miércoles, 8 de diciembre de 2021

DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO CONTINENTAL DE COMUNICACIÓN INDÍGENA COMUNITARIA



DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO CONTINENTAL DE COMUNICACIÓN INDÍGENA COMUNITARIA 

LA PAZ, ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 30 DE NOVIEMBRE – 4 DE DICIEMBRE DE 2021

La Comunicación Indígena Comunitaria es un murmullo que crece desde nuestras comunidades hasta convertirse en un viento que sopla a favor de nuestros pueblos, territorios y de los derechos que nos pertenecen.

PREÁMBULO

Estamos viviendo las últimas semanas del año 2021 y constatamos, una vez más, que esta etapa ha estado plena de claro-oscuros en nuestra Abya Yala. Hemos llorado y hemos reído con aciertos y errores cometidos, con avances y retrocesos sufridos; en suma, hemos sentido que seguimos siendo pueblos vivos pese a tanta violencia contra nuestros derechos como personas y como pueblos.

La Pandemia de la Covid-19 sigue marcando nuestra vida comunitaria, evidenciando el abandono de la mayoría de los gobiernos del continente hacia nuestros pueblos, abandono que podemos afirmar se convierte en una nueva criminalidad cuando no se da la atención debida frente a una pandemia como la que atraviesa la humanidad, con actitudes que manifiestan un racismo que nunca se fue. En este contexto, desde la comunicación hemos tenido que asumir un rol que, siendo de entera responsabilidad de los estados estos no asumían. Nuestro objetivo ha sido contribuir a la protección de nuestras comunidades. Así, hemos llevado la información posible sobre la pandemia y los medios colectivos e individuales a nuestro alcance para enfrentarla.

Tenemos que afirmar que en los últimos años la reacción del sistema capitalista, en su vertiente neoliberal, para mantener su dominio extiende el extractivismo por gran parte de Abya Yala. Agudiza así, entre otros, el patriarcado como sistema global de dominación en el que a las mujeres, a nuestras hermanas, se las sigue arrinconando en una posición de subalternidad en las sociedades. Por eso nos sumamos y acompañamos desde la Comunicación Indígena Comunitaria los procesos de empoderamiento personal y colectivo, de ejercicio de todos los derechos de todas nuestras hermanas.

Hay represión y persecución, se multiplican las criminalizaciones, encarcelamientos y asesinatos por el trabajo que hacemos, que no es sino la defensa y ejercicio de los derechos que nos pertenecen como pueblos. Este es el marco continental y en este la Comunicación Indígena Comunitaria ya no es un murmullo, sino que se transforma en huracán a favor de los procesos de nuestros pueblos.

Ante todo lo señalado, afirmamos:

1.- El uso estratégico de todos los medios de comunicación, desde los escritos hasta la radio, desde la televisión hasta las redes sociales, convierte a la Comunicación Indígena Comunitaria en herramienta innegable para los procesos de transformación hacia sociedades más justas para todos los pueblos, con énfasis especial en el ejercicio pleno e irrenunciable de los derechos humanos colectivos e individuales que nos corresponden.

2. Para la construcción de Estados Plurinacionales y una Abya Yala igualmente Plurinacional es imprescindible avanzar en los procesos de descolonización y despatriarcalización. Desde la Comunicación Indígena Comunitaria reafirmamos el compromiso por construir una comunicación inundada por la descolonización y la despatriarcalización.

3.- Conocedores de las realidades diversas en nuestros territorios, pero también de la existencia de actores comunes que saquean y explotan los mismos, denunciamos con firmeza las violaciones a nuestros derechos y a los de la Madre Tierra.

Respecto al papel de la Comunicación Indígena Comunitaria en el actual contexto social y político:

4.- Además de la denuncia continua contra las violaciones a nuestros derechos, necesitamos apoyarnos en nuestra comunalidad, en nuestra ancestralidad, protegernos y generar espacios de sanación, solidaridad mutua y encuentros territoriales.

5.- La Comunicación Indígena Comunitaria debe organizarse en base a nuestras organizaciones representativas y pueblos. Son ellas y ellos quienes nos marcan el camino, las urgencias, las necesidades y los modos para desde esta comunicación fortalecerlas.

6.- Demandamos el reconocimiento institucional de los Estados y gobiernos, respeto por nuestros comunicadores y comunicadoras, por nuestros medios, en suma, por nuestras voces y pensamientos que no transmiten sino aquello que en justicia corresponde a nuestros pueblos indígenas originarios. Necesitamos leyes y políticas públicas que nos permitan fortalecer el trabajo comunicacional y deben de tener recursos asignados para ser realmente implementadas.

7.- Es necesario crear y alimentar alianzas continentales que, como Runasur, nos fortalezcan, también en el ámbito comunicacional, nos formen y generen intercambios entre las experiencias propias. Debemos encontrarnos, mirarnos, abrazarnos, analizarnos y criticarnos para fortalecernos desde nuestras memorias y experiencias, más allá de intereses e instituciones que puedan dividirnos.

8.- Reconocemos expresamente al proceso comunicacional indígena originario campesino de Bolivia, a sus avances y enseñanzas en estos 25 años del Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino del Estado Plurinacional de Bolivia. Son ejemplo y referente para otros países que ya caminamos en esta construcción de una comunicación propia.

Respecto a la relación de la Comunicación Indígena Comunitaria y los marcos legales:

9.- Es necesario y urgente construir una agenda común continental que, teniendo presente las distintas realidades y coyunturas políticas, nos permita avanzar en el derecho pleno y efectivo de nuestros pueblos a construir una comunicación propia, sin obstáculos legales, técnicos y administrativos. Es importante avanzar en la aprobación y desarrollo de normativas estatales en los diferentes países de Abya Yala, en base a propuestas de las organizaciones representativas de nuestros pueblos.

10.- Urgimos a los Estados a la firma, ratificación y, especialmente, a la implementación de los Convenios y Tratados internacionales de derechos humanos colectivos e individuales referidos al Derecho a la Comunicación, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas.

11.- Es importante incluir la situación y el compromiso por el fortalecimiento de la Comunicación Indígena Comunitaria en las agendas de trabajo de los diferentes mecanismos de integración regional para poder desarrollar una agenda de discusión e implementación para el ejercicio pleno de los derechos comunicacionales de los pueblos indígenas originarios.

Respecto al papel de la Comunicación Indígena Comunitaria en la defensa de la Vida y los Territorios de nuestros pueblos:

12.- Debemos seguir trabajando, no solo en el ámbito comunicacional, por fortalecer una labor articulada y en red entre los y las comunicadoras indígenas de Abya Yala, en defensa de la Vida y el Territorio continuamente violentados por intereses de las diferentes élites políticas y económicas, tanto locales como transnacionales.

13.- Expresamos nuestra preocupación, y elevamos nuestra voz a gobiernos y otros actores en la demanda por garantizar el derecho a la comunicación y, especialmente, por la defensa y seguridad de las y los comunicadores indígenas comunitarios. Demandamos la intervención de los diferentes organismos e instancias internacionales defensoras de los derechos humanos para hacer frente a esta dura realidad que atraviesa a nuestros pueblos.

14.- Hacemos una mención especial a la persecución criminal que el sistema dominante mantiene en muchos países contra nuestra juventud y nuestras hermanas comunicadoras. Sabemos, y así lo denunciamos, que el sistema utiliza una doble criminalización, una doble persecución contra las comunicadoras indígenas todo ello resultado directo del sistema patriarcal y machista en el que se desarrollan nuestras vidas.

15.- Es importante fortalecer y analizar nuevas propuestas de formación en comunicación y en derechos, como es el caso de la Escuela de Comunicación Continental Itinerante. Las mismas se nutrirán con los procesos comunitarios de formación locales, fortaleciéndose mutuamente.

16.- Reiteramos la necesidad de celebrar la Cumbre de Comunicación Continental de Abya Yala que, en gran medida la pandemia de la Covid-19 ha imposibilitado. Ello, para el fortalecimiento de la Comunicación Indígena Comunitaria y con el fin de que las propuestas y tareas que surjan de ella podamos concretarlas.

17.- Por último, reafirmamos nuestro compromiso en la recuperación de las lenguas, memorias, sueños y formas propias de comunicación de nuestros pueblos y comunidades.

¡Jallalla la Comunicación Indígena Comunitaria!

¡Jallalla los comunicadores y las comunicadoras indígenas¡

¡Jallalla Abya Yala!

https://www.apcbolivia.org/declaracion-final-del-encuentro-continental-de-comunicacion-indigena-comunitaria/

martes, 7 de diciembre de 2021

LA MASACRE DE LAS DOS ERRES, PROHIBIDO OLVIDAR


La matanza en el parcelamiento Dos Erres ocurrió el 7 de diciembre de 1982.  40 kaibiles ingresaron al parcelamiento, 250 pobladores fueron asesinados por elementos del ejército durante el régimen de facto de Efraín Ríos Montt.



LA MASACRE DE LAS DOS ERRES 

La causa de la masacre

En octubre de 1982, una emboscada de la guerrilla causó la muerte de alrededor de 20 soldados y la pérdida de sus rifles. Datos de inteligencia indicaron un tiempo después que los rifles podían estar en la zona de Las Dos Erres, una aldea de granjas con 60 familias en la selva profunda, cerca de la frontera mexicana. Altos mandos del Ejército desplegaron la patrulla especial para recuperar los rifles y darles una lección a los aldeanos.

