ECONOMÍA Y AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA Y CAMPESINA, UNA OPORTUNIDAD PARA LA POBLACIÓN GUATEMALTECA
Reactivación con Transformación
Nunca como en esta crisis ha sido tan clara la relevancia de la agricultura a pequeña escala y del aporte estratégico de las familias campesinas y las comunidades indígenas. Nuestro esfuerzo por llevar el alimento a la mesa de las familias en pueblos y ciudades está a la vista. Durante la presente crisis provocada por el COVID19, el pueblo de Guatemala está abasteciéndose y alimentándose de lo que las y los campesinos, los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, en general, hemos producido en nuestras pequeñas parcelas.
A lo largo de los años, casi sin apoyo estatal, hemos ofrecido a la sociedad entera alimentos producidos en condiciones muy adversas, de acuerdo con nuestras técnicas de producción, que son un conjunto de conocimientos y saberes que nos legaron nuestros antepasados y, en algunos casos, procesos agroecológicos.
En los municipios es la producción local la que permite que las familias puedan alimentarse a pesar de las restricciones que la situación nos impone. Nuestra economía familiar es un conjunto de actividades agrícolas, pecuarias y artesanales, entre muchas otras, que concilian sociedad y naturaleza. Los pueblos indígenas, además, hemos cuidado por siglos los bienes comunes pensando en las generaciones futuras.
Es por ello que, frente a la situación actual, las familias y las comunidades campesinas e indígenas, estamos llamadas a cumplir un papel activo y propositivo ante la sociedad guatemalteca.
La situación global creada por el Covid19 está teniendo y tendrá impactos profundos en nuestra realidad nacional, frente a los cuales debemos responder en dos perspectivas: la coyuntural y una posterior a la crisis; a la vez que en múltiples dimensiones: en la sanitaria, la económica, la social, cultural y política.
Estos son momentos que requieren de la unidad social y política de todos los sectores del país para afrontar la situación y encontrar, en medio de la crisis, una oportunidad trascendental para buscar acuerdos que permitan disminuir al máximo posible los efectos dramáticos inmediatos y abordar conjuntamente la situación económica que se producirá en el corto y mediano plazo.
En Guatemala, casi la mitad de la población sigue habitando en las áreas rurales y en ellas más del 60% son hogares que se dedican a la producción de alimentos, es decir a la agricultura familiar; estos hogares aportan aproximadamente el 70% de los alimentos que se consumen en el país. Lamentablemente, estos mismos hogares campesinos se encuentran en las condiciones más graves de pobreza y pobreza extrema, situación que se concentra aún más en los hogares y pueblos indígenas, excluidos secularmente.
Los pueblos indígenas, las campesinas y los campesinos, y los pequeños productores agrícolas, no podemos ser invisibilizados en esta crisis ni en sus consecuencias. Todas las decisiones y acciones que se acuerden y ejecuten deben incorporar nuestra participación, como parte fundamental de la sociedad guatemalteca.
Es en virtud de lo anterior, que las organizaciones indígenas y campesinas hacemos la presente propuesta desde un horizonte nacional, contribuyendo a la articulación de amplias confluencias sociales y políticas, en la cual el papel de lo público tiene que estar indiscutiblemente en primera línea. Esta crisis sanitaria ha demostrado a nivel mundial la necesidad del Estado, sin que esto signifique que ignoremos el rol del mercado, pero afirmando que en él interactuamos distintas fuerzas sociales y económicas, incluyendo a las economías campesinas y a un amplio sector productivo a nivel comunitario, local y nacional.
Las perspectivas de inmediatez y de mediano plazo
La inmediatez
Conscientes de los profundos e históricos problemas estructurales que subyacen en la realidad nacional, es el momento de aprovechar esta crisis para abordar, entre todos, los aspectos más urgentes, relevantes y comunes que en estos momentos nos aquejan. Uno de ellos es, sin duda, la necesidad de garantizar el funcionamiento de las cadenas de suministro de alimentos, en su producción, procesamiento cuando fuere el caso, transporte y distribución. Debe garantizarse con prioridad nacional el abastecimiento y el acceso local a los alimentos para toda la población.
En el plazo inmediato, es fundamental que los alimentos se sigan produciendo y distribuyendo, para lo cual resulta primordial la asistencia, el apoyo financiero y técnico a quienes nos dedicamos a ello. En este sentido, las transferencias monetarias que se han acordado hasta el momento para apoyar a los sectores más vulnerables, no pueden dejar fuera a los hogares campesinos y el mecanismo para que esto ocurra debe ser eficaz, práctico y pertinente.
