sábado, 10 de diciembre de 2016

GUATEMALA: “ORDEN MONSEÑOR JUAN GERARDI” A LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA


La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala otorgo la “ORDEN MONSEÑOR JUAN GERARDI” A LOSDERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA a Autoridades Ancestrales y Líderes Comunitarios de Huehuetenango, a Monseñor Obispo Gerardo Flores y a Colectivo Jalok U


Reconocimiento a las Autoridades Ancestrales y Líderes Comunitarios de Huehuetenango, Rigoberto Juárez,  Domingo Baltazar, Bernardo Ermitaño López, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan, Adalberto Villatoro Hernández,  luchadores por la defensa del agua, la vida y el territorio, fueron encarcelados injustamente por mas de un año por la lucha de sus derechos.


Reconocimiento al Colectivo Jalok U
(Grupo de 14 Mujeres Queqchíes quienes fueron querellantes en el caso de Sepur Zarco, en el cual lograron que un Tribunal Guatemalteco dictara sentencia contra el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij  y el coronel retirado Francisco Esteelmer Reyes Girón, por la comisión de delitos contra deberes de la humanidad en forma de violencia sexual en el destacamento, y a 240 años más por asesinato)


Monseñor Obispo Gerardo Flores, Obispo Emérito de Flores
Formó parte del grupo de Obispos brillantes y nacidos en el Vaticano II, además de ser retroalimentados por Medellín. El compromiso con los pobres, la evangelización liberadora, la defensa de los derechos de los indígenas y la dedicación por la inculturación de la fe, fueron algunas de las grandes preocupaciones de aquellos Obispos. 

viernes, 9 de diciembre de 2016

GUATEMALA: DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS -PRESOS POLÍTICOS SAN PABLO, SAN MARCOS.


ASAMBLEA DE PUEBLOS DE SAN MARCOS, TXE CHMAN

Ante la opinión pública

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos
DENUNCIAMOS

Los dos años de injusticias y privación de libertad de Defensores de Derechos humanos del municipio de San Pablo, departamento de San Marcos.

El 10/12/2014, agentes de la Policía Nacional Civil, detuvieron injustificadamente a Fausto Sánchez Roblero, quien por más de dos años se encuentra encarcelado, y sigue en la cárcel a pesar de que el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Marcos lo ha ABSUELTO de todos los cargos en las dos causas penales que siguen en su contra. Observándose en estos procesos que los recursos legales son utilizados por los querellantes adhesivos como un mecanismo legal para retrasar los procesos.

Ante la detención arbitraria de Fausto Sánchez y sin haber cometido delito o falta alguna, la población de San Pablo se manifestó, expresando su inconformidad. Como medida de reacción y represión a la población las autoridades policiales al azar detuvieron a seis personas más, entre los detenidos una mujer madre soltera de cuatro hijos.

Por presiones externas tres de los detenidos, en forma arbitraria y al azar, se auto culparon y por ello recibieron rebaja de pena, aun siendo inocentes. Se les impuso la pena de dos años que ya cumplieron y siguen en la cárcel por la persecución sistemática de querellantes adhesivos quienes alargan procesos judiciales con litigio malicioso: no compareciendo a audiencias o incumpliendo formalismos para posteriormente hacer uso de recursos que atrasan los procesos penales.

Denunciamos la sistemática criminalización de autoridades ancestrales y comunitarias, tergiversando la organización social comunitaria de los pueblos indígenas y sus autoridades, atacando la legítima y legal protesta social, la diversidad de opiniones y el disenso democrático. Sorprende que la Fiscalía Contra el Crimen Organizado este llevando casos de autoridades indígenas legitimados por su comunidad, que por no comprender de las organizaciones sociales comunitarias presentan intimaciones y acusaciones que les permita una persecución penal y privación de libertad por una larga lista de delitos penales. La persecución no cesa, más bien el Ministerio Publico persigue a los líderes sociales a nivel internacional por medio de Interpol.

Denunciamos que autoridades, empresas y sus organizaciones no temen en encarcelar a un anciano de 74 años. Este anciano es don Lorenzo Ramírez Rodríguez, autoridad comunitaria, quien dentro de la cárcel, desde más de un año, está luchando en contra de su ceguera total, sin recibir la oportuna atención médica - desde febrero 2015 está pidiendo apoyo médico y hasta la fecha no ha recibido la cirugía. Condiciones que se asemejan a trato cruel e inhumano.



Denunciamos que hay resoluciones judiciales ilegales, por ejemplo, al decretar medidas sustitutivas que restringen a los criminalizados sus derechos mucho más allá de lo previsto en la normativa legal - en la práctica le prohíben participar en la vida comunitaria, de encontrarse con líderes y otros representantes de los pueblos mayas del departamento de San Marcos y de hablar sobre la empresa Hidrosalá Sociedad Anónima que pretende realizar proyectos extractivos.

Exigimos la liberación inmediata e incondicional de los 11 presos políticos de San Marcos: María Maribel Díaz Gómez, Marco Tulio Pérez Pablo, Simeón Mauricio Guzmán, Bruno Emilio Solís Pérez, Nery Edilmar Santos López, Heriberto Evelio Santos López, Fausto Sánchez Roblero, Alfonso Chilel Hernández, Lorenzo Ramírez Rodríguez, Irineo Plutarco Clemente Pérez y recientemente también Licardie Duarle Fridolino. Urgimos el cese a la persecución penal en contra de 3 autoridades ancestrales y líderes sociales con medidas sustitutivas: Oscar Sánchez Morales, José Mauricio López Escobar y Evelio Velásquez Ramos.

Exigimos el cese de la persecución penal por delitos como: acusación por plagio y/o secuestro, robo agravado, sedición, atentado con agravación específica, detención ilegal con circunstancia agravada, instigación a delinquir, detenciones ilegales agravadas y coacción, encubrimiento propio, atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública y actividades contra la seguridad interior de la nación.

Exigimos el respeto a las comunidades, indígenas mames y sus derechos colectivos, el derecho a la consulta, especialmente en el marco de bienes naturales y proyectos empresariales que persiguen intereses particulares y no el bien común.