Disfrazados de guerrilleros, la unidad de 20 hombres asaltó Las Dos Erres el 7 de diciembre, respaldada por una fuerza de apoyo de 40 comandos uniformados. Las tropas no encontraron ni los rifles ni evidencia de actividad guerrillera. El operativo se descompuso en un frenesí de violaciones, torturas y asesinatos que aniquiló a casi toda la población, según expedientes judiciales guatemaltecos y estadounidenses.

La investigación empezó 14 años después, pero produjo pruebas únicas. Rompiendo el código de silencio, 2 soldados se convirtieron en testigos protegidos en los noventa y rindieron sus testimonios sobre la matanza. Además, los fiscales conectaron la masacre con la unidad de Sosa, por medio de exámenes de ADN realizados a 2 niños secuestrados en Las Dos Erres en 1982 y que crecieron en hogares de militares: Óscar Ramírez Ramos y Ramiro Osorio Cristales, de 3 y 5 años. (…)

La masacre de 250 civiles  fue una de las peores atrocidades de la guerra civil de Guatemala. Durante el último año, las cortes han condenado a 5 soldados del Ejército guatemalteco por crímenes relacionados con la matanza. (…) La fiscalía en Guatemala busca a otros 7 antiguos comandos acusados de haber participado en la masacre.

1 Roberto Aníbal Rivera Martínez. Fecha de nacimiento: 8/24/1954. Último lugar de residencia conocido: Ciudad de Guatemala. Rango: teniente. Está acusado de haber sido el comandante de la unidad que cometió la masacre de Las Dos Erres. Cuando los investigadores ejecutaron una orden de detención en su casa en un barrio militar en 2010, descubrieron un túnel para huir.

2 César Adán Rosales Batres. Fecha de nacimiento: 6/11/1957. Último lugar de residencia conocido: Ciudad de Guatemala. Rango: teniente. Era el tercereo en antigüedad de los oficiales en la unidad de comandos. Los testigos alegaron que fue el primero en violar una niña durante el asalto a Las Dos Erres.

3 Alfonso Bulux Vicente. Fecha de nacimiento: 1/13/1953. Último lugar de residencia conocido: Retalhuleu. Rango: sargento. Durante la masacre, Bulux mostró piedad a una familia en las afueras de la aldea, dejándolos huir, según testimonios. Pero los testimonios también le ubican entre el grupo de comandos que interrogaron a los campesinos, les pegaron con un martillo y los tiraron dentro del pozo del pueblo.

4 Manuel Cupertino Montenegro Hernández. Fecha de nacimiento: 1956. Último lugar de residencia conocido: Ciudad de Guatemala. Rango: sargento. Sirvió como radio-operador de la unidad, manejando la comunicación con altos cargos del ejército fuera de Las Dos Erres durante el operativo. Como resultado podría tener información sobre la involucración y conocimiento de oficiales de alto rango.

5 Mardoqueo Ortiz Morales. Fecha de nacimiento: 4/26/1962. Último lugar de residencia conocido: Ayutla. Rango: cabo. Se le señala como uno de los comandos que mataron a campesinos al lado del pozo.

6 Cirilo Benjamín Caal Ac. Fecha de nacimiento: 2/9/1949. Último lugar de residencia conocido: Melchor de Mencos. Rango: sargento. Ha sido identificado por testigos como uno de los comandos que mataron campesinos al lado del pozo. En 2007 se describió como agricultor, según documentos del Gobierno guatemalteco.

7 Carlos Humberto Oliva Martínez. Fecha de nacimiento: 1/19/1954. Último lugar de residencia conocido: Poptún. Rango: sargento. Ha sido identificado por testigos como uno de los comandos que mataron a campesinos al lado del pozo. También se cree que se ha dedicado al comercio en Petén en años recientes.

Al subinstructor Kaibil Pedro Pimentel Ríos, el tribunal primero B de mayor riesgo lo encontró culpable y lo condeno a seis mil 60 años de prisión

La odisea de justicia en Centroamérica
Buscando a Óscar I: La increíble historia del niño que sobrevivió a la masacre de Dos Erres en Guatemala
Por : Sebastian Rotella, ProPublica y Ana Arana, Fundacion MEPI en Reportajes de investigación Publicado: 25.05.2012
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Óscar Ramírez nunca supo que era una prueba viviente. Una de las tres que quedaron de la masacre que el Ejército de Guatemala llevó a cabo en la pequeña aldea Dos Erres. Poco más de 250 personas vivían allí; solo tres sobrevivieron al macabro montaje para hacerlo parecer obra de la guerrilla. Óscar era un niño de 3 años, 29 años después, viviendo en EE.UU., recibió un mail que decía que su padre no era el teniente quién él creía. Otro sobreviviente, era soldado cuando supo que quien lo crió asesinó a su familia. Esta es la estremecedora historia de búsqueda de justicia que hoy estremece a todo el continente.

(*)Un reportaje de Fundacion MEPI y Propublica.
Vea también: Buscando a Óscar II: La cacería de los Kaibiles y un final inesperado
La llamada de Guatemala puso a Óscar en guardia. “Unos fiscales vinieron a buscarte”, le dijeron familiares de su pueblo. “Son gente influyente de Ciudad de Guatemala. Quieren hablar contigo”.
Óscar Alfredo Ramírez Castañeda tenía mucho que perder. A pesar de que vivía sin documentos en los Estados Unidos, a sus 31 años había logrado crear una vida estable. Tenía dos empleos a tiempo completo para mantener a sus tres hijos y a su mujer, Nidia. Se habían establecido en una casa pequeña pero alegre en Framingham, un barrio obrero de Boston.

Óscar generalmente se esforzaba por mantenerse lejos de las autoridades. Sin embargo, llamó a la fiscal de Ciudad de Guatemala. Ella le dijo que quería hablar de un tema delicado sobre su niñez y de una masacre ocurrida durante la guerra civil de Guatemala. Prometió explicarlo todo en un correo electrónico.
Días después, Óscar se sentó frente a su computadora en su sala repleta de juguetes, trofeos de escuela, fotos de familia, un crucifijo y recuerdos de su país. Había llegado a casa tarde, después del trabajo. Nidia, con siete meses de embarazo, descansaba en un sillón cercano. Los niños dormían arriba.
Los ojos verdes de Óscar miraron la pantalla. El correo había llegado. Respiró profundo y dio clic.
“Usted no me conoce”, empezaba la larga misiva que le cambiaría la vida.


La fiscal decía que estaba investigando un episodio violento de la guerra, un caso que la había afectado profundamente. En 1982, una patrulla de comandos especiales había asaltado el pueblo de Dos Erres y había masacrado a más de 250 hombres, mujeres y niños.
Dos niños pequeños que sobrevivieron fueron robados por los comandos. Veintinueve años después, quince desde que la fiscalía había empezado la búsqueda de los asesinos, la fiscal había llegado a la conclusión de que Óscar era uno de los dos niños secuestrados.

“Yo tengo conocimiento que usted fue muy querido y bien tratado por la familia con quienes se crió. Yo espero que después de todo esto que le estoy contando, usted tenga la suficiente madurez para asimilarlo de una manera adecuada. Yo lo hago de su conocimiento en base al derecho a saber la verdad que tienen todas las personas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”, escribió la fiscal.
“El punto, Oscar Alfredo, es que usted, aunque no lo sabía, fue una víctima de ese triste hecho que le comento, al igual que ese otro niño que le cuento que encontramos, así como los familiares de las personas que fallecieron en ese lugar”.


Para entonces, Nidia leía por encima de su hombro. La fiscal dijo que podía acordar una prueba de ADN para confirmar su teoría. Le ofreció un incentivo: ayudar a Óscar con su proceso migratorio en los Estados Unidos.
“Esta es una decisión que usted debe tomar”, acotó.
Óscar repasó imágenes de su niñez rápidamente en su cabeza. Se esforzó por relacionar las palabras de la fiscal con sus propios recuerdos. No conoció a su madre, tampoco a su padre, quien nunca se casó. El teniente Óscar Ovidio Ramírez Ramos había muerto en un accidente cuando él apenas tenía cuatro años. La abuela de Óscar y sus tías lo habían criado inculcándole un profundo respeto hacia su progenitor.

Según la familia, el teniente había sido un héroe. Se graduó como el primero en su clase, se convirtió en un soldado de élite y había ganado medallas en combate. Óscar atesoraba la boina militar roja y su añejo álbum de fotos. Le gustaba hojear las imágenes que mostraban a un oficial fornido de sonrisa joven, en un tanque, cargando la bandera.

El sobrenombre del teniente era un diminutivo de Óscar: Cocorico. Y Óscar se llamaba a sí mismo “Cocorico Dos”.
Si las sospechas de la fiscal eran correctas, Óscar no sabía quien era. No era el hijo de un honorable soldado. Era la víctima de un secuestro, un trofeo de batalla, la prueba viviente de una masacre.
A pesar de lo abrumador de la revelación, Óscar tuvo que admitir que no era del todo una sorpresa. Diez años antes, alguien le había enviado un artículo de un periódico guatemalteco sobre Dos Erres. Mencionaba su nombre y el supuesto rapto. Pero su familia en Guatemala lo había convencido de que la idea era descabellada, un mero invento de la izquierda.

Lejos de la cruda realidad de Guatemala, Óscar decidió olvidarse de la historia. El país que había dejado detrás era uno de los más desesperados y violentos en todo el continente americano. Alrededor de 200 mil personas murieron en la guerra civil que terminó en 1996. Los militares, acusados de genocidio, todavía conservaban mucho poder.