Si bien en el área urbana es posible identificar a los beneficiarios de las transferencias a través de la factura de consumo de energía eléctrica, éste no es el mecanismo que permitirá la inclusión de los hogares campesinos más pobres, pues es bien sabido que hay muchas comunidades rurales que no cuentan con energía eléctrica.
Por otro lado, las necesarias medidas sanitarias de distanciamiento social y la prohibición de circulación del transporte público no deben llegar al extremo de convertirse en medidas arbitrarias producto del pánico, ni pueden conculcar derechos humanos irrenunciables de las comunidades rurales más apartadas. La movilización de los alimentos desde las áreas en las que se producen hasta los mercados y consumidores debe estar garantizada por el gobierno central y facilitada por las municipalidades. Y el acceso a la salud para las comunidades rurales, que en condiciones normales ya era deficiente y escaso, sin transporte es simplemente nulo. El derecho a la salud no debe ser vulnerado en las actuales circunstancias.
En términos generales, las medidas sanitarias que establezca el gobierno central no deben ignorar las realidades territoriales existentes, ni el rol que juegan las autoridades locales, no sólo las ordinarias establecidas en el régimen legal, sino que también las autoridades indígenas ancestrales y las autoridades comunitarias, así como otras formas de organización comunitaria, que deben ser reconocidas con toda la legitimidad que las acompaña. Son estas autoridades y formas de organización propias las que han garantizado que en nuestro país no se hayan producido desbordes, que las comunidades hayan demostrado resiliencia frente a múltiples desastres y adversidades, y que las medidas de prevención hayan sido adoptadas rápidamente por la población en el campo.
El decidido rol del gobierno ejerciendo su poder político en esta crisis es comprensible, pero no puede aceptarse que derive en acciones represivas que criminalice las expresiones y reivindicaciones justas de las poblaciones en los territorios rurales.
En esta dirección y para abordar la coyuntura inmediata, las organizaciones indígenas y campesinas abajo firmantes planteamos:
1. Que se suspenda inmediatamente la ejecución de órdenes de captura en contra de líderes comunitarios que reclaman y defienden sus legítimos derechos como trabajadores agrícolas y comunidades indígenas y campesinas, así como los desalojos extrajudiciales de comunidades que se están desarrollando, aprovechando la crisis humanitaria y las restricciones generales videntes.
2. Que el Estado transforme la concepción paternalista que tiene sobre las familias campesinas y las comunidades indígenas. Exigimos que se nos deje de ver como sujetos de asistencia social o meros “beneficiarios”. Las y los campesinos, y las comunidades indígenas, somos sujetos económicos que sostenemos la economía local; somos productoras y productores que abastecemos el mercado nacional de alimentos; somos ciudadanos plenos.
3. Que el MAGA asuma la rectoría de la producción agropecuaria, otorgando prioridad a la producción de alimentos, orientando los fondos disponibles y el personal técnico y de extensión a este propósito, tomando en cuenta a las organizaciones de las y los productores a pequeña escala existente en los territorios.
4. Que el MAGA nos dote de semillas criollas y sistemas de riego donde se requiera, para la siembra de la próxima cosecha y facilite la creación de bancos comunitarios de semilla.
5. Que el MAGA invierta y promueva la instalación de centros comunitarios para la preparación de abono orgánico y otros insumos ecológicos.
6. Que tanto el Ministerio de Ambiente como el MAGA garanticen el acceso al agua para la producción campesina, evitando el acaparamiento y desvío de los ríos y dotándola de sistemas de riego para la producción de alimentos donde se requiera.
7. Que el MAGA invierta en el manejo de la post cosecha, creando centros de acopio de la producción campesina a precio justo y reservas de granos para la población que necesitará comprarlos, sin coyotes ni alza de precios.
8. Que el Organismo Ejecutivo promueva la compra de productos campesinos locales por otras instituciones del Estado, así como las municipalidades faciliten la instalación de mercados campesinos en condiciones de inocuidad y cercanos a nuestros poblados.
9. Que el Ministerio de Economía acompañe y apoye los esfuerzos de las familias campesinas con créditos en esta etapa de emergencia, con tasas de interés bajas, de otorgamiento rápido, con fines de producción y/o de comercio, a la vez que impida el acaparamiento de productos y la especulación.
