miércoles, 18 de junio de 2025

Carta Abierta al Gobierno Canadiense y Centroamérica Nickel Inc. El pueblo q'eqchi' resiste la minería ilegal de otra empresa canadiense en Guatemala


Canadian Embassy in Guatemala
Ambassador Olivier Jacques
13 Calle 8-44 Zone 10, Edificio Edyma Plaza, Guatemala
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+(502) 2363-4348
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CC:

Níquel Centroamérica Inc.
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Mark Billings, director ejecutivo, mb@centralamericanickel.com
Dan Hrushewsky, presidente de la junta directiva, dh@centralamericanickel.com
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Ministerio de Medio Ambiente
de Guatemala Ana Patricia Orantes Thomas
10ª calle 7-43 zona 1, edificio torín, tercer nivel, oficina no. 35


16 de junio de 2025

Estimado Embajador Jacques:

Los abajo firmantes nos preocupamos por las personas, académicos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones ambientalistas y representantes del sector turístico en Río Dulce nos dirigimos a usted para expresar nuestra seria preocupación por las actividades mineras que planea llevar a cabo la empresa canadiense Central America Nickel (CAN) a través de sus subsidiarias Rio Nickel S.A. y Nichromet S.A en las montañas de Santa Cruz de Guatemala.

Como se verá en los artículos de noticias y en la cronología a continuación, la oposición a la minería en esta región es vehemente y prácticamente unánime por parte de las comunidades indígenas mayas Q'eqchi'. Además, los miembros de la comunidad, los representantes del sector turístico, los expertos en medio ambiente, las autoridades de salud pública, los destacados académicos y las ONG de derechos humanos ven cualquier forma de minería en las montañas de Santa Cruz como una amenaza fundamental para la soberanía indígena, los derechos humanos y el suministro local de agua.

El asesinato el 13 de mayo de 2025 del líder indígena Q'eqchi' Misael Mata Asencio, quien se dedicaba a los esfuerzos para documentar las actividades mineras en su comunidad, hace que estas preocupaciones sean aún más urgentes. Como referencia, consulte:

En el marco del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), es importante destacar el alcance de la oposición bien documentada de las comunidades indígenas a la minería en la región. La oposición se deriva de la larga historia de daños relacionados con la minería en la zona, así como del hecho de que la Sierra Santa Cruz incluye grandes áreas protegidas donde se origina gran parte del agua dulce de la región.

60 años de daños y violencia minera en la región oriental de Q'eqchi'

También se debe enfatizar que esta operación minera propuesta se produce después de 60 años de daños ambientales y violaciones de derechos humanos asociados con las actividades mineras en las comunidades de Panzos, Livingston y El Estor, todas comunidades predominantemente mayas Q'eqchi'. Durante décadas, esta actividad minera dañina y a veces violenta estuvo dominada por las empresas canadienses INCO (International Nickel Company), Skye Resources y Hudbay Minerals.

En diciembre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el gobierno de Guatemala es responsable de la falta de una consulta adecuada en torno a la actividad minera y de los actos de violencia y hostigamiento en detrimento de una comunidad indígena y ordenó medidas de reparación.

Los daños y la violencia a las comunidades han incluido: la exposición a la grave contaminación causada por la mina de níquel El Fénix en El Estor; la contaminación del lago de Izabal y otras fuentes de agua locales, amenazando la fuente de ingresos de los pescadores; la criminalización de los líderes comunitarios; Asesinatos; robo de tierras; incendio provocado; y la violación en grupo.

Estas acusaciones han sido corroboradas por una serie de casos judiciales de alto nivel, tanto en Guatemala como en Canadá. En octubre de 2024, Hudbay Minerals Inc. (propietaria de la mina Fénix cerca de El Estor de 2008 a 2011) resolvió tres demandas de 14 años presentadas por familias de víctimas indígenas q'eqchi' en un tribunal de Toronto, Canadá. Las víctimas buscaron justicia por varios abusos cometidos durante ese período, entre ellos el asesinato de Adolfo Ich Cháman en 2009, el tiroteo y parálisis de Germán Chub Choc en 2009, y el desalojo forzoso de la comunidad maya q'eqchi' de Lote Ocho en 2007, incluidas las violaciones en grupo de once mujeres por parte de personal de seguridad de la empresa, soldados guatemaltecos y policías.

Dada esta violenta y tumultuosa historia reciente, las comunidades q'eqchi' de la zona simplemente no están dispuestas a arriesgar más daños a su medio ambiente y a sus derechos humanos por parte de otra empresa minera canadiense.

