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lunes, 5 de junio de 2017

GUATEMALA: CENTRALES SINDICALES Y PUEBLOS ORIGINARIOS ACCIONAREMOS ANTE OIT Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES






Las organizaciones firmantes expresamos nuestro profundo rechazo a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad a través de la Sentencia de fecha 26 de mayo de 2017, en los expedientes acumulados 90. 91 y 92 – 2017 relacionados con las licencias para la concesión de dominio público sobre los ríos Oxec y Cahabón para  la construcción de hidroeléctricas en el Municipio de Santa María Cahabón, departamento de Alta Verapaz, sin consultar a la comunidad indígena en los términos exigidos por las normas aplicables en la materia.

La sentencia, a pesar de que en su primera parte reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y la obligación del Estado de hacerlo de acuerdo a lo ordenado por la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio Internacional del Trabajo Nro. 169 sobre pueblos indígenas, en su parte resolutiva lo desconoce autorizando a las empresas a continuar sus operaciones al menos por un plazo de doce meses, sin que se realice la consulta a las comunidades.

La sentencia, aunque dice confirmar la resolución de primer grado, en realidad la modifica, porque ahora autoriza a las empresas a trabajar en las hidroeléctricas aún antes de realizarse la consulta a los pueblos indígenas. Además, la resolución pretende reglamentar los procesos de consulta ordenando acciones al Organismo Ejecutivo y al Legislativo cuyos contenidos son claramente contrarios a los derechos colectivos de los pueblos reconocidos en los instrumentos internacionales en la materia que son parte del marco normativo guatemalteco.

Esta sentencia no solo es una aberración jurídica que contradice varias decisiones de la corte  sino que sienta un precedente muy peligroso ya que de extenderse a otros aspectos, eliminaría el derecho de los pueblos originarios e incluso de otros sectores sociales, a ser consultados debidamente sobre iniciativas estatales o del sector privado que se relacionen con temas trascendentes para la vida nacional.

Este tipo de resoluciones cuyo contenido son tan claramente contrarios a la protección de derechos y al sentido común, no solo no resuelven los problemas planteados, sino que se convierten en fuentes de mayores conflictos porque ninguna persona, ni comunidad de los pueblos originarios se mantendrán en silencio ante una decisión que violenta sus derechos de una forma tan evidente.

Las organizaciones firmantes expresamos que impulsaremos todas las acciones legales que correspondan, dentro y fuera del país, al tiempo que desarrollaremos las acciones de reclamo que consideremos convenientes para divulgar estos hechos y proteger los derechos de las personas, comunidades de los pueblos originarios incluyendo el de ser consultados de forma previa, libre e informada en torno a cualquier decisión administrativa o legislativa que puede afectarles.

Los pueblos indígenas tenemos nuestros propios mecanismos para establecer cuál es el modelo de desarrollo que deseamos y como tomamos decisiones sobre el mismo, por ello, no es posible reducir el ejercicio de derechos a la imposición de un modelo de consulta, sino que lo exigimos es el pleno respeto al ejercicio de la libre determinación y la defensa de nuestros derechos de colectivos.

¡NO A LA AGRESIÓN DEL CONVENIO 169 DE LA OIT POR PARTE DE LA CC

SI A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!

Iximulew, Wo’o’  Kame, Wo’o’ Iq’

 Guatemala 4 de Junio 2017

lunes, 20 de marzo de 2017

GUATEMALA: COMUNICADO, ASAMBLEA DE PUEBLOS DE SAN MARCOS, TXE CHMAN


ASAMBLEA DE PUEBLOS DE SAN MARCOS, TXE CHMAN

Ante la opinión pública

En ocasión de la libertad de 6 de los 10 presos políticos
del municipio de San Pablo, departamento de San Marcos yde la persistente criminalización de defensores de derechos humanos de dicho departamento

Desde hace años el municipio de San Pablo está sufriendo una persecución y criminalización sin precedentes. No sólo autoridades mayas y comunitarias, también líderes sociales y ciudadanos comunes están siendo criminalizados, a fin de que no haya expresiones en contra de proyectos de explotación de bienes naturales; se busca entonces, que no se escuchen voces disidentes.

