Por: Armando Ramírez
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Rodolfo Ramírez, y Andrea Rodríguez
Los atacantes se conducían en por lo menos cuatro automóviles y dos motocicletas, uno de los cuales era marca Toyota color café con placas de circulación P-31209; vestían de civil, como era costumbre en las fuerzas de seguridad de la época, en especial del Cuerpo de Detectives o del Comando 6 de la Policía Nacional.
Las unidades de exterminio actuaban bajo las órdenes de los cuerpos de inteligencia del Ejército de Guatemala, para eliminar a quienes eran consideradas como enemigos internos del Estado.
Quienes planearon y ejecutaron el asesinato de mis padres, al igual que centenares de dirigentes sindicales y campesinos, gozan de plena libertad e impunidad, sin que el Estado Guatemalteco haya iniciado las investigaciones, a pesar de que el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, desde noviembre de 1980.
Dos automóviles bloquearon el paso del auto en el que se conducían mis padres y un hermano, encerrándolo, mientras sus tripulantes dispararon sus armas, calibre 45, contra el rostro y el pecho de ambos.
Él murió de inmediato tras decir: “Ahora sí, Andrea”. Ella logró abrir los ojos e intentó decir algo a los hermanos que se acercaron a ellos, tras escuchar los disparos.
Un automóvil con hombres armados en su interior permaneció varios minutos a unos metros de nuestro domicilio mientras los tripulantes de las motos recorrían las calles de la zona y luego se mezclaron entre los vecinos que salieron al oír los disparos.
Salvo el informe manuscrito de los agentes que acudieron al lugar, en el resto de los reportes oficiales se asegura que se ignora el calibre de las armas y que fueron atacados por un individuo que se dio a la fuga, así como que sólo recibieron dos y un disparo. El calibre también fue omitido en el acta de defunción y está desaparecido el expediente de la necropsia de ley.
Nuestros padres recién habían cumplido 25 años de casados. Mi madre era obrera de la industria costurera y al casarse se dedicó por completo al cuidado de nosotros, sus hijos.
Nuestro padre era secretario general del Sindicato de Albañiles y Similares de Guatemala y de la Federación Autónoma Sindical de Guatemala (Fasgua), integrante del Comité Ejecutivo del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), representante ante la Federación Latinoamericana de la Edificación, la Madera y la Construcción (Flemacon), ante el Comité de Unidad Sindical de Centroamérica (CUSCA), ante el Congreso Permanente de Trabajadores de América Latina (CPUSTAL) y ante la Federación Sindical Mundial (FSM).
Empezó su actividad sindical en los años 60, cuando los trabajadores se enfrentaron a la constructora DELTA por sus reivindicaciones, tras lo cual terminó siendo despedido.
Puso su propio taller en casa y prácticamente todo lo que era de madera en la casa era hecho por él. Además hizo una ampliación a la casa para acomodar a su familia numerosa, que por tiempos incluía a las abuelas materna y paterna.
En su juventud conllevó una mezcla de religiosidad e interés intelectual, era miembro de varias hermandades religiosas a los que solía devotamente llevar a todos sus hijos para la Semana Santa.
En su vocación autodidacta, leía muchos libros de toda clase, de filósofos americanos, de religiosos, de poetas. Luego empezaron a conocer los libros de anarcosindicalistas y de Marta Harneker.
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| Rodolfo Ramírez junto a Miguel Ángel Albizurez |
Poco después de su asesinato, sus compañeros de lucha explicaron que tras conocerse que su nombre estaba en una de las listas de sentenciado por el régimen para ser eliminado, él rechazó salir del país, ante el temor de que si lo hacía, los militares decidieran cobrar venganza contra su esposa e hijos.
Los ministros de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social habían amenazado a los integrantes del comité ejecutivo de Fasgua. Hombres armados habían ametrallado la sede de la federación en la ciudad de Escuintla.
La persecución contra nosotros, sus hijos se inició desde el mismo día del asesinato. Cuando esperábamos en la morgue, los cuerpos de nuestros padres y nos dirigimos a una cafetería del lugar, fuimos vigilados por dos individuos que se conducían en motocicletas, al parecer los mismos que participaron en el ataque, minutos antes.
El día del sepelio, la sede de Fasgua fue objeto de una fuerte vigilancia. Por teléfono, desconocidos preguntaban con insistencia por los hijos de los asesinados, en especial por quien había visto el ataque. Al responder, sólo se escuchaba la respiración de quien se encontraba en la línea, sin decir palabra alguna.
En la marcha fúnebre fuimos acosados por contingentes antimotines. Al volverse insoportable nuestra estancia en Guatemala, por la zozobra que nos generaban las múltiples intimidaciones recibidas, el 22 de mayo de 1980, salimos hacia Costa Rica bajo la protección de la embajada de Venezuela en Guatemala.
Continuamos en el exilio en diferentes países de Europa y América, donde hemos decidido permanecer en tanto continúe la impunidad de los asesinos de nuestros padres.
El caso fue denunciado el 17 de noviembre de 1980 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que bajo el expediente 7585 pidió información al gobierno de Guatemala el 19 de diciembre de 1980 y el 20 de abril de 1981, sin que haya recibido respuesta a la recomendación de que se investigaran los hechos.
El hecho continúa sin ser esclarecido por parte de las autoridades guatemaltecas y quienes elaboraron y ejecutaron la estrategia contrainsurgente, que incluyó el asesinato de nuestros padres, retomaron el gobierno por medio del Partido Republicano Institucional y el Partido Patriota.
Las posibilidades de lograr justicia y el castigo a los responsables por medio de los tribunales guatemaltecos continúan siendo nulas. El caso fue presentado en abril de 2009 ante el Ministerio Público, sin que hasta ahora se conozcan avances en la investigación.
En octubre de 2011, el caso también fue presentado ante la Procuraduría de Derechos Humanos, donde un año después se nos informó que el expediente desapareció, sin que hasta el momento se conozca avance alguno en las investigaciones.
También se presentó en diciembre de 2012 una denuncia por el caso ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.
Los informes sobre lo sucedido en la época de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), omitieron el caso, lo que ha servido para que el gobierno de Guatemala asegure que se carece de elementos para considerar que los hechos que denunciamos son verdaderos.
*El autor es periodista en México y editor digital de Noticiudadana y Migrante Latin.
Fotos del video:
https://www.youtube.com/watch?v=jPyoQcaTOSQ
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