muertos, fue una trágica manifestación de la división, tensión y desesperación que existe en San Juan Sacatepéquez desde el arribo de la poderosa compañía cementera, Cementos Progreso, en 2006.
La violencia, que según informes dejo 11 muertos, fue una trágica manifestación de la división, tensión y desesperación que existe en San Juan Sacatepéquez desde el arribo de la poderosa compañía cementera, Cementos Progreso, en 2006.
Como resultado de la implementación del Estado de Prevención, casi 1000 agentes de la policía y un número similar de soldados fueron desplegados en San Juan en horas de la mañana del 24 de septiembre para llevar a cabo 36 órdenes de captura. Este despliegue masivo de fuerzas de seguridad fuertemente armados, así como pickups con ametralladoras montadas y un tanque del ejército, han provocado miedo y ansiedad en estas comunidades indígenas rurales. GHRC también ha recibido reportes que indican que las fuerzas de seguridad han destruido propiedad privada y han tomado documentos personales cuando realizan inspecciones domiciliares sin orden judicial.
Los miembros de la comunidad lamentan este último incidente de violencia y su trágico saldo. Pero afirman que la violencia pudo evitarse si la policía hubiera respondido a su reiterado y urgente llamado de asistencia. De acuerdo con la Convergencia por los Derechos Humanos, una coalición de organizaciones guatemaltecas, este incidente refleja “un patrón de provocaciones encaminadas a la promoción de conflicto que justifique una acción represiva”. La Convergencia resalta que en Los Pajoques, así como en varios casos recientes, las autoridades no esperaron por una investigación antes de señalar públicamente de la violencia a las comunidades que están activamente defendiendo su derecho a la tierra y al territorio.
En años recientes, el gobierno de Guatemala ha dependido cada vez más de la intervención militar y en la declaración de estados de prevención en respuesta a la creciente oposición a los proyectos extractivistas. Un anterior estado de prevención fue declarado en San Juan Sacatepéquez en 2008 con similar justificación. En 2012, se declaró estado de sitio en Santa Cruz Barillas, en donde las comunidades se oponían fuertemente al proyecto de una represa hidroeléctrica. En 2013, un estado de excepción se declaró en San Rafael las Flores y otros municipios que resisten la instalación de una gran mina de plata.
GHRC expresa su solidaridad con las familias de las personas asesinadas en Los Pajoques y hace un llamado a que se realice una investigación sobre sus muertes, así como a que se realice una investigación sobre la ausencia de una adecuada y oportuna respuesta de la policía.
GHRC denuncia el uso del Ejército en las inspecciones domiciliares y el arresto de sospechosos, actos que únicamente debería llevar a cabo la Policía Nacional Civil, con órdenes judiciales y respetando las garantías y libertades civiles. GHRC condena esta respuesta desproporcionada del gobierno de Guatemala y el uso de un “Estado de Prevención” para militarizar y suspender garantías constitucionales en todo el municipio de San Juan Sacatepéquez.
En años recientes, el gobierno de Guatemala ha dependido cada vez más de la intervención militar y en la declaración de estados de prevención en respuesta a la creciente oposición a los proyectos extractivistas. Un anterior estado de prevención fue declarado en San Juan Sacatepéquez en 2008 con similar justificación. En 2012, se declaró estado de sitio en Santa Cruz Barillas, en donde las comunidades se oponían fuertemente al proyecto de una represa hidroeléctrica. En 2013, un estado de excepción se declaró en San Rafael las Flores y otros municipios que resisten la instalación de una gran mina de plata.
GHRC expresa su solidaridad con las familias de las personas asesinadas en Los Pajoques y hace un llamado a que se realice una investigación sobre sus muertes, así como a que se realice una investigación sobre la ausencia de una adecuada y oportuna respuesta de la policía.
GHRC denuncia el uso del Ejército en las inspecciones domiciliares y el arresto de sospechosos, actos que únicamente debería llevar a cabo la Policía Nacional Civil, con órdenes judiciales y respetando las garantías y libertades civiles. GHRC condena esta respuesta desproporcionada del gobierno de Guatemala y el uso de un “Estado de Prevención” para militarizar y suspender garantías constitucionales en todo el municipio de San Juan Sacatepéquez.