Damos la bienvenida a…

Damos la bienvenida a Fausto Sánchez, autoridad Maya Mam de San Marcos, quien siendo inocente estuvo privado de su libertad durante 2 años y 3 meses –dos veces absuelto de todo cargo por los tribunales del Organismo Judicial. Exigimos al Estado la reparación económica y moral derivada de su detención arbitraria y de la violación de sus derechos y de su familia.

Damos la bienvenida a Lorenzo Ramírez, Alfonso Chilel, Maribel Díaz, Marco Tulio Pérez y Simeón Mauricio Guzmán –algunos fueron inducidos a declararse culpables por el Ministerio Público, a cambio de condenas más leves, aunque no habían cometido ningún delito.En su mayoría pasaron más de 2 años en prisión; incluso, pasaron más tiempo en la cárcel al tiempo de su condena.

Denunciamos la continua criminalización…

Denunciamos la continua criminalización de Bruno Solís, Nery Santos y Heriberto Santos, a quienes se les sigue impidiendo su libertad con el uso frívolo de recursos judiciales; por ejemplo, el último recurso de casación presentado por parte del "querellante adhesivo", con el único fin de alargar la detención y la violación a los derechos humanos.

Denunciamos la ilegalidad de haber admitido a la Asociación Liga Pro Patria como "querellante adhesivo". Como la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) lo dijera en su reciente comunicado, nos "preocupa sobremanera que en esta criminalización jueces, fiscales y abogados tengan algún nivel de participación para lograr criminalizar a las personas". Exigimos la imparcialidad del Organismo Judicial, quien debe rechazar y no dar trámite a espurias actuaciones.

Denunciamos la continua criminalización de Óscar Sánchez, a quién el Juez Unipersonal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de San Marcos le suspendió el juicio con fecha 13 de marzo de 2017, sin justificar plenamente esta decisión. De esta forma, alarga el tiempo de medidas sustitutivas ilegales, que afectan su derecho a la libertad de expresión, entre otros derechos.

Denunciamos el litigio de mala fe, evidenciándose en el uso reiterativo del recurso de amparo. Óscar Sánchez e Irineo Plutarco Clemente, fueron víctimas de esta mala práctica, ya que el Ministerio Público y los querellantes adhesivos hicieron uso de la acción de amparo de mala fe, en vez de usar los mecanismos procesales correspondientes; ellos recurrieron al amparo con el pretexto de cuestionar el cambio de delito legalmente resuelto por un juez competente en su oportunidad procesal. Es reprochable que la Sala Mixta del Departamento de San Marcos, haya admitido los amparos, que debieron de haber sido rechazados de plano, ya que no existía agravio, por tratarse de una resolución apegada a derecho.

Denunciamos que existe un número elevado de procesos contra autoridades mayas y comunitarias, en los que se les acusa por el delito de “plagio o secuestro”, cuando es notorio que este delito no procede en ninguna de estas causas penales; se constata que el afán de que se abra a juicio por el delito de plagio o secuestro, es mantener encarcelado a las autoridades y líderes e imponer una sanción mayor (inclusive la pena de muerte) y se trata por ello, de una estrategia de criminalización.

Denunciamos que es inaceptable el impulso de procesos penales de parte de los así llamados “testigos” o “víctimas, para lograr sentencias condenatorias; por ejemplo, la declaración de Casimiro Pérez, cuya credibilidad ya ha sido declarada nula en un proceso anterior (Causa 12005-2014-00385). Sin embargo, la empresa Hidro Sala S.A. y la Asociación Liga Pro Patria siguen insistiendo en su declaración, siendo la única finalidad criminalizar a líderes sociales.

Denunciamos que hasta la fecha la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, no ha resuelto los recursos de exhibición personal interpuestos ya hace más de tres meses, mientras que la referida garantía procesal, debería detectar detenciones arbitrarias e ilegales en forma inmediata e implementar medidas correctivas, dejando en libertad a las personas.

Dejamos constancia expresa de nuestro rechazo a nuevos procesos penales, iniciados en contra de Duarle Licardie y la continuación de los procesos penales en contra de Irineo Plutarco Clemente, Óscar Sánchez, José Mauricio López y Evelio Velásquez, así como un número considerable de órdenes de captura en contra de otros dirigentes comunitarios. Exigimos al Ministerio Público y a la Fiscal General un alto a la persecución penal de los líderes, autoridades mayas y comunitarias, defensores de derechos humanos.

