lunes, 25 de julio de 2016

Tribunal de sentencia de Guatemala absuelve a líderes comunitarios y autoridades ancestrales




Por Aroldo Mateo
Después de 14 meses en prisión preventiva como consecuencia  de una persecución política que llevo la detención arbitraria de siete lideres comunitarios y autoridades ancestrales del departamento de Huehuetenango, Guatemala; Francisco Juan Pedro, Sotero Adalberto Villatoro Hernández, Arturo Pablo Juan ambos detenidos el 26 de febrero de 2015 sindicados de detenciones ilegales, instigación a delinquir y obstaculización a la acción penal; Bernardo Ermitaño López Reyes detenido el 2 de junio de 2015 sindicado del delito de detenciones ilegales, instigación a delinquir y obstaculización a la acción penal, Mynor Manuel López Barrios detenido el 30 de noviembre de 2013 sindicado de atentado con agravación específica, instigación a delinquir, detenciones ilegales, amenazas, evasión, robo agravado, Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar de Santa Eulalia, detenidos el 24 de marzo de 2015 sindicados del delito de detenciones ilegales, coacción e instigación a delinquir, finalmente la verdad y a justicia  llegó, la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, dictó una sentencia absolutoria para los defensores de la vida y de los recursos naturales.


Este acontecimiento  puso en claro la criminalización contra líderes comunitarios que han alzado la voz para defender sus recursos naturales y hacer valer sus derechos de una forma democrática. El desconocimiento del funcionamiento del sistema de autoridades ancestrales, la judicialización del ejercicio de los derechos fundamentales, constituye la vigencia de la segregación jurídica, el racismo institucional y la aplicación de la doctrina penal del enemigo en contra de los pueblos indígenas de Guatemala.

Esta sentencia absolutoria condenó la utilización del sistema de justicia a favor de los intereses de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, que desde hace varios años ha vulnerado la paz de las comunidades del territorio Q´anjob´al del departamento de Huehuetenango, al querer imponer un modelo de desarrollo sin consultar a las comunidades, en detrimento de los derechos fundamentales del pueblo y como consecuencia utilizaron el sistema de justicia para detener a los defensores.


En el proceso se evidencio los falsos testimonios de los querellantes, la inconsistencia en sus acusaciones, demostraron que los delitos y acusaciones vertidas en contra de los líderes comunitarios fueron arbitrarias debidamente montadas para criminalizar a los principales opositores a los proyectos hidroeléctricos autorizados sin consulta ni consentimiento de los pueblos por el Ministerio de Energía y Minas.

La imposición del modelo extractivista en las regiones del país  constituye una amenaza real, que lejos de impulsar el desarrollo, propician la voracidad y el carácter criminal de las empresas al violentar la armonía comunitaria, provocación de crisis y violencia, persecución de líderes comunitarios, cooptación del Estado y despojo.

En este proceso quedó vigente la necesidad de investigar la existencia de una red criminal que opera desde los centros de administración de justicia de Huehuetenango como responsables directos de esta tragedia, al mismo tiempo, será necesario un resarcimiento digno a las víctimas de la criminalización por parte del Estado de Guatemala de conformidad con las normas nacionales e internacionales vigentes.

La jueza Yassmín Bariios dijo públicamente creer en la inocencia de los defensores al no existir fundamentos en las declaraciones de las personas que los acusaban  ``las autoridades deben respetar a las comunidades, su forma de organización para devolver la credibilidad de la justicia en Guatemala´´.

Esta sistemática criminalización de las luchas comunitarias incluyó una campaña de difamación y descalificación de las  luchas legítimas, propiciada por las empresas y el mal gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, ahora  detenido por diversos delitos de corrupción.

Admitieron desconocer de los derechos indígenas y de la forma de organización para promover el desarrollo  e instaron a los pueblos a ejercer sus derechos defendiendo el territorio, los recursos naturales.

Por otro lado, llaman a la reflexión a los operadores de justicia a no criminalizar a los pueblos indígenas ya que es necesario fortalecer el estado de derecho en el país y a los empresarios, no criminalizar as conductas ancestrales de los pueblos indígenas marginados históricamente, ya que es necesario que prevalezca la dignidad humana en Guatemala.

Esta situación perversa provocó desestabilidad social, profundizó la estigmatización en contra de defensores de derechos humanos, el odio y racismo en contra de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional.

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