Ahora, el caso estaba arrastrando a Óscar al interior de la lucha que Guatemala libraba al enfrentarse con su pasado trágico. Si se realizaba la prueba de ADN y los resultados eran positivos, su vida se transformaría de manera peligrosa. Se convertiría en una evidencia de carne y hueso en la búsqueda de justicia para las víctimas de Dos Erres. Tendría que aceptar que su identidad, su vida entera, había estado basada en una mentira. Además, se convertiría en un posible objetivo de las fuerzas poderosas que buscaban mantener enterrados los secretos de Guatemala.
Los guatemaltecos se encontraban en un dilema similar. Estaban divididos acerca de cómo castigar los crímenes del pasado en una sociedad rebasada por la impunidad. Los asesinos y torturadores uniformados de los ‘80 habían contribuido a crear las mafias, la corrupción y el crimen que azotaban a los pequeños países de Centroamérica. La investigación de Dos Erres era parte de la batalla contra la impunidad, de la lucha por un mejor futuro. Pero las pequeñas victorias tenían grandes costos potenciales: represalias y conflictos políticos.
Al igual que su país, Óscar tenía que elegir si quería enfrentar una verdad dolorosa.


“NO SOMOS PERROS PARA QUE NOS MATEN”

El otoño de 1982 fue tenso en Petén, una región al norte de Guatemala, cerca de México.
Las tropas militares en la zona combatían al grupo guerrillero conocido como las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). La campaña de contrainsurgencia era metódica y brutal. El dictador Efraín Ríos Montt, un general que había tomado el poder en marzo, después de un Golpe de Estado, arrasaba con poblados rurales sospechosos de alojar y proteger a los rebeldes.

Aunque habían ocurrido enfrentamientos cerca de Dos Erres, la aldea estaba escondida en un área remota y selvática y era relativamente tranquila. Había sido fundada apenas cuatro años antes, mediante un programa de reparto agrario del gobierno. A diferencia de las áreas donde los rebeldes reclutaban agresivamente entre los indígenas del país, los habitantes de Dos Erres eran principalmente ladinos (guatemaltecos de ascendencia blanca e indígena). Las sesenta familias que vivían en este terreno muy fértil, cultivaban frijol, maíz y piñas. Los caminos no estaban pavimentados, pero había una escuela y dos iglesias, una católica y otra evangélica. El nombre del pueblo, Dos Erres,homenajeaba a sus fundadores, Federico Aquino Ruano y Marcos Reyes.

El encargado militar de la región, el teniente Carlos Antonio Carías, pidió que los hombres de Dos Erres participaran en una patrulla de autodefensa civil armada de la base militar ubicada en el pueblo de Las Cruces, localizado a unos 11 kilómetros de distancia. Los hombres de Dos Erres se resistían a hacerlo, preferían ser parte de una patrulla que protegiera a su comunidad. El teniente Carías tomó a mal esta posición de los residentes. Se tornó agresivo y acusó a la gente de Dos Erres de refugiar a guerrilleros. Prohibió a los habitantes que participaran en las ceremonias de juramento a la bandera, y, como evidencia de su supuesta traición, mostró a sus superiores un costal de cosecha inscrito con las iniciales FAR, alegando que se trataba de la insignia guerrillera. En realidad, el costal pertenecía al cofundador de la aldea, Ruano, y eran sus iniciales.

En octubre, el Ejército sufrió una humillante derrota en la cual guerrilleros mataron a un grupo de soldados y robaron alrededor de veinte rifles. A principios de diciembre, inteligencia militar indicó que las armas robadas estaban en el área de Dos Erres. El Ejército envió a sus comandos especiales, los Kaibiles, a recuperar las armas y a darles a los habitantes un castigo.

Los comandos representaban la punta de lanza de una ofensiva anti-guerrillas que ya había recibido varias condenas internacionales. En la lengua indígena Mam, Kaibil significa “aquél que tiene la fuerza y la astucia de dos tigres”. Con un entrenamiento notoriamente duro en técnicas de supervivencia, contrainsurgencia y guerra psicológica, los Kaibiles eran considerados como las fuerzas especiales más violentas de Latinoamérica. Su lema: “Si avanzo, sígueme; si me detengo, aprémiame; si retrocedo, mátame”.

El plan incluía encubrir la identidad de los invasores. El 6 de diciembre de 1982, en una base en Petén, se formó un escuadrón de veinte Kaibiles disfrazados como guerrilleros: con camisetas verdes, pantalones de civil y brazaletes rojos. Cuarenta efectivos uniformados que les acompañarían tenían órdenes de apoyarles con un cerco de seguridad y evitar que alguien entrara o saliera. De todo lo que sucediese en Dos Erres, se responsabilizaría a la izquierda.

Las tropas salieron a las 22:00 en dos camiones civiles. Condujeron hasta la medianoche. Después incursionaron durante dos horas por la densa y húmeda selva. Eran guiados por un guerrillero cautivo obligado a participar en la misión.
En las afueras de la aldea el escuadrón de ataque se desplegó como siempre: por grupos de asalto, municiones, apoyo de combate, perímetro y mandos.

El grupo de mando tenía un operador de radio que se comunicaría durante la operación con mandos superiores situados en otros lugares. El grupo de asalto consistía en expertos en interrogación, lucha y asesinato. Incluso sus mismos compañeros en el escuadrón mantenían su distancia con los miembros de este grupo por considerarlos psicópatas.

Los Kaibiles escogidos para esta misión secreta eran la élite de la élite. A los 28 años, el teniente Ramírez era el más experimentado de todos.
Conocido como Cocorico o El Indio, Ramírez se había graduado como el mejor de su clase en 1975. Había ganado una beca para entrenamiento avanzado en la Escuela de Lanceros, en Colombia, pero se había metido en problemas por ir de fiesta y malgastar fondos. Fue suspendido del Ejército por seis meses y peleó como mercenario en Nicaragua en 1978, con las fuerzas del dictador Anastasio Somoza Debayle, un aliado de los Estados Unidos. Washington reforzó el rol de Guatemala como un bastión estratégico en la lucha contra el comunismo cuando los Sandinistas derrotaron a Somoza el año siguiente. Creció el temor de que hubiera un efecto dominó en la región.

Ramírez volvió a Guatemala y se unió a una unidad de artillería. Herido y condecorado en noviembre de 1981, comenzó a participar en operaciones encubiertas contra la guerrilla, muchas veces vestido de civil. Se creó una reputación por su crueldad. Un compañero suyo lo consideraba “un criminal uniformado”. Otros veteranos, en cambio, admiraban su habilidad en el campo de batalla y la lealtad a sus tropas.

Cocorico era también un hijo entregado: le enviaba mensualmente dinero a su madre, quien se quejaba frecuentemente de que el teniente seguía SOLTERO y no le había dado un nieto.
Ramírez se convirtió en instructor en la escuela de entrenamiento Kaibil, en Petén. En 1982, el régimen de Ríos Montt cerró la escuela y creó una patrulla itinerante de instructores: tenientes, sargentos y cabos, todos hábiles combatientes. Ramírez era el subcomandante de la unidad, la cual podía desplegarse rápidamente como una fuerza de ataque en las zonas de control guerrillero.

El escuadrón invadió Dos Erres a las 2:00.
Los comandos derribaron puertas y sacaron a las familias de sus casas. Aunque los soldados estaban preparados para un enfrentamiento, no hubo resistencia. No encontraron ninguno de los rifles robados.

Llevaron a los hombres a la escuela, y a las mujeres y a los niños a una iglesia. La violencia comenzó antes del amanecer. César Ibáñez, uno de los soldados, escuchó los gritos de las niñas pidiendo ayuda. Varios soldados vieron al teniente César Adán Rosales Batres violar a una niña de 10 años frente a su familia. Imitando a su superior, otros militares empezaron a violar a mujeres y niñas.

Al mediodía, los Kaibiles ordenaron a las mujeres violentadas que prepararan comida en una pequeña casa de rancho. Los soldados comieron en turnos de cinco. Las jóvenes lloraban mientras servían comida a Ibáñez y a los demás. De regreso a su puesto, Ibáñez vio cómo un sargento llevaba a una niña por un callejón.
El sargento le dijo que habían empezado “a vacunar”.

Los militares llevaron a las personas una por una al centro de la aldea, cerca de un pozo sin agua de 12 metros de profundidad. Favio Pinzón Jerez, el cocinero del escuadrón, y otros soldados les aseguraron que todo estaría bien. Serían vacunados. Se trataba de una medida de salud preventiva. No era nada para preocuparse.
Gilberto Jordán fue el primero en derramar sangre. Cargó a un bebé, lo llevó hasta el pozo y lo arrojó hacia su muerte. Jordán lloró cuando mató al niño. Sin embargo, con la ayuda de Manuel Pop Sun, otro soldado, siguió arrojando niños al pozo.

A los adultos les vendaron los ojos y los hicieron arrodillarse, uno a uno. Los interrogaban acerca de los rifles y los nombres de los líderes guerrilleros. Cuando los habitantes protestaban que no sabían nada, los soldados les golpeaban en la cabeza con un mazo, un martillo de metal. Luego, los arrojaban al pozo.
“¡Malditos!”, gritaban las víctimas a sus ejecutores.

Ibáñez tiró a una mujer al pozo. Pinzón, el cocinero, siguió llevando allí a las victimas, junto al sub-teniente Jorge Vinicio Sosa Orantes. Cuando el pozo estaba medio lleno, un hombre que cayó encima de la pila de cadáveres pero seguía vivo, logró quitarse la venda de los ojos:
-¡Mátenme! -les dijo a los militares.
-¡Tu madre! -contestó Sosa.
-¡La tuya, hijo de la gran puta! -gritó el hombre en respuesta.
Pinzón observaba. Sosa se enfureció, le disparó al hombre y para asegurarse, lanzó una granada al interior del pozo. Unas horas más tarde, los cuerpos se desbordaban.

