El fracaso de la política del gobierno de Otto Pérez sobre las y los migrantes

RED POR LA PAZ Y EL DESARROLLO DE GUATEMALA (RPDG)

COMUNICADO NACIONAL E INTERNACIONAL

El fracaso de la política del gobierno de Otto Pérez sobre las y los migrantes

Se cumplen dos años del gobierno de Otto Pérez y éste recibe ya una calificación muy pobre de parte de la población guatemalteca y los analistas políticos.  Desde la perspectiva de las y los migrantes guatemaltecos, la política exterior de Guatemala, pese a que se sustituyó al primer Ministro de Relaciones Exteriores y al hecho de que se tuvo el beneficio de la presencia del país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante dos años, ha sido un desacierto. No solamente nos preocupan las posiciones tibias del gobierno de Guatemala para defender los intereses de las y los migrantes guatemaltecos, particularmente en los Estados Unidos, sino que también el enfoque limitado en materia de política exterior, en general. Otto Pérez, sin consulta a la población o siquiera a los partidos políticos, se presentó en la escena internacional favoreciendo la descriminalización de la droga; al hacerlo sin estudios ni respaldo, levantó sospechas de un posible convenio con el narcotráfico, aparte de ser mal visto por Washington. Si se deseaba actuar con seriedad en este tema, se pudo haber seguido el ejemplo del Uruguay y algunos países europeos, que han ido reconociendo que el prohibicionismo conduce a la criminalidad; el problema debe abordarse, en primer lugar, a nivel interno. En los otros temas de política exterior, se percibe al gobierno actual de ser incondicional de Estados Unidos, muy cercano a Israel y otros Estados o territorios cuestionables, como Taiwán, favorable a las multinacionales y poco solidario con las causas genuinamente latinoamericanas.

En el tema de las y los migrantes, Otto Pérez se ha sumado a la no corta lista de nuestros presidentes, desde Berger hasta la fecha, que hablan mucho y no hacen nada. El gobierno ha sido extremadamente dócil frente a los Estados Unidos, lo que lo llevó a no presionar ni por el TPS (estatus de protección migratoria temporal) ni a disminuir las deportaciones desde Estados Unidos. Se creyó el cuento de que había que esperar a la reforma migratoria en los Estados Unidos para solucionar los problemas de guatemaltecas y guatemaltecos indocumentados, alargando el largo período en que somos los únicos centroamericanos sin ningún mecanismo de protección, lo que nos hace mucho más vulnerables. También se creyó el cuento de que disminuirían las deportaciones de connacionales, porque la presunta prioridad del gobierno de Obama era la deportación de quienes cometían delitos. El número de deportados en 2013, en general, fue el más alto de la historia estadounidense y en el caso de Guatemala fue, sin duda, el más grave hasta la fecha, con 50,221 personas enviadas de vuelta, muchas de ellas en forma violenta e injusta. Dio pena observar, en entrevista reciente de televisión, la manera en que Otto Pérez justificaba el aumento de las deportaciones, al afirmar que éste se debe a que más personas guatemaltecas tratan de entrar a Estados Unidos con la idea de salir beneficiados con la reforma migratoria. Esto es falso y constituye desinformación y pobre excusa. Al paso que va la reforma migratoria, con la gran resistencia que oponen los Republicanos, si es que se llega a una nueva ley ésta será sumamente restrictiva y no muchos guatemaltecos podrán beneficiarse con ella. También aduce el gobierno que fue Guatemala el país que estuvo más cerca de sus migrantes en los pasados meses, cuando se discutía la reforma migratoria. Esto es igualmente falso, porque los contactos gubernamentales se redujeron a los pequeños grupos que dirigen algunas organizaciones de migrantes y no se ampliaron a las comunidades chapinas. Peor aún, Otto Pérez hizo presencia en Nueva York para hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y, por primera vez en más de 10 años, el Presidente de Guatemala “no tuvo tiempo para reunirse con la comunidad guatemalteca”.