Consejo Mam Te TxeChman San Marcos
Consejo Sipakapense
Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos (FRENA)
Asociación para el Desarrollo Integral Maya AJCHMOL (ADIMA)
Movimiento de Trabajadores/as y Campesinos/as (MTC)
Fundación Tierra Nuestra (FUNDATIERRA)
Juventud Roja
Plataforma Agraria

Con el apoyo y acompañamiento de:

Alba Cecilia Mérida, Huehuetenango
Alianza Política Sector de Mujeres
Andrés Cabanas, periodista
Asociación Amigos de Guatemala, de Murcia (España)
Asociación COMUNICARTE
Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala NIM AJPU
Asociación de Desarrollo de la Mujer K'ak'ak Na'oj (ADEMKAN)
Asociación de Formación para el Desarrollo Integral (AFOPADI)
Asociación de Mujeres Aq'ab'al, Barillas Huehuetenango
Asociación de Mujeres Indígenas Yalmotx
Asociación Feminista La Cuerda
Asociación Para el Desarrollo Sostenible de la Juventud (ADESJU)
Broederlijk Delen
Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH)
Campaña Guatemala sin Hambre (CGSH)
Carlos Pérez Guartambel
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
Confederación de Nacionalidades Kichwas del Ecuador (ECUARUNARI)
Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)
Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)
Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG)
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango (CCQ)
Colectivo MadreSelva
Colectivo No'j
Colectivo Vida, Justicia y Libertad para las Mujeres, Huehuetenango
Colectivo Voces de Mujeres
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala (JPIC-CONFREGUA)
Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Comité de Unidad Campesina (CUC)
Convergencia por los Derechos Humanos
Coordinadora andina de organizaciones indígenas (CAOI)
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej
Delmi Arriaza Pontaza, activista
Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, Perú
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
Federación Guatemalteca De Escuelas Radiofónicas (FGER)
Fernando Soto Tock
Fundación Guillermo Toriello (FGT)
Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM)
Instituto de Protección Social (IPS)
Julia Esquivel Velasquez
Leonor Hurtado
Manolo García García
Manuela Picq
Movimiento de Artistas Indignados de Xelajuj No'j (MAIX)
Movimiento De Acción Sancarlista (MAS)
Movimiento Ideales SanCarlista
Nelton Rivera González, Prensa Comunitaria
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino ORDEURCA, Colombia
Plataforma Interinstitucional Celendina, Perú
Plataforma Internacional Contra la Impunidad
Protection International (PI)
Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI)
Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA)
Refugio de la Niñez
Rosemary Son
Rubén Herrera Herrera, Huehuetenango
Santiago Bastos, Prensa Comunitaria / CIESAS
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Servicios Jurídicos y Sociales (SERJUS)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)
Unsitragua Histórica
Úrsula Roldán Andrade

Guatemala, 10 de diciembre del 2016.

miércoles, 7 de diciembre de 2016

LAS DOS ERRES, UNA MIRADA AL FONDO DEL PASADO (Trailer-muestra)



LAS DOS ERRES: Una Mirada Hacia el Fondo del Pasado
Documental de 21 minutos, realizado en el año 1995
La matanza en el parcelamiento Dos Erres ocurrió el 7 de diciembre de 1982.  40 kaibiles ingresaron al parcelamiento, 250 pobladores fueron asesinados en octubre de 1982, por elementos del ejército durante el régimen de facto de Efraín Ríos Montt.



LA MASACRE DE LAS DOS ERRES 

La causa de la masacre

En octubre de 1982, una emboscada de la guerrilla causó la muerte de alrededor de 20 soldados y la pérdida de sus rifles. Datos de inteligencia indicaron un tiempo después que los rifles podían estar en la zona de Las Dos Erres, una aldea de granjas con 60 familias en la selva profunda, cerca de la frontera mexicana. Altos mandos del Ejército desplegaron la patrulla especial para recuperar los rifles y darles una lección a los aldeanos.


Disfrazados de guerrilleros, la unidad de 20 hombres asaltó Las Dos Erres el 7 de diciembre, respaldada por una fuerza de apoyo de 40 comandos uniformados. Las tropas no encontraron ni los rifles ni evidencia de actividad guerrillera. El operativo se descompuso en un frenesí de violaciones, torturas y asesinatos que aniquiló a casi toda la población, según expedientes judiciales guatemaltecos y estadounidenses.

La investigación empezó 14 años después, pero produjo pruebas únicas. Rompiendo el código de silencio, 2 soldados se convirtieron en testigos protegidos en los noventa y rindieron sus testimonios sobre la matanza. Además, los fiscales conectaron la masacre con la unidad de Sosa, por medio de exámenes de ADN realizados a 2 niños secuestrados en Las Dos Erres en 1982 y que crecieron en hogares de militares: Óscar Ramírez Ramos y Ramiro Osorio Cristales, de 3 y 5 años. (…)

La masacre de 250 civiles  fue una de las peores atrocidades de la guerra civil de Guatemala. Durante el último año, las cortes han condenado a 5 soldados del Ejército guatemalteco por crímenes relacionados con la matanza. (…) La fiscalía en Guatemala busca a otros 7 antiguos comandos acusados de haber participado en la masacre.

1 Roberto Aníbal Rivera Martínez. Fecha de nacimiento: 8/24/1954. Último lugar de residencia conocido: Ciudad de Guatemala. Rango: teniente. Está acusado de haber sido el comandante de la unidad que cometió la masacre de Las Dos Erres. Cuando los investigadores ejecutaron una orden de detención en su casa en un barrio militar en 2010, descubrieron un túnel para huir.

2 César Adán Rosales Batres. Fecha de nacimiento: 6/11/1957. Último lugar de residencia conocido: Ciudad de Guatemala. Rango: teniente. Era el tercereo en antigüedad de los oficiales en la unidad de comandos. Los testigos alegaron que fue el primero en violar una niña durante el asalto a Las Dos Erres.

3 Alfonso Bulux Vicente. Fecha de nacimiento: 1/13/1953. Último lugar de residencia conocido: Retalhuleu. Rango: sargento. Durante la masacre, Bulux mostró piedad a una familia en las afueras de la aldea, dejándolos huir, según testimonios. Pero los testimonios también le ubican entre el grupo de comandos que interrogaron a los campesinos, les pegaron con un martillo y los tiraron dentro del pozo del pueblo.

4 Manuel Cupertino Montenegro Hernández. Fecha de nacimiento: 1956. Último lugar de residencia conocido: Ciudad de Guatemala. Rango: sargento. Sirvió como radio-operador de la unidad, manejando la comunicación con altos cargos del ejército fuera de Las Dos Erres durante el operativo. Como resultado podría tener información sobre la involucración y conocimiento de oficiales de alto rango.

5 Mardoqueo Ortiz Morales. Fecha de nacimiento: 4/26/1962. Último lugar de residencia conocido: Ayutla. Rango: cabo. Se le señala como uno de los comandos que mataron a campesinos al lado del pozo.