Una cronología de los acontecimientos recientes en Río Dulce, destacando la oposición y el asesinato del 13 de mayo

Diciembre-principios de enero de 2024: Los permisos ambientales otorgados a Rio Nickel, subsidiaria de la canadiense Central America Nickel (CAN), fueron otorgados en las últimas semanas de la administración del expresidente Giammattei, en un proceso empañado por irregularidades. Como ustedes saben, la corrupción del presidente Giammattei está ampliamente documentada, lo que llevó al Departamento de Estado de los Estados Unidos a incluirlo en la famosa "Lista Engel" de actores corruptos y antidemocráticos. En estas condiciones, las comunidades indígenas alegan que los permisos ambientales fueron otorgados indebidamente, violando el principio de consentimiento libre e informado previo y salvaguardado tanto por el Convenio 169 de la OIT como por la DNUDPI, el cual es afirmado por la legislación canadiense y guatemalteca. La falta de transparencia con la que se concedieron los permisos y la naturaleza de los recientes acontecimientos sobre el terreno deberían plantear graves preocupaciones en materia de derechos humanos y medio ambiente.

El 28 de enero de 2025, autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Guatemala fueron convocadas a una audiencia en el Congreso, en la que se dio a conocer que Rio Nickel, S.A. (filial de Central America Nickel, o CAN, con sede en Canadá) tiene más de una docena de solicitudes de exploración minera de níquel y otros minerales, casi todas ellas ubicadas en la región de la Sierra Santa Cruz.

En reuniones sostenidas entre pobladores locales y autoridades municipales de Livingston y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Carlos Roberto Rodas Velásquez (representante departamental del MARN) indicó que el MARN no ha recibido estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la empresa minera Rio Nickel. En respuesta a la solicitud de licencia minera de la CAN, más de 50 comunidades mayas q'eqchi' se movilizaron para bloquear la principal carretera que conecta Río Dulce con Petén.

Para el 7 de abril de este año, 54 comunidades principalmente q'eqchi' volvieron a colocar retenes en la carretera principal que conduce desde Río Dulce hacia el norte hasta el Petén con el mensaje: "¡No a la minería!" Un mes después,el 13 de mayo, el líder indígena ambientalista Q'eqchi' Misael Mata Asencio fue asesinado, pocos días después de participar en una expedición comunitaria para documentar la presencia de pozos y otras evidencias de actividades mineras en los alrededores del Cerro 1019donde se han concentrado las licencias mineras.

13 de mayo, asesinato de Misel Mata Asencio: Muchos creen que su asesinato se produjo en conjunción con su abierta oposición a la minería en la región. El asesinato de Mata Asencio y las irregularidades en el proceso de obtención de permisos son motivo de grave alarma para todos los interesados en el estado de derecho, los derechos humanos y el medio ambiente en Guatemala.

Luego, el 23 de mayo, miles de miembros de la comunidad se presentaron en una marcha masiva pacífica y una asamblea pública para exigir una vez más que sus autoridades locales no permitieran la minería en la Sierra de Santa Cruz. El resultado de esta asamblea pública fue un compromiso firme de MARN para realizar una revisión exhaustiva de los permisos ambientales otorgados a Rio Nickel y presentar sus hallazgos en una reunión pública en Rio Dulce a más tardar el 16 de junio de 2025.

Es inconcebible que, con el reciente asesinato de un líder ambientalista en la zona y la abrumadora oposición a la minería en la Sierra Santa Cruz, se permita que este proyecto avance. Por lo tanto, nos hacemos eco de las demandas de las comunidades Maya Q'eqchi' de la Sierra Santa Cruz al gobierno guatemalteco:

• Poner fin a todas las operaciones mineras en la región de Santa Cruz, incluyendo El Estor, Panzos y Livingston
• Apoyar una investigación sobre el asesinato de Misael Mata Ascencio
el 13 de mayo • Apoyar la creación de una comisión para determinar una estructura de gobernanza apropiada mediante la cual los recursos naturales de las montañas de Santa Cruz puedan ser protegidos y mantenidos bajo la administración de las comunidades Q'eqchi' en la región, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT y la DNUDPI.

Sr. Embajador, los abajo firmantes creen que este no es solo un "problema guatemalteco", sino también un "problema canadiense", dada la larga historia de minería canadiense dañina y a veces violenta en la región, y dado que otra empresa canadiense está tratando de iniciar operaciones mineras frente a una oposición generalizada. Como se verá en las firmas adjuntas, destacados expertos de todo el mundo tienen sus ojos puestos en este tema, incluidos expertos en medio ambiente, organizaciones de derechos humanos y destacados académicos de los Estados Unidos, Guatemala, el Reino Unido, México y Canadá.