La masacre continuó en otras partes del pueblo. Salomé Armando Gómez Hernández, de 11 años, vivía en otra aldea cerca de Dos Erres. Esa mañana temprano, había viajado a caballo con su hermano de 22 años para comprar medicina en Las Cruces. Cuando llegaron a Dos Erres alrededor de las 10:00 para visitar a un tío, los militares metieron a Gómez Hernández a la iglesia junto a las mujeres y los niños. A través de los tablones, vio cómo los soldados golpeaban y disparaban a la gente. Su hermano y su tío fueron asesinados.

Por la tarde, los asaltantes juntaron alrededor de cincuenta mujeres y niños y los llevaron caminando hacia las montañas. Gómez Hernández se puso al frente de la fila, sabiendo que se dirigían a su muerte. Los demás también lo sabían.
“No somos perros para que nos maten en el monte. Sabemos que nos van a matar, ¿por qué no lo hacen aquí mismo?”, dijo una mujer.

Un soldado se abrió paso violentamente entre los prisioneros hasta llegar a la mujer y jalarla del cabello. Gómez Hernández vio la oportunidad de escapar y huyó. El eco de los disparos sonaba tras él. Se escondió entre la maleza y escuchó.
Uno a uno los soldados mataron a los prisioneros. Gómez Hernández escuchó los gemidos de la gente agonizando. Un niño llamaba a su mama. Los militares ejecutaron a los pequeños con los rifles. A cada uno, un tiro. Fueron entre cuarenta y cincuenta disparos en total.

Al caer la noche, en el pueblo sólo quedaban cadáveres, animales y soldados. El escuadrón se resguardó esa noche en las casas abandonadas. Llovía. Gómez Hernández pudo volver al pueblo, con trabajo, tropezándose entre la oscuridad y el lodo. Pasó entre los cuerpos de sus vecinos esparcidos por las calles y caminos. Escondido entre el pasto alto, escuchó risas.
“Ya los terminamos, muchá. Y vamos a seguir buscando”, dijo un militar.

Gómez Hernández finalmente regresó a Las Cruces.
Cinco prisioneros más sobrevivieron a la matanza de los Kaibiles. Tres mujeres adolescentes y dos niños pequeños aparentemente habían logrado esconderse en algún lugar. Al ponerse el sol, fueron hacia el centro de la aldea. Los soldados los llevaron a una casa que habían convertido en el puesto de mando. Los tenientes decidieron no matar inmediatamente a los recién llegados.

La mañana del 8 de diciembre, el escuadrón se dirigió hacia las montañas selváticas con los nuevos prisioneros. Vistieron con uniformes militares a las adolescentes. El teniente Ramírez se hizo cargo del pequeño de tres años. El panadero del escuadrón, Santos López Alonzo, se llevó al niño de cinco años. Esa noche, tres oficiales arrastraron a las jóvenes entre la maleza y las violaron. A la mañana siguiente las estrangularon y las fusilaron.

Perdonaron las vidas de ambos niños porque tenían piel blanca y ojos verdes, atributos bien valorados en una sociedad estratificada por divisiones raciales.

El teniente Ramírez le dijo a Pinzón y al resto que llevaría al niño más pequeño a su pueblo, Zacapa, situado al este del país. Lo vestiría al estilo de la región: “Como un vaquero: botas vaqueras, pantalones y una camisa”.

Días después, un helicóptero aterrizó en una llanura. Estaba ahí para recoger a Pedro Pimentel Ríos para su siguiente misión. Iba rumbo a Panamá para servir como instructor en la Escuela de las Américas, la base militar de los Estados Unidos donde se entrenaron a muchos militares latinoamericanos implicados en atrocidades. Los niños fueron subidos al helicóptero y llevados a la base Kaibil.

En la selva la patrulla iba a pie. Seguían las indicaciones del guerrillero guía que estaba atado a una larga cuerda. Las provisiones ya escaseaban. Mientras se encontraban sentados alrededor de una fogata, el teniente Ramírez le dijo a un subordinado, Fredy Samayoa Tobar, que tenía ganas de comer carne.

-¿De dónde se supone que voy a sacar la carne? -preguntó Samayoa.
-Corta un pedazo de ese guía y tráemelo -contestó Ramírez.
Samayoa tomó su bayoneta y le cortó unos treinta centímetros de la espalda al guía. Y le llevó el pedazo al teniente.
-Oh no, no, no, tienes que ejecutarlo, está sufriendo -le dijo Ramírez.
El soldado mató al guía. El teniente no se comió la carne.
El comando llegó cerca del pueblo de Bethel, donde encontraron una tienda y robaron cerveza, cigarrillos y agua. Se encontraron también con unos campesinos, a los que decapitaron.
Cuando el escuadrón regresó a la base, más de 250 personas habían muerto. Los Kaibiles llamaron a la misión “Operación Chapeadora”. Habían “podado” a todo aquél que se había puesto en su camino.

Cuatro días después de la masacre, el teniente Carías, comandante en Las Cruces, llevó tropas en camiones y tractores a Dos Erres. Saquearon los vehículos, propiedades y robaron a los animales. Luego quemaron la aldea.
Carías se encontró con los aterrorizados familiares de los desaparecidos. Algunos estuvieron lejos de Dos Erres ese día, otros vivían en pueblos cercanos. Acusó a la guerrilla del incidente.
Quién hiciera demasiadas preguntas, amenazó Carías, moriría.

PRUEBA VIVIENTE

Tras unas pocas semanas, la embajada estadounidense en Guatemala se había enterado de lo sucedido en Dos Erres.
Una “fuente confiable” les había dicho a los oficiales de la embajada que soldados disfrazados de rebeldes habían asesinado a más de 200 personas. Era el último de una serie de reportes recibidos en los que se culpaba a los militares por las masacres al interior del país. El 30 de diciembre tres oficiales estadounidenses fueron a Las Cruces, y las entrevistas realizadas a los locales levantaron más sospechas.

El equipo sobrevoló Dos Erres en helicóptero. El piloto de la Fuerza Aérea de Guatemala se negó a aterrizar, pero las casas quemadas y los campos abandonados eran una evidencia suficientemente clara de que se habían cometido atrocidades. En un cable diplomático excepcionalmente sincero enviado a Washington, los diplomáticos aseguraron que “lo más probable es que la entidad responsable de este incidente sea el Ejército de Guatemala”.

El gobierno estadounidense mantuvo el secreto hasta 1998. No se tomó ninguna medida contra el Ejército ni el escuadrón Kaibil. Los Estados Unidos continuaron apoyando a los gobiernos represores pero anti-comunistas de Centroamérica.
Tendrían que pasar catorce años hasta que alguien intentara hacer justicia por Dos Erres. En 1996, después de más de tres décadas de guerra civil, las hostilidades cesaron con un tratado de paz entre los rebeldes y militares de Guatemala. Ambos bandos acordaron una amnistía que exculpaba a los combatientes, pero permitía juzgar las atrocidades.

Existía, sin embargo, una duda considerable sobre si el nuevo gobierno sería capaz de llevar a juicio esos casos. Los perpetradores de algunos de los peores crímenes de guerra mantenían su poder en las Fuerzas Armadas o en mafias del crimen organizado que crecieron rápidamente. Los cárteles de droga reclutaron ex Kaibiles como sicarios e instructores.
La investigadora que se enfrentó a este peligroso encargo fue Sara Romero.

Romero era una mujer pequeña y tranquila al expresarse. Parecía más una oficinista o una profesora que una luchadora contra el crimen de primera línea. A sus 35 años era una fiscal novata. Se había graduado en la escuela de leyes el año anterior y había sido asignada a una comisión especial de derechos humanos en la Ciudad de Guatemala. Aunque los crímenes de guerra habían quedado sin resolver durante años, estaba decidida a continuar las investigaciones sin importarle los obstáculos. De otra forma, pensaba, la impunidad seguiría enquistada en la sociedad guatemalteca.
Se le asignó el caso de Dos Erres. Hubo cientos de masacres durante el conflicto y Naciones Unidas concluyó que el Ejército fue responsable de al menos el 93 % de las muertes. Además la ONU declaró que los asesinatos sistemáticos de indígenas podrían llegar a ser un genocidio.

Romero tenía poca información. Los militares insistían que el caso de Dos Erres había sido obra de la guerrilla. Gracias a la declaración de Gómez Hernández (vea la declaración), el sobreviviente que tenía 11 años durante la masacre, la fiscal supo que el Ejército había tenido algo que ver. Pero aún necesitaba más pruebas.

Después de un trayecto de ocho horas en autobús a la región en el norte del país, Sara Romero llegó a la escena del crimen. Un manto de silencio cubría las ruinas. Entrevistó a sobrevivientes que estuvieron fuera de la aldea el día de la masacre. La mayoría tenía miedo de hablar. Susurraban que temían la ira del teniente Carías, quien todavía seguía como comandante en Las Cruces. Sospechaban que él había orquestado el ataque al haberse enfrentado con los habitantes de Dos Erres.

Romero se dio cuenta que era difícil reconstruir hasta los hechos más elementales, como la identificación de las víctimas. Para realizar un censo, pidió a la que fue maestra de la escuela de Dos Erres, una lista de todos los niños y familiares que pudiera recordar.

Sin víctimas confirmadas ni testigos sólidos, Romero nunca podría resolver el caso. Pero encontró a una aliada: Aura Elena Farfán.
De aspecto digno, Farfán tenía el pelo gris y un carácter tan dulce como inflexible. Lideraba una asociación de derechos humanos en Ciudad de Guatemala para víctimas del conflicto. A pesar de las amenazas, había interpuesto una demanda criminal responsabilizando al Ejército de la masacre en Dos Erres. En 1994, había llevado con ella a un equipo voluntario de antropólogos forenses argentinos para exhumar los restos. (Ver acta de defunción de N.N.)

