Guatemala: con paso firme hacia el colapso

Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

A principios del siglo XXI, el exembajador Anders Kompass sacudió la conciencia nacional al calificar a Guatemala como un «Estado fallido». En aquel momento, la frase resonó como una ocurrencia alarmante y casi nadie asumió el sentido real de aquella advertencia: un llamado urgente a corregir el rumbo antes de cruzar la línea de no retorno. 

Dos décadas después, el abrumador peso de las evidencias demuestra que aquella sombría profecía no solo se cumplió, sino que fue superada por una realidad aún más devastadora: hoy, el Estado guatemalteco no está simplemente fallando; se encuentra en una fase avanzada de colapso estructural.

Para empezar, la pérdida absoluta de credibilidad en el sistema de justicia es una pedrada en pleno rostro de la gente decente que aún persiste en este país. Lo que debería ser el pilar fundamental de la democracia se ha transformado en un botín de guerra, en una dictadura light pero abrumadoramente demoledora. 

Está clarísimo que las cortes y magistraturas no responden a la Constitución, luego que los procesos de depuración apenas si tocaron tangencialmente la cloaca que las cobija. Ahora, con más ahínco, operan como un mercado donde las cámaras están fríamente repartidas entre los poderes reales y los fácticos. El mapa de la impunidad muestra feudos inexpugnables: espacios reservados para la complacencia corporativa del Cacif, cuotas entregadas a las componendas universitarias y parcelas enteras bajo el control de redes del crimen organizado, históricamente representadas por figuras opacas como el «Rey del Tenis». En este entramado, todas las piezas convergen y se subordinan a los intereses criminales del todavía vigente y cínico Pacto de Corruptos.

El epicentro de este desastre institucional lo protagoniza la Corte de Constitucionalidad. El tribunal que nació para salvaguardar el orden democrático ofrece hoy un espectáculo grotesco. Sus magistrados emiten resoluciones que oscilan peligrosamente entre lo cómico y lo trágico; fallos con piruetas argumentativas que provocan risa por su descaro, pero que despiertan profundo llanto republicano por las nefastas consecuencias que tienen sobre la certeza jurídica.

Ni siquiera la academia, tradicional bastión de resistencia y pensamiento crítico, ha logrado escapar de este escenario chocante. La Universidad de San Carlos de Guatemala vive el período más degradante y vergonzoso de su historia. Las maniobras del usurpador Walter Mazariegos no solo destruyeron la legitimidad de la rectoría, sino que hundieron a la única universidad pública del país en una profunda miseria ética y académica, convirtiendo las aulas en oficinas de control político al servicio del statu quo.

Con este telón de fondo, el plano político se asoma a un proceso electoral inmediato bajo la sombra de la más absoluta incertidumbre. La batalla que se avecina entre los aspirantes y presuntos candidatos presidenciales promete ser un ejercicio de profunda vacuidad. Lejos de proponer verdaderas soluciones estructurales a los problemas históricos de desnutrición, pobreza y criminalidad, la clase política dominante se aferra a discutir superficialidades, promesas recicladas y discursos de tarima diseñados para el entretenimiento masivo.

La gran tragedia radica en que las alternativas que prometían una renovación democrática parecen diluirse antes de nacer. El proyecto del Frente Amplio por la Democracia se estrella de frente contra sus propias contradicciones. En primer lugar, debido a la salida en falso de Lionel Toriello, cuya sorpresiva alianza al lado del corrupto partido VOS dinamitó la confianza interna. En segundo lugar, porque la dirigencia de este bloque parece incapaz de conectar con las demandas del presente, atrapada en un vaivén estéril entre la diletancia teórica y la arrogancia nostálgica de glorias pasadas que ya no le dicen nada al electorado joven.

Guatemala camina con paso firme hacia un abismo donde las instituciones ya no contienen la realidad, sino que la asfixian. Sin una sacudida social profunda que desmonte el pacto de impunidad, el colapso dejará de ser político para volverse humanitario.

Ante este sombrío escenario de apocalipsis institucional, no resulta descabellado vislumbrar el estallido de una nueva revolución. No será una insurrección ideológica al viejo estilo de la Guerra Fría. Será mucho peor: un movimiento visceral impulsado por el hastío ciudadano, la absoluta insensibilidad institucional y, sobre todo, por el hambre, la miseria, la desnutrición crónica y la carencia de satisfactores humanos mínimos.

Cuando un Estado destruye todo puente entre la ciudadanía y la justicia, la historia demuestra que el límite de la paciencia social deja de ser una incógnita para convertirse en una cruda certeza. Cuando el orden legal se convierte en una farsa y el estómago de las mayorías queda vacío, la calle suele reclamar, por la fuerza de la desesperación, la dignidad que las urnas y los tribunales le negaron.

¿Será posible que la sociedad guatemalteca logre articular una salida cívica, antes de que el hastío social desborde lo poco que nos queda de las instituciones? 

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