Militar, militar. Su formación es cuadrada, acostumbrado a espiar e investigar..

Miguel Ángel Albizures

No se podía esperar otra actitud del presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pues como exoficial de inteligencia del Ejército, su formación es cuadrada, acostumbrado a espiar e investigar el comportamiento de ciudadanos, y no que lo investiguen, fiscalicen y denuncien sus fechorías. Por él traemos a colación aquella frase lapidaria “es más fácil militarizar a un civil que civilizar a un militar”, que por supuesto no se le puede aplicar a todos los miembros del Ejército, sino a sujetos, miembros de la institución armada que se siguen considerando intocables y que con facilidad jalan el gatillo o se deciden a utilizar sicarios para silenciar periodistas y medios de comunicación que no están dispuestos a ser encubridores de funcionarios corruptos.

Por eso, en diciembre de 2001 lo señaló con toda certeza en sus recomendaciones al Gobierno de Guatemala, el relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, señor Param Coomaraswamy: “a) Por lo que respecta a la impunidad: i) Debería excluirse de los cargos públicos y de las fuerzas armadas a todas las personas de quienes se sepa han cometido violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado. No debería elegirse, nombrarse o designarse para ningún cargo público a las personas que tengan estos antecedentes. Debe pedirse a los candidatos a las elecciones estatales que declaren bajo juramento que no han cometido con anterioridad delito alguno, con inclusión de las violaciones de los derechos humanos”. En su informe de enero de 2000, ya había señalado con precisión los peligros que eso representaba, al decir: “…La presencia persistente de funcionarios con esos antecedentes puede ser perjudicial para la administración de una justicia independiente y constituir un peligro para ella”. 

Pero por el contrario, en este y otros gobiernos a muchos criminales o corruptos se les ha asegurado un puesto en la administración pública, solo hay que revisar las instituciones del Estado para constar quiénes son del grupo de los Titos que gozan de la confianza del gobierno de Otto Pérez, y quiénes han sido premiados y no investigados o perseguidos por la justicia, pues lo importante es taparse con la misma chamarra para que el estiércol no salga a flote, al mismo tiempo que se pagan favores anteriores.

Los epítetos lanzados por el presidente del IGSS a Zamora demuestran su bajeza y carencia de argumentos para aclarar las denuncias que hay en su contra, y por eso la arremete hasta en contra de la Ley de Emisión del Pensamiento, pero qué otra cosa se puede esperar de quien, en el 2007, fue condenado por intento de homicidio. 

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