Consideramos inaceptable que los procesos en contra de defensores de derechos humanos y autoridades comunitarias sean impulsados por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado (FCCO) del departamento de San Marcos. Demandamos que la Fiscal General revise esto de forma inmediata. De lo contrario podría estar aplicando una política criminal del "derecho penal del enemigo", que contradice la Política Criminal Democrática aprobada por el mismo Ministerio Público.

Rechazamos el continuo abuso de leyes para cometer ilegalidades

En vez de aplicarla ley en búsqueda de la verdad y justicia, se tuercen las leyes, códigos y artículos, lo cual es un abuso de poder y se hace con la única finalidad de cometer injusticias, ilegalidades y de perpetuar impunidades de sociedades anónimas que se dedican a la explotación de bienes naturales y territorios, especialmente de los pueblos indígenas. Exigimos que se respete a las autoridades mayas, comunitarias y líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Recordamos que el Estado debe obligatoriamente consultar a los pueblos indígenas, sobre asuntos susceptibles de afectarlos en sus territorios.

Finalmente, expresamos nuestro apoyo a las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y apoyamos las últimas decisiones de la Corte de Constitucionalidad que reafirman que no pueden otorgarse licencias para el uso de bienes naturales, mientras no se haya realizado una consulta a los pueblos indígenas que podrían resultar afectados.

Consejo Mam Te Txe Chman San Marcos
Consejo Sipakapense
Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos (FRENA)
Asociación para el Desarrollo Integral Maya AJCHMOL (ADIMA)
Movimiento de Trabajadores/as y Campesinos/as (MTC)
Fundación Tierra Nuestra (FUNDATIERRA)
Juventud Roja

Con el apoyo y acompañamiento de:

Alianza Política Sector de Mujeres
Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango (ADH)
Asociación Barillense de Mujeres Indígenas Yalmotx
Asociación COMUNICARTE
Asociación Comunitaria para el Desarrollo (SERJUS)
Asociación Conexión de Recursos para la Acción Comunitaria. Barcelona, España
Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala NIMAJPU
Asociación de Desarrollo de la Mujer K'ak'a Na'oj (ADEMKAN)
Asociación de Formación para el Desarrollo Integral (AFOPADI)
Asociación de Organizaciones para el Desarrollo de Colomba(ASODECO)
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)
Asociación Feminista La Cuerda
Asociación Movimiento Nacional Uk´u´x Mayab´ Tinamit
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO)
Asociación Para el Desarrollo Sostenible de la Juventud (ADESJU)
Asociación para el Mejoramiento Habitacional de Guatemala (MEJORHA)
Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Comunidad (CEIBA)
Asociación Vida, Justicia y Libertad para las Mujeres, Huehuetenango
Broederlijk Denle (BD)
Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH)
Campaña Guatemala sin Hambre (CGSH)
Caritas Verapaz
Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)
Centro de Análisis Forense y Ciencia Aplicadas (CAFCA)
Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG)
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Colectiva de Mujeres Feministas de Izquierda
Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango (CCQ)
Colectivo de Estudios Rurales Ixim
Colectivo Ecologista MadreSelva
Colectivo No'j
Colectivo Popular Otto René Castillo
Colectivo Prensa Comunitaria
Colectivo Tierra y Territorio - Madrid (Estado español)
Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Comisión JPIC, Justicia, Paz e Integridad con la Creación (CONFREGUA)
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
Consejo Maya K’iche’ de Quetzaltenango
Convergencia por los Derechos Humanos
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER)
Fundación Guillermo Toriello (FGT)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Movimiento Acción Sancarlista CUNOC
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
Plataforma Agraria (PA)
Plataforma de Solidaridad con Guatemala de Barcelona
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Protection International (PI)
Red de Mujeres Positivas en Acción
Sagrada Tierra
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Servicios Jurídicos y Sociales (SERJUS)
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)
Unsitragua Histórica
Voces de Mujeres

Alba Cecilia Mérida, feminista, antropóloga, defensora del Territorio
Andrés Cabanas, periodista independiente
Agustín Rigoberto Calderón Lozano
Begoña Arreche Irigoyen, Barcelona, España
Carlos Pérez Guartambel, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) /   Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador (ECUARUNARI)
Fernando Soto Tock
Leonor Hurtado, Defensora de los Derechos Humanos y Derechos Indígenas
Helvi Mendizabal
Joaquín Raymundo González
Julia Esquivel
Manuela Picq, Profesora, Departamento de Ciencia Política, Amherst College (USA)
María Beatriz Lozano Pascual
María Eugenia Díaz Díaz
Mario Sosa, académico
Mónica Beatriz Calderón Lozano
Oscar Sierra
Sergio Duarte M.
verónica sajbin, feminista, maya K'iche'
Walter Emilio Cuc S., Director Ejecutivo de FGER


Guatemala, 17 de marzo del 2017.

jueves, 27 de octubre de 2016

¿Por qué crece el movimiento indígena campesino CODECA en Guatemala?