Dado que este asunto involucra la conducta corporativa canadiense en Guatemala, implica directamente el compromiso de Canadá con la participación internacional responsable y podría afectar las percepciones locales de la diplomacia canadiense. Como acción de primer orden, de acuerdo con los compromisos establecidos en las Voces en Riesgo: Directrices de Canadá para apoyar a los defensores de los derechos humanos, les instamos a trabajar con sus homólogos guatemaltecos para garantizar la seguridad de las comunidades Q'eachi', especialmente de los líderes comunitarios que se han opuesto públicamente a la minería en su territorio.

También le instamos a emitir una declaración pública formal condenando el asesinato del defensor ambiental Misael Mata Asencio.

Agradecemos su tiempo y atención a este asunto.

Sinceramente

Voces y Manos por el Buen Vivir (Guatemala y ONG de EE.UU.)
Michael Bakal, Ph.D, investigador postdoctoral, UC Santa Cruz
Catherine Nolin, PhD, Profesora de Geografía, Universidad del Norte de Columbia
Británica Grahame Russell, Rights Action
Camila Rich, Rights Action
Observatorio de Industrias Extractivas (OIE)
Alexandra Pedersen, Ph.D, Profesora Asistente Adjunta, Queen's University (Canadá)
Mining Watch Canadá
Martin Stoner, Macalester College Clase de 2025
Jen Moore, Miembro Asociado, Instituto de Estudios Políticos (IPS)
Pamela Yates, Directora de Cine, Skylight Pictures
Liza Grandia, PhD. Profesora Asociada de Estudios Nativos Americanos, UC Davis. Fundador de la Red
de Becarios Q'eqchi' Bernard Triomphe, PhD, Agrónomo de Sistemas, México
Joshua Hoerger, MD, MPH
Besty Hale, Pangea Giving Circle
Keith Uriarte, Club Rotario de Oakland, CA
Dr. Francisco J. Rosado May GLOCAL BEJ José Ma. Morelos, QUintana Roo, México
Moeed Malik, Universidad del Norte de Columbia
Británica Mackenzie Ostberg, Universidad del Norte de Columbia
Británica Kelsey McKeon, Universidad del Norte de Columbia
Británica Luthian Thielmann, Universidad del Norte de Columbia
Británica Nick Copeland, PhD. Departamento de Historia Virginia Tech, Red
de Becarios de Guatemala David Paredes, Red de Soberanía Alimentaria de Guatemala (RedSag)
Kathryn Albrecht, San Antonio, Nuevo México, EE.UU.
La Red Ambiental para Centroamérica (Reino Unido)
M. Christian Hansen, NH-VT Proyecto
de Acompañamiento a Guatemala Neil M. Gong, Profesor Asistente, Departamento de Sociología UC San Diego
Brisna Caxaj-Rowe, Plataforma Canadá Guatemaltecxs Exiliadxs por Terrorismo de Estado
Gerald Rowe, Montreal Ancianos por la Justicia
Ambiental Ulises Fuentes, Todos Por Guatemala
Thomas Kemple, Profesor, Estudios de Europa Central, Oriental y del Norte, Universidad de Columbia
Británica Martin Mowforth, en nombre de la Red Ambiental para Centroamérica (Reino Unido)
Sunny Robinson, Grupo de Trabajo de América Latina y el Caribe de Acción Masiva por la Paz, Cambridge MA
Mark L. Taylor, Profesor de Teología y Cultura, Seminario Teológico
de Princeton Lazar Konforti, Investigador invitado, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), San Cristóbal de las Casas, Chis., México
Red de Solidaridad contra la Injusticia Minera, Canadá
Miwa Takeuchi, PhD.
Lisa Maya Knauer, PhD. Profesora Asociada de Antropología, Universidad de Massachusetts, Dartmouth
Lesvia Vela, Montreal
Red de Solidaridad con Guatemala (GSN) Reino Unido
Kevin O'Dell, Reino Unido
Jorge García-Orgales, Canadá
Kay Gimbel, Canadá
Eric Mills, Canadá
Brydon Gombay, Canadá
Jacqui Stephens, Canadá
Sandra Hartline, Canadá

