Por: Miguel Ángel AlbizuresEl accionar conjunto de las organizaciones sociales y del pueblo pueden obligar al gobierno a una efectiva inversión social y al respeto de los derechos del pueblo.
El año 2020 terminó con las protestas de diversas organizaciones en las calles y con posiciones firmes de los pueblos originarios, unas exigiendo la renuncia del Presidente y la destitución de funcionarios represivos y otras levantando la bandera de los Acuerdos de Paz porque transcurridos veinticuatro años de la firma, se derriban las instituciones creadas para su cumplimiento, pero no se podía esperar otra cosa de un gobierno copado por quienes ordenaron o ejecutaron tantos crímenes contra la población y que siguen temiendo que les caiga el peso de la ley. A ellos y al presidente Giammattei, poco les importa la Secretaría de la Paz o el Programa Nacional de Resarcimiento, pues ellos están hartos de dinero y seguirán mamando de las instituciones del Estado y las víctimas o sus familiares seguirán siendo víctimas de la arbitrariedad, la intolerancia, la imposición de decisiones políticas nefastas y hasta la represión o muerte de líderes comunitarios.
Por ello se piensa en lo que puede suceder no solo en el segundo año de gobierno, sino en lo que resta del mandato del presidente Giammattei, pues como bien lo señala la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), “El 2020 culmina como el año más violento para la prensa en Guatemala, desde la llamada ‘era democrática’,… Alejando Giammattei tiene la deshonra de ser el presidente con el mayor número de ataques contra la prensa en un solo año, el primero de su mandato, lo cual es un mal presagio sobre lo que depara a los medios de comunicación y trabajadores de la información, durante lo que resta de su administración”.
O como bien y valientemente lo señaló Rubén Zamora en un claro mensaje que está circulando en las redes sociales. “Cada cuatro años elegimos un clepto-dictador, un presidente ladrón que co-gobierna con las mafias criminales, los capos de la droga, con los grandes financistas de las campañas electorales y con el envilecido alto mando militar”.
Un importante paso del gobierno sería atender la demanda que le hace la APG, de que rectifique su desastrosa relación con los periodistas y la población en general, que vele por el respeto de los derechos humanos y que destituya al ministro de Gobernación, Gendri Reyes, el viceministro de Seguridad, Carlos Enrique Franco Urzúa, así como al director de la Policía Nacional Civil, José Antonio Tzuban, quienes a través de infiltrados provocaron los hechos del 21 y 28 de noviembre y reprimieron a la población que pacíficamente protestaba en el Parque Central. De lo contrario lo que podemos esperar en el presente año es más represión y muerte. Si a ello agregamos los efectos de la pandemia, solo podemos vislumbrar un año 2021 fatal para el ejercicio de los derechos fundamentales, pero el accionar conjunto de las organizaciones sociales y del pueblo pueden obligar al gobierno a una efectiva inversión social y al respeto de los derechos del pueblo.
https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/01/07/incertidumbre-en-el-nuevo-ano/
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