Andrés Cabanas, 25 de julio de 2016
La liberación de siete presos políticos de Huehuetenango, el
pasado 22 de julio, representa un triunfo de la dignidad, la fortaleza y las
convicciones colectivas y comunitarias: frente a proyectos y modelos económicos
explotadores de la naturaleza y las personas, y frente a un Estado que prioriza
el derecho a la ganancia, al costo que sea, sobre el derecho a la vida.
La liberación es también un triunfo de la solidaridad y las
luchas conjuntas: centenares de colectivos y organizaciones (miles de personas
en Guatemala y otros países) se involucraron en la exigencia de libertad a
través de movilizaciones, cabildeo a nivel nacional e internacional, luchas
jurídicas, comunicados, escritos, apoyo económico, apoyo en salud, y muchos
otros, desde la primera detención colectiva de dirigentes, el 2 de mayo de
2012. En este ámbito es necesario señalar la fortaleza de familias, esposas y
compañeras de vida de cada uno de los presos (incluidos los previamente
liberados) que, al creer en la humanidad y la vida, al exigir el ejercicio de
la justicia y la garantía de derechos, marcan una ruta de valentía y esperanza.
Estos principios y formas de acción colectiva logran
interrumpir (todavía no revertir) la ofensiva estratégica de las empresas y el
Estado de Guatemala sobre el norte de Huehuetenango, ofensiva que tuvo el
carácter de final, en cuanto se planteó desarticular la organización a través
de la captura de los dirigentes: Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo
Pablo, Mynor López, Ermitaño López, Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar,
liberados el 22 de julio de 2016; Rogelio Velásquez y Saúl Méndez, liberados en
enero de 2016; Rubén Herrera, liberado en mayo de 2013; Diego Juan Sebastián,
Ventura Juan, Amado Pedro Miguel, Pedro Núñez, Joel Gaspar Mateo, Andrés León Andrés,
liberados en enero de 2013; Marcos Mateo Miguel, Esteban Bernabé y Pascual de
Pascual, liberados en septiembre (el primero) y noviembre de 2012.
Construir un nuevo contexto
Si bien los presos políticos del norte de Huehuetenango
están libres, las amenazas continúan vigentes: órdenes de captura existentes
contra otros dirigentes, especialmente en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa
Eulalia; persistencia en el sistema de justicia de la concepción de derecho
penal del enemigo; consideración de la oposición social y comunitaria como
enemiga (seguridad interna); invisibilización de los pueblos indígenas y sus
demandas. La reducción del Estado a instrumento de coerción y represión con la
anulación del régimen de derechos (de hecho o legal: durante el Estado de Sitio
de mayo de 2012), es un rasgo omnipresente, prácticamente identitario, en la
organización política y social, que condiciona la organización comunitaria.
La sentencia de absolución dictada por un Tribunal de Mayor
Riesgo, que legitima "los derechos de los pueblos originarios" , debe
superar estas visiones para abrir un nuevo contexto político en el norte de
Huehuetenango. En este contexto posible se anotan varios retos:
·profundizar el debate sobre los derechos colectivos y de
los pueblos frente a un modelo económico y político impuesto sin consulta,
contra la voluntad y la cosmovisión de los habitantes;
·hacer real el derecho de libre determinación y las
propuestas de autonomía, a partir de formas comunitarias y asamblearias de toma
de decisión;
·revisar la institucionalidad estatal y el sistema de
justicia, para que cumplan el papel que, hoy, no desempeñan: ser garantes del
bien común y los derechos de todos, y no un "instrumento de poder y
dominación", como reconoce la sentencia del Tribunal;
· fortalecer movilizaciones y articulaciones solidarias,
como apuesta frente a la atomización promovida desde el Estado y las empresas y
a la cultura de imposición que impregna luchas y movimientos.
El actual Estado, construido para perseguir, criminalizar y
encarcelar a dirigentes comunitarios, para priorizar el derecho corporativo
sobre los derechos colectivos, para operativizar un modelo de acumulación de
naturaleza violenta, tiene que ser transformado de raíz.
Publicado por Andrés Cabanas
La persona (Natural o jurídica) que hizo la acusación contra estas personas, causo gravísimos daños a los acusados, sus familias y a la comunidad. Por lo tanto, debe PAGAR POR TODO EL DAÑO HECHO CON SU CALUMNIA.
ResponderEliminarNo es posible causar daño y después salir sin ninguna consecuencia.