GUATEMALA: AGRESIONES CONTRA EL SEÑOR PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO MANIOBRA DE IMPUNIDAD.

COMUNICADO.

RED NACIONAL DE VÍCTIMAS.

MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS Q´NIL TINAMIT.

CONSEJO NACIONAL DE VÍCTIMAS.

AGRESIONES CONTRA EL SEÑOR PROCURADOR DE LOS DERECHOS

HUMANOS COMO MANIOBRA DE IMPUNIDAD.

Las organizaciones de víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en nuestro país, que suscribimos el presente comunicado, denunciamos y rechazamos que diputados del Congreso de la República en particular de la bancada oficial, utilicen la situación mediática y de rechazo masivo que rodea la tragedia ocurrida en el “hogar seguro Virgen de la Asunción” en donde murieron más de
40 niñas, como una excusa para atacar al señor Procurador de los Derechos Humanos.

En este contexto de movilización nacional, diputados afines a la impunidad, de manera discrecional y solapada han pretendido aprobar leyes que los protejan de actos ilícitos, de crímenes del pasado y actos de corrupción que están siendo ventilados en los tribunales de justicia o en proceso de investigación, ejemplo los casos; “Odebrecht”, “plazas fantasmas”, acoger el transfuguismo de los diputados, limitar la prisión preventiva; que favorecería a los
implicados en los casos “la línea”, “agüita mágica lago de Amatitlán”, “la coperacha”, “registro de la propiedad”, “IGSS-Pisa” y “financiamiento ilícito electoral” entre otros.

Una y otra vez se han topado con los movimientos sociales y ciudadanos que defienden los derechos humanos y que son apoyados por el Procurador de Derechos Humanos que es el
garante del cumplimiento de las obligaciones en esta materia por parte del Estado.

Esos diputados ahora realizan ataques irrespetuosos en contra de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, con la clara intención de debilitarlo y socavar las bases de la Reforma Constitucional, la lucha contra la impunidad de graves delitos cometidos en el presente como en el pasado y la defensa de derechos humanos. Además, buscan crear las condiciones para que en la próxima elección del Procurador de Derechos Humanos se elija a alguien afín a las estructuras de impunidad.

Enfatizamos que es deber del Estado y sus instituciones proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común, además de garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Bajo estos principios demandamos la pronta investigación y castigo de funcionarios públicos responsables de la masacre, tortura, violencia sexual u otros delitos crueles cometidos contra las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Reconocemos que la Institución del Procurador de Derechos Humanos ha estado accionando de acuerdo a su mandato buscando proteger el interés superior de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad y que han sido otras instancias de gobierno las que permitieron que se llegara a estos extremos de hechos lamentables.

Guatemala 17 de marzo 2017.

A 20 AÑOS Y LOS ACUERDOS DE PAZ PARA LAS VICTIMAS

IMPACTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN GUATEMALA 1996 - 2016
DEMANDAS DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN DIGNA
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GUATEMALA: COMUNICADO DE LAS VICTIMAS Y SOBREVIVIENTES DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, A LOS 158 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE REPÚBLICA

RED NACIONAL DE VICTIMAS

CONSEJO NACIONAL DE VICTIMAS

MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS Q´ANIL TINAMIT

A LOS 158 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE REPÚBLICA.

A 20 años de la firma de los acuerdos de paz, el Programa Nacional de Resarcimiento no cuenta con presupuesto y recursos suficientes para atender a las víctimas que durante el conflicto armado interno sufrieron graves violaciones los derechos humanos, y provoco grandes daños y  pérdidas materiales que profundizo la pobreza en las victimas.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico –CEH- estableció que la magnitud del daño y la gravedad de las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno en Guatemala, produjo más de 200 mil víctimas fatales, 45 mil personas desaparecidas, un millón y medio de desplazados que para salvar sus vidas abandonaron sus viviendas, tierras y pertenencias, 669 masacres; el 83% de la población afectada es de origen maya.

El Programa Nacional de Resarcimiento –PNR- fue creado para resarcir esas violaciones y daños provocados y se estableció que para poder cumplir con dicho compromiso el presupuesto anual debía ser no menor a los 300 millones de quetzales.

 A trece años de creado el PNR, nuestro balance del cumplimiento de los Acuerdos de Paz sobre los derechos de las víctimas del conflicto armado interno es negativo. Consideramos que el Estado no ha mostrado suficiente voluntad política ni capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos, ni proteger los derechos de las víctimas y los sobrevivientes del conflicto. Todos los gobiernos posteriores a la firma de la paz han ido relegando la agenda de la paz a un segundo plano, y han priorizado su propia agenda política que ha respondido básicamente a los intereses clientelares de los gobiernos de turno.

Los pocos avances en materia de verdad, justicia y reparación se han logrado gracias al compromiso aislado de algunos funcionarios públicos, a la persistente lucha de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y al apoyo de la comunidad internacional.

Lo más preocupante es que el Estado sigue sin resolver los problemas estructurales que dieron origen al conflicto armado, entre estos la desigualdad y la pobreza, el racismo y discriminación, la militarización del Estado y la sociedad, la falta de acceso a la tierra y vivienda, y en general la falta de políticas de educación, empleo y salud. Mientras estos problemas no se resuelvan no se garantiza la sostenibilidad de la paz y la democracia.

Las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado nos hemos acercado muchas veces a los funcionarios del actual gobierno, pero no vemos un compromiso serio para cumplir con las demandas de las víctimas, de las mujeres y los Pueblos Indígenas. Nos preocupa el debilitamiento del Programa Nacional de Resarcimiento, que cuenta con poco presupuesto y falta de visión estratégica para impulsar una política integral de reparación para las víctimas.

Ante dicha situación hemos demandado al Estado ante las cortes nacionales y ante los organismos internacionales de derechos humanos.  Públicamente pedimos al Procurador de los Derechos Humanos que condene al Estado por la conducta levisa de los funcionarios de no garantizar el derecho a la reparación digna y que tutele los derechos a la vedad, la justicia, reparación y no repeticion

La base para resarcir dignamente a las víctimas es que el Estado (los poderes; ejecutivo, judicial y legislativo) reconozca y honren los acuerdos de paz; el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; en particular las resoluciones y sentencias emanadas de la PDH y la CIDH respectivamente.

Demandamos a los diputados del Congreso de Republica la Republica aprobar un presupuesto que garantice el resarcimiento digno. Recuerden señores diputados que somos ciudadanos que votamos cada cuatro años y que hemos estado en la plaza y en las calles exigiendo nuestros derechos.

Guatemala, 24 de noviembre de 2016