La legislación canadiense permite que Jorge Vinicio Orantes Sosa sea juzgado en ese país bajo el principio de derecho universal.
Louisa Reynolds lreynolds@elperiodico.com.gt
Ampliar imágen
Foto: Archivofamiliares de víctimas exigen que se haga justicia por la masacre donde murieron 250 civiles.
El 6 de diciembre de 1982, 58 soldados kaibiles arribaron a la aldea de Dos Erres, Petén, disfrazados de guerrilleros y masacraron a 252 civiles inocentes, consigna el informe Guatemala: Memoria del Silencio, de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Veintinueve años después, el 20 de enero de 2011, Jorge Vinicio Orantes Sosa, uno de los elementos que integraron la tropa que cometió la masacre, se encontraba esposado de manos y pies en el tribunal de Calgary, Canadá, y enfrentaba la primera audiencia de un proceso a extradición hacia Estados Unidos.
Dos días antes lo aprehendieron en Lethbridge, Alberta, ya que las autoridades estadounidenses lo sindican de haber proporcionado información falsa en su solicitud de ciudadanía y exigen su extradición.
En el formulario de ciudadanía se le preguntaba si alguna vez había sido acusado de violaciones de derechos humanos en su país de origen o si había prestado servicio militar y su respuesta fue negativa.
Gilberto Jordán, otro kaibil acusado del mismo delito, cumple una condena de diez años de prisión en Florida.
Pero organizaciones de derechos humanos canadienses, entre estas el Centro Canadiense para la Justicia Internacional (CCIJ, en francés) y Abogados Sin Fronteras (LWBC) le exigen al Gobierno canadiense que no autorice la extradición de Orantes Sosa, con el argumento de que en Estados Unidos sería juzgado por un delito migratorio y no por su participación en la masacre de Dos Erres.
“Canadá debe asegurarse de que su decisión permita que el sindicado enfrente un proceso por los crímenes de lesa humanidad que se le imputan. Por el momento, es difícil que esto pueda ocurrir si es extraditado a Estados Unidos”, afirma Pascal Paradis, director ejecutivo de LWBC.
Ambas organizaciones intentan que Orantes Sosa sea juzgado en Canadá bajo la Ley de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, la cual aplica el principio de jurisdicción universal. Alternativamente, piden que sea extraditado a Guatemala, si el gobierno del país lo solicita, o a España, donde también existe un proceso en su contra.
“En Canadá tenemos la legislación necesaria para juzgarlo por crímenes de guerra. Sería bueno que fuera juzgado por el delito que se encuentra en el meollo de la acusación y no por un delito migratorio en Estados Unidos”, afirma Matt Eisenbrandt, vocero de CCIJ.
El gobierno de Guatemala aún no formalizala solicitud de extradición.
No hay comentarios :
Publicar un comentario