Karine Vanthuyne, Canadá 


Misael Mata Asencio, miembro de la resistencia minera, asesinado en Guatemala a una semana de realizar una caminata para examinar pozos de exploración minera



miércoles, 11 de junio de 2025

GUATEMALA: LUIS PACHECO Y HÉCTOR CHACLÁN PRISIONEROS DE CONCIENCIA



          Por: Factor Méndez 










“Lamentablemente en Guatemala se sigue criminalizando a quienes alzan la voz para defender sus derechos. Las autoridades continúan usando la justicia penal para silenciar y encarcelar a defensores de derechos humanos… Las autoridades de Guatemala deben poner fin a estas prácticas injustas que atentan contra el derecho a defender derechos humanos”

Declaración de Amnistía Internacional en relación al caso de Bernardo Caal, criminalizado por defender el río Cahabón.

Un preso de conciencia es toda persona encarcelada o sometida a restricciones de libertad debido a sus creencias, opiniones políticas, religiosas origen étnico, sexo, color o idioma que no utiliza ni promueve la violencia. El término fue acuñado por Amnistía Internacional en la década de 1960. La característica clave es utilizar el método de resistencia no violenta. La detención se produce por sus creencias, opiniones, identidad o pertenencia a un grupo, no por delitos cometidos.

El preso de conciencia puede sufrir restricciones o privación de libertad, tortura, acoso, estigmas, prejuicios. La mayoría de presos de conciencia son activistas sociales que defienden y promueven derechos humanos o políticos como la defensa de la democracia y el respeto al voto ciudadano, que es el caso por el que precisamente están criminalizados Pacheco y Chaclán.

En Guatemala durante el 2023 luego de la segunda vuelta de las Elecciones Generales, políticos y grupos de ultraderecha en una intentona golpista, pretendieron romper el orden constitucional y desconocer el resultado de la votación que proclamó como ganador al binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, actuales mandatarios del país.

En esa ocasión Luis Pacheco y Héctor Chaclán desempeñaban el cargo de presidente y tesorero de los 48 Cantones de Totonicapán, una organización ancestral Maya K’iche´ prehispánica que desde entonces resistió al dominio colonial y que durante la crisis de 2023 encabezó la lucha de resistencia no violenta para defender la democracia y velar por el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Por tal razón, el Ministerio Público los acusa de los delitos de obstaculización a la acción penal, sedición y terrorismo señalando que la parte agraviada es la sociedad guatemalteca, además, la Fiscalía solicitó que el caso se declarara bajo reserva, lo cual impide que la misma sociedad conozca las razones por las cuales se considera agraviada.

La secretividad del expediente impide a los propios abogados de la defensa conocer a plenitud los detalles de la acusación y obstaculiza la posibilidad de definir una estrategia adecuada para defender a los acusados, lo que también contradice los principios de publicidad y transparencia que la misma ley garantiza en cualquier proceso.

Por las mismas razones, se considera que la criminalización de los líderes indígenas es también un ataque a las formas de organización ancestral de los pueblos originarios, una especie de escarmiento para sembrar el terror y paralizar las acciones legítimas de protesta ciudadana.

Todo por ejercer derechos y libertades producto de la conciencia como característica de los seres humanos. Cuando hablo de conciencia, me refiero a la capacidad de conocer nuestro entorno y ubicarnos en él, o sea, la lucidez entendida como la capacidad de reflexionar sobre la realidad y asumir una postura frente a ella. Eso fue lo que hicieron los 48 Cantones en 2023 y que fueron acompañados por amplios sectores ciudadanos.

La prisión a la que están sometidos Pacheco y Chaclán es injusta e ilegal.

https://lahora.gt/opinion/fmendez/2025/06/06/luis-pacheco-y-hector-chaclan-prisioneros-de-conciencia/

miércoles, 28 de mayo de 2025

GUATEMALA: A 47 AÑOS DE LA MASACRE DE PANZOS, PROHIBIDO OLVIDAR


Asociación COMUNICARTE a realizado dos documentales sobre la masacre de Panzós.

1.- MORIR PARA GANAR LA VIDA, LA MASACRE DE PANZÓS.


https://youtu.be/6sXGX8F5b7I?si=fc3AZu1AFJq_W9UV


2.- "PANZOS MEMORIA POR LA TIERRA, MASACRE DE 1978"

https://youtu.be/_a-d2_rMlZU?si=eWhJDH7zVRMmF5Ef

La memoria histórica se convierte en un compromiso de desterrar el olvido, de transmitir a los jóvenes y a futuras generaciones lo que sucedió, para evitar que se vuelva a repetir convirtiéndose en la conciencia de nuestra sociedad.