6 Cirilo Benjamín Caal Ac. Fecha de nacimiento: 2/9/1949. Último lugar de residencia conocido: Melchor de Mencos. Rango: sargento. Ha sido identificado por testigos como uno de los comandos que mataron campesinos al lado del pozo. En 2007 se describió como agricultor, según documentos del Gobierno guatemalteco.

7 Carlos Humberto Oliva Martínez. Fecha de nacimiento: 1/19/1954. Último lugar de residencia conocido: Poptún. Rango: sargento. Ha sido identificado por testigos como uno de los comandos que mataron a campesinos al lado del pozo. También se cree que se ha dedicado al comercio en Petén en años recientes.

Al subinstructor Kaibil Pedro Pimentel Ríos, el tribunal primero B de mayor riesgo lo encontró culpable y lo condeno a seis mil 60 años de prisión

La odisea de justicia en Centroamérica
Buscando a Óscar I: La increíble historia del niño que sobrevivió a la masacre de Dos Erres en Guatemala
Por : Sebastian Rotella, ProPublica y Ana Arana, Fundacion MEPI en Reportajes de investigación Publicado: 25.05.2012
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Óscar Ramírez nunca supo que era una prueba viviente. Una de las tres que quedaron de la masacre que el Ejército de Guatemala llevó a cabo en la pequeña aldea Dos Erres. Poco más de 250 personas vivían allí; solo tres sobrevivieron al macabro montaje para hacerlo parecer obra de la guerrilla. Óscar era un niño de 3 años, 29 años después, viviendo en EE.UU., recibió un mail que decía que su padre no era el teniente quién él creía. Otro sobreviviente, era soldado cuando supo que quien lo crió asesinó a su familia. Esta es la estremecedora historia de búsqueda de justicia que hoy estremece a todo el continente.

(*)Un reportaje de Fundacion MEPI y Propublica.
Vea también: Buscando a Óscar II: La cacería de los Kaibiles y un final inesperado
La llamada de Guatemala puso a Óscar en guardia. “Unos fiscales vinieron a buscarte”, le dijeron familiares de su pueblo. “Son gente influyente de Ciudad de Guatemala. Quieren hablar contigo”.
Óscar Alfredo Ramírez Castañeda tenía mucho que perder. A pesar de que vivía sin documentos en los Estados Unidos, a sus 31 años había logrado crear una vida estable. Tenía dos empleos a tiempo completo para mantener a sus tres hijos y a su mujer, Nidia. Se habían establecido en una casa pequeña pero alegre en Framingham, un barrio obrero de Boston.

Óscar generalmente se esforzaba por mantenerse lejos de las autoridades. Sin embargo, llamó a la fiscal de Ciudad de Guatemala. Ella le dijo que quería hablar de un tema delicado sobre su niñez y de una masacre ocurrida durante la guerra civil de Guatemala. Prometió explicarlo todo en un correo electrónico.
Días después, Óscar se sentó frente a su computadora en su sala repleta de juguetes, trofeos de escuela, fotos de familia, un crucifijo y recuerdos de su país. Había llegado a casa tarde, después del trabajo. Nidia, con siete meses de embarazo, descansaba en un sillón cercano. Los niños dormían arriba.
Los ojos verdes de Óscar miraron la pantalla. El correo había llegado. Respiró profundo y dio clic.
“Usted no me conoce”, empezaba la larga misiva que le cambiaría la vida.

La fiscal decía que estaba investigando un episodio violento de la guerra, un caso que la había afectado profundamente. En 1982, una patrulla de comandos especiales había asaltado el pueblo de Dos Erres y había masacrado a más de 250 hombres, mujeres y niños.
Dos niños pequeños que sobrevivieron fueron robados por los comandos. Veintinueve años después, quince desde que la fiscalía había empezado la búsqueda de los asesinos, la fiscal había llegado a la conclusión de que Óscar era uno de los dos niños secuestrados.

“Yo tengo conocimiento que usted fue muy querido y bien tratado por la familia con quienes se crió. Yo espero que después de todo esto que le estoy contando, usted tenga la suficiente madurez para asimilarlo de una manera adecuada. Yo lo hago de su conocimiento en base al derecho a saber la verdad que tienen todas las personas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”, escribió la fiscal.
“El punto, Oscar Alfredo, es que usted, aunque no lo sabía, fue una víctima de ese triste hecho que le comento, al igual que ese otro niño que le cuento que encontramos, así como los familiares de las personas que fallecieron en ese lugar”.


Para entonces, Nidia leía por encima de su hombro. La fiscal dijo que podía acordar una prueba de ADN para confirmar su teoría. Le ofreció un incentivo: ayudar a Óscar con su proceso migratorio en los Estados Unidos.
“Esta es una decisión que usted debe tomar”, acotó.
Óscar repasó imágenes de su niñez rápidamente en su cabeza. Se esforzó por relacionar las palabras de la fiscal con sus propios recuerdos. No conoció a su madre, tampoco a su padre, quien nunca se casó. El teniente Óscar Ovidio Ramírez Ramos había muerto en un accidente cuando él apenas tenía cuatro años. La abuela de Óscar y sus tías lo habían criado inculcándole un profundo respeto hacia su progenitor.

Según la familia, el teniente había sido un héroe. Se graduó como el primero en su clase, se convirtió en un soldado de élite y había ganado medallas en combate. Óscar atesoraba la boina militar roja y su añejo álbum de fotos. Le gustaba hojear las imágenes que mostraban a un oficial fornido de sonrisa joven, en un tanque, cargando la bandera.

El sobrenombre del teniente era un diminutivo de Óscar: Cocorico. Y Óscar se llamaba a sí mismo “Cocorico Dos”.
Si las sospechas de la fiscal eran correctas, Óscar no sabía quien era. No era el hijo de un honorable soldado. Era la víctima de un secuestro, un trofeo de batalla, la prueba viviente de una masacre.
A pesar de lo abrumador de la revelación, Óscar tuvo que admitir que no era del todo una sorpresa. Diez años antes, alguien le había enviado un artículo de un periódico guatemalteco sobre Dos Erres. Mencionaba su nombre y el supuesto rapto. Pero su familia en Guatemala lo había convencido de que la idea era descabellada, un mero invento de la izquierda.

Lejos de la cruda realidad de Guatemala, Óscar decidió olvidarse de la historia. El país que había dejado detrás era uno de los más desesperados y violentos en todo el continente americano. Alrededor de 200 mil personas murieron en la guerra civil que terminó en 1996. Los militares, acusados de genocidio, todavía conservaban mucho poder.