Por: Ollantay Itzamná
La estigmatización y criminalización de la protesta social, por parte de la élite político empresarial tradicional y emergente, fue y es una constante tan antigua como la Colonia y la condición de la colonialidad subsistente en Guatemala.

Durante la Colonia, el único indio bueno era el indio muerto. Durante la República, el indio permitido (obediente y bien portado) era el único con posibilidad de sobrevivir como combustible para mantener la estructura de la economía nacional.

Fue la República colonial que fabricó y saturó a Guatemala de indígenas y campesinos despojados y deshabitados, presencias incómodos para las élites y para buena parte la clase media colonizada.

En este contexto surge el movimiento social indígena campesino denominado Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), creado por indígenas casi analfabetos, en 1992, en la Costa Sur de Guatemala, actual prisión verde implantada por las plantaciones de monocultivos.

En los últimos años, este movimiento social creció proporcional al dolor ocasionado por el sistema neoliberal en las comunidades y territorios indígenas del país. Al grado de convertirse, en la actualidad, en la mayor fuerza sociopolítica rural con presencia articulada en más de mil comunidades rurales organizadas en resistencia, en 20 de los 22 departamentos del país.

Tiene como estrategia elemental: organizar, concientizar, movilizar y forjar el poder local para la liberación de los pueblos. 
Su táctica es la hormigas: acciones colectivas multitudinarias, simultáneas, asamblearias. Su nido continúa siendo el área rural. Aunque por su visión política, su incursión en las ciudades es cada vez más persistente.

Esta organización que nació marginal para la retórica de cientistas sociales, tanto de la derecha como de la izquierda neoliberal, en la actualidad se ha convertido, a puro pulmón, en un actor sociopolítico importante en el país. No por los “trajes típicos” o folclóricos discursos para captar la atención mediática y/o fondos de cooperación, sino producto de su perseverante lucha movilizada. Y últimamente por su propuesta amplia e incluyente de cambios estructurales para esta Guatemala (en creciente descomposición social violenta) que no encuentra luces de ninguna parte.

Este movimiento de desobedientes que “desalambran la finca patronal”, plantea la renacionalización de todos los bienes y servicios saqueados/acumulados por las empresas transnacionales (comenzando del servicio de la electricidad).

Propone la creación de un Estado Plurinacional (con autonomías territoriales indígenas) con la participación de todos los pueblos y sectores, y así superar el intento fallido de la construcción del aparente Estado Mestizo, que por cerca de 200 años trajo más desgracias que beneficios para Guatemala.

El método o camino que emprenden estas comunidades para alcanzar estos objetivos es el proceso de una asamblea constituyente popular y plurinacional ascendente (de abajo hacia arriba, del campo hacia las ciudades) para consensuar una Constitución Política Plurinacional.

Con esta idea/contenidos organizan, concientizan, movilizan y construyen los poderes locales en y desde sus diferentes comunidades del interior del país.

Hacen su propio camino. No siguen ningún libreto, ni cartillas elaboradas fuera. Son transgresores permanentes y cotidianos del sistema capitalista y de la cooperación tradicional. Incomprendidos aún por las categorías o mapas mentales de analistas o intelectuales “bien pensantes”.

De allí quizás proviene el repudio y la recargada desacreditación mediática que propagan los medios de (des) información tradicional y emergente, y el silencio cómplice de la izquierda neoliberal y/o profesional ante la estigmatización, persecución, criminalización y selectivos asesinatos que soportan los defensores/as comunitarias organizadas en CODECA.

Dos de sus principales defensores (uno de ellos fundador y coordinador nacional) fueron secuestrados por criminales de la empresa eléctrica ENERGUATE, luego encarcelados (sin ninguna orden judicial) y enjuiciados arbitrariamente. Incluso la ONU, en abril pasado, por este caso, recomendó al Estado de Guatemala el resarcimiento y garantías de no repetición para los “detenidos ilegalmente”, pero la difamación y criminalización continuó y continúa.