El gobierno aduce que los migrantes son su prioridad en materia de política exterior. Así debiese ser, teniendo en cuenta que las remesas representaron un ingreso de divisas por un monto de 5,105 millones de dólares, prácticamente equivalente a la mitad de las divisas producidas por todas las exportaciones del país. Nuestro principal “producto de exportación” resulta ser ahora la persona migrante, hombres, mujeres y niños. No obstante, aparte del ofrecimiento de habilitar más consulados, lo cual es también una necesidad del Estado, muy poco se hace para apoyar a las y los migrantes para solucionar sus abundantes problemas y necesidades en el norte. Por un período sumamente largo, el gobierno fue incapaz de emitir pasaportes en el exterior, sabiendo que en Estados Unidos no se cuenta con ningún otro tipo de documentación que respalde a los migrantes. Se habla –y no se concreta—de la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que, supuestamente, nos va a permitir votar en el extranjero para Presidente y Vicepresidente; pero la emisión del DPI sigue siendo un proceso lento e ineficiente. Además, este gobierno no se ha preocupado de que se respete el derecho a elegir y ser electo en forma completa. Según la propuesta actual, no podremos votar para diputados en lista nacional y mucho menos tener representantes nuestros en el Congreso. Una vez más exigimos que las y los ciudadanos en el extranjero, en la Diáspora, constituyamos el distrito electoral 24, con los mismos derechos que la ciudadanía en el interior del país.

Finalmente, el gobierno de Guatemala sigue sosteniendo un ente que no sirve para mayor cosa (en realidad para nada, excepto para generar problemas), porque se resiste a modificar sustancialmente la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA). Los migrantes seguimos ausentes en dicho Consejo, pese a nuestra insistencia por tener voz y voto en las decisiones que nos conciernen. Hay contemplado un Consejo Asesor, conformado, entre otros, por personas migrantes que carecen de legitimidad y respaldo, al ser electos por pequeñas camarillas. Acabamos de recibir mensajes de una serie de discusiones y pleitos que se han generado en las llamadas mesas consulares, particularmente en Los Ángeles, porque el gobierno, en forma maquiavélica, ha ofrecido fondos para desarrollar algunas actividades y diversos grupos quieren aprovecharse de esos recursos. ¡Una buena forma de dividir a las y los migrantes!  Los problemas en Los Ángeles y otros lugares son una consecuencia directa de la inoperante y antidemocrática Ley del CONAMIGUA, y ya los habíamos anticipado en comunicaciones hechas a los gobiernos de Colom y Pérez.

Resulta claro que el gobierno de Otto Pérez está ya en declinación, por privilegiar los intereses de los poderosos por encima de los intereses de las grandes mayorías. Es lo mismo en el país y en la Diáspora. No obstante, no podemos dejar de exigir que cumpla con sus ofrecimientos de apoyar más firmemente a los connacionales en el extranjero. Nosotros sugerimos que se organice una reunión en los Estados Unidos, de preferencia en Nueva York, de verdaderos representantes de las comunidades y organizaciones de migrantes elegidos en cada consulado de manera realmente democrática, y no de la gente de CONAMIGUA, para discutir una plataforma de trabajo que responda realmente a los intereses de la Diáspora en ese país. Solamente así podremos lograr que el  Gobierno de Guatemala tome el rumbo correcto en materia de migrantes en los Estados Unidos.

Estados Unidos, 15 de enero de 2014

Comité Ejecutivo de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG)

AL PUEBLO DE GUATEMALA

FRENTE POPULAR

Inicia un año más de suplicio para el pueblo de Guatemala y, al  mismo tiempo, un año de resistencia y esperanza.

