EL MENSAJE, NO EL MENSAJERO

Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

En nuestro medio es difícil observar los hechos políticos desde una perspectiva de mediana objetividad, debido a la arraigada cultura de analizar estos acontecimientos sobre un tapete emocional, en desmedro de juicios racionales. Todo tiene que ser negro o blanco o, de lo contrario, el rechazo, la descalificación o el menosprecio suelen ser los parámetros de evaluación. 

El problema es que esa manera de ver las cosas nos impide poner el lente sobre aspectos que pueden resultar trascendentales para interpretar apropiadamente ciertas cosas que ocurren en nuestra siempre agitada arena política.

Esta reflexión viene al caso, luego de conocer las recientes declaraciones del diputado Luis Aguirre, jefe de la bancada Cabal, y que han tenido un efecto importante porque apuntan directamente contra algunos (y subrayo ese algunos) de los privilegios históricos de los que ha disfrutado el sector empresarial representado en el Cacif, en su permanente ejercicio de cooptación del Estado guatemalteco. 

Empecemos aclarando: coincido con usted en que Aguirre, el mensajero, no es la fuente mejor calificada para plantear temas de carácter estructural. Hasta hoy no ha mostrado evidencias de ser un político honesto o responsable y no es un secreto para nadie que su gestión arrastra serios cuestionamientos públicos. Tanto su trayectoria legislativa como sus oscuras alianzas políticas han sido objeto de un riguroso y justificado escrutinio.

En cuanto al mensaje dirigido contra el sector empresarial oligárquico, este puede que no resulte novedoso, especialmente para quienes estudian metódicamente la realidad política, social y económica del país y que han denunciado desde tiempos inmemoriales la oprobiosa injerencia del sector empresarial en temas estratégicos para el país. 

Lo expuesto por el legislador no es una exuberancia teórica, pero que se diga con nombres y apellidos desde la jefatura de un bloque legislativo rompe un pacto de silencio implícito. Pone sobre la mesa legislativa una realidad innegable: el diseño de un andamiaje legal y fiscal que, por décadas, ha blindado a la oligarquía nacional frente a la libre competencia, asfixiando al consumidor final y a la pequeña empresa. 

Quizás muy pocos saben que los empresarios fueron grandes beneficiarios de la guerra interna, gracias al apoyo del Ejército y la inexistencia de una estructura institucional que fiscalizara sus movimientos financieros, lo cual les permitió amasar las inmensas fortunas de las que hoy disfrutan.

Al mismo tiempo, se debe considerar, ante la complejidad del tablero de la política guatemalteca, que se cometería un error estratégico si se descarta una verdad incómoda, simplemente por el uniforme de quien la pronuncia. La madurez política ciudadana exigiría un ejercicio elemental: evaluar el mensaje, no al mensajero.

Aunque sabemos que están investidos de demagogia y de la más barata, frases como «tales grupos carecen de conciencia social y afectan a la mayoría de la familia con sus prácticas de lucro desmedido», suenan a pedrada en pleno rostro de la cúpula oligárquica. Al margen de la sinceridad o no de la declaración, ese es en esencia el «mensaje» del «mensajero».

Lo más importante es prestar atención a las acciones, en forma de iniciativas de ley, propuestas por la bancada de Cabal y con las cuales pretendería ponerle el cascabel al roñoso gato oligárquico:

En primer lugar, el hecho de poner a discusión la tantas veces postergada Ley de Aguas, debe ser asumido con un criterio estratégico porque las dificultades de conservación y acceso a los recursos hídricos se ciernen como una amenaza para la existencia humana, tanto en el área urbana como rural. La ponencia no es original de Cabal, sin embargo, la coyuntura presentaría una oportunidad valiosa para plantear soluciones desde la óptica de los sectores democráticos, buscando consensos junto a otras iniciativas planteadas en tal sentido. 

También es digna de tomar en cuenta la idea de concentrar los recursos del Estado en su propio banco, el Crédito Hipotecario Nacional, en lugar de favorecer a las oligarquías financieras de Banrural o del Banco Industrial y que se han beneficiado escandalosamente al acaparar una cantidad impresionante de recursos públicos. Eso debe terminar, pero la respuesta no debe dejarse únicamente en manos de la gente de Cabal.

En consonancia con lo anterior, igualmente se debe prestar la atención debida y, eventualmente, el apoyo respectivo a otras medidas esenciales, tal el caso de evitar los cobros bancarios súper excesivos que se aplican a las remesas que los migrantes envían con la esperanza de brindar un apoyo efectivo a sus familias, sin contar, obviamente, con que tan noble propósito antes debe encarar la desmedida voracidad de esa especie de banqueros que padecemos.

¿Y qué tal si, de una vez por todas, se le imponen aranceles al cemento, uno de los sectores más beneficiados por la histórica y nefasta complacencia estatal hacia los monopolios, una de las actividades económicas que ha consolidado su poder, a expensas de vender el cemento más caro de Centroamérica?

Respaldar la pertinencia de este debate no significa, bajo ninguna circunstancia, otorgar un cheque en blanco a la bancada Cabal ni absolver los desaciertos de la gestión de Aguirre. Significa entender que la discusión sobre el secuestro del Estado por parte de élites corporativas trasciende a los actores de turno. Las declaraciones deben tomarse como lo que son: un insumo, un catalizador para el debate público que destapa los mecanismos coloniales con los que opera nuestra economía.

La sociedad civil y la ciudadanía no deben caer en la trampa de la polarización superficial que invalida los argumentos basándose únicamente en las simpatías personales. Los monopolios en las medicinas, el control corporativo de los recursos hídricos y el uso discrecional de la banca privada para fondos públicos son problemas reales que afectan el bolsillo de la población diariamente.

Al final, el mensajero pasará y el escrutinio sobre su labor en el Congreso debe continuar inalterable. Pero el mensaje —la urgencia de desmantelar los privilegios oligárquicos y democratizar la economía— debe quedarse en la agenda. La ciudadanía debe apropiarse de esa discusión, auditar las promesas hechas y exigir que las palabras se transformen en reformas reales, sin importar de dónde provenga el chispazo inicial.

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