A 47 AÑOS DE LA MASACRE DE PANZOS, PROHIBIDO OLVIDAR.

El 29 de mayo de 1978, campesinos hombres y mujeres de las comunidades de Cahaboncito, Panzós, Semococh, Rubetzul, Canguacha, Sepacay, Finca Moyagua y barrio Soledad de Alta Verapaz, manifestaban frente a la Municipalidad de Panzós, con decisión y coraje, liderados por Mama Maquin. En ese momento el ejército quien se encontraba ya en el lugar comenzó a disparar asesinando a hombres, mujeres y niños. Asimismo, antes y después de este hecho se registraron varias desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de campesinos que luchaban por sus tierras.


Ese día el alcalde les había citado para responder a las demandas y resistencia del pueblo en cuanto a los desalojos de sus tierras por parte de finqueros, autoridades locales, y militares a favor de los intereses económicos de la compañía Explotaciones Mineras de Izabal –EXMIBAL, además de la explotación minera de otros minerales por la empresa Transmetales, S.A. Otra de las amenazas de ese entonces eran los proyectos de explotación y exploración de petróleo: Exxon, Shenandoah y los contratos de Hispanoil y Getty Oil, al igual que la necesidad de expansión territorial de dos megaproyectos de esa época: la Franja Transversal del Norte y la hidroeléctrica Chixoy.

Esta masacre fue el inicio de toda una estrategia de genocidio contra la población maya impulsada por el Estado de Guatemala durante el conflicto armado interno, a través de las sus fuerzas represoras, éstos graves crímenes aún continúan en la impunidad.


Adelina Caal Maquin, conocida como Mamá Maquin, fue una mujer con un liderazgo reconocido en la zona. Tenía poder de convocatoria entre la gente, que promovía la reinvidicación de la tierra y que impulsaba las actividades culturales de la población q'eqchi.

miércoles, 21 de mayo de 2025

GUATEMALA: Resultados exitosos y consecuencias de demandas históricas contra la compañía minera canadiense Hudbay Minerals.


3 de octubre de 2024: Los Demandantes de Hudbay y sus abogados y asesores en el Hotel Las Américas, Ciudad de Guatemala, después de un día de firmar los documentos de conciliación de las demandas. Atrás: Carmela Caal Quib, Amalia Cac Tiul, Santos Alicia Caal Choc (hija de la demandante Elena Quib Choc, fallecida), Lucia Caal Chun, Angelica Choc, Luisa Caal Chun, Murray Klippenstein, Rosa Elvira Choc Ich, Elvira Choc Chub, Olivia Asig Xol, Margarita Caal Caal, Irma Yolanda Choc Quib, Irma Yolanda Choc Cac. Frente: Grahame Russell, German Chub Choc, Cory Wanless, Luis Adolfo Ich Choc (hijo de Adolfo Ich y Angelica Choc). Foto de : Winston Scott


Resultados exitosos y consecuencias de las demandas históricas de Hudbay Minerals

Por los abogados Murray Klippenstein y Cory Wanless, y Grahame Russell (Rights Action)
21 de mayo de 2025
https://mailchi.mp/rightsaction/successful-results-in-landmark-hudbay-minerals-lawsuits

El 7 de octubre de 2024, trece demandantes mayas q'eqchi' de Guatemala, sus abogados en Canadá y Rights Action anunciaron el acuerdo exitoso después de 14 años de batallas legales de sus demandas históricas contra la compañía minera canadiense Hudbay Minerals.


Las demandas que sentaron precedente ( Choc v Hudbay Minerals Inc., 2013 ONSC 1414 ) se relacionaron con la violencia relacionada con la minería que sufrieron los demandantes en las inmediaciones de la mina Fénix, anteriormente propiedad de Hudbay y operada por esta, en tierras q'eqchi' en el este de Guatemala. Los demandantes se sienten reivindicados por el acuerdo y esperan que el litigio sirva de advertencia a otras empresas.

Las tres demandas superpuestas se presentaron en Ontario en 2010 y 2011 contra Hudbay, para buscar una medida de justicia por tres eventos importantes en Guatemala: el asesinato el 27 de septiembre de 2009 de Adolfo Ich Cháman por Mynor Padilla (entonces jefe de la fuerza de seguridad privada de la mina Fenix), y los guardias de seguridad bajo su mando; el tiroteo y parálisis de Germán Chub Choc el 27 de septiembre de 2009 por Mynor Padilla; y las violaciones en grupo de 11 mujeres campesinas q'eqchi' por grupos errantes de policías guatemaltecos, soldados y guardias de seguridad privados durante el violento desalojo y la destrucción masiva del 17 de enero de 2007 de su remota aldea de Lote Ocho, en tierras tradicionales mayas buscadas para la minería.