Los argentinos –con habilidades afinadas investigando su propia “guerra sucia”—trabajaron rápidamente y en condiciones riesgosas. El batallón en Las Cruces los acosó siguiéndoles y tocando música militar a muy alto volumen. La exhumación extrajo e identificó los restos de cerca de 62 personas, muchos de ellos bebes y niños.
Farfán pudo conseguir un gran logro para la fiscalía. A menudo daba entrevistas en la radio del Petén, donde invitaba a que los testigos se involucraran en el caso. Después de una de esas transmisiones, representantes de Naciones Unidas le avisaron que un ex soldado quería hablar sobre Dos Erres. Viajó a la casa del hombre, donde se presentó disfrazada con lentes oscuros, un sombrero rojo y un chal. Una representante española de la ONU seguía sus pasos para protegerla.

La puerta se abrió. Allí estaba Favio Pinzón Jerez, el ex cocinero robusto y con bigote del escuadrón Kaibil, desayunando con sus hijos. Después de su sorpresa inicial, recibió a Farfán.
Pinzón le contó que había dejado el Ejército y ahora trabajaba como chofer en un hospital. Nunca logró ser Kaibil de verdad. No aguantó el duro proceso de entrenamiento. Por ser un humilde cocinero fue maltratado por el resto de soldados de la patrulla Kaibil. Era el eslabón débil en el código de silencio de los guerreros. Dos Erres era un fantasma que le perseguía.

-Quería hablar con usted porque esto que tengo aquí en el corazón, ya no lo aguanto más -le dijo Pinzón a Farfán.
Le contó la historia de la masacre y le dio los nombres de cada miembro del escuadrón. La conversación duró horas. Farfán se sintió abrumada, con una mezcla de disgusto y gratitud. Fue incapaz de estrechar la mano del soldado, aunque vio que su arrepentimiento parecía sincero.

Poco después, Pinzón le presentó a Farfán otro veterano: César Ibáñez. La activista convenció a los dos hombres de testificar ante Sara Romero. Contaron sus historias fríamente, sin asomo de emoción. Habría sido imposible conocer los detalles de la masacre si los dos hombres no hubieran hablado, por lo que se les concedió inmunidad y fueron reubicados como testigos protegidos.

Los investigadores habían encontrado obstáculos y amenazas por parte del Ejército desde un principio. Ahora contaban con testimonios de primera mano que implicaban a la patrulla Kaibil en el crimen.
Había una nueva línea de investigación: el robo de los dos niños por el teniente Ramírez y Santos López Alonzo, el ex panadero de la unidad.
Romero pensó que encontrar a los dos muchachos era un punto crítico, un milagro. Debían conocer la verdad: vivían con las personas que habían asesinado a sus padres. Ninguna otra atrocidad de derechos humanos registrada contaba con este tipo de evidencia.

En 1999, Sara Romero y otro fiscal fueron a casa del panadero López Alonzo, cerca de la ciudad de Retalhuleu. Su oficina contaba con tan pocos recursos que no había apoyo policiaco ni armas. Romero tenía sus reservas por tener que enfrentarse a este militar con acusaciones tan graves. Sabía que los Kaibiles se jactaban de ser considerados máquinas de matar.
Cuando vio al soldado sentado en la entrada de su modesta casa, todos sus miedos desaparecieron. “Se le ve un hombre sencillo, un campesino humilde”, pensó.

Las fotos familiares en casa de López Alonzo confirmaron sus sospechas de que estaba en el lugar indicado. Era un maya de piel oscura y cinco de sus hijos se parecían a él. El sexto chico, llamado Ramiro, tenía piel blanca y ojos verdes.
-Mi hijo mayor tiene una historia muy triste -le dijo López Alonzo a la fiscal.

Confesó que tras la masacre se había quedado con Ramiro y lo había tenido viviendo en la escuela militar por tres meses. Trajo el niño a casa y a su esposa le contó que había sido abandonado (vea partida falsa de nacimiento de Ramiro). López Alonzo dijo que había enlistado a Ramiro, ya con 22 años, en el Ejército. Se negó a revelar la ubicación del chico. Cuando la oficina de la fiscal empezó a indagar, el Ministerio de Defensa le preguntó a Ramiro si tenía algún problema con la ley. En vez de cooperar, el Ministerio le movió de una base a otra.

Los investigadores estaban preocupados de que Ramiro se encontrara en un grave peligro si los militares se enteraban de queera prueba viviente de una atrocidad. Eventualmente, los fiscales lo encontraron y se lo llevaron. Ramiro les contó que tenía recuerdos de la masacre y del asesinato de su familia.

La familia Alonzo lo había tratado mal, declaró, lo golpeaban y lo usaban casi como su esclavo. Durante un episodio de ira, López Alonzo, borracho, le disparó con un rifle. Las autoridades le convencieron de que abandonara las Fuerzas Armadas y le ofrecieron asilo político en Canadá.

La búsqueda del otro joven fracasó.
Los fiscales averiguaron que el nombre del chico era Óscar Alfredo Ramírez Castañeda. Su presunto raptor, el teniente Óscar Ovidio Ramírez Ramos, había muerto ocho meses después de la masacre cuando dormía sobre un camión que transportaba madera para construir una casa. Murió instantáneamente cuando el camión volcó.

Una hermana del teniente fue interrogada en Zacapa en 1999 y confesó que Ramírez había traído el niño a casa a principios de 1983, alegando que Óscar era el hijo que había tenido con una mujer fuera del matrimonio. Los fiscales encontraron un acta de nacimiento pero ninguna evidencia de que la madre realmente hubiera existido. La hermana admitió que había oído que el niño era de Dos Erres.

Óscar había dejado el país para ir a Estados Unidos. Como su familia no quería ayudar en la investigación, Sara Romero se vio obligada a cancelar la búsqueda.
En el intertanto, los investigadores avanzaron en otras pistas. Habían identificado a varios ejecutores del escuadrón Kaibil. En el 2000, un juez decretó órdenes de arresto para 17 sospechosos de la masacre.

En medio de la realidad sofocante de Guatemala, los resultados eran decepcionantes. La policía no lograba llevar a cabo los arrestos. Los abogados de la defensa bombardearon al tribunal con documentos y apelaron a la Corte Suprema. El alegato de la contraparte fue que sus clientes estaban protegidos por leyes de amnistía, argumentos inexactos que estancaban las investigaciones.

Sara Romero se estrelló con el poder del Ejército. Parecía que la justicia se le escapaba, como lo había hecho Óscar.
(*) Con reportes por Habiba Nosheen, especial para ProPublica, y Brian Reed, This American Life
(*)Un reportaje de Fundacion MEPI y Propublica

viernes, 3 de diciembre de 2021

PREMIO ALICE ZACHMANN 2021: RESISTENCIA EL ESTOR




ENTREGARAN PREMIO A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS ALICE ZACHMANN 2021

CHRC anuncia el Premio de Derechos Humanos Alice Zachmann 2021 irá a la Resistencia de El Estor . Olga Marina Che aceptará el premio en nombre de la comunidad en una celebración el 14 de diciembre a las 7 pm EST. ¡Por favor únete a nosotros! El evento será virtual y tendrá la oportunidad de hablar con Olga Choc Che y el personal de GHRC. .

Resistencia El Estor:

En octubre de este año, las autoridades indígenas, junto con la Cofradía de Pescadores de El Estor, establecieron un campamento de resistencia pacífica para impedir que camiones de suministros accedan a una mina ilegal de níquel que amenaza sus vidas y el medio ambiente. La mina Fenix, un proyecto impugnado durante décadas, recibió la orden de suspender las operaciones luego de un fallo de la Corte de Constitución de 2019 que determinó que la Guatemalan Nickel Company había estado operando ilegalmente la mina desde 2005, dado que la empresa no había llevado a cabo un proceso de consulta con las comunidades afectadas. La empresa, de acuerdo con la orden de la Corte, tendría que consultar a las comunidades afectadas antes de reanudar las operaciones. El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala inició el proceso de consulta este otoño, pero excluyó a comunidades clave, incluido el Gremio de Pescadores, que había presentado la demanda original que condujo al fallo. La Resistencia de El Estor está pidiendo un proceso de consulta libre y justo con todas las comunidades indígenas legítimas cuya salud y sustento afecta la mina.


Debido a su oposición efectiva a la mina, los miembros de la Resistencia de El Estor corren peligro. El 23 de octubre, miles de fuerzas de seguridad guatemaltecas despejaron violentamente el campamento y escoltaron camiones hasta la mina, y el presidente Giammattei declaró un estado de sitio de un mes, suspendiendo derechos constitucionales básicos, como la libertad de movimiento y reunión. La comunidad se encuentra ahora en un “estado de prevención”, que aún implica la suspensión de tales derechos, con la policía, el ejército y la marina presentes para hacer cumplir la represión. Las fuerzas de seguridad están apuntando específicamente a miembros de la resistencia. Los líderes comunitarios y los periodistas están siendo seguidos y han sido detenidos y acosados ​​arbitrariamente. La policía ha allanado violentamente sus casas a muchos. El personal de GHRC ha tomado testimonios en El Estor y estamos trabajando para proteger a los defensores objetivo. Comparta nuestro reconocimiento por su valentía al presentarles el Premio Alice Zachmann 2021.


