domingo, 28 de mayo de 2017

DEL INFIERNO TAN TEMIDO A LA GUATEMAGICA DESEADA.


HUGO GORDILLO
La lucha heroica que emprendió la abogada estadounidense Jennifer Harbury en los años 90 del siglo pasado, contra el cobarde Ejército de Guatemala cuando buscaba a su esposo, el guerrillero Efraín Bámaca Velásquez (comandante Everardo) provocó que los militares pusieran lápida a la tumba de la impunidad por sus crímenes cometidos en la Base Aérea del Sur, Retalhuleu, durante 36 años de guerra y represión a gran escala.

Harbury, que tocó hasta las puertas de Naciones Unidas, llegó a poner en peligro las relaciones de Guatemala con Estados Unidos, según un reporte del Departamento de Defensa de fecha 24 de noviembre de 1994, denominado El creciente impacto del caso Bámaca en la institución militar guatemalteca:

“(censurado) tuvo una reunión de oficiales (censurado) Los temas principales de la conversación fueron algