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A la opinión pública, nacional e internacional y a las instituciones garantes de los Derechos Humanos hacemos saber:
Las comunidades multiculturales de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón hemos habitado estas tierras por más de cuatro décadas, donde hemos trabajado la tierra para el sustento familiar; y con nuestras posibilidades y saberes ancestrales hemos cuidado los bosques, la flora, la fauna y el agua en estas áreas.
Sin embargo, una vez más nos vemos en la urgente necesidad de denunciar públicamente que desde el 22 de abril más de dos mil elementos del ejército, armados con tanquetas y vehículos de combate sitiaron las áreas de Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre, han montado puestos militares sin presencia de la Policía Nacional Civil, como establece la legislación nacional, en diferentes lugares. Han intimidado a campesinos y líderes comunitarios, tomando fotografías de viviendas y caminos, han cortado los setos vivos que los comunitarios han sembrado en sus terrenos.
Muchos de los incendios que actualmente están activos en las áreas protegidas son provocados por las mismas comisiones del CONAP, DIPRONA Y EJÉRCITO. Para responsabilizar y hacer quedar mal a las comunidades.
Las instituciones de gobierno en alianza con organizaciones ambientalistas radicales y colonialistas de Petén, por más de 20 años han implementado una política de hostigamiento, persecución, criminalización y han etiquetado a nuestra población como criminal, creando un prejuicio y estigma social hacia nosotros, y por lo tanto, nos han tratado peor que a criminales, ya que nos han invisibilizado y han violentado todos nuestros derechos, situación que lamentablemente se vuelve a vivir en este nuevo gobierno.
En 2016 las comunidades presentamos una propuesta alternativa para encontrar soluciones técnicas y jurídicas a la situación, donde se respete los Derechos Humanos de las comunidades y se garantice la protección, conversación y restauración de lasáreas protegidas. Sin embargo la respuesta del CONAP y las demás instituciones vinculadas ha sido una constante negación a sentarse a dialogar con las comunidades.
El 19 de marzo de 2024 hemos presentado, en conjunto con otras comunidades y pueblos indígenas de Guatemala, una iniciativa de Reforma a la Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89, para que se promueva la protección, conservación y restauración de las áreas protegidas con la participación directa de las comunidades, esto permitiría que se garanticen los derechos de las comunidades, cesen las estrategias de hostigamiento, persecución y criminalización y se ponga fin al calvario que sufrimos constantemente. Además esta ley abriría las puertas al desarrollo comunitario al reconocimiento del aporte de las comunidades como protectores ancestrales de la naturaleza.
Exigimos
1. Se tome en cuenta nuestras propuestas presentadas técnica y jurídicamente a las instituciones, así como se promueva el diálogo y una solución estratégica de las problemáticas.
2. Finalice el hostigamiento, persecución y criminalización que sufren los vecinos y vecinas de nuestras comunidades, así como la militarización de los espacios comunitarios
3. Que las nuevas autoridades del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera cumplan sus compromisos de dialogar y construir soluciones junto a las comunidades afectadas y no solo se reúna con organizaciones ambientalistas radicales que no toman en cuenta la dignidad de las comunidades que hemos vivido en estos territorios antes de la declaratoria de áreas protegidas.
Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón, Petén, 26 de abril de 2024
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