Seguiremos viviendo, la explotación, opresión, miseria, racismo, hambre, saqueo y expolio de los recursos del Estado y los recursos naturales, violencia, delincuencia, la migración obligada, el tráfico de órganos y la trata de personas, males que el sistema capitalista reproduce, porque de esta manera garantiza la acumulación de capital (de riquezas) por parte de los capitalistas o burgueses, es decir, los dueños de las grandes empresas: mineras, hidroeléctricas, petroleras, ingenios y empresas de palma de aceite, fincas, bancos, grandes comercios, industrias, policías privadas, telecomunicaciones, canales de televisión, prensa escrita y radial, jefes de mafias, y políticos burgueses. Todos han seguido enriqueciéndose a costa de nuestro trabajo, de los salarios de hambre y de mantener en la miseria e ignorancia a las grandes mayorías.

En Guatemala siguen habiendo clases sociales y como se puede observar, nuestros intereses como clase trabajadora y los intereses de  los capitalistas o burgueses, son radicalmente opuestos.

Esto explica la protesta y movilización que han levantado distintos sectores de la clase obrera y campesina, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, de estudiantes, de maestros, artistas e intelectuales comprometidos con su pueblo, en defensa de que sus derechos se hagan efectivos y porque saben que en este sistema sus intereses no cuentan.

Ello explica también, que ante la resistencia popular y de los pueblos indígenas, los burgueses o capitalistas, activan sus organizaciones empresariales (CACIF, Cámaras Empresariales, fundaciones, universidades, empresas de comunicación escrita, televisiva y radial) para criminalizar las luchas sociales y lanzan a sus serviles represores, policías privadas y grupos criminales, para amenazar, agredir y atentar contra la vida de seres humanos indignados.

Giran órdenes a su actual sirviente al frente del gobierno, el militar Otto Pérez Molina, y a quienes dirigen la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República, para decretar e impulsar leyes, políticas y acciones para defender a sus intereses a toda costa y para mantenerse en la impunidad. Especialmente logran que el aparato de inteligencia, policial y abogados y jueces corruptos, se confabulen para perseguir y reprimir las luchas de nuestros pueblos y de nuestra clase social. Y como comparsa, los partidos políticos, cuyas campañas ilegales y sus negociaciones turbias, al servicio de los capitalistas, se confabulan para tratar de engatusarnos para que votemos por ellos en las elecciones de 2015.

A pesar de las intimidaciones, amenazas, despidos, atentados, encarcelamiento y asesinato de luchadores sociales, los pueblos de Guatemala, la clase trabajadora y campesina y los sectores populares, hemos mantenido una lucha de resistencia heroica contra la explotación y el despojo que impulsan los burgueses o capitalistas locales y extranjeros.

Pero esta lucha heroica necesita articularse, para pasar de la resistencia a una etapa de ofensiva, hacia la toma del poder del Estado, pues sólo desde ahí lograremos transformarlo en un Estado popular, verdaderamente democrático y al servicio de los intereses de la clase trabajadora y los pueblos indígenas, quienes somos las grandes mayorías. Sólo desde ahí lograremos impulsar un modelo económico, social y político al servicio de todas y todos y no solamente de la burguesía, de los capitalistas extranjeros y de los corruptos.

En esa dirección habrá que superar la fragmentación que nos generan las elecciones y los partidos políticos, los líderes acomodados y oportunistas y la acción colaboracionista y reproductora del sistema que con sus prácticas realizan los partidos que se dicen defensores de los intereses populares. Habrá que superar diferencias cuando estas resulten secundarias y anteponer lo que nos une como clase trabajadora, sectores populares y pueblos indígenas. Sólo así lograremos unir nuestras luchas compartidas y avivar la esperanza hacia la construcción de un país radicalmente diferente al que han construido los capitalistas locales y extranjeros.

Arduas tareas nos esperan y en esa disposición estamos como Frente Popular, de seguir luchando y aportando hacia la organización y articulación de las luchas de nuestra clase social, la clase trabajadora del campo y la ciudad, y de los pueblos indígenas, para recuperar el camino de la Revolución en Guatemala.

FRENTE POPULAR

Soberanía, Dignidad, Solidaridad

¡Vamos Patria, la lucha continúa!

