LA CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS SE PRONUNCIA

FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR TECNOLÓGICO

EN EL ORIENTE DEL PAIS

LA CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS SE PRONUNCIA

Ante los hechos ocurridos la semana pasada en el municipio de Jocotán, Chiquimula, las organizaciones de derechos humanos, MANIFESTAMOS:

1. Nuestra preocupación por la creciente conflictividad que se ha generado en la región, evidenciada en hechos como los suscitados el 12 de octubre pasado en dicha localidad, a raíz de la implementación del megaproyecto Corredor Tecnológico en la región oriental del país como parte del Plan Puebla Panamá

2. Nuestra indignación frente a la incapacidad de las autoridades locales de velar por el respeto de los derechos colectivos de las comunidades, sino que al contrario han sido ellos mismos los que han generado la fragmentación social dentro de las comunidades en beneficio de sus intereses individuales y los de entidades como ODEPAL S.A. y Corredor Tecnológico, S. A.

3. Nuestro total respaldo a la labor que históricamente han realizado defensoras y defensores de derechos humanos de las organizaciones sociales en defensa de los derechos colectivos de más de 200 comunidades que ya están siendo afectadas por la implementación de megaproyectos energéticos en la región, entre ellos la del sacerdote católico Juan María Boxus y otros catequistas.

4. Que este y otros conflictos suscitados a raíz de la implementación de megaproyectos en el área han provocado la profundización de la confrontación en las comunidades siendo éstas las que históricamente han estado excluidas de los proyectos de desarrollo nacional.

Por lo anterior, EXIGIMOS:

1. Que los órganos competentes realicen una investigación seria respecto de los hechos ocurridos en Jocotán, además de proporcionar información sobre el paradero de Miguel Carranza Interiano, Domingo Ramos Aldana y Juan Suchite Ramírez, todos ellos campesinos que fueron detenidos ilegalmente por parte de la PNC con claras muestras de abuso de autoridad

2. Que se detenga la estigmatización, criminalización y señalamientos que defensoras y defensores de derechos humanos han sido objeto, la cual es promovida por  autoridades locales, grupos paralelos, medios de comunicación y personajes oscuros, quienes han implementado campañas difamación y calumnia en contra de las organizaciones sociales para favorecer sus intereses corporativos en contra de los derechos colectivos de las comunidades

3. A las alcaldías de la región chorti, a la Mancomunidad Copán-Chorti y al Estado, a restablecer la gobernabilidad en la región oriental por medio de la instauración de una mesa de diálogo que permita volver a sentar a las partes involucradas y alcanzar acuerdos mínimos sobre la problemática en cuestión.  A la empresas ODEPAL S.A., la empresa Poder Para Todos y Corredor Tecnológico, S. A. respetar los acuerdos de gobernabilidad que de allí se consense.

4. Que el Presidente de la República atienda seriamente los recurrentes llamados al diálogo que las comunidades han realizado para resolver la conflictividad.  Asimismo, vete el decreto de ley 16-2010, mismo que fuera aprobado por el Congreso, el cual es claramente inconstitucional que lesiona los intereses colectivos de más de 200 comunidades que se verían afectados con la implementación del corredor tecnológico

CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH -

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos – CIIDH -

Fundación Sobrevivientes

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala – ICCPG -

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala – ODHAG -

Seguridad en Democracia – SEDEM -

Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala – UDEFEGUA -