jueves, 31 de mayo de 2012

COMUNICADO: EN CONTRA DE LA MINERIA

Las comunidades en resistencia del frente norte metropolitano manifestamos:
1.      Que existen rumores que un desalojo se está planificando hacia los pobladores de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo que permanecen a inmediaciones de las instalaciones del proyecto Minero Progreso VII Derivada (La Puya), ejerciendo su derecho constitucional enunciado en el ARTICULO 45  que dice “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución.
2.      La población en resistencia pacífica ejerciendo su derecho de petición, se ha pronunciado públicamente ante las autoridades municipales y nacionales, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Congreso de la República y otras instancias, mediante entrega de comunicados, conferencias de prensa, manifiestos, declaraciones en los medios de comunicación y la solicitud formal al presiente de la república en los puntos a tratar al concluir la Marcha Indígena y Campesina en marzo pasado, en el sentido de suspender las licencias mineras hasta no realizar las debidas consultas a los vecinos de los municipios afatados, tal y como lo exige el código Municipal y el Convenio 169 de la OIT.
3.      De manera oportuna se planteo a la comisión de seguimiento a las demandas presentadas el 27 de abril, al ejecutivo, que en relación a proyectos mineros, como el cuestionado por las poblaciones de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, que fueron autorizados por el Gobierno anterior presidido por Álvaro Colon, sin la debida información y consentimiento de las comunidades afectadas, llegado a otorgar licencias con grandes irregularidades, aceptando por buenos Estudios de Impacto Ambiental y expedientes, obscuros, mediocres e incompletos (un ejemplo es que la licencia del Proyecto Progreso VII derivado que entre otras aberraciones, fue aprobada por Selvin Morales en su calidad de director general de minería, quien actualmente se ostenta el cargo de representante de la Empresa Exmingua titular de la misma licencia).
4.      Estos vacios ponen en peligro las actividades productivas y la vida de la población. De esa cuenta estas licencias se constituyen en lesivas para el país.
5.       Recordamos que las consultas comunitarias y de vecinos fueron concebidas y se han constituido en instrumentos de expresión democrática y de participación ciudadana, han sido debidamente legitimadas por la población y nos está siendo negadas en este momento, por lo que debe atenderse esta demanda antes de dar seguimiento a  cualquier proyecto minero.
6.      La resistencia pacífica está siendo ejercida por hombres, mujeres niños y niñas, católicos, evangélicos, laicos, población indígena y campesina, comerciantes, agricultores e intelectuales que en ningún momento fueron consultados y que identifican con claridad  los riesgos que la actividad minera representan para sostener una vida digna.

La Puya, San Pedro Ayampuc, 30 de mayo de 2012

Luchamos por la vida, la Paz y las futuras generaciones

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