PEDRO RAIMUNDO COBO, ELECTO ALCALDE DE NEBAJ, QUICHÉ

En un ambiente sumamente tenso, el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer el resultado de las elecciones en Nebaj, Quiché, en donde partidarios del Partido Patriota, después de haber utilizado toda clase de presiones y compra de votos, resultó perdedor y tuvo que reconocer su derrota.

El resultado final de las elecciones da al actual alcalde, Pedro Raimundo Cobo , la cantidad de 11,344, votos para un 52.90%, mientras que el candidato del Partido Patriota quedó con 9, 418 votos, atrás del ganador que lo supero por 1,926 cuando faltaban únicamente el resultado de tres mesas electorales, de las 75 instaladas en la cabecera municipal de Nebaj y en las aldeas.

 Por el momento, la calma volvió a Nebaj, pero aún se  teme que el día de mañana se de en hechos violentos contra partidarios del alcalde electo, tal como sucedió un día antes de las elecciones. La utilización del bono seguro, la bolsa solidaria, los regalos y el pago de más de 800 quetzales por voto, no le dieron el triunfo al candidato del Partido Patriota.

En la alcaldía indígena, partidaria del candidato ganador, reinaba un ambiente de alegría mientras cientos de partidarios se concentraron en la sede del Partido Todos, en donde los dirigentes denunciaron las maniobras y amenazas de los partidarios del candidato perdedor y hasta del diputado Mario Galdámez que se hizo presente en diversos centros de votación. El triunfo fue celebrado con cohetillo en diversos lugares de Nebaj y los más de 300 agentes de la Policía Nacional Civil que estuvieron atentos al proceso para mantener el orden, se relajaron cuando cientos de personas se empezaron a retirar del parque central de Nebaj.

MUJERES DECIDIRÁN EN LAS VOTACIONES PARA ALCALDE DE NEBAJ, QUICHÉ

La afluencia de las mujeres, en su mayoría jóvenes, en las mesas electorales, es de un 90% en relación a la participación de los hombres, según se puede observar en los diferentes centros de votación a donde miles de personas hacen fila para depositar su voto.

Hasta el momento no se han producido problemas  de consideración en el desarrollo del proceso, salvo algunas anomalías denunciadas por la Red de Organizaciones de Jóvenes Mayas y el Observatorio de Pueblos Indígenas que denunciaron la cercanía y ubicación de las mesas electorales  que no permite la movilización adecuada de las y los votantes, la falta de señalamiento y guías que orienten y que la ubicación del lugar en donde depositan su voto se presta para que se observe porque partido han votado.

Por su parte la Alcaldía indígena señaló en conferencia de prensa realizada esta mañana, que se sabe de la compra de votos por parte del Partido Patriota y el acarreo de gente de diferentes lugares, incluso de Uspantán de donde ha llegado la camioneta placas P784DDX llena de personas y se teme que sean provocadores y puedan crear conflictos. Hicieron un llamado a los dirigentes de los partidos para que demuestren su madurez orientando a sus partidarios a que eviten cualquier tipo de confrontación.

También denunciaron la compra de votos por parte del PP que está dando entre Q.800.00 y Q.1000.00 por voto, así como el regalo de zapatos de mujer a cambio de que voten por el candidato del partido.  

Según representante de la Alcaldía indígena “a este proceso se le llama fiesta,  pero hay una fuerte tención, por la presencia de personas que han traído de Uspantán y otros municipios y que se niegan a identificarse. Todo esto, según la Alcaldía indígena le da un mal sabor a las elecciones por el comportamiento negativo de los partidos políticos.

Esta denuncia también fue recibida por los observadores de Acción Ciudadana, además de la presencia del diputado Mario Galdámez en Acul y otros centros de votación, presionando para que voten por su candidato. Contra el diputado existe una serie de denuncias de ciudadanos.   