Olga Marina Ché es una defensora ambiental y de derechos humanos indígena maya q'eqchi '. Se desempeña como tesorera del Gremio de Pescadores y es miembro del Consejo de Autoridades Ancestrales Q'eqchi.   


PREMIO DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2017:  COMUNDICH - COORDINACIÓN DE ASOCIACIONES Y COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PUEBLO CHO'RTI

GHRC se enorgullece de anunciar que la Coordinación de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral del Pueblo Cho'rti [COMUNDICH] ha sido elegida para recibir el  Premio Alice Zachmann 2017  para defensores de derechos humanos. COMUNIDICH estará representada en la ceremonia de premiación por  Elodia Castillo Vasquez. Únase a nosotros el 7 de diciembre de 2017 en 1822 R Street NW. Las puertas se abren a las 6:30 p. M., El programa comienza puntualmente a las 7 p. M.

Las comunidades cho'rti en los municipios de Camotan y La Unión en el departamento de Chiquimula, a lo largo de la frontera con Honduras, son reconocidas por sus niveles extremos de pobreza y desnutrición. Las tierras cho'rti no solo son áridas, que forman parte del 'corredor seco' de Guatemala, sino que estas comunidades vulnerables han sido expulsadas ilegalmente de sus tierras por familias locales utilizando la violencia y la corrupción del sistema judicial. COMUNDICH está llevando a cabo con éxito demandas en los tribunales nacionales para recuperar tierras tomadas ilegalmente a las comunidades cho'rti y promover proyectos de desarrollo de base para que puedan alimentar mejor a sus familias.

Los grandes terratenientes de la zona a menudo mantienen las tierras cho'rti bajo el control de bandas fuertemente armadas. Como reacción a la defensa de sus tierras, las comunidades de COMUNDICH están bajo constante ataque. En los últimos 10 años han sido asesinados siete líderes de COMUNDICH, y en mayo de 2017, siete líderes indígenas organizados en COMUNIDICH fueron arrestados y permanecen encarcelados injustamente. Si bien los niveles extremos de desnutrición y la importancia de la zona como región fronteriza han convertido a la región cho'rti en un foco de la Alianza para la Prosperidad, las comunidades cho'rti explican que no forman parte de los planes de desarrollo de la región y temen que así sea. solo agrava la pobreza al reforzar el interés de los propietarios de tierras ilícitas en sus tierras.

PREMIO DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2016: ECAP

El premio 2016 fue entregado al  Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial . La ceremonia tuvo lugar el 1 de noviembre de 2016 en la Primera Iglesia Unida Congregacional de Cristo en Washington DC.

GHRC seleccionó a ECAP por su compromiso de brindar servicios de curación a sobrevivientes de violaciones de derechos humanos y violencia sociopolítica, y sus contribuciones a la construcción de una sociedad más justa. Trabajan para brindar tratamiento a quienes han sufrido violaciones de derechos humanos con un enfoque especial en las mujeres y los pueblos indígenas. Desde 1998, ECAP ha brindado apoyo psicosocial a muchas víctimas y sus familiares.

Con base en esta experiencia, ECAP cree que los sobrevivientes y sus familias deben ser apoyados tanto durante el período de investigación como durante la fase de documentación de las acciones violentas. Además, las víctimas deben contar con los recursos necesarios para ayudarlas a interpretar las consecuencias y el impacto de la violencia y todas sus manifestaciones. El trabajo de ECAP se esfuerza por reducir el impacto de la violencia pasada, presente y futura abogando por la justicia, la memoria histórica y la dignidad.

Entre sus muchos logros, ECAP también es un miembro clave de la Alianza para Romper el Silencio y Poner Fin a la Impunidad, un grupo multidisciplinario de tres organizaciones guatemaltecas que se han unido para apoyar a las mujeres sobrevivientes de Sepur Zarco en su caso histórico contra ex militares por violencia sexual y esclavitud cometidas durante el conflicto armado interno de Guatemala. En febrero de 2016, este caso hizo historia al juzgar con éxito la esclavitud sexual como un crimen de lesa humanidad, el primero en las Américas para un caso llevado a cabo en un tribunal nacional.

https://www.ghrc-usa.org/our-work/support-for-human-rights-defenders/the-alice-zachmann-human-rights-defenders-award/


jueves, 2 de diciembre de 2021

GUATEMALA: NO NOS CALLARAN


A LA JUVENTUD PERIODÍSTICA NO LA PODRÁN CALLAR CON AMENAZAS, COACCIONES, INTENTOS DE SOBORNOS O PERSECUCIÓN Y DESLEGITIMACIÓN. 

Por: Miguel Ángel Albizures

Para quienes no se enteraron, ayer fue un día que pasa a la historia no por haber sido el Día del Periodista, sino por la amplia participación activa de miembros del gremio, pero especialmente de jóvenes hombres y mujeres que ejercen el periodismo en diversos medios y que gritaron una y otra vez frente a la Casa Presidencial NO NOS CALLARÁN, y tienen toda la razón, a la juventud periodística no la podrán callar con amenazas, coacciones, intentos de sobornos o persecución y deslegitimación. Ese fue el grito para que los que hoy están en los tres poderes del Estado y se sienten todopoderosos gobernando junto al poder económico y militar entiendan que el derecho a la libre expresión y de prensa se respeta, por ser un derecho inalienable del pueblo. 

Ya sabemos que todos se hacen los sordos, pero por eso quedaron colgadas las mantas con otro mensaje claro y contundente: “En este Día del Periodista, quienes revelamos la verdad, tenemos algo que decirles: NO NOS CALLARÁN”, pues como lo expresaron en otra manta: “Sin prensa no hay democracia”, y la democracia se manifiesta cuando el pueblo puede expresarse libremente, sin temor a ser reprimido, y los periodistas y los medios son la voz del pueblo, y cuando esos derechos se restringen, el pueblo no podrá conocer la corrupción de los funcionarios y la utilización de los recursos del Estado en beneficio personal. 

El pasado 30 de noviembre, también el gremio periodístico reconoció, en otra frase que quedó estampada en las mantas, que hay dos clases de periodismo y que “la prensa se divide en dos: la que se acomoda que estuvo en el parque central y caminó hacia la Casa Presidencial fue la de los periodistas miembros de la prensa que incomodan al mandatario, a los funcionarios, a los diputados, a los que se consideran dueños del país y a todos aquellos que se acomodan, a quienes de paso están en el poder y se sienten todopoderosos. 

En un comunicado firmado por más de 280 periodistas y organizaciones de la sociedad civil lo dejan muy claro, y ojalá que quienes lo lean lo hagan suyo y se mantengan atentos a cualquier atentado en contra de la libre expresión y de prensa. “Gracias a la prensa, la sociedad conoce el uso que se da a los impuestos, los abusos que cometen los diputados, la existencia de una obra sobrevalorada y defectuosa. Si no fuera por los periodistas, se desconocería que Guatemala negoció en condiciones desfavorables 16 millones de vacunas rusas y que el hospital temporal del Parque de la Industria solo tiene 300 camas y no las 3 mil que ofreció el presidente”. Esa es una de tantas verdades y denuncias que la prensa y los periodistas hacen diariamente, y ojalá el pueblo comprenda la importancia del derecho a la libre expresión y lo defienda como un derecho humano que no debe ser restringido.

https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/12/02/no-nos-callaran/




miércoles, 1 de diciembre de 2021

GUATEMALA: SANTIAGO ATITLAN, MASACRE DEL 2 DE DICIEMBRE 1990


Masacre de Santiago Atitlán

“Ese día fue de gozo, de gozo hasta llorar. Todas las iglesias se unieron, nos unimos como hermanos mayas. No hubo diferencias, todos nos unimos sin hacer reclamos. Fue algo maravilloso. Todos lloramos por el acuerdo de la retirada del Ejército”.

 Fotos obtenidas del video.





Caso ilustrativo No. 6 ( CEH, Guatemala memoria del silencio.)

I. ANTECEDENTES

Santiago Atitlán, formado por tres aldeas y dos cantones rurales, es uno de los 19 municipios del departamento de Sololá. La mayoría de la población es maya tz’utujil y conserva un fuerte sentimiento comunitario, así como una profunda tradición espiritual.

En otro tiempo los alguaciles, vinculados a las cofradías, realizaban rondas nocturnas para velar por la seguridad de los habitantes. Las influencias que ejercieron factores externos a las comunidades, como la Iglesia Católica a través de los catequistas y el Ejército, por mediación de los comisionados militares y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), incidieron para que poco a poco los alguaciles perdieran su autoridad.


Santiago Atitlán tiene antecedentes de organización social y política. En los años setenta se puede mencionar la Asociación de Estudiantes Indígenas Santiago Atitlán (ADEISA), que inició campañas de alfabetización y otras actividades culturales.

Por influencia de los misioneros de Oklahoma se formaron catequistas que adquirieron conocimientos sobre la doctrina social de la Iglesia y la Teología de la Liberación, se organizaron cooperativas de desarrollo agrícola y se pusieron en marcha proyectos de asistencia a viudas, huérfanos y discapacitados. Los catequistas administraron la radioemisora La Voz de Atitlán, que tenía fines pedagógicos y difundía programas de sensibilización social. En este sentido, se destacan los mensajes que emitía en tz’utujil Gaspar Culán Yatás, quien más tarde fue desaparecido. Un estudiante de Teología fue el primero en recibir amenazas por los mensajes que emitía por radio. Los catequistas, además de realizar su trabajo de concienciación utilizando la radio, se distribuían en grupos para predicar en todos los cantones y aldeas del municipio.


