Es el momento de cerrar filas, de oponerse rotundamente a todo acto o ley que restrinja derechos.
Por: Miguel Ángel Albizures
Es inconcebible lo que sigue sucediendo en Guatemala sin que despertemos y empecemos a poner un alto a todas las nefastas iniciativas de los tres poderes del Estado, que atentan contra derechos constitucionales y derechos inherentes al ser humano; por el contrario, la sociedad guatemalteca vive tremendamente polarizada, no logra unificar esfuerzos para construir un nuevo país; el enfrentamiento sigue presente y las amenazas a la vida e integridad de quienes luchan por dar pasos adelante en su construcción, están en grave riesgo.
La ley de ONG es una aberración jurídica que lesiona legítimos derechos ciudadanos y es un atentado a la existencia de asociaciones y organizaciones que contribuyen a mantener espacios democráticos y que están presentes en comunidades en donde el Estado brilla por su ausencia. Pretender, a través de ella, el control de sus actividades, de sus fondos y de sus dirigentes es una injerencia que atenta contra el derecho de organización, movilización y libre expresión, y en cualquier momento se pueden producir los allanamientos y hasta encarcelamiento de sus dirigentes.
El derecho de los periodistas y columnistas a opinar se verá seriamente restringido y con la vigencia de esa ley será permanente la amenaza de procesos judiciales en su contra si critican a los funcionarios. Lo mismo sucederá con jueces y fiscales que llevan los casos de militares por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado, y Guatemala hoy en día necesita jueces, magistrados y fiscales probos, comprometidos con el presente y el futuro del país, que no permitan el retorno a la noche oscura que vivimos y que tanto daño produjo en la sociedad guatemalteca.
El día de ayer, varias organizaciones de familiares de víctimas, víctimas sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos participaron en una manifestación exigiendo justicia por los crímenes cometidos en el pasado, para que no queden en la impunidad y para que se sepa en dónde quedaron los cuerpos de sus familiares detenidos desaparecidos, lo cual es un derecho irrenunciable. Así como los hijos de desaparecidos tomaron las calles, las diversas organizaciones de derechos humanos, sindicales, de periodistas y de los movimientos indígenas y campesinos deben hacerlo en defensa de su derecho a expresarse, movilizarse y exigir el respeto a la Constitución, pues entre otras cosas esa ley da el derecho al Ministerio de Gobernación de acusar a una asociación de atentar contra el orden público y declararla ilegal, pues también tiene potestad para fiscalizar sus fondos y disolverla si considera que sus acciones están fuera de sus objetivos. Por ello es el momento de cerrar filas, de oponerse rotundamente a todo acto o ley que restrinja derechos, pues mañana será demasiado tarde, la dictadura se afianzará y anulará derechos fundamentales.
https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/07/01/seguimos-rumbo-al-abismo/
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