La mina Fenix ​​fue propiedad de la empresa canadiense Skye Resources Inc. entre 2004 y 2008. En 2008, Hudbay adquirió Skye Resources y posteriormente fusionó la empresa y su mina con Hudbay. Hudbay fue propietaria y operó la mina Fenix ​​entre 2008 y 2011.

Juicio penal y declaración de culpabilidad del jefe de seguridad de Hudbay, Mynor Padilla

Mynor Padilla, jefe de seguridad de Hudbay en Guatemala, eludió el sistema judicial guatemalteco, notoriamente corrupto, durante tres años, pero finalmente, en parte debido a las demandas canadienses, fue arrestado y acusado de asesinato. Durante varios años más, el sistema judicial guatemalteco no lo exigió cuentas. En enero de 2021, Mynor Padilla finalmente se declaró culpable del asesinato de Adolfo Ich y del disparo de German Chub .


Protesta de mayo de 2014 en Toronto coordinada por la Red de Solidaridad con la Injusticia Minera. Foto: www.AllanLissner.net


El acuerdo exitoso finalmente brinda esperanza a los demandantes

En el acuerdo de conciliación de octubre de 2024, todas las partes acordaron un "periodo de silencio" para que todos, y en particular los demandantes y sus familias en Guatemala, pudieran concentrarse en sus vidas. Nos complace informar que, hasta la fecha, la situación ha ido bien en el periodo posterior al acuerdo. Los demandantes y sus familias han comenzado a reconstruir sus vidas, tras el sufrimiento y las pérdidas iniciales, seguidos por la dura experiencia de 14 años de litigio.


Adolfo Ich. Foto: James Rodríguez

Lecciones para el futuro

El fin del período de silencio significa que los demandantes guatemaltecos, sus abogados y Rights Action, ahora pueden discutir abiertamente los desafíos y obstáculos que enfrentaron tanto en Canadá como en Guatemala, sus éxitos en superarlos, las lecciones aprendidas de esta lucha de 14 años, cómo lograron una medida de justicia y reparaciones, y cómo sus demandas cambiaron el derecho consuetudinario canadiense e internacional para mejor.

Para preguntas y más información

Murray Klippenstein, abogados y procuradores de Klippensteins
murray.klippenstein@klippensteins.ca
www.klippensteins.ca
+1-416-937-8634

Cory Wanless, Abogados Phillips
cory@phillipsbarristers.ca
+1-647-886-1914

Grahame Russell, Derechos Acción
grahame@rightsaction.org
www.rightsaction.org
www.testimoniothebook.org
+1-416-807-4436

https://mailchi.mp/rightsaction/successful-results-in-landmark-hudbay-minerals-lawsuits

lunes, 12 de mayo de 2025

PRÓXIMA VISITA A GUATEMALA DE EXPERTOS DE DERECHOS HUMANOS


Por: Factor Méndez

Una señal positiva del actual gobierno que preside Bernardo Arévalo, es la visita a Guatemala que harán en días venideros expertos del sistema interamericano de derechos humanos. Es buena señal porque funcionarios internacionales de ese nivel, solo pueden llegar al país cuando son oficialmente invitados por el gobierno.

Para cualquier Nación del mundo siempre es saludable recibir la visita de este tipo de expertos, por regla general esto solo ocurre cuando sobran evidencias de escaso o nulo progreso en el respeto a derechos humanos de su población, por tanto, es indicativo de que se requiere visitar in situ al país cuestionado para comprobar hechos, recopilar información pertinente, elaborar informes y recomendar acciones adecuadas para corregir el rumbo y así eliminar las presuntas violaciones a estos derechos.

Cabe recordar que en materia de derechos humanos los únicos sujetos violadores son el Estado y sus agentes, que vulneran derechos y libertades por acción u omisión, o sea, que las violaciones ocurren ya sea por actos, conductas y acciones cometidas desde el Poder Público o porque este poder no hace nada, abandona su deber de actuar con estricta observancia y respeto a derechos humanos.Además, los Estados que son parte del amplio catálogo de instrumentos jurídicos regionales e internacionales de derechos humanos como es el caso de Guatemala, están obligados a cumplir su compromiso de respetar esos derechos. A esto hay que agregar, que las violaciones a derechos humanos son imprescriptibles en el tiempo y en el espacio, quiere decir que se puede investigar, juzgar y castigar a los responsables en todo momento y donde sea.