En 1976 el Comité de Unidad Campesina (CUC) realizó tareas de carácter organizativo en la población, trasmitiendo mensajes con relación a la propiedad de la tierra y otras reivindicaciones: sus postulados coincidían con las prédicas de los catequistas.

En 1978 llegó a la zona la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), que pronto estableció redes de apoyo logístico en Santiago Atitlán.


Paralelamente, en 1978 el Ejército organizó en la región un sistema de colaboradores e informantes. Se formó un cuerpo de comisionados militares, integrado por un jefe y dos ayudantes, dependientes de la zona militar de Quiché. Su trabajo consistía en reclutar jóvenes para que realizarán el servicio militar. Sin embargo, según un declarante, su labor y actitud cambiaron al cabo del tiempo, y “se volvieron malos”.

A partir de 1979 los catequistas y líderes comunitarios comenzaron a ser identificados con la guerrilla; circularon listas con sus nombres y sus vidas fueron amenazadas. En 1980 el Ejército se estableció de forma permanente en el municipio. Comenzó a vivirse un clima de temor e inseguridad: “Si hay alguno que camina en las calles a las siete o a las ocho, pueden agarrarlo y meterlo en el destacamento del Ejército”. Esta situación motivó dos reacciones diferentes entre la población. Una parte ella se desplazó a otras regiones, para escapar a la represión. Otra, a instancia de dirigentes populares, estaba integrada por los vecinos que habían decidido permanecer en la comunidad y se organizaron porque, al decir de un poblador, “con la unión nos vamos a defender”. Esta organización pretendía concienciar de estos valores a la población, al mismo tiempo que difundían un mensaje religioso.

El 7 de enero de 1981, en la finca San Isidro Chacayá, del mismo municipio, 22 civiles fueron torturados y ejecutados arbitrariamente por efectivos del Ejército.

La época de mayor represión duró hasta 1983, en años posteriores hubo también severas violaciones de derechos humanos y la población se mantuvo bajo el control del destacamento militar. Sin embargo, la estrategia militar de organizar a la población en las PAC no tuvo el éxito esperado. Según un declarante, dicha organización fracasó “por la reiterada negativa de los atitecos a seguir instrucciones de los comandantes y comisionados”.

En 1981 cientos de jóvenes se resistieron a prestar el servicio militar y se encerraron en la iglesia, poniéndose bajo la protección del padre Francisco Stanley Rother. En esa oportunidad ningún joven fue reclutado. Cuatro días después, el 28 de julio de 1981, el padre Rother fue ejecutado.

Durante los años ochenta la ORPA realizó actividades políticas, de propaganda y hostigamientos esporádicos.

En 1985 gana las elecciones municipales un poblador indígena. Por esa época, la presencia militar, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales de personas supuestamente vinculadas con la guerrilla continúan. La CEH registró casos de este tipo hasta 1990.

En relación a la presencia guerrillera en el área, un testigo relata: “En el mes de diciembre de 1989 la fuerza operativa del Frente Javier Tambriz desalojó completamente Santiago Atitlán y el volcán Atitlán y[dejó] el contacto sistemático con la población, desplazándose, por razones militares, a los volcanes Acatenango, Fuego y Agua”.

En 1990 tienen presencia en la región la Iglesia Católica y múltiples iglesias protestantes. Un miembro de la Iglesia Católica comenta: “Teníamos la meta única de expulsar a los militares de nuestro suelo, con lo que esperábamos demostrar que ellos eran los causantes de la violencia y las matanzas de nuestro pueblo … Así, hasta que llegó el 2 de diciembre de 1990 que nos despertamos”.


II. LOS HECHOS

El 1 de diciembre de 1990, sobre las seis de la tarde, cuatro militares ingresaron a la cantina Doña Elba, situada en la calle principal del cantón Xechivoy. Allí consumieron por espacio de una hora bebidas alcohólicas, para dirigirse después a la Cevichería Lucky, donde permanecieron alrededor de media hora. Luego, caminaron por las calles del cantón molestando a la gente que encontraban en su camino. Más tarde, alrededor de las nueve y media de la noche, regresaron a la cevichería, que se encontraba cerrada. Golpearon la puerta y exigieron que les abrieran. La gente que se encontraba en el interior del local se negó a abrirles, escuchándose a partir de ese momento un fuerte intercambio de palabras y generalizándose un escándalo en la calle, coronado por disparos al aire realizados por el teniente José Antonio Ortiz Rodríguez. Al no poder entrar en el local, los soldados se dirigieron al domicilio de Andrés Sapalú Ajuchán, que al percibir la presencia de los militares comenzó a gritar pidiendo auxilio. Ante el escándalo, uno de los militares quien estuvo presente en los hechos declara: “La gente se alarmó y salió a la calle”. Los militares huyeron.


Durante su huida se cruzaron con varios vecinos. Uno de los militares, el teniente de infantería José Antonio Ortiz Rodríguez, al verse perseguido, disparó su arma. Uno de los disparos alcanzó a Diego Ixbalán Reanda, de 19 años, quien sufrió heridas en la pierna derecha y en la mano izquierda. El subteniente encargado de la compañía de asuntos civiles del destacamento número 2, al escuchar los disparos y los gritos de la gente, envió primero una patrulla y más tarde otra. Los militares fueron encontrados por las patrullas y regresaron al destacamento. Como cuenta uno de los implicados en el tiroteo: “La gente no nos dejaba pasar y empezaron a tirarnos piedras … los soldados dispararon al aire y pudimos regresar al destacamento”. A las cero horas quince minutos del 2 de diciembre, las dos patrullas ingresaron en el destacamento llevando a los cuatro soldados, que presentaban síntomas de embriaguez.


Mientras tanto, la población de Santiago se estaba organizando para dialogar sobre estos hechos con el comandante del destacamento militar. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Los pobladores despertaron y salieron a la calle. Todos conocían el significado de las campanadas: “La gente está atenta al llamado de emergencia, al toque de campana. Se acordó cuando hay toque de campana, estar siempre alerta y se juntó la gente”.

Poco a poco se fueron reuniendo en la plaza, hasta que se llenó. En la plaza, como declara una persona que participó en los hechos:

“Muchos comenzaron a contar sus sueños. Los que vieron el hecho hablaron para toda la población. Esto pasó, no es justo, ya estamos cansados de ver lo que hacen los soldados. Queremos actuar, hoy es el momento”. Decidieron dirigirse hacia el destacamento,“porque [explica otro poblador de Santiago] sino así se queda y ellos no reconocen lo que pasó”. Pidieron al alcalde en funciones y al alcalde que acababa de ser elegido, Salvador Ramírez, que los acompañara.


Se impartieron instrucciones sobre cómo comportarse. Se dijo, por ejemplo: “Que los jóvenes no tiren piedras, no griten, vayan con orden. Busquen pedazos de naylon blanco porque significa la paz, que se adelanten quince hombres con las banderas. Y al llegar primero vamos a entrar los alcaldes para decir lo que pasó”.

Mientras tanto, un soldado que estaba reforzando la subestación de la Policía Nacional en Santiago Atitlán informó por radio al destacamento militar que la gente se estaba aglomerando y que convocaban a todos los vecinos haciendo sonar las campanas. El encargado del destacamento número 2 llamó a la Policía Nacional y, según su versión, que consta en el expediente judicial, “indicaron que toda la gente se dirigía hacia el destacamento militar para atacarlo”. Entonces, ordenó que todo el personal reforzara los puestos de servicio.


Cientos de personas que portaban banderas blancas se dirigieron al destacamento militar número 2, ubicado en el caserío Panabaj, mientras otro grupo permanecía en la plaza. Poco antes de que los pobladores llegaran al destacamento, un especialista de asuntos civiles del Ejército exhortó a aquéllos, por medio de un altoparlante, para que regresaran a sus casas, y que tan sólo un líder se acercara al destacamento a plantear su inquietud. Mientras, unos niños tiraban piedras y algunas personas gritaban:“Queremos paz, que el Ejército salga de nuestro pueblo”. El alcalde electo intervino para que los niños dejaran de tirar piedras y para que la gente no gritara.

A eso de la una de la mañana, un grupo de soldados armados salió del destacamento, en tanto que otros soldados iluminaban con linternas a la gente desde lo alto de los muros de piedra que rodeaban la instalación militar. La aparición de los militares no intimidó a los vecinos, que continuaron gritando y acercándose más al destacamento. El alcalde electo de Santiago Atitlán, Salvador Ramírez, solicitó hablar con el comandante. Un cabo de tropa le comunicó esta solicitud al encargado del destacamento. Al mismo tiempo, en la puerta, un soldado habría manifestado:“Prepárense, muchachos, porque ahí vienen los guerrilleros que nos vienen a atacar”.

Fue entonces cuando comenzaron los disparos. Dos soldados habrían disparado al aire, para asustar y dispersar a los manifestantes. Cuando el cabo Eleodoro Ortiz Guzmán salió a los puestos de servicio se encontró “con que el sargento mayor García González que estaba en posición de fuego apuntando a la gente”. Otros abrieron fuego directamente contra los pobladores. Los disparos duraron entre tres y cinco minutos. Se desconoce el número total de soldados que abrieron fuego contra los manifestantes.

Los pobladores, gritando, corrieron o se lanzaron al suelo. Como resultado de los disparos, 13 personas resultaron muertas, entre ellas tres menores de edad. Por su parte la CEH logró identificar a 22 heridos.Minutos más tarde, los soldados salieron con linternas, para ver sobre el terreno el resultado de lo que habían hecho.

