lunes, 20 de marzo de 2017

GUATEMALA: COMUNICADO, ASAMBLEA DE PUEBLOS DE SAN MARCOS, TXE CHMAN


ASAMBLEA DE PUEBLOS DE SAN MARCOS, TXE CHMAN

Ante la opinión pública

En ocasión de la libertad de 6 de los 10 presos políticos
del municipio de San Pablo, departamento de San Marcos yde la persistente criminalización de defensores de derechos humanos de dicho departamento

Desde hace años el municipio de San Pablo está sufriendo una persecución y criminalización sin precedentes. No sólo autoridades mayas y comunitarias, también líderes sociales y ciudadanos comunes están siendo criminalizados, a fin de que no haya expresiones en contra de proyectos de explotación de bienes naturales; se busca entonces, que no se escuchen voces disidentes.

Damos la bienvenida a…

Damos la bienvenida a Fausto Sánchez, autoridad Maya Mam de San Marcos, quien siendo inocente estuvo privado de su libertad durante 2 años y 3 meses –dos veces absuelto de todo cargo por los tribunales del Organismo Judicial. Exigimos al Estado la reparación económica y moral derivada de su detención arbitraria y de la violación de sus derechos y de su familia.

Damos la bienvenida a Lorenzo Ramírez, Alfonso Chilel, Maribel Díaz, Marco Tulio Pérez y Simeón Mauricio Guzmán –algunos fueron inducidos a declararse culpables por el Ministerio Público, a cambio de condenas más leves, aunque no habían cometido ningún delito.En su mayoría pasaron más de 2 años en prisión; incluso, pasaron más tiempo en la cárcel al tiempo de su condena.

Denunciamos la continua criminalización…

Denunciamos la continua criminalización de Bruno Solís, Nery Santos y Heriberto Santos, a quienes se les sigue impidiendo su libertad con el uso frívolo de recursos judiciales; por ejemplo, el último recurso de casación presentado por parte del "querellante adhesivo", con el único fin de alargar la detención y la violación a los derechos humanos.

Denunciamos la ilegalidad de haber admitido a la Asociación Liga Pro Patria como "querellante adhesivo". Como la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) lo dijera en su reciente comunicado, nos "preocupa sobremanera que en esta criminalización jueces, fiscales y abogados tengan algún nivel de participación para lograr criminalizar a las personas". Exigimos la imparcialidad del Organismo Judicial, quien debe rechazar y no dar trámite a espurias actuaciones.

Denunciamos la continua criminalización de Óscar Sánchez, a quién el Juez Unipersonal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de San Marcos le suspendió el juicio con fecha 13 de marzo de 2017, sin justificar plenamente esta decisión. De esta forma, alarga el tiempo de medidas sustitutivas ilegales, que afectan su derecho a la libertad de expresión, entre otros derechos.

Denunciamos el litigio de mala fe, evidenciándose en el uso reiterativo del recurso de amparo. Óscar Sánchez e Irineo Plutarco Clemente, fueron víctimas de esta mala práctica, ya que el Ministerio Público y los querellantes adhesivos hicieron uso de la acción de amparo de mala fe, en vez de usar los mecanismos procesales correspondientes; ellos recurrieron al amparo con el pretexto de cuestionar el cambio de delito legalmente resuelto por un juez competente en su oportunidad procesal. Es reprochable que la Sala Mixta del Departamento de San Marcos, haya admitido los amparos, que debieron de haber sido rechazados de plano, ya que no existía agravio, por tratarse de una resolución apegada a derecho.

Denunciamos que existe un número elevado de procesos contra autoridades mayas y comunitarias, en los que se les acusa por el delito de “plagio o secuestro”, cuando es notorio que este delito no procede en ninguna de estas causas penales; se constata que el afán de que se abra a juicio por el delito de plagio o secuestro, es mantener encarcelado a las autoridades y líderes e imponer una sanción mayor (inclusive la pena de muerte) y se trata por ello, de una estrategia de criminalización.

Denunciamos que es inaceptable el impulso de procesos penales de parte de los así llamados “testigos” o “víctimas, para lograr sentencias condenatorias; por ejemplo, la declaración de Casimiro Pérez, cuya credibilidad ya ha sido declarada nula en un proceso anterior (Causa 12005-2014-00385). Sin embargo, la empresa Hidro Sala S.A. y la Asociación Liga Pro Patria siguen insistiendo en su declaración, siendo la única finalidad criminalizar a líderes sociales.

Denunciamos que hasta la fecha la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, no ha resuelto los recursos de exhibición personal interpuestos ya hace más de tres meses, mientras que la referida garantía procesal, debería detectar detenciones arbitrarias e ilegales en forma inmediata e implementar medidas correctivas, dejando en libertad a las personas.

Dejamos constancia expresa de nuestro rechazo a nuevos procesos penales, iniciados en contra de Duarle Licardie y la continuación de los procesos penales en contra de Irineo Plutarco Clemente, Óscar Sánchez, José Mauricio López y Evelio Velásquez, así como un número considerable de órdenes de captura en contra de otros dirigentes comunitarios. Exigimos al Ministerio Público y a la Fiscal General un alto a la persecución penal de los líderes, autoridades mayas y comunitarias, defensores de derechos humanos.