10. Que se atienda con prioridad a las organizaciones de mujeres productoras, se les provea de financiamiento y se les asegure el acceso a los mercados locales donde venden directamente su producción, facilitándoles el transporte y organizando espacios adecuados e inocuos de venta directa al consumidor. Lo anterior será de mutuo beneficio para las poblaciones locales y las productoras, y una buena medida para evitar el acaparamiento y el incremento de precios que sólo favorece a los intermediarios.
11. Que el Estado facilite medios de transporte para que se desarrollen y puedan operar redes de comunidades y organizaciones asociativas campesinas, para la venta y el intercambio de sus productos a comunidades vecinas y comunidades de otras regiones, en condiciones seguras, a precios justos, sin acaparadores ni coyotes.
En el mediano plazo
La reactivación de la economía no puede pensarse únicamente en términos macro- económicos, ni sólo atendiendo a la economía formal y a quienes participan en ella. Tampoco el necesario apoyo a la mediana y pequeña empresa es suficiente. Debe reconocerse la relevancia cuantitativa y cualitativa que tienen las economías familiares campesinas, su aporte insustituible a la producción de alimentos y el rol que en ello juegan los saberes ancestrales históricamente acumulados por los pueblos indígenas. De igual manera, es también fundamental reconocer la relevancia de las economías familiares campesinas en términos de la producción artesanal, el empleo que generan y el consumo de bienes y servicios que representan, aún en medio de la precariedad existente.
La economía campesina, en sus múltiples actividades productivas y la agricultura familiar en particular, debe ser parte de las actividades productivas que promueva el Estado frente a la crisis, no sólo desde la necesaria perspectiva de seguridad alimentaria y nutricional, sino también en sus capacidades y potencialidades para producir riqueza y contribuir a la salida de la crisis en el mediano plazo.
Con relación a la seguridad alimentaria y nutricional, está claramente establecido en la ley correspondiente que ésta debe entenderse como: “El derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y permanentemente a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa”. Esta definición legal hace contundente el rol de la agricultura familiar para que ella pueda darse.
La economía campesina, con el decidido apoyo del Estado, tiene toda la potencialidad de convertirse en una vía de superación de la pobreza para millones de personas pobres y excluidas, a quienes el Estado no debe considerar en las políticas públicas únicamente como destinatarios de acciones asistencialistas, sin que esto ignore que tales acciones sean temporalmente necesarias.
Tomando en cuenta la gravedad de la problemática migratoria y las masivas deportaciones desde Estados Unidos y otros países del norte global, el fortalecimiento de las economías campesina es, además, un factor clave para evitar la expulsión de compatriotas, especialmente de la juventud rural. Esa juventud en búsqueda de trabajo y otras oportunidades fuera del país, puede y debe integrarse al desarrollo en el campo. Con oportunidades en el país, el campo necesita a su juventud.
El MAGA en esta coyuntura
Es lamentable la debilidad en la cual se encuentra el MAGA, producto de las políticas de ajuste estructural que lo desmantelaron desde hace algunos años y de la irresponsabilidad de diversos gobiernos que lo convirtieron en una cartera clientelar y asistencialista.
Es urgente FORTALECER al MAGA y, en general, al Sector Público Agrícola. Sin esta acción el Estado no tendrá la institucionalidad necesaria para hacer lo que en esta ocasión estamos planteando. Dada la situación en que este ministerio se encuentra, su fortalecimiento sólo puede ser posible si se transforma y reestructura. El MAGA debe asumir como su misión principal la de garantizar la producción de alimentos para la población.
La realidad debe ser interpretada adecuadamente por el gobierno actual, lo cual significa aceptar que no sólo se trata de impulsar las exportaciones como “la vía” única e indiscutible para desarrollar el agro. Al MAGA le corresponde, ahora en la crisis y posteriormente en el proceso de reactivación económica, el fomento de la economía campesina, particularmente de la Agricultura Familiar y la activación de circuitos cortos de comercialización de bienes y servicios que se producen en el campo y el medio rural.
En tal sentido, es alentadora la reciente declaración “El COVID-19 y los Riesgos a las Cadenas de Abastecimiento de Alimentos” emitida por los Ministros y Secretarios de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Desarrollo Rural de 25 países de América Latina y el Caribe, la cual fue suscrita por el entonces titular del MAGA, donde están anunciadas las medidas que, según indican, “tomamos y seguiremos tomando a fin de asegurar el abastecimiento de alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para los 620 millones de consumidores de nuestra región”.
