De verdad que causa alivio cuando vemos que el orden natural de las cosas siempre regresa a su cauce. ¿Recuerda usted que, durante cuatro largos años, la diplomacia de la Casa Blanca nos aburrió con aquella monótona, predecible y desgastante cantaleta de la «lucha contra la corrupción» y «el combate a la impunidad»?
Fue un fastidio burocrático que solo sirvió para incomodar a los caballeros de esa especie de política tradicional guatemalteca que padecemos y, por supuesto, para truncar lucrativos negocios de Estado. Menos mal que el libre mercado de influencias es sabio: con el regreso de Donald Trump, el pragmatismo transaccional y el art of the deal vuelven para devolvernos la paz que da el inmovilismo.
Para el caso de Latinoamérica no puede escaparse a nuestro entendimiento la novedosa estrategia del Departamento de Estado, materializada en una fórmula continental más que probada en los laboratorios de la región. En efecto, nos hemos vuelto expertos en asistir al sofisticado teatro de los «empates técnicos», el guion que Washington impulsa actualmente y que no podía ser más perverso en su diseño.
En dos platos: se polariza el ambiente electoral al extremo, se asusta a las clases medias con el fantasma del comunismo internacional y así, la primera vuelta se desarrolla en un ambiente tenso, impredecible y complicado, cuyo desenlace se anticipa de fotografía, contribuyendo a que la ciudadanía se decante por dos opciones: el perverso progre hijo del demonio versus el conservador y bendecido por Dios.
Así, en la segunda vuelta electoral se definirá milagrosamente el destino de la patria, gracias a un puñado de votos a favor del candidato predilecto de los mercados, las cámaras empresariales y las iglesias pentecostales y neopentecostales. Lo vimos en el Perú pos-Castillo, en las encuestas colombianas, en la complicada contienda de Honduras y más recientemente, en las elecciones brasileñas, todavía por definirse.
¿Y para el caso de Guatemala? Seamos honestos: Esperar hasta el mismísimo día de la votación para ver si el soberano pueblo amanece con ganas de elegir «bien», es un riesgo que los verdaderos dueños del país no tienen por qué correr. ¿Para qué pasar por la angustia colectiva del conteo de votos en una apartada escuelita rural, si podemos solucionar, limpiar y empaquetar las elecciones mucho antes: en la pulcritud (es un decir) de los tribunales capitalinos o en la ostentosa sede del emporio cementero?
El lawfare —ese hermoso eufemismo que describe el uso del sistema de justicia como si fuera un mazo político— promete ser la gran estrella de la temporada electoral 2027. Ya tuvimos un delicioso ensayo general en 2023, cuando el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad descalificaron candidaturas incómodas, con la precisión de una cirugía estética.
Para la contienda del año próximo ¡albricias!, el escenario estará aún más maduro. Con unas cortes profundamente alineadas al corporativismo tradicional, y sin el «estorbo» de las agencias de cooperación internacional auditando la pureza del proceso, la preselección de la oferta electoral se anuncia inevitable.
Otra arista de la estrategia para evitar que el ciudadano común se distraiga con ideas «exóticas» de cambio, la tecnología se nos dejará venir con su más noble herramienta: la desinformación industrializada, por medio de las redes sociales. La campaña del 2027 no se ganará debatiendo planes de gobierno sobre salud o educación (¡qué aburrido!) sino financiando granjas de netcentersespecializadas en el asesinato de reputaciones.
Sin embargo, los cocineros de esta democracia de diseño enfrentarán su mismo dolor de cabeza de siempre y que representa el único ingrediente que se niega a beber el trago amargo que ofrece Washington: el incómodo factor de las comunidades indígenas y sus autoridades ancestrales.
Mientras la élite urbana se escandaliza en redes sociales o se encoge de hombros con resignación criolla, las comunidades del interior del país han demostrado que poseen una memoria histórica y una capacidad de resistencia que no se compra con asesorías de imagen ni se dobla con amenazas judiciales.
Ellas representan la verdadera anomalía del sistema; esa incómoda resistencia que, como ocurrió en la accidentada transición del 2023, es capaz de paralizar carreteras, defender los votos en las mesas más remotas y recordarle al poder centralizado que la dignidad no se cotiza en la bolsa de valores.
Y para el 2027, tampoco se puede descartar que el plan de los operadores tradicionales incluya la criminalización selectiva de estas autoridades y el intento de cooptar sus liderazgos locales con proyectos clientelares de última hora. La gran pregunta es si la maquinaria del dinero y el algoritmo podrá fracturar una cohesión comunitaria que ha sobrevivido a siglos de exclusión.
Así que, a menos de un año de las elecciones, insisto: ¿cuál es el panorama que le espera a la ciudadanía? Básicamente, acudir a las urnas con el sagrado, patriótico y constitucional derecho de elegir democráticamente… entre la lista de finalistas que el cabildeo de Washington, el filtro de las altas cortes y el linchamiento de los netcenters, habrá seleccionado.
Al final del día, la soberanía nacional siempre ha sido un concepto demasiado hermoso, delicado y peligroso para dejarlo en manos de los ciudadanos comunes y corrientes. La verdadera democracia de mercado no consiste en votar por quien uno quiere, sino en aprender a agradecer obedientemente el menú que otros ya pagaron, cocinaron y nos sirvieron a la mesa. ¡Menudo platillo… buen provecho, Guatemala!
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