Es en este contexto que se debe leer e interpretar el último paro nacional movilizado realizado en 20 de las 22 ciudades principales del país, el pasado 26 de octubre, por CODECA. Una acción colectiva, simultánea, autofinanciada, autoorganizada, multitudinaria, y políticamente bien definida que dejó perplejos a propios y extraños por su impacto y la desacertada respuesta de la prensa racista empresarial y del aparato estatal.

CODECA no va por reformas al Estado, o para restablecer la paz social del sistema neoliberal. CODECA va por transformaciones estructurales profundas y trascendentales, desde lo cotidiano/local hacia lo nacional. Sin fronteras, ni limitaciones de ningún tipo. Esta aspiración es lo que hace que este movimiento sociopolítico se expanda social y territorialmente, incluso por encima de la guerra mediática desigual que libra.

La Radio del Sur
Publicado en 27 octubre, 2016 por Norellys Alastre
https://laradiodelsur.com.ve/2016/10/27/por-que-crece-el-movimiento-indigena-campesino-codeca-en-guatemala-opinion/



















sábado, 15 de octubre de 2016

GUATEMALA: POR EL AGUA, LA MADRE TIERRA, EL TERRITORIO Y LA VIDA. TRES DÍAS DE MOVILIZACIONES.


#SeguimosEnMarcha (Fotos Arturo Albizures)
Balance y conclusiones de tres días de movilizaciones. 12, 13 y 14 de octubre


Mujeres y hombres de todos los territorios de Guatemala nos hemos movilizado y mantenido en plantón frente a la sede del Congreso durante tres días, para articular y fortalecer nuestras luchas, después de la realización de la Marcha por el Agua, del 11 al 22 de abril.


Así como nuestras abuelas y abuelos defendieron el territorio y resistieron la invasión europea y en conmemoración a esas luchas, durante estas jornadas promovimos, junto con Autoridades Ancestrales de los Pueblos Ixil, Kaqchikel, Q´eqchi´ y Ch´orti´, cuatro acciones constitucionales de amparo para defender nuestros territorios y recuperar tierras despojadas durante más de cinco siglos por empresarios y municipalidades.

Le damos continuidad a la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida, con la entrega del Informe de la Comisión Interparlamentaria del Congreso de la República, que constató la existencia de desvío y bloqueo de ríos en todo el país, así como de la apropiación ilegal por parte de empresarios de fuentes de agua.


Nos movilizamos hacia el Ministerio Público para exigir respuestas a las demandas de Comunidades en Defensa de la Vida y la Naturaleza de Sayaxche, Petén, que solicitan el traslado a un Tribunal de Mayor Riesgo del caso por el asesinato de Rigoberto Lima Choc y el ecocidio en Río La Pasión, ante la inoperancia del sistema de justicia y su cooptación por los poderes económicos.


Intercambiamos experiencias de resistencias provenientes de Izabal, Livingston, Quesada, San Carlos Alzatate, Xalapán, La Puya, Huehuetenango, San Marcos, Río La Pasión, Río Madre Vieja, Champerico, Coatepeque, Retalhuleu, San Juan Atitán, Barillas, Piedra Parada, Colomba Costa Cuca, San Juan Sacatepéquez, y muchas otras. Cada una de estas resistencias fortalece y complementa nuestras formas de organización, construidas desde la diversidad de actores y experiencias y evidencian el crecimiento de nuestras luchas, así como la incapacidad del modelo económico, político y social de dar respuestas efectivas a nuestras demandas.




Constatamos con preocupación durante estos tres días:

1. Que el Estado guatemalteco y sus instituciones continúan actuando en contra de los intereses de las mayorías. Durante la realización de las movilizaciones y en coincidencia con la fecha que inició la invasión contra nuestros pueblos, se instaló -a iniciativa del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social- el diálogo nacional para la reglamentación de las consultas comunitarias, favorable a las empresas y contra la voluntad de los pueblos.



2. La deslegitimación y los ataques contra las reformas constitucionales en materia de justicia, en particular contra el pluralismo jurídico, utilizando el reconocimiento constitucional de las formas de hacer justicia para confundir, meter miedo y hacer fracasar las reformas. Esta deslegitimación proviene tanto de sectores políticos como empresariales interesados en mantener una organización centralista y excluyente del Estado.



