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| Gladys Tzul |
Socióloga k’iche’.
Sí. Es tan vivo y presente ese “venimos
a contradecir”, que era la frase que daba inicio a varios de los alegatos
de las comunidades para recuperar sus tierras y para pedir que los criollos no
las invadieran en plena época de la colonia española. Con mas de cinco siglos
de perdurabilidad y consistencia las estructuras de gobierno comunal del norte
de Huehuetenango siguen contradiciendo y defendiendo sus territorios. Fueron
las mujeres y hombres de Santa Eulalia, Barillas, San Juan Ixcoy y San Mateo
Ixtatán quienes dieron aviso a otros territorios indígenas que una embestida de
despojo de tierras se venía contra las comunidades; hábilmente y con su
estrategia comunal de deliberar y de producir discursos y prácticas políticas
convocaron a consultas comunitarias para contradecir al modelo extractivo; se
declararon territorios libres de minería; organizaron la resistencia y con ello
fueron dando cátedra de cómo los pueblos se unen para defender territorios
comunales y para defender el agua.
Lo que ha sucedido en Huehuetenango
en estos últimos años da para escribir crónicas y análisis de como las comunidades
responden a la represión, ha habido historias de muertes de maestros, de
cierre de radios comunitarias, del encarcelamiento de autoridades comunales, de
mucho dolor por la persecución de sus seres queridos.
Historias de q’anjobales ante un tribunal
explicando que no han cometido delitos y que lo que han hecho es defender
la vida y el territorio porque así se los han encargado quienes los nombraron
en asamblea; de mestizos que se unieron a las autoridades comunales para
defenderla vida; de esposas que sostienen la lucha en las comunidades.
Poco importaría la escritura, si esta
tuviera efectos verdaderos de interrumpir la muerte, de liberar a los presos
políticos, de evitar la construcción de hidroeléctricas, y de que las
instituciones estatales no subordinen a las autoridades comunales.
Si de algo sirve la escritura, que
sea para apoyar el histórico acto de contradecir. Por ello propongo tres
puntos desde los cuales el juicio contra las autoridades comunales del norte de
Huehuetenango exhiben el anquilosado corsé de la prolongada colonia en la
república guatemalteca, corsé al cual las comunidades responden y
contradicen.
a) Venimos a contradecir que
los niñxs no son violentos, como se atrevió a decir una testigo que presentó el
Ministerio Público para acusar a los presos políticos del territorio
q’anjobalano. Lo contradecimos porque somos hijxs de mujeres y hombres que día
a día trabajan dignamente, de familias que desde tiempos inmemorables cuidan y
cultivan los territorios comunales; aprendimos con nuestros padres y madres una
serie de estrategias para organizar la vida en colectivo y para resistir a los
despojos. Nuestra escuela política fueron las asambleas comunales, ahí
comprendimos que las tensiones se tienen que regular y se equilibran al
calor de las amenazas; que el trabajo comunal produce riqueza
concreta: las fuentes de agua, los ríos, los caminos, las montañas y las
fiestas, entre varias más.
Somos comunidades que hemos logrado
conservar nuestras tierras donde hoy día las empresas quieren poner sus
hidroeléctricas. Nuestra política comunal hace posible nuestra vida, pero
también hace posible la vida de varios cientos de miles más. Las montañas que
cuidan en el norte de Huehuetenango surten de agua a gran parte de la población
de Guatemala, incluyendo a las personas que osan decir que a los niños
son violentos.
b) Venimos a contradecir, al ministerio público. Las autoridades comunales no son
agitadores. Son autoridades comunales y su función es defender el territorio.
Haciendo una reflexión de corte histórico podemos nombrar que una de las
funciones más importantes de las autoridades se puede resumir de la siguiente
manera: “eran responsables de preservar la integridad territorial de sus
comunidades frente a las incursiones de haciendas y otros pueblos”[3] No hay disociación entre autoridad
comunal y asamblea comunal. Una no existe sin la otra y viceversa. Ser
autoridad adquiere un carácter de obligación por vivir en comunidad. Las
autoridades comunales encarnan la voluntad comunal, pero al mismo tiempo, éstas
se encuentran sujetas a las decisiones de las asambleas comunales[4]. Son las comunidades con sus autoridades quienes por
siglos se han hecho cargo de regular la vida comunal y con ellos han aportado
al país. Todxs sabemos que donde hay presencia de autoridades comunales,
hay menos conflictos.
c) Venimos a contradecir, a
las instituciones de justicia estatal del norte de Huehuetenango. Las
autoridades comunales no boicotean a las instituciones estatales. Así lo
testimonian los presos políticos, que manifestaron que su función es
intermediar y coordinar con los representantes del Estado. Una de sus
principales funciones es reducir los conflictos y los enfrentamientos. Las
autoridades comunales permanentemente busca la coordinación de actividades,
sino, no podríamos comprender que hayan logrado su pervivencia en el tiempo.
Aunque casi todo el tiempo tienen que
lidiar con la subordinación de los funcionarios estatales, quienes muchas veces
hacen gala de su explícito racismo. Muchos de nosotros sabemos que mientras las
autoridades comunales son nombradas y designadas en asambleas, que son cargos
honorarios de mucha responsabilidad y que tienen la obligación de conocer y
respetar el funcionamiento de la estructura de gobierno comunal así como de las
instituciones estatales. Al contrario, los operadores de justicia del
norte de Huehuetenango no tienen ni el mínimo conocimiento del contexto
histórico donde trabajan, muchas veces son gente sin experiencia y que tratan
con mucho irrespeto a sus usuarios. O, varios de ellos, aún y conociendo de las
texturas histórico-políticas de los pueblos donde trabajan, deciden seguir el
juego estatal y se hacen cómplices de subordinar a sus hermanos. Mientras las
autoridades se acercan para hacer coordinación. Estos les responden con el
desconocimiento y la represión.
Así pues, el destino que tengan los
presos políticos del norte de Huehuetenango, marcará el rumbo del antagonismo
entre comunidades indígenas y estado guatemalteco. Así de radical. El tribunal
tiene la oportunidad de comenzar a hacer justicia, de liberarse del espíritu
criollo que funda el Estado guatemalteco.
Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Ermitaño López,
Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, y Mynor López. Aquí afuera
los estamos esperando.
¡Libertad a los presos políticos!
[1] Tomo este extracto del título del libro de Arturo Warman, que
estudia las luchas de los campesinos del estado de Morelos, en México que
reclamaban sus tierras. El Título del Libro se deriva de las
palabras mismas de los campesinos.
[2] Agradezco a Simón Antonio. Ramón Por invitarme a escribir
para FGER. y noticiero Maya K’at.
[3] Tzul Tzul, 2016. Sistemas de gobierno comunal indígena.
Mujeres y tramas de parentesco. SOCEE. TZ’I’KIN y Maya Wuh.
[4] Este punto se encuentra explicado en el peritaje que presente
ante el juzgado de mayor riesgo en el juicio contra los presos políticos de
Huehuetenango.
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