El retiro del destacamento militar de Panabaj

El mismo día en que se produjeron los hechos, los pobladores formaron un Comité de Emergencia y redactaron un memorial dirigido al Presidente de la República, con firmas y huellas dactilares de cientos de vecinos. En el memorial se acusó directamente al Ejército como responsable de la masacre y se solicitó la retirada del destacamento. A cambio, se comprometía ante el Gobierno a organizar un Comité Proseguridad y Desarrollo.

El procurador de los Derechos Humanos (PDH) acudió a Santiago Atitlán ese mismo día, para verificar lo sucedido. Días más tarde emitió su resolución, en la que declaró comprobadas las violaciones por parte del Ejército a los derechos humanos, calificando el caso como genocidio y ordenando que los responsables fueran juzgados por los tribunales de justicia. Además, con una censura pública de la actuación del Ejército, recomendó que se modificaran los comportamientos de este tipo y solicitó por último que el destacamento fuese retirado de Santiago Atitlán.


El ministro de la Defensa Nacional anunció, en una declaración de prensa dada el 6 de diciembre: “De acuerdo a las instrucciones específicas del Señor Presidente … y como una muestra de buena voluntad de la Institución Armada, sin que esto evidencie debilidad o tibieza se efectuará el traslado del Destacamento Militar de Panabaj al lugar que oportunamente se seleccione dentro de la jurisdicción de la Zona Militar 14 Sololá, dado que se mantiene latente la molestia de la delincuencia terrorista en los lugares aledaños”, aceptando el compromiso contraído por la población: hacerse cargo de su propia seguridad.

La decisión gubernamental causó algarabía en la población. Un declarante cuenta: “Ese día fue de gozo, de gozo hasta llorar. Todas las iglesias se unieron, nos unimos como hermanos mayas. No hubo diferencias, todos nos unimos sin hacer reclamos. Fue algo maravilloso. Todos lloramos por el acuerdo de la retirada del Ejército”.


Los habitantes de Santiago explicaron la retirada del destacamento militar desde la perspectiva del culto a Maximón y desde la cosmovisión maya. Por un lado, “la mayoría de gente tiene una fe increíble en Maximón, pedían por la paz, por la liberación de los desaparecidos … Dios escuchó lo que veníamos desde hace años rezando … Maximón quitó el miedo…” Por otro, “la caída de Santiago fue el 18 de abril de 1524, que según el calendario maya fue un día Batz que coincide con la salida del Ejército. En esa fecha fuimos conquistados y en esa fecha Santiago conquistó. No hemos sido vencidos, sólo estábamos esperando ese momento”.

Cuenta un habitante de Santiago que, una vez que se fueron los militares, “voluntariamente comenzaron las rondas. Dimos nosotros la seguridad, pero eso viene de antes, por eso no somos PAC”.Emergió un nuevo sistema de seguridad, sustentado en la propia comunidad. Hubo cientos de voluntarios para cuidar, día y noche, de la población y preparar comida para los vigilantes. Alrededor de 18 personas en cada cantón realizaban rondas cada noche, portando como única arma un palo además de un silbato para avisar. Cuando se trataba de un caso muy grave, se tañía la campana. Este fue el método utilizado cada vez que el Ejército intentó penetrar de nuevo en la comunidad. La Policía Nacional, reducida en número y en funciones, se convirtió en “una institución subordinada a la población”.


Comenzaron a utilizarse procedimientos conciliatorios para llegar a la resolución pacífica de los conflictos. No hubo violencia institucional. La vida social y comercial, que antes se hallaba restringida, se extendió hasta altas horas de la noche.

La justicia militar

Los hechos dieron lugar a la iniciación de dos procesos ante la justicia penal militar. En el primero se juzgó a un militar, a quien se responsabilizó por la masacre. En el segundo se juzgó a otro, por los hechos inmediatamente anteriores a la misma.

 (1) El 2 de diciembre de 1990, encabezado por un informe policial, se inició un proceso en el juzgado de paz comarcal de San Lucas Tolimán, del departamento de Sololá, por la muerte de varias personas en Santiago de Atitlán. El juez de paz realizó el reconocimiento judicial de los cadáveres que se encontraban frente al destacamento militar. En la misma fecha el citado juez se declaró incompetente y remitió el expediente a la fiscalía militar.


El 6 de diciembre, el comandante de la zona militar número 14 manifestó: “Según la investigación realizada en ese comando se estableció que la única persona o elemento que disparó en el destacamento militar de Santiago de Atitlán fue el sargento mayor Efraín García González”. El 7 de diciembre, se dictó auto de prisión preventiva contra el militar referido y se le procesó por los delitos de homicidio, lesiones graves y lesiones leves. Se recibieron múltiples declaraciones testimoniales de militares ofendidos y la declaración indagatoria del acusado; se aportaron también varios informes periciales y pruebas documentales.


El Tribunal Militar llegó a la conclusión de que el sindicado ejecutó personal y directamente los trece homicidios, las ocho lesiones graves y los cinco delitos de lesiones leves y le condenó a 16 años de prisión inconmutables. La sala novena de la Corte de Apelaciones, constituida en Corte Marcial, confirmó la sentencia el 7 de enero de 1992 y reformó la pena impuesta al elevar la misma a 20 años de prisión inconmutables.

(2) El 6 de diciembre de 1990 se inició el juicio en el Tribunal Militar número 20, contra el teniente de infantería, José Antonio Ortiz Rodríguez, por disparo de arma de fuego. Diego Ixbalán, la víctima que fue herida por el teniente, intentó ser acusador particular, pero se desestimó tanto su petición como su testimonio. 

El Ministerio Público intentó ampliar los cargos en contra del sindicado a múltiples homicidios y lesiones; pero el Tribunal Militar denegó tal petición. Después de escuchar varios testimonios, el Tribunal resolvió condenar al teniente Ortiz por los delitos de disparo de arma de fuego e intimidación pública, a cuatro años de prisión, conmutables a razón de cinco quetzales por día. El condenado, libre bajo fianza, apeló el fallo. La sala de apelaciones, constituida en Corte Marcial, confirmó la sentencia el 22 de diciembre de 1993.


III. CONCLUSIONES

Luego de analizar todos los antecedentes, la CEH llegó a la plena convicción de que efectivos del Ejército de Guatemala ejecutaron arbitrariamente a 13 habitantes de Santiago de Atitlán y ocasionaron heridas a otros 23, todos ellos pobladores civiles e indefensos. Dichos actos constituyen graves violaciones de derechos humanos.


La leve alteración del orden público que pudo suponer el ejercicio legítimo de los derechos de reunión y de petición por el pueblo de Santiago Atitlán, no justifica, sino hace aún más reprochable la reacción de los soldados.

El análisis de los hechos que culminaron en la masacre del 1 diciembre de 1990, lleva a la CEH a considerarlos como un ejemplo de las consecuencias que puede acarrear la asignación a la fuerza armada de tareas de resguardo del orden y la seguridad ciudadanas.

La CEH, luego de ponderar los hechos acaecidos en la época anterior a la masacre, considera que este caso ilustra el profundo sentimiento antimilitar que las violaciones de derechos humanos y los abusos de poder cometidos por efectivos del Ejército generaron en la población civil afectada. Dicho sentimiento es el extremo opuesto al respeto ciudadano que cualquier ejército nacional requiere para cumplir sus funciones.

El caso ilustra, asimismo, la capacidad de la población de Santiago Atitlán para imponer su voluntad cívica y desmilitarizar la vida comunal, especialmente en cuanto procedió a civilizar la función de seguridad ciudadana, situación inédita en el enfrentamiento armado interno.

Analizados los antecedentes del caso, la CEH concluye que si bien los tribunales militares, obligados por los acontecimientos, realizaron procedimientos judiciales que concluyeron con dos sentencias condenatorias, dichos procedimientos no culminaron en el esclarecimiento pleno de la verdad y la aplicación de sanciones a todos los responsables.

La CEH destaca la intervención del procurador de los Derechos Humanos, que ilustra la trascendencia que, en la resolución de graves conflictos, puede tener el ejercicio oportuno e inteligente de tan delicada función.


LISTADO DE LAS VÍCTIMAS

Ejecución arbritaria

Felipe Quiejú Culan

Gaspar Coo Sicay

Gerónimo Sojuel Sisay

Juan Carlos Pablo Sosof

Juan Ajuchan Mesía

Manuel Chiquitá González

Nicolás Ajtujal Sosof

Pedro Catú Mendoza

Pedro Cristal Mendoza

Pedro Damián Vásquez

Pedro Mendoza Pablo

Salvador Alvarado Sosof

Salvador Damián Yaqui

Herido en atentado

Antonio Chiviliu Quiejú

Antonio Pablo Toj

Antonio Reanda Coché

Cristobal Tacaxoy Tacaxoy

Diego Ajchomajay Coché

Diego Ixbalán Reanda

Diego Pablo Petzey

Diego Yaquí Coché

Esteban Damián Coo

Francisco Mendoza Teney

Gaspar Mendoza Mendoza

Gaspar Tzina Tinay

Gaspar Mendoza Chiquival

José Sosof Coo

Juan Ixbalán Tziná

Mariano Tacaxoy Rodríguez

Nicolás Ratzan Sapalú

Nicolás Tzina Esquina

Pascual Mendoza Coché

Pedro Abraham Damián González

Pedro Culan Sosof

Pedro Sicay Sapalú

Salvador Sisay Pablo





Foto: Cabildo Abierto en Santiago Atitlán días después de la masacre, COMUNICARTE acompañando a organizaciones sociales y de derechos humanos.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.
http://raulfigueroasarti.blogspot.co.uk/2012/12/masacre-de-santiago-atitlan.html
https://www.youtube.com/watch?v=lLVBNtSpFG8