Ahora, el caso estaba arrastrando a Óscar al interior de la lucha que Guatemala libraba al enfrentarse con su pasado trágico. Si se realizaba la prueba de ADN y los resultados eran positivos, su vida se transformaría de manera peligrosa. Se convertiría en una evidencia de carne y hueso en la búsqueda de justicia para las víctimas de Dos Erres. Tendría que aceptar que su identidad, su vida entera, había estado basada en una mentira. Además, se convertiría en un posible objetivo de las fuerzas poderosas que buscaban mantener enterrados los secretos de Guatemala.
Los guatemaltecos se encontraban en un dilema similar. Estaban divididos acerca de cómo castigar los crímenes del pasado en una sociedad rebasada por la impunidad. Los asesinos y torturadores uniformados de los ‘80 habían contribuido a crear las mafias, la corrupción y el crimen que azotaban a los pequeños países de Centroamérica. La investigación de Dos Erres era parte de la batalla contra la impunidad, de la lucha por un mejor futuro. Pero las pequeñas victorias tenían grandes costos potenciales: represalias y conflictos políticos.
Al igual que su país, Óscar tenía que elegir si quería enfrentar una verdad dolorosa.

“NO SOMOS PERROS PARA QUE NOS MATEN”

El otoño de 1982 fue tenso en Petén, una región al norte de Guatemala, cerca de México.
Las tropas militares en la zona combatían al grupo guerrillero conocido como las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). La campaña de contrainsurgencia era metódica y brutal. El dictador Efraín Ríos Montt, un general que había tomado el poder en marzo, después de un Golpe de Estado, arrasaba con poblados rurales sospechosos de alojar y proteger a los rebeldes.

Aunque habían ocurrido enfrentamientos cerca de Dos Erres, la aldea estaba escondida en un área remota y selvática y era relativamente tranquila. Había sido fundada apenas cuatro años antes, mediante un programa de reparto agrario del gobierno. A diferencia de las áreas donde los rebeldes reclutaban agresivamente entre los indígenas del país, los habitantes de Dos Erres eran principalmente ladinos (guatemaltecos de ascendencia blanca e indígena). Las sesenta familias que vivían en este terreno muy fértil, cultivaban frijol, maíz y piñas. Los caminos no estaban pavimentados, pero había una escuela y dos iglesias, una católica y otra evangélica. El nombre del pueblo, Dos Erres,homenajeaba a sus fundadores, Federico Aquino Ruano y Marcos Reyes.

El encargado militar de la región, el teniente Carlos Antonio Carías, pidió que los hombres de Dos Erres participaran en una patrulla de autodefensa civil armada de la base militar ubicada en el pueblo de Las Cruces, localizado a unos 11 kilómetros de distancia. Los hombres de Dos Erres se resistían a hacerlo, preferían ser parte de una patrulla que protegiera a su comunidad. El teniente Carías tomó a mal esta posición de los residentes. Se tornó agresivo y acusó a la gente de Dos Erres de refugiar a guerrilleros. Prohibió a los habitantes que participaran en las ceremonias de juramento a la bandera, y, como evidencia de su supuesta traición, mostró a sus superiores un costal de cosecha inscrito con las iniciales FAR, alegando que se trataba de la insignia guerrillera. En realidad, el costal pertenecía al cofundador de la aldea, Ruano, y eran sus iniciales.

En octubre, el Ejército sufrió una humillante derrota en la cual guerrilleros mataron a un grupo de soldados y robaron alrededor de veinte rifles. A principios de diciembre, inteligencia militar indicó que las armas robadas estaban en el área de Dos Erres. El Ejército envió a sus comandos especiales, los Kaibiles, a recuperar las armas y a darles a los habitantes un castigo.

Los comandos representaban la punta de lanza de una ofensiva anti-guerrillas que ya había recibido varias condenas internacionales. En la lengua indígena Mam, Kaibil significa “aquél que tiene la fuerza y la astucia de dos tigres”. Con un entrenamiento notoriamente duro en técnicas de supervivencia, contrainsurgencia y guerra psicológica, los Kaibiles eran considerados como las fuerzas especiales más violentas de Latinoamérica. Su lema: “Si avanzo, sígueme; si me detengo, aprémiame; si retrocedo, mátame”.

El plan incluía encubrir la identidad de los invasores. El 6 de diciembre de 1982, en una base en Petén, se formó un escuadrón de veinte Kaibiles disfrazados como guerrilleros: con camisetas verdes, pantalones de civil y brazaletes rojos. Cuarenta efectivos uniformados que les acompañarían tenían órdenes de apoyarles con un cerco de seguridad y evitar que alguien entrara o saliera. De todo lo que sucediese en Dos Erres, se responsabilizaría a la izquierda.

Las tropas salieron a las 22:00 en dos camiones civiles. Condujeron hasta la medianoche. Después incursionaron durante dos horas por la densa y húmeda selva. Eran guiados por un guerrillero cautivo obligado a participar en la misión.
En las afueras de la aldea el escuadrón de ataque se desplegó como siempre: por grupos de asalto, municiones, apoyo de combate, perímetro y mandos.

El grupo de mando tenía un operador de radio que se comunicaría durante la operación con mandos superiores situados en otros lugares. El grupo de asalto consistía en expertos en interrogación, lucha y asesinato. Incluso sus mismos compañeros en el escuadrón mantenían su distancia con los miembros de este grupo por considerarlos psicópatas.

Los Kaibiles escogidos para esta misión secreta eran la élite de la élite. A los 28 años, el teniente Ramírez era el más experimentado de todos.
Conocido como Cocorico o El Indio, Ramírez se había graduado como el mejor de su clase en 1975. Había ganado una beca para entrenamiento avanzado en la Escuela de Lanceros, en Colombia, pero se había metido en problemas por ir de fiesta y malgastar fondos. Fue suspendido del Ejército por seis meses y peleó como mercenario en Nicaragua en 1978, con las fuerzas del dictador Anastasio Somoza Debayle, un aliado de los Estados Unidos. Washington reforzó el rol de Guatemala como un bastión estratégico en la lucha contra el comunismo cuando los Sandinistas derrotaron a Somoza el año siguiente. Creció el temor de que hubiera un efecto dominó en la región.

Ramírez volvió a Guatemala y se unió a una unidad de artillería. Herido y condecorado en noviembre de 1981, comenzó a participar en operaciones encubiertas contra la guerrilla, muchas veces vestido de civil. Se creó una reputación por su crueldad. Un compañero suyo lo consideraba “un criminal uniformado”. Otros veteranos, en cambio, admiraban su habilidad en el campo de batalla y la lealtad a sus tropas.