3. La falta de respuesta del Estado a demandas históricas planteadas por las organizaciones, tales como las demandas de ampliación del presupuesto para vivienda. No existe un compromiso serio por parte del Estado para resolver el problema de la vivienda, tal y como denunciaron organizaciones y comunidades el 13 de octubre, durante la conmemoración del Día del Hábitat.



4. El rechazo por el Congreso de las reformas al Decreto 55-2010, Ley de Extinción de Dominio, para que bienes inmuebles incautados por actividades ilícitas y que cuentan con vocación agropecuaria, ganadera, forestal e hidrobiológica, se otorguen a comunidades rurales e indígenas vía Fondo de Tierras.



5. La continuación de la persecución y criminalización a líderes y dirigentes, para anular el trabajo de quienes, desde las comunidades y otros espacios, están comprometidos con las luchas a favor de las comunidades y los pueblos.


En la conclusión de estos tres días de movilización, retomamos los objetivos planteados durante la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida, demandando transformaciones en el corto y mediano plazo, vinculadas a un proceso constituyente de carácter plurinacional, popular y multisectorial, que se basa en el ejercicio del poder de los pueblos, las comunidades, los movimientos sociales y las organizaciones, alrededor de la defensa, el cuidado y reproducción del agua, la tierra, la madre naturaleza, el territorio y la vida.



Exigimos, con carácter inmediato:

1. La respuesta inmediata a las demandas de la Marcha por el Agua: persecución penal de oficio contra empresas acusadas de bloqueo, apropiación, contaminación y robo de aguas; investigación pronta de las denuncias ya realizadas por comunidades; modificación del Código Penal en lo concerniente al delito ambiental; ampliación de la investigación y el informe que el Ministerio de Ambiente presentó a la ASP.



2. El fin de la criminalización y persecución a dirigentes.




3. La aprobación de una agenda legislativa urgente de reformas para la democratización profunda del Estado. Entre otras: Desarrollo Rural Integral, Medios de Comunicación Comunitaria, Juventud, Extinción de Dominio, reformas profundas al sector justicia y reconocimiento constitucional de las formas de hacer justicia de los pueblos indígenas, reformas de segunda generación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ampliación del presupuesto del Estado para inversión social.



4. Qué el Congreso de la República apoye resueltamente los Principios Rectores sobre el agua que se han trabajado conjuntamente con la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos del Congreso de la República, la Universidad de San Carlos de Guatemala con el acompañamiento del G-4 (que además de la USAC incluye a la PDH, la Iglesia Católica y la Alianza Evangélica) y la Asamblea Social y Popular, y permita el tiempo necesario para poder concluir la propuesta de Consenso Nacional de la Ley del Sistema Nacional del Agua en Guatemala, que se ha trabajado con las representaciones antes mencionadas, a fin de contar con una legislación fruto de un proceso donde han tenido oportunidad de expresarse los distintos sectores preocupados por la conflictividad, gobernanza y normatividad en torno al sistema del agua.


5. Con carácter general, exigimos que todas las leyes y acciones institucionales se construyan y orienten bajo el principio del bien común y que la discusión y aprobación de estas leyes se dé con diálogo abierto.

6. El reconocimiento del carácter vinculante de las consultas comunitarias, realizadas a partir de las formas propias de participación y toma de decisión de las comunidades.



A 524 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular frente a la invasión, el genocidio y el despojo. A 72 años de la celebración del inicio de la Revolución Democrática. Tras 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz. En la víspera de la celebración de día Internacional de las Mujeres Rurales (18 de octubre) que reconoce el papel central de las mujeres en el cuidado y reproducción del agua y de la vida, llamamos a fortalecer, profundizar y articular nuestras resistencias y la defensa de nuestros territorios contra el modelo extractivista, de monocultivos y megaproyectos que se apropia del agua y la Vida; a impulsar y acompañar luchas sociales contra la corrupción, por la democratización de la universidad, de estudiantes, maestros democráticos, comerciantes, pescadores, mujeres rurales, pobladores urbanos y otros sectores, articulando fuerzas desde nuestras identidades y formas de acción diversas.




Nunca nos hemos detenido y cada vez somos más.


#SeguimosEnMarcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida


Iximulew, Guatemala, Waqib' Aj, 14 de octubre de 2016