En relación a violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, Guatemala no es la excepción ya que tiene una extensa y negativa historia que lo distingue como país transgresor de derechos humanos donde los hechos e indicadores saltan a la vista. En materia de derechos humanos individuales, civiles y políticos o de primera generación, cito algunos rasgos estructurales persistentes y negativos que explican la afirmación anterior: Profunda desigualdad social, racismo, discriminación, analfabetismo, bajo nivel de desarrollo humano. Incumplimiento del compromiso en bienestar social, en salud, en educación. Incremento de inseguridad alimentaria, desnutrición infantil, escasez de vivienda digna, de acceso a agua potable, de saneamiento ambiental.Con relación a derechos sociales o de segunda generación Guatemala tampoco tiene buenas calificaciones, la mayoría de la clase trabajadora carece de seguridad social y sujeta a pocas fuentes de empleo, bajos salarios, sobre explotación laboral, inadecuadas condiciones de higiene y seguridad ocupacional. Irrespeto a los derechos de los pueblos indígenas. Aumento de la pobreza, emigración forzada, campesinos sin acceso a la tierra, injusticias de todo tipo. En 2024 Guatemala fue incluido en una lista donde están los 10 países calificados como, “los peores para la clase trabajadora”.

Esa realidad les espera a los expertos internacionales que vendrán al país. El primer evento será del 19 al 23 de los corrientes, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) visitará Guatemala para celebrar su 176 Período Ordinario de Sesiones, un acontecimiento importante para esta Nación, su gobierno y población.

Luego en próximos meses se espera la llegada de grupos de trabajo y relatores temáticos sobre libertad de expresión, desaparición forzada o involuntaria y pueblos indígenas. Esta muestra de voluntad política del actual gobierno de invitar a expertos del sistema interamericano y universal, puede contribuir a que mejore la imagen de país en materia de derechos humanos.

https://lahora.gt/opinion/fmendez/2025/05/09/proxima-visita-a-guatemala-de-expertos-de-derechos-humanos/



martes, 6 de mayo de 2025

Guatemala: aquí se calla la verdad

Foto: Agencia Ocote

Guatemala: aquí se calla la verdad

Por: Marielos Monzón

En los últimos cuatro años, más de 70 periodistas han sido criminalizados en Guatemala. Al menos 20 tuvieron que exiliarse por procesos penales fabricados por el Ministerio Público (MP) en contubernio con jueces y juezas de las redes de impunidad.


Ayer, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el colectivo No Nos Callarán, la Red Centroamericana de Periodistas, la Red Rompe el Miedo-GT y Amnistía Internacional nos unimos para exigir que cese el acoso contra el periodismo y amplificar las voces de colegas perseguidos, exiliados y encarcelados. En las paredes de la Torre de Tribunales se proyectó el video #AquíSeCallaLaVerdad que recoge sus historias. Estas son algunas:


Jose Rubén Zamora: tengo mil días enfrentando una detención arbitraria por denunciar 144 casos de corrupción en el gobierno de Alejandro Giammattei. Lucía Escobar: llevo 550 días en el exilio junto a mi familia por haber cubierto una manifestación. Si regreso, podría ser una más de las periodistas criminalizadas por el MP. Carlos Cano: llevo mil 460 días en el exilio por denunciar la corrupción y la destrucción ambiental. Continúo mi labor periodística con más fuerza.


Anastasia Mejía Tiriquiz: viví 37 días de detención arbitraria por pedir información pública y denunciar la corrupción en la Municipalidad de Joyabaj, Quiché. Juan Luis Font: busco asilo en Francia mientras enfrento una orden de captura impulsada por un caso espurio en mi contra. Oswaldo J. Hernández: llevo más de 900 días enfrentando intimidaciones y amenazas por investigar redes de corrupción ligadas a diputados y abogados.

No más silencios impuestos. Exigimos el fin de la persecución contra el periodismo.


Andrea Ixchíu: llevo 850 días en el exilio por defender la tierra y la vida. Fui perseguida, golpeada y criminalizada por no quedarme callada. Marvin Del Cid: he tenido que salir de Guatemala tres veces en cuatro años por las amenazas, procesos penales y censura que buscan cerrar Vox Populi. Alexander Valdez: llevo dos años en el exilio por mi trabajo como periodista en elPeriódico. Aunque una jueza desestimó el caso, las autoridades insisten en criminalizarme por contar la verdad.