Consideramos inaceptable que los procesos en contra de defensores de derechos humanos y autoridades comunitarias sean impulsados por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado (FCCO) del departamento de San Marcos. Demandamos que la Fiscal General revise esto de forma inmediata. De lo contrario podría estar aplicando una política criminal del "derecho penal del enemigo", que contradice la Política Criminal Democrática aprobada por el mismo Ministerio Público.

Rechazamos el continuo abuso de leyes para cometer ilegalidades

En vez de aplicarla ley en búsqueda de la verdad y justicia, se tuercen las leyes, códigos y artículos, lo cual es un abuso de poder y se hace con la única finalidad de cometer injusticias, ilegalidades y de perpetuar impunidades de sociedades anónimas que se dedican a la explotación de bienes naturales y territorios, especialmente de los pueblos indígenas. Exigimos que se respete a las autoridades mayas, comunitarias y líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Recordamos que el Estado debe obligatoriamente consultar a los pueblos indígenas, sobre asuntos susceptibles de afectarlos en sus territorios.

Finalmente, expresamos nuestro apoyo a las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y apoyamos las últimas decisiones de la Corte de Constitucionalidad que reafirman que no pueden otorgarse licencias para el uso de bienes naturales, mientras no se haya realizado una consulta a los pueblos indígenas que podrían resultar afectados.

Consejo Mam Te Txe Chman San Marcos
Consejo Sipakapense
Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos (FRENA)
Asociación para el Desarrollo Integral Maya AJCHMOL (ADIMA)
Movimiento de Trabajadores/as y Campesinos/as (MTC)
Fundación Tierra Nuestra (FUNDATIERRA)
Juventud Roja

Con el apoyo y acompañamiento de:

Alianza Política Sector de Mujeres
Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango (ADH)
Asociación Barillense de Mujeres Indígenas Yalmotx
Asociación COMUNICARTE
Asociación Comunitaria para el Desarrollo (SERJUS)
Asociación Conexión de Recursos para la Acción Comunitaria. Barcelona, España
Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala NIMAJPU
Asociación de Desarrollo de la Mujer K'ak'a Na'oj (ADEMKAN)
Asociación de Formación para el Desarrollo Integral (AFOPADI)
Asociación de Organizaciones para el Desarrollo de Colomba(ASODECO)
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)
Asociación Feminista La Cuerda
Asociación Movimiento Nacional Uk´u´x Mayab´ Tinamit
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO)
Asociación Para el Desarrollo Sostenible de la Juventud (ADESJU)
Asociación para el Mejoramiento Habitacional de Guatemala (MEJORHA)
Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Comunidad (CEIBA)
Asociación Vida, Justicia y Libertad para las Mujeres, Huehuetenango
Broederlijk Denle (BD)
Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH)
Campaña Guatemala sin Hambre (CGSH)
Caritas Verapaz
Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)
Centro de Análisis Forense y Ciencia Aplicadas (CAFCA)
Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG)
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Colectiva de Mujeres Feministas de Izquierda
Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango (CCQ)
Colectivo de Estudios Rurales Ixim
Colectivo Ecologista MadreSelva
Colectivo No'j
Colectivo Popular Otto René Castillo
Colectivo Prensa Comunitaria
Colectivo Tierra y Territorio - Madrid (Estado español)
Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Comisión JPIC, Justicia, Paz e Integridad con la Creación (CONFREGUA)
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
Consejo Maya K’iche’ de Quetzaltenango
Convergencia por los Derechos Humanos
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER)
Fundación Guillermo Toriello (FGT)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Movimiento Acción Sancarlista CUNOC
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
Plataforma Agraria (PA)
Plataforma de Solidaridad con Guatemala de Barcelona
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Protection International (PI)
Red de Mujeres Positivas en Acción
Sagrada Tierra
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Servicios Jurídicos y Sociales (SERJUS)
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)
Unsitragua Histórica
Voces de Mujeres

Alba Cecilia Mérida, feminista, antropóloga, defensora del Territorio
Andrés Cabanas, periodista independiente
Agustín Rigoberto Calderón Lozano
Begoña Arreche Irigoyen, Barcelona, España
Carlos Pérez Guartambel, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) /   Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador (ECUARUNARI)
Fernando Soto Tock
Leonor Hurtado, Defensora de los Derechos Humanos y Derechos Indígenas
Helvi Mendizabal
Joaquín Raymundo González
Julia Esquivel
Manuela Picq, Profesora, Departamento de Ciencia Política, Amherst College (USA)
María Beatriz Lozano Pascual
María Eugenia Díaz Díaz
Mario Sosa, académico
Mónica Beatriz Calderón Lozano
Oscar Sierra
Sergio Duarte M.
verónica sajbin, feminista, maya K'iche'
Walter Emilio Cuc S., Director Ejecutivo de FGER


Guatemala, 17 de marzo del 2017.

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