Entre las acciones que se plantean realizar los Ministros de la región está: “Proveer asistencia técnica y financiera a los pequeños y medianos productores agrícolas, pesqueros, acuícolas, ganaderos, y pequeños y medianos agroindustriales, que aportan una alta proporción de los alimentos básicos para el consumo nacional. Sostener y, en algunos casos, aumentar su producción es esencial”.
Debemos precisar que, aunque para los campesinos la institucionalidad agraria y agrícola es de primer orden, la integralidad de las respuestas que la situación coyuntural y de mediano y largo plazo requiere, hace necesario fortalecer la institucionalidad del Estado en su conjunto, esfuerzo que implica una adecuada coordinación intersectorial entre diversas instancias estatales fortalecidas, sin dejar de considerar el tema fiscal y tributario.
El paso urgente que proponemos
Las organizaciones campesinas que suscribimos el presente planteamiento con decisión y responsabilidad afirmamos que es necesario promover una CONFLUENCIA NACIONAL para afrontar la situación coyuntural que vivimos y los efectos dramáticos que seguramente se producirán en la economía del país, en el mediano y largo plazo. Nosotros, las y los campesinos, las comunidades indígenas y los pequeños productores agrícolas, estamos decididos a participar en este urgente esfuerzo de unidad social y política a nivel nacional.
El Presidente Alejandro Giammattei, en este período de excepción, debe asumir un liderazgo INCLUYENTE en esta dirección, para encontrar, entre todos, una salida a la crisis que actualmente vivimos. Esta salida coyuntural y de mediano plazo no puede ignorar a las y los campesinos, como tampoco a las comunidades y a los pueblos indígenas. En tal sentido, manifestamos nuestra determinación de participar con responsabilidad y espíritu de convergencia en esta tarea impostergable.
Proponemos al Organismo Ejecutivo realizar un esfuerzo conjunto para definir una estrategia de fortalecimiento del MAGA y del Sector Público Agrícola, para que estén en condiciones de cumplir con el rol que hemos expuesto en los párrafos anteriores, partiendo de comprender que sin su restructuración no será posible fortalecerlos.
Asimismo, le solicitamos al Presidente Giammattei que, lejos de desmantelar la Secretaría de Asuntos Agrarios, le otorgue la importancia que tiene, la sanee y la fortalezca, para que cumpla su rol de abordar la conflictividad agraria resultante de una historia de injusticia, marginación y discriminación en contra de las y los campesinos y de las comunidades indígenas. El tema agrario, en particular, ha sido controversial, pero deriva de la persistente concentración de la tierra e ignorarlo no conduce a su superación.
Es substancial y de urgencia que se revise la situación en la que se encuentran las familias que accedieron a la tierra a través de crédito del Fondo de Tierras, pues en la crisis actual requieren se les condone la deuda y se fortalezca su capacidad productiva. El Fondo de Tierra requiere, igualmente, ser reformado para que cumpla el propósito original de ser un instrumento efectivo para abordar la problemática agraria.
Los sectores empresariales del agro deben superar los intereses exclusivamente sectoriales y comprometerse con un desarrollo nacional incluyente, que no implica excluir la rentabilidad racional de las actividades empresariales de distinto tipo.
A la población urbana, le pedimos que comprenda, a partir de la experiencia que estamos viviendo, que sin alimentos no hay vida y que éstos vienen del agro, producidos sustancialmente por nosotros las campesinas y los campesinos. La presente crisis debe acercarnos a los pobladores de las áreas urbana y rural, y conducirnos a buscar soluciones de mutuo beneficio.
Finalmente, las organizaciones indígenas y campesinas nos manifestamos por una CONFLUENCIA SOCIAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL, que incluya a las autoridades ancestrales indígenas con su experiencia y sabiduría, para rescatar el agro del atraso secular al que ha estado sometido.
Nuestro llamado es a la participación activa de toda la Sociedad Civil del país, junto a los representantes del Estado. Confiamos que si nuestro llamado a una convergencia social y política es atendido, presentaremos en su momento y para la consideración de todos y todas, las propuestas técnicas factibles y pertinentes, debidamente desarrolladas.
Guatemala, 15 de abril 2020.
Comité Campesino del Altiplano –CCDA-
Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch’orti’ Nuevo DIA
Comité de Unidad Campesina –CUC-
Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC-