Se denunció y así se pudo constatar la afluencia de personas a la sede del Partido Patriota en donde reciben instrucciones y se les proporciona, entre otras cosas,  una botella de agua con la condición de que vuelvan después de ejercer el voto. Se teme que se haga realidad lo denunciado el día de ayer ante La Procuraduría de los Derechos Humanos de utilización del bono seguro y las amenazas de mantener guardias con cámaras cerca de las mesas para ver por quien votarían. La denuncia fue presentada por la señora Catarina Santiago Guzmán, beneficiaria del bono seguro, que la obligaron a ir a la sede del PP en donde el señor Pablo Santos Álvarez,  la coaccionó, intimidó y engaño para hacerla llegar a la sede a recoger el bono. 

Se  temía que en Salquil y se produjeran desordenes por la actitud violenta de varios miembros del partido oficial, pero hasta el momento no se reporta ningún incidente como los que ocurrieron el día de ayer cuando autoridades indígenas fueron agredidas la señorita Amalia Catalina Melendrez Velásquez y su progenitora Catarina Melendrez Velásquez, por una turba que llegó a su residencia, les golpeó  y les amenazaron con incendiar la casa.

Elementos de la Policía Nacional Civil se encuentran desplegados en los diversos centros de votación, previendo cualquier incidente que pueda darse, pues los ánimos han estado caldeados, especialmente  en la cabecera municipal en donde en días anteriores se produjeron enfrentamientos.  

AGREDEN A AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD INDÍGENA DE NEBAJ, QUICHÉ

Un día antes de las elecciones para alcalde en Nebaj, Quiché, se han producido múltiples hechos que anuncian tormentas para el día de mañana en que el pueblo acudirá emitir su voto. A eso de las nueve treinta de la mañana se produjo la agresión contra la señorita Amalia Catalina Melendrez, de 24 años, cuando una turba de mujeres, miembros del Partido Patriota llegó a su casa de habitación gritando improperios y allanaron su vivienda.
Amalia Catalina fue agredida con machete y piedras, por lo que tuvo que ser atendida en el hospital de la localidad. A eso de las diez de la mañana autoridades de la Alcaldía Indígena fueron agredidas por otros miembros del Partido Patriota y el Secretario Ejecutivo y miembro del Concejo de dicha alcaldía, fue agredido y le fue arrebatada su vara de autoridad. Según explicaron están siendo señalados por el Partido Patriota y por las empresas mineras de ser guerrilleros, lo que representa que se olvidan que hace 17 años atrás se firmó la paz en Guatemala.

De la misma forma el diputado Galdamez, a través del cable local, utiliza los mismos términos contra autoridades de la Alcaldía Indígena y especialmente contra el exdiputado y actual autoridad indígena en Nebaj, Pablo Ceto. Al diputado Gladamez se le acusa de ser uno de los incitadores en contra de las personas que no están de acuerdo con la repetición de las elecciones.
El despliegue de fuerzas policiacas en Nebaj, provoca nerviosismo en la población según miembros de varias organizaciones sociales y les critican que no hayan intervenido cuando se dio la agresión contra las autoridades de la Alcaldía indígena y de la señorita Amalia Melendrez quien se recupera de los golpes recibos por la turba.

Las denuncias fueron presentadas al Ministerio Publico con una serie de nombres de las personas responsables de la agreción que deben ser investigadas.

“La decisión comunitaria es que las empresas que llegan abusiva e irresponsablemente, propiciando violencia y confrontación, sean expulsadas del país”

Testimonio de Rubén Herrera. La primera conflictividad con transnacionales en la zona de Barrillas es a partir de 2008, cuando aparece Hidro Santa Cruz.

Sin embargo, cuando las transnacionales llegan ya tienen mapeados los ríos y el potencial hídrico. Toda la zona norte, especialmente Barrillas y San Mateo Ixtatán, tiene la mayor recarga hídrica, una gran cantidad de agua en el territorio. Así que no es solamente Hidro Santa Cruz sino el conjunto de intereses alrededor de la privatización del agua dulce de los ríos y la producción de energía.