Cocorico era también un hijo entregado: le enviaba mensualmente dinero a su madre, quien se quejaba frecuentemente de que el teniente seguía SOLTERO y no le había dado un nieto.
Ramírez se convirtió en instructor en la escuela de entrenamiento Kaibil, en Petén. En 1982, el régimen de Ríos Montt cerró la escuela y creó una patrulla itinerante de instructores: tenientes, sargentos y cabos, todos hábiles combatientes. Ramírez era el subcomandante de la unidad, la cual podía desplegarse rápidamente como una fuerza de ataque en las zonas de control guerrillero.

El escuadrón invadió Dos Erres a las 2:00.
Los comandos derribaron puertas y sacaron a las familias de sus casas. Aunque los soldados estaban preparados para un enfrentamiento, no hubo resistencia. No encontraron ninguno de los rifles robados.

Llevaron a los hombres a la escuela, y a las mujeres y a los niños a una iglesia. La violencia comenzó antes del amanecer. César Ibáñez, uno de los soldados, escuchó los gritos de las niñas pidiendo ayuda. Varios soldados vieron al teniente César Adán Rosales Batres violar a una niña de 10 años frente a su familia. Imitando a su superior, otros militares empezaron a violar a mujeres y niñas.

Al mediodía, los Kaibiles ordenaron a las mujeres violentadas que prepararan comida en una pequeña casa de rancho. Los soldados comieron en turnos de cinco. Las jóvenes lloraban mientras servían comida a Ibáñez y a los demás. De regreso a su puesto, Ibáñez vio cómo un sargento llevaba a una niña por un callejón.
El sargento le dijo que habían empezado “a vacunar”.

Los militares llevaron a las personas una por una al centro de la aldea, cerca de un pozo sin agua de 12 metros de profundidad. Favio Pinzón Jerez, el cocinero del escuadrón, y otros soldados les aseguraron que todo estaría bien. Serían vacunados. Se trataba de una medida de salud preventiva. No era nada para preocuparse.
Gilberto Jordán fue el primero en derramar sangre. Cargó a un bebé, lo llevó hasta el pozo y lo arrojó hacia su muerte. Jordán lloró cuando mató al niño. Sin embargo, con la ayuda de Manuel Pop Sun, otro soldado, siguió arrojando niños al pozo.

A los adultos les vendaron los ojos y los hicieron arrodillarse, uno a uno. Los interrogaban acerca de los rifles y los nombres de los líderes guerrilleros. Cuando los habitantes protestaban que no sabían nada, los soldados les golpeaban en la cabeza con un mazo, un martillo de metal. Luego, los arrojaban al pozo.
“¡Malditos!”, gritaban las víctimas a sus ejecutores.

Ibáñez tiró a una mujer al pozo. Pinzón, el cocinero, siguió llevando allí a las victimas, junto al sub-teniente Jorge Vinicio Sosa Orantes. Cuando el pozo estaba medio lleno, un hombre que cayó encima de la pila de cadáveres pero seguía vivo, logró quitarse la venda de los ojos:
-¡Mátenme! -les dijo a los militares.
-¡Tu madre! -contestó Sosa.
-¡La tuya, hijo de la gran puta! -gritó el hombre en respuesta.
Pinzón observaba. Sosa se enfureció, le disparó al hombre y para asegurarse, lanzó una granada al interior del pozo. Unas horas más tarde, los cuerpos se desbordaban.

La masacre continuó en otras partes del pueblo. Salomé Armando Gómez Hernández, de 11 años, vivía en otra aldea cerca de Dos Erres. Esa mañana temprano, había viajado a caballo con su hermano de 22 años para comprar medicina en Las Cruces. Cuando llegaron a Dos Erres alrededor de las 10:00 para visitar a un tío, los militares metieron a Gómez Hernández a la iglesia junto a las mujeres y los niños. A través de los tablones, vio cómo los soldados golpeaban y disparaban a la gente. Su hermano y su tío fueron asesinados.

Por la tarde, los asaltantes juntaron alrededor de cincuenta mujeres y niños y los llevaron caminando hacia las montañas. Gómez Hernández se puso al frente de la fila, sabiendo que se dirigían a su muerte. Los demás también lo sabían.
“No somos perros para que nos maten en el monte. Sabemos que nos van a matar, ¿por qué no lo hacen aquí mismo?”, dijo una mujer.

Un soldado se abrió paso violentamente entre los prisioneros hasta llegar a la mujer y jalarla del cabello. Gómez Hernández vio la oportunidad de escapar y huyó. El eco de los disparos sonaba tras él. Se escondió entre la maleza y escuchó.
Uno a uno los soldados mataron a los prisioneros. Gómez Hernández escuchó los gemidos de la gente agonizando. Un niño llamaba a su mama. Los militares ejecutaron a los pequeños con los rifles. A cada uno, un tiro. Fueron entre cuarenta y cincuenta disparos en total.

Al caer la noche, en el pueblo sólo quedaban cadáveres, animales y soldados. El escuadrón se resguardó esa noche en las casas abandonadas. Llovía. Gómez Hernández pudo volver al pueblo, con trabajo, tropezándose entre la oscuridad y el lodo. Pasó entre los cuerpos de sus vecinos esparcidos por las calles y caminos. Escondido entre el pasto alto, escuchó risas.
“Ya los terminamos, muchá. Y vamos a seguir buscando”, dijo un militar.

Gómez Hernández finalmente regresó a Las Cruces.
Cinco prisioneros más sobrevivieron a la matanza de los Kaibiles. Tres mujeres adolescentes y dos niños pequeños aparentemente habían logrado esconderse en algún lugar. Al ponerse el sol, fueron hacia el centro de la aldea. Los soldados los llevaron a una casa que habían convertido en el puesto de mando. Los tenientes decidieron no matar inmediatamente a los recién llegados.

La mañana del 8 de diciembre, el escuadrón se dirigió hacia las montañas selváticas con los nuevos prisioneros. Vistieron con uniformes militares a las adolescentes. El teniente Ramírez se hizo cargo del pequeño de tres años. El panadero del escuadrón, Santos López Alonzo, se llevó al niño de cinco años. Esa noche, tres oficiales arrastraron a las jóvenes entre la maleza y las violaron. A la mañana siguiente las estrangularon y las fusilaron.

Perdonaron las vidas de ambos niños porque tenían piel blanca y ojos verdes, atributos bien valorados en una sociedad estratificada por divisiones raciales.

