SON MOMENTOS DIFÍCILES PARA JUECES Y FISCALES, PERO TAMBIÉN PARA EL PUEBLO.
MIGUEL ÁNGEL ALBIZURES
Hace pocos días la jueza Silvia de León mandó a juicio oral y público al militar retirado Luis Enrique Mendoza García, al encontrar indicios racionales de que habría cometido el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en contra del pueblo ixil.
Su decisión se basó en importantes artículos del Código Penal, pero también hay que recordar que la Ley de Reconciliación Nacional contempló que “la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”.
El pueblo ixil comprende Nebaj, Cotzal y Chajul; en los primeros años de la década de los años 80 del siglo pasado sufrieron persecución y muerte, arrasamiento de sus cosechas y viviendas, así como la muerte o robo de sus animales domésticos y la destrucción de sus bienes. Todo ello como parte de la política de tierra arrasada que se implementó desde el Estado. Esta violencia los obligó a refugiarse en las montañas, y muchos de ellos tuvieron que buscar la protección del pueblo y gobierno de México, refugiándose en la zona sur de ese país. Por esa época estuvo presente en la región el general Otto Pérez Molina, conocido como Tito, quien ha sido acusado de una serie de situaciones cometidas contra esa población y ahora guarda prisión por otros delitos cometidos en el marco de su gobierno y sobre los que, según parece, el Pacto de Corruptos no permitirá que le alcance la justicia.
El someter a juicio a Mendoza García es decisión de suma importancia para sentar precedentes que impidan que en Guatemala se repitan hechos de genocidio, como los cometidos por el Ejército y los patrulleros civiles en diversas regiones del país. En ese mismo sentido lo denunciaron las mujeres achí de Rabinal, Baja Verapaz, o las mujeres de Sepur Zarco, El Estor, Izabal, quienes fueron sistemáticamente violadas y torturadas en un cuartel militar de esa región. Recordemos que crímenes de lesa humanidad jamás deben quedar sin castigo.
La valiente decisión de la jueza se da en un momento en que el Ministerio Público persigue y criminaliza el actuar de jueces, juezas y fiscales honorables que han estado dispuestos a rescatar el Estado de Guatemala de las garras del crimen organizado. Por ello, no es de extrañar la criminalización de los exmiembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y en contra de miembros de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que están siendo perseguidos y apresados por haber conducido casos emblemáticos de personajes que hoy están siendo procesados.
Son momentos difíciles para jueces y fiscales, pero también para el pueblo, porque se desmantela una fiscalía de suma importancia y se persigue a quienes quieren aplicar la justicia y contribuir a desmantelar el Pacto de Corruptos. Aún, a pesar de estos hechos que suceden, no hemos escuchado la voz con fuerza del movimiento social y de derechos humanos que debe encabezar las protestas contra los responsables.
https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2022/02/17/la-justicia-tardo-pero-al-fin-llego/
No hay comentarios :
Publicar un comentario