Sonny Figueroa: he sido perseguido judicialmente, golpeado y obligado al exilio por documentar la corrupción. Aún hoy recibo amenazas cada semana. Édgar Trigueros: el año pasado enfrenté una denuncia falsa por amenazas de muerte. Después intentaron asesinarme. Hoy sigo exigiendo justicia mientras la investigación continúa. Edwin Guá: hace 60 días denuncié amenazas e intimidaciones por informar sobre lo que ocurre en mi comunidad. Hoy, quien me amenazó intenta criminalizar mi labor periodística con difamaciones. No dejaré de contar lo que otros quieren ocultar. Gerson Ortiz: llevo más de 796 días siendo perseguido por el MP, a pesar de tres resoluciones que confirman que informar no es un delito.


Julia Corado: el MP pidió procesarme penalmente sin juicio de imprenta, como exige la ley. Me acusan, junto a otros periodistas de elPeriódico, de obstaculizar la justicia por ejercer mi libertad de expresión. Diego España: llevo 199 días enfrentando dos procesos penales por hacer mi trabajo periodístico. El MP me persigue por revelar una reunión ilegal entre una fiscal y una jueza. Rony Ríos: llevo más de dos años en el exilio porque el MP decidió que mis publicaciones eran delito.


Michelle Mendoza: llevo casi tres años en el exilio por las amenazas y persecución de un gobierno que quiso silenciarme. Me arrebataron mi país, mi presencia como madre y una vida en libertad. Carlos Choc: he enfrentado dos procesos penales por investigar y documentar la contaminación del lago de Izabal. Me persiguen por defender el derecho a la verdad desde mi territorio. Nelton Rivera: desde hace más de 10 años hemos trabajado bajo asedio, amenazas y criminalización. Cinco personas de nuestra red han sido encarceladas por informar.




GUATEMALA: DÍAS CRUCIALES


Miguel Ángel Sandoval

Hace unos pocos días, escribí una columna con un título sin desperdicio: se estaba por parte del PDC puyando al tigre con vara corta. En efecto, la figura es cierta, y todo indica que el tigre se despierta. Quizás sea mejor hablar del jaguar, que es el hermano del tigre en nuestras latitudes, aunque en el campo, al jaguar mucha gente le llama tigre. Pero eso no es lo que me interesa destacar ahora. Lo hago en una nota breve pues la situación actual no permite divagaciones.

Ocurre que ahora sabemos que desde los 48 cantones y demás organizaciones indígenas, con sus autoridades, hay la disposición de luchar por cuatro cosas relevantes, sin tregua, sin descanso, de manera pacífica y con la participación de la gente. Así de sencillo. La primera es que a Pacheco y Chaclan se les bastante el secreto en sus supuestas causas penales y sea un juicio justo. La segunda es que se les deje de llamar terroristas a los luchadores sociales, por parte de los que integran el pacto de corruptos, la tercera es la derogación del auto aumento de salario de los diputados y la cuarta es la modificación de la ley del MP por el congreso.

Y ello se expresa con la movilización que inicio desde hace oías pero que ahora se dice con claridad que debe continuar hasta lograr estos objetivos. Dicho, en otros términos, los pueblos y comunidades indígenas dijeron su palabra. Habrá movilización hasta que se consigan estos objetivos y ante ellos las diversas organizaciones del pueblo guatemalteco tienen que tener los ojos abiertos y si quieren y pueden, movilizarse en consecuencia.

Es un llamado a la movilización organizada en todo el `país pues si somos medianamente claros, los efectos del aumento de sueldo de los diputados afectan de manera negativa en todo el país, la idea de que las luchas sociales son terroristas solo apunta a una dictadura judicial y eso afecta a todo el país. La cárcel de Pacheco y Chaclan y la persecución de otros líderes o autoridades, anula la idea de democracia que tenemos. Y finalmente, la modificación de la ley del MP nos coloca ante la posibilidad de terminar con la impunidad en nuestro país.

Es momento de actuar en consecuencia. Los pueblos y autoridades indígenas han dicho que hacer y por donde ir. No se puede ni se debe, perder el rumbo en esta ocasión. Ojo, es un llamado a la unidad nacional por la vía de la movilización social, por el compromiso democrático, por la salud de la democracia en este país y por el regreso de la justicia verdadera. No está en juego una elección, lo que está en juego son nuestros derechos como ciudadanos, nuestra dignidad como hombres y mujeres libres.

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