Las actas y las asambleas comunitarias se convierten en un mecanismo de defensa posterior a la consulta comunitaria. Dicen que la consulta comunitaria sólo habla de minería, pero en todos los acuerdos con las corporaciones, en las actas, dicen que las consultas son contra la minería y los recursos naturales.

Lo que pedimos es que se respete la consulta comunitaria y las asambleas comunitarias en función de la decisión de las comunidades. Y la decisión es que este tipo de empresas que llegan de forma abusiva e irresponsable, a propiciar la violencia y la confrontación, sean expulsadas del país.

Hay que exigir al gobierno respeto a estas consultas y asambleas.

Hay que denunciar al Banco Mundial y a los bancos que protegen y dan dinero a estas empresas.

Por fin, tenemos que ver el problema de la hidroeléctrica como un problema general, que vincula minería, petróleo y otros proyectos.

A un año de la liberación de los presos políticos de Barillas

El 9 de enero de 2013 los presos políticos fueron dejados en libertad, a partir de la clausura provisional del proceso, y después de 8 meses de detención.

Se ha documentado este hecho como detención ilegal. Naciones Unidas, en su informe de 7 de enero recibido por la Asamblea General, manifestó:

El 2 de mayo, durante el estado de sitio, se realizaron nueve detenciones arbitrarias y/o ilegales sin orden judicial, perpetradas por parte de particulares que manifestaron ser víctimas de los acontecimientos del día anterior. Los detenidos fueron acusados de haber participado en los disturbios. No pudieron presentar sus primeras declaraciones ante un juez competente hasta dos semanas después de su detención”.

El Grupo de trabajo de detenciones ilegales, opinión 46/2012, con sede en Ginebra, Suiza, reafirmó el carácter ilegal de esta detención.

A pesar de estas opiniones, no se ha clausurado de forma definitiva el proceso contra los detenidos en mayo de 2012, mientras se abren nuevos procesos, que pueden ser igualmente calificados de arbitrarios (Rogelio Velásquez y Saúl Méndez).

El Estado no ha pedido perdón por la arbitrariedad y el uso excesivo de la fuerza, y no ha previsto resarcimiento para los expresos y sus familias. Por la libertad de los presos políticos de Barrillas y Guatemala Nuestra dignidad no tiene precio 3

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Memorial 7 de enero 2013, comunidades de Barrillas

Recordamos el Memorial elaborado por comunidades de Barrillas el 7 de enero de 2013, que continúa vigente en sus demandas principales: Fuera Hidro Santa Cruz de Barrillas, respeto a las decisiones comunitarias, fin de la persecución política, liberación de presos políticos y resarcimiento a la comunidad por los daños causados por la empresa Hidro Santa Cruz.

Los abajo firmantes somos alcaldes comunitarios, autoridades religiosas, autoridades indígenas, integrantes de COCODES de primer nivel, comités de tierra, comités de mujeres, ancianos, ancianas, mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños integrantes de las comunidades indígenas Maya Q´anjobal Huehuetenango.

Vivimos en ambas márgenes del río Q´am B´alam, que seremos afectados de manera directa e indirecta por la construcción de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz. Somos comunidades Maya Q´anjobal descendientes de los pueblos originarios que hemos habitado esta región antes de la llegada de los españoles.

Las comunidades actuales tenemos cientos de años de vivir sobre estas tierras, y hemos cuidado todos los recursos naturales como los ríos, los lagos, las montañas, las aves y toda clase de animal que viven en nuestro alrededor.

