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Se cumplen quinientos veintinueve años de aquel histórico acontecimiento, que significó reprimir y dominar a los habitantes de los pueblos originarios, usarlos como mano de obra esclava y arrebatarles por la fuerza sus territorios y tierras ancestrales.
A los opresores no se les recuerda por “héroes” o por “santos”, al contrario, los mismos relatos de cronistas de la época y la historia escrita, demuestran la crueldad de sus actos en el trato hacia los habitantes originarios. Desde entonces, hace más de quinientos años que la práctica del despojo de territorio a los pueblos originarios continúa ocurriendo en Guatemala.
Hoy se llama “invasores” y “usurpadores” a descendientes de los 22 pueblos Mayas que habitan en el país y viven en tierras y territorios ancestrales, pero debido a intereses capitalistas por actividades extractivistas o por ampliar la frontera agrícola para monocultivos, son constantemente hostigados, amenazados, reprimidos, expulsados y despojados por la fuerza de sus tierras.
En Guatemala el desalojo forzado de comunidades indígenas por orden judicial es un drama humano común, ocurre con frecuencia y en los últimos años va en aumento. La mayor parte ocurre en las Verapaces al Norte del país.
Informe reciente de Amnistía Internacional (AI), refiere el caso de la comunidad Q´eqchi´ de Lajeb Kej situada en Tucurú, Alta Verapaz, que pertenece a la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC).
Un comunicado de la UVOC denuncia amenazas de muerte contra la citada comunidad: “Invasor visto, invasor muerto”. Con estas amenazas de muerte amanecieron las 42 familias de la comunidad indígena Lajeb Kej en Tucurú, Alta Verapaz”. Continúa la denuncia: “…nosotros en UVOC condenamos y rechazamos todo acto de intimidación, persecución y amenazas de muerte porque violenta los derechos humanos de las familias originarias de la comunidad indígena Lajeb Kej, originarios de dichas tierras”.Finaliza el comunicado con una exigencia al Estado para garantizar la seguridad de las familias que viven en la comunidad y que, “…actualmente buscan la solución de este conflicto agrario en la mesa de diálogo”.
El informe de AI refiere un testimonio que recoge el sentir de la comunidad al afirmar: “Aquí vivimos antes, aquí se murieron nuestros abuelos, pero vinieron los patrones a sacarnos. Hace 4 años regresamos porque no había nada aquí y el Fondo de Tierra dijo que era tierra baldía. Desde entonces hemos encontrado muchos problemas, amenazan con sacarnos, con desalojarnos, de hecho, ya lo intentaron”.
Otro relato indica: “El 7 de abril de 2021 a las 6 de la mañana un grupo de 25 hombres, maestros de la comunidad vecina, intentó desalojarnos, vinieron a disparar. Hirieron a 3 compañeros. Ellos no podían salir a ver un médico porque tienen orden de captura por usurpación y robo agravado. Pusimos denuncia en el Ministerio Público de la capital, pero no hubo investigaciones. Y las amenazas siguen”.
¿Qué vamos a hacer? Es la preocupación central que asalta a los comunitarios al plantarse: “No podemos hacer un plan de trabajo, ni un plan de estudios para la niñez, porque siempre esperamos el desalojo. ¿A dónde vamos a ir con los niños, los ancianos…?”.
Esas y otras interrogantes son comunes en muchas otras comunidades indígenas del país, porque las invade la incertidumbre e intranquilidad debido a la amenaza real o latente del desalojo sinónimo del despojo histórico.
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