El teniente Ramírez le dijo a Pinzón y al resto que llevaría al niño más pequeño a su pueblo, Zacapa, situado al este del país. Lo vestiría al estilo de la región: “Como un vaquero: botas vaqueras, pantalones y una camisa”.

Días después, un helicóptero aterrizó en una llanura. Estaba ahí para recoger a Pedro Pimentel Ríos para su siguiente misión. Iba rumbo a Panamá para servir como instructor en la Escuela de las Américas, la base militar de los Estados Unidos donde se entrenaron a muchos militares latinoamericanos implicados en atrocidades. Los niños fueron subidos al helicóptero y llevados a la base Kaibil.

En la selva la patrulla iba a pie. Seguían las indicaciones del guerrillero guía que estaba atado a una larga cuerda. Las provisiones ya escaseaban. Mientras se encontraban sentados alrededor de una fogata, el teniente Ramírez le dijo a un subordinado, Fredy Samayoa Tobar, que tenía ganas de comer carne.

-¿De dónde se supone que voy a sacar la carne? -preguntó Samayoa.
-Corta un pedazo de ese guía y tráemelo -contestó Ramírez.
Samayoa tomó su bayoneta y le cortó unos treinta centímetros de la espalda al guía. Y le llevó el pedazo al teniente.
-Oh no, no, no, tienes que ejecutarlo, está sufriendo -le dijo Ramírez.
El soldado mató al guía. El teniente no se comió la carne.
El comando llegó cerca del pueblo de Bethel, donde encontraron una tienda y robaron cerveza, cigarrillos y agua. Se encontraron también con unos campesinos, a los que decapitaron.
Cuando el escuadrón regresó a la base, más de 250 personas habían muerto. Los Kaibiles llamaron a la misión “Operación Chapeadora”. Habían “podado” a todo aquél que se había puesto en su camino.

Cuatro días después de la masacre, el teniente Carías, comandante en Las Cruces, llevó tropas en camiones y tractores a Dos Erres. Saquearon los vehículos, propiedades y robaron a los animales. Luego quemaron la aldea.
Carías se encontró con los aterrorizados familiares de los desaparecidos. Algunos estuvieron lejos de Dos Erres ese día, otros vivían en pueblos cercanos. Acusó a la guerrilla del incidente.
Quién hiciera demasiadas preguntas, amenazó Carías, moriría.
PRUEBA VIVIENTE

Tras unas pocas semanas, la embajada estadounidense en Guatemala se había enterado de lo sucedido en Dos Erres.
Una “fuente confiable” les había dicho a los oficiales de la embajada que soldados disfrazados de rebeldes habían asesinado a más de 200 personas. Era el último de una serie de reportes recibidos en los que se culpaba a los militares por las masacres al interior del país. El 30 de diciembre tres oficiales estadounidenses fueron a Las Cruces, y las entrevistas realizadas a los locales levantaron más sospechas.

El equipo sobrevoló Dos Erres en helicóptero. El piloto de la Fuerza Aérea de Guatemala se negó a aterrizar, pero las casas quemadas y los campos abandonados eran una evidencia suficientemente clara de que se habían cometido atrocidades. En un cable diplomático excepcionalmente sincero enviado a Washington, los diplomáticos aseguraron que “lo más probable es que la entidad responsable de este incidente sea el Ejército de Guatemala”.

El gobierno estadounidense mantuvo el secreto hasta 1998. No se tomó ninguna medida contra el Ejército ni el escuadrón Kaibil. Los Estados Unidos continuaron apoyando a los gobiernos represores pero anti-comunistas de Centroamérica.
Tendrían que pasar catorce años hasta que alguien intentara hacer justicia por Dos Erres. En 1996, después de más de tres décadas de guerra civil, las hostilidades cesaron con un tratado de paz entre los rebeldes y militares de Guatemala. Ambos bandos acordaron una amnistía que exculpaba a los combatientes, pero permitía juzgar las atrocidades.

Existía, sin embargo, una duda considerable sobre si el nuevo gobierno sería capaz de llevar a juicio esos casos. Los perpetradores de algunos de los peores crímenes de guerra mantenían su poder en las Fuerzas Armadas o en mafias del crimen organizado que crecieron rápidamente. Los cárteles de droga reclutaron ex Kaibiles como sicarios e instructores.
La investigadora que se enfrentó a este peligroso encargo fue Sara Romero.

Romero era una mujer pequeña y tranquila al expresarse. Parecía más una oficinista o una profesora que una luchadora contra el crimen de primera línea. A sus 35 años era una fiscal novata. Se había graduado en la escuela de leyes el año anterior y había sido asignada a una comisión especial de derechos humanos en la Ciudad de Guatemala. Aunque los crímenes de guerra habían quedado sin resolver durante años, estaba decidida a continuar las investigaciones sin importarle los obstáculos. De otra forma, pensaba, la impunidad seguiría enquistada en la sociedad guatemalteca.
Se le asignó el caso de Dos Erres. Hubo cientos de masacres durante el conflicto y Naciones Unidas concluyó que el Ejército fue responsable de al menos el 93 % de las muertes. Además la ONU declaró que los asesinatos sistemáticos de indígenas podrían llegar a ser un genocidio.

Romero tenía poca información. Los militares insistían que el caso de Dos Erres había sido obra de la guerrilla. Gracias a la declaración de Gómez Hernández (vea la declaración), el sobreviviente que tenía 11 años durante la masacre, la fiscal supo que el Ejército había tenido algo que ver. Pero aún necesitaba más pruebas.

Después de un trayecto de ocho horas en autobús a la región en el norte del país, Sara Romero llegó a la escena del crimen. Un manto de silencio cubría las ruinas. Entrevistó a sobrevivientes que estuvieron fuera de la aldea el día de la masacre. La mayoría tenía miedo de hablar. Susurraban que temían la ira del teniente Carías, quien todavía seguía como comandante en Las Cruces. Sospechaban que él había orquestado el ataque al haberse enfrentado con los habitantes de Dos Erres.

Romero se dio cuenta que era difícil reconstruir hasta los hechos más elementales, como la identificación de las víctimas. Para realizar un censo, pidió a la que fue maestra de la escuela de Dos Erres, una lista de todos los niños y familiares que pudiera recordar.

Sin víctimas confirmadas ni testigos sólidos, Romero nunca podría resolver el caso. Pero encontró a una aliada: Aura Elena Farfán.
De aspecto digno, Farfán tenía el pelo gris y un carácter tan dulce como inflexible. Lideraba una asociación de derechos humanos en Ciudad de Guatemala para víctimas del conflicto. A pesar de las amenazas, había interpuesto una demanda criminal responsabilizando al Ejército de la masacre en Dos Erres. En 1994, había llevado con ella a un equipo voluntario de antropólogos forenses argentinos para exhumar los restos. (Ver acta de defunción de N.N.)