Con ellos tenemos una relación especial y consagrada. También somos fieles en mantener nuestra organización política, social, económica y cultural, de conformidad con la cosmovisión Maya Q´anjobal, que nos han Por la libertad de los presos políticos de Barrillas y Guatemala Nuestra dignidad no tiene precio 4

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heredado nuestras abuelas y abuelos. Nos causa sorpresa y preocupación por el ingreso ilegal e imprudente de la empresa Hidro Santa Cruz en nuestro territorio hace cuatro años, cuando iniciaron el aforamiento del río sin el permiso del pueblo de Barillas, periodo en el que inicia un ambiente intolerante que restringe e infringe nuestras prácticas milenarias de organización social, política y cultural, de conformidad con nuestra filosofía cosmogónica del municipio de Santa Cruz Barillas.

El representante legal de esta empresa, siendo el señor Luis Castro, coacciona la voluntad y conciencia de nuestras autoridades. A pesar de que el alcalde municipal ha manifestado temer a Dios, sin embargo, conjuntamente nos presionan a aceptar la firma de un convenio cuyo contenido es absurdo e ilegítimo, con el propósito de pueblo.

Además, desde el ingreso a nuestro territorio, él, con sus trabajadores y otras personas que lo siguen, quienes han tenido los siguientes comportamientos:

Una presencia ilegal en nuestro territorio promoviendo persecuciones y órdenes ilegales de captura ilegales contra nuestros líderes.

Imposición del estado de sitio que desalojó a familias de su hogar.

División entre nuestro pueblo. Compra de la tierra con engaños, amenazas e intimidaciones a nuestro pueblo.

La amenaza públicamente de muerte a Ermitaño López por Juan Garrido, quien contrató a los dos responsables del atentado en el que asesinaron a nuestro hermano Andrés Francisco Miguel, dejando en saldo dos heridos de los cuales no se sabe nada.

La restricción a los resultados de nuestra Consulta Comunitaria de Buena Fe, realizada el 23 de junio de 2007, donde 46,481 dijimos no a la construcción de represas y otros megaproyectos en nuestro territorio.

El encarcelamiento a nuestros líderes, acusándolos de los delitos de allanamiento, coacción, amenazas, incendio, actividad contra la seguridad de la nación, secuestro, detención ilegal, terrorismo.

Construir la empresa Hidro Santa Cruz a favor de esta misma transnacional y no del pueblo.

Un total irrespeto a los compromisos del Estado de Guatemala como estado miembro de la OIT en cuanto al respeto al derecho previo, libre e informado. Por la libertad de los presos políticos de Barrillas y Guatemala Nuestra dignidad no tiene precio 5

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La falta de respeto a nuestra autodeterminación como pueblo indígena.

No se ha reparado los daños material, psicológico, cultural, político y económico causados.

El incumplimiento a la notificación dirigida a la Empresa por la Municipalidad en cuanto a la suspensión del trabajo de la misma debido a la inconformidad de los vecinos.

El Ejército interrumpió las medidas de seguridad que el pueblo ha decidido.

No hay respeto a la recomendación del Relator de la ONU referente al respeto a los resultados de las consultas comunitarias. Compraron la voluntad de los COCODES.

Por lo expuesto anteriormente exigimos lo siguiente:

A. Exigimos respeto a nuestras autoridades municipal y comunitaria, porque son nuestras autoridades e instancias representativas, legales y legítimas de conformidad con lo establecido en el marco del Convenio 169 de la OIT.

B. Que se respeten los resultados de nuestra Consulta Comunitaria de Buena Fe.

C. Que se tome en cuenta lo anunciado por el Relator de las Naciones Unidas en cuanto al cumplimiento y respeto de las consultas comunitarias como medios de consenso para salvaguardar los derechos fundamentales. Ese es el espíritu.

D. No a la militarización de nuestro territorio como uso de intimidación a nuestra sociedad.

E. Que se retire lo más pronto sin mediación alguna la empresa Hidro Santa Cruz de nuestro territorio.

F. Que los presos políticos detenidos ilegalmente sean puestos en libertad.

G. Que las órdenes de captura giradas en contra de líderes y lideresas de las comunidades sean anuladas.

H. Que termine la presión, el chantaje y las amenazas contra las familias de los detenidos y de las personas perseguidas políticas para que firmen documentos a favor de Hidro Santa Cruz a cambio de su liberación y la renuncia de sus derechos ciudadanos. Por la libertad de los presos políticos de Barrillas y Guatemala Nuestra dignidad no tiene precio 6

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I. Pedimos un resarcimiento inmediato a las personas dañadas de manera directa e indirecta por la empresa, para no repetir los mismos acontecimientos.

Fundamento legal

A. Artículos 63,65 y 66 del Código Municipal.

B. Artículos 1, 33, 35 y 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

C. Artículos 6, 7 y 15 del convenio 169 de la OIT.

D. Artículos 4, 12 y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

E. Artículos 3, 4, 5 y 30 de la Declaración NNUU sobre derechos pueblos indígenas.

Se adjuntan fotocopias de actas comunitarias. Exigimos respuesta a nuestras peticiones con base al tiempo que estipula la ley.

De no ser aceptada nuestra demanda haremos uso de nuestros derechos de conformidad con las leyes nacionales e internacionales vigentes.

Santa Cruz Barillas, 7 de enero de 2013

Boletín 3 de enero, con declaraciones de Carmelia Mérida, esposa de Rogelio Velásquez, preso político, en http://es.scribd.com/doc/195345146/Nuestra-dignidad-no-tiene-precio-boletin-3-de-enero-de-2014

“Hacemos responsable a la empresa de todo lo que nos está sucediendo porque desde que llegó la empresa empezaron todos los problemas. En nuestro caso no sabíamos lo que era una manifestación, pero por causa de la empresa es cuando empezó el pueblo a unirse y a manifestarse”.

Apelarán resolución que beneficia a Ríos Montt La Sala Primera de Apelaciones rechazó dos amparos que buscaban que se reiniciara el juicio en 2015.

"Esto sucede como una amnistía de facto, porque no les ha resultado la amnistía sobre los hechos del conflicto”.

Edgar Pérez, abogado de AJR.

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Años fue la condena anulada en contra de Efraín Ríos Montt. 

Álvaro Montenegro > amontenegro@elperiodico.com.gt

Edgar Pérez, abogado querellante de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), anunció que mañana presentará una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra de la decisión de la Sala Primera de Apelaciones, que confirma el regreso del proceso en contra del exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt, al 23 de noviembre de 2011. 

“Esto sucede como una amnistía de facto, porque no les ha resultado la amnistía sobre los hechos del conflicto”, declaró Pérez, quien agrega que estos casos se dificultan porque después de los conflictos armados, en todos los países, los que participaron en los gobiernos todavía mantienen su poder político. 

Franc Martínez, magistrado presidente de la Sala Primera de Apelaciones, opinó que “no cabía amparo sobre amparo” y por lo tanto, queda en vigencia la decisión del 18 de abril de 2013 de la jueza de Mayor Riesgo A, Carol Patricia Flores, donde regresó el caso a 2011, a la fecha que fue separada del proceso a petición de los querellantes. 

El abogado de Ríos Montt, Moisés Galindo, se sintió complacido por la decisión de la Sala de Apelaciones, ya que al regresar el caso a esta fecha, Ríos Montt queda libre porque en ese momento aún no había sido ligado a proceso.

Con la resolución de la Sala Primera, se termina la duda sobre en qué fase procesal se encuentra el caso, indicó Galindo. 

El Tribunal de Mayor Riesgo B había fijado el 15 de enero de 2015 como fecha para la reanudación del juicio contra Ríos Montt y el exjefe de inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez, el cual fue anulado por la CC el 10 de mayo del año pasado. 

En ese juicio, Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y deberes contra la humanidad, mientras que Rodríguez Sánchez fue absuelto de las acusaciones. La fiscalía y los querellantes los acusaban de haber planeado un exterminio de la población ixil durante el gobierno de Ríos Montt, de marzo de 1982 a agosto de 1983. 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20140111/pais/240791/