Los argentinos –con habilidades afinadas investigando su propia “guerra sucia”—trabajaron rápidamente y en condiciones riesgosas. El batallón en Las Cruces los acosó siguiéndoles y tocando música militar a muy alto volumen. La exhumación extrajo e identificó los restos de cerca de 62 personas, muchos de ellos bebes y niños.
Farfán pudo conseguir un gran logro para la fiscalía. A menudo daba entrevistas en la radio del Petén, donde invitaba a que los testigos se involucraran en el caso. Después de una de esas transmisiones, representantes de Naciones Unidas le avisaron que un ex soldado quería hablar sobre Dos Erres. Viajó a la casa del hombre, donde se presentó disfrazada con lentes oscuros, un sombrero rojo y un chal. Una representante española de la ONU seguía sus pasos para protegerla.

La puerta se abrió. Allí estaba Favio Pinzón Jerez, el ex cocinero robusto y con bigote del escuadrón Kaibil, desayunando con sus hijos. Después de su sorpresa inicial, recibió a Farfán.
Pinzón le contó que había dejado el Ejército y ahora trabajaba como chofer en un hospital. Nunca logró ser Kaibil de verdad. No aguantó el duro proceso de entrenamiento. Por ser un humilde cocinero fue maltratado por el resto de soldados de la patrulla Kaibil. Era el eslabón débil en el código de silencio de los guerreros. Dos Erres era un fantasma que le perseguía.

-Quería hablar con usted porque esto que tengo aquí en el corazón, ya no lo aguanto más -le dijo Pinzón a Farfán.
Le contó la historia de la masacre y le dio los nombres de cada miembro del escuadrón. La conversación duró horas. Farfán se sintió abrumada, con una mezcla de disgusto y gratitud. Fue incapaz de estrechar la mano del soldado, aunque vio que su arrepentimiento parecía sincero.

Poco después, Pinzón le presentó a Farfán otro veterano: César Ibáñez. La activista convenció a los dos hombres de testificar ante Sara Romero. Contaron sus historias fríamente, sin asomo de emoción. Habría sido imposible conocer los detalles de la masacre si los dos hombres no hubieran hablado, por lo que se les concedió inmunidad y fueron reubicados como testigos protegidos.

Los investigadores habían encontrado obstáculos y amenazas por parte del Ejército desde un principio. Ahora contaban con testimonios de primera mano que implicaban a la patrulla Kaibil en el crimen.
Había una nueva línea de investigación: el robo de los dos niños por el teniente Ramírez y Santos López Alonzo, el ex panadero de la unidad.
Romero pensó que encontrar a los dos muchachos era un punto crítico, un milagro. Debían conocer la verdad: vivían con las personas que habían asesinado a sus padres. Ninguna otra atrocidad de derechos humanos registrada contaba con este tipo de evidencia.

En 1999, Sara Romero y otro fiscal fueron a casa del panadero López Alonzo, cerca de la ciudad de Retalhuleu. Su oficina contaba con tan pocos recursos que no había apoyo policiaco ni armas. Romero tenía sus reservas por tener que enfrentarse a este militar con acusaciones tan graves. Sabía que los Kaibiles se jactaban de ser considerados máquinas de matar.
Cuando vio al soldado sentado en la entrada de su modesta casa, todos sus miedos desaparecieron. “Se le ve un hombre sencillo, un campesino humilde”, pensó.

Las fotos familiares en casa de López Alonzo confirmaron sus sospechas de que estaba en el lugar indicado. Era un maya de piel oscura y cinco de sus hijos se parecían a él. El sexto chico, llamado Ramiro, tenía piel blanca y ojos verdes.
-Mi hijo mayor tiene una historia muy triste -le dijo López Alonzo a la fiscal.

Confesó que tras la masacre se había quedado con Ramiro y lo había tenido viviendo en la escuela militar por tres meses. Trajo el niño a casa y a su esposa le contó que había sido abandonado (vea partida falsa de nacimiento de Ramiro). López Alonzo dijo que había enlistado a Ramiro, ya con 22 años, en el Ejército. Se negó a revelar la ubicación del chico. Cuando la oficina de la fiscal empezó a indagar, el Ministerio de Defensa le preguntó a Ramiro si tenía algún problema con la ley. En vez de cooperar, el Ministerio le movió de una base a otra.

Los investigadores estaban preocupados de que Ramiro se encontrara en un grave peligro si los militares se enteraban de queera prueba viviente de una atrocidad. Eventualmente, los fiscales lo encontraron y se lo llevaron. Ramiro les contó que tenía recuerdos de la masacre y del asesinato de su familia.

La familia Alonzo lo había tratado mal, declaró, lo golpeaban y lo usaban casi como su esclavo. Durante un episodio de ira, López Alonzo, borracho, le disparó con un rifle. Las autoridades le convencieron de que abandonara las Fuerzas Armadas y le ofrecieron asilo político en Canadá.

La búsqueda del otro joven fracasó.
Los fiscales averiguaron que el nombre del chico era Óscar Alfredo Ramírez Castañeda. Su presunto raptor, el teniente Óscar Ovidio Ramírez Ramos, había muerto ocho meses después de la masacre cuando dormía sobre un camión que transportaba madera para construir una casa. Murió instantáneamente cuando el camión volcó.

Una hermana del teniente fue interrogada en Zacapa en 1999 y confesó que Ramírez había traído el niño a casa a principios de 1983, alegando que Óscar era el hijo que había tenido con una mujer fuera del matrimonio. Los fiscales encontraron un acta de nacimiento pero ninguna evidencia de que la madre realmente hubiera existido. La hermana admitió que había oído que el niño era de Dos Erres.

Óscar había dejado el país para ir a Estados Unidos. Como su familia no quería ayudar en la investigación, Sara Romero se vio obligada a cancelar la búsqueda.
En el intertanto, los investigadores avanzaron en otras pistas. Habían identificado a varios ejecutores del escuadrón Kaibil. En el 2000, un juez decretó órdenes de arresto para 17 sospechosos de la masacre.

En medio de la realidad sofocante de Guatemala, los resultados eran decepcionantes. La policía no lograba llevar a cabo los arrestos. Los abogados de la defensa bombardearon al tribunal con documentos y apelaron a la Corte Suprema. El alegato de la contraparte fue que sus clientes estaban protegidos por leyes de amnistía, argumentos inexactos que estancaban las investigaciones.

Sara Romero se estrelló con el poder del Ejército. Parecía que la justicia se le escapaba, como lo había hecho Óscar.
(*) Con reportes por Habiba Nosheen, especial para ProPublica, y Brian Reed, This American Life
(*)Un reportaje de Fundacion MEPI y Propublica

martes, 6 de diciembre de 2016

SINDICATO DE COCA COLA -STECSA- GANA UNA NUEVA BATALLA FRENTE A LOS EMPRESARIOS DE COCA COLA FEMSA EN LA AGENCIA DE JALAPA, GUATEMALA.

Video y fotoreportaje: Arturo Albizures
Los trabajadores de Coca Cola, agencia de Jalapa resistieron por más de dos meses cuando la empresa decidió cerrar este centro de trabajo y dar por terminado el contrato de todos los trabajadores. A partir de allí se inició una lucha, los trabajadores permanecieron dentro de las instalaciones exigiendo su reinstalación.


El Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Central SA (STECSA) gana esta batalla con el apoyo de las familias, de la solidaridad de las organizaciones hermana, nacionales e internacionales y el pueblo de Jalapa.

El acuerdo con la empresa recoge varios puntos, entre ellos la apertura de este centro de trabajo, la reinstalación inmediata de todos los trabajadores, el respeto a las leyes laborales y al pacto colectivo de condiciones de trabajo.

Históricamente el Sindicato de Coca Cola a librado varias luchas, a enfrentado una serie de maniobras y represión de parte de distintos empresarios con el fin de destruir el sindicato.

Relacionados:


 LAS CONSIGNA DE LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO.

 ¡SINDICATO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO!
¡ADELANTE, ADELANTE QUE LA LUCHA ES CONSTANTE!
¡MÁRTIRES DE COCA COLA, PRESENTES EN LA LUCHA!


Las expresiones de alegria y de solidaridad invadieron las instalaciones de la agencia de Coca Cola Jalapa, la presencia de los directivos del sindicato y los exdirigentes que hoy son jubilados.




Los dirigentes sindicales anunciaron oficialmente la reapertura nuevamente de la agencia y la toma de posisción de los trabajadores en sus puestos de trabajo, seguidamente se canto el Himno Nacional y el Himno oficial del Sindicato.







Caso ilustrativo No. 67. El sindicato de la CocaCola

I. ANTECEDENTES
El sindicato de la Coca-Cola surge en 1948, con la apertura democrática propiciada por la revolución de Octubre de 1944. En 1954, cuando es derrocado el Gobierno del presidente Jacobo Arbenz, como consecuencia de la represión al movimiento sindical, el sindicato es disuelto.
En diciembre de 1974 se produce el resurgimiento del sindicato. La empresa “indemnizó a la casi totalidad de los obreros de la planta y posteriormente recontrata a la mayoría, con lo cual automáticamente los trabajadores perdían su antigüedad en la empresa. Fue ese el detonante para la reorganización del sindicato”. El 24 de enero de 1976 los trabajadores de la Embotelladora Guatemalteca, S.A. (EGSA-Coca-Cola) ocuparon la fábrica, después que fueran despedidos 154 de ellos. Ese día la patronal solicitó la intervención de la fuerza pública, que desalojó con violencia a los obreros, hiriendo a 12 personas y deteniendo a otras 14. Varios sindicatos iniciaron acciones de solidaridad con el de Coca-Cola, lo que originó un amplio movimiento que se materializó en la formación del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS).
El CNUS logró encabezar una serie de campañas de movilización y denuncia que permitieron el reconocimiento legal del Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora Guatemalteca, S.A. (STEGSA), la reinstalación de los despedidos y la aceptación por parte de la empresa para discutir el pacto colectivo de condiciones de trabajo.
II. ACCIONES CONTRA TRABAJADORES Y PERSONAS LIGADAS AL SINDICATO
El control del personal de la empresa se ejercía a través de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que laboraban en puestos administrativos, tales como el jefe de personal, el jefe de almacén y el jefe de seguridad. Incluso llegaron a la contratación de ex militares, como en el caso del ex teniente Francisco Javier Rodas Flores, quien llegó a la empresa acompañado de tres guardaespaldas. Pero, además, la empresa contrató a la Policía Militar Ambulante (PMA) para que se encargara de la seguridad.
En este contexto, se produjeron varios atentados contra trabajadores. El 10 de febrero de 1977, Angel Villegas y Oscar Humberto Sarti fueron ametrallados en la calzada Aguilar Batres, pero ambos sobrevivieron al atentado. Días antes los dos trabajadores habían acusado ante los tribunales a uno de los jefes de la empresa, quien los había amenazado de muerte. El 2 de marzo los asesores del sindicato, Marta Gloria de la Vega y Enrique Torres, sufrieron un atentado contra su vida, resultando heridos.
El 16 de octubre de 1978, Israel Márquez Pivaral, secretario general del sindicato, fue atacado a balazos cuando estacionaba su vehículo frente a su casa en la zona 11. Del atentado salió ileso. Sin embargo, Márquez Pivaral continuó siendo víctima de actos intimidatorios y amenazas que lo
La CEH, analizando los antecedentes del caso, ha llegado a la convicción que entre 1978 y 1980 fueron ejecutados arbitraria y sistemáticamente siete sindicalistas pertenecientes a la empresa Coca-Cola y una persona particular; que dos más fueron desaparecidos forzadamente y que los asesores jurídicos y varios miembros del sindicato sufrieron amenazas e intimidaciones, violándose de esta manera el derecho a la libertad, integridad personal y a la vida de las víctimas, así como el pleno ejercicio del derecho de asociación.

LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Edgar René Aldana Ruano
Manuel Francisco López Balam
Manuel Moscoso Zaldaña
Marlon Randolfo Mendizábal García
Pedro Quevedo y Quevedo
Ricardo de Jesús García Ayfan
Arnulfo Gómez Segura
René Reyes

Desaparición forzada
Ismael Vásquez
Florentino Gómez

Herido en atentado
Angel Villegas
Enrique Torres
Gladys Castillo de Moscoso
Oscar Humberto Sarti
Silverio Vásquez
Marta Gloria de la Vega

Ejecución arbitraria (FAR)
Francisco Javier Rodas Flores
Ejecución arbitraria (desconcocidos)
Justiniano Vargas Casasola
Víctimas colectivas/desconocidas: 1
Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

Ver completo: http://raulfigueroasarti.blogspot.com/2012/10/el-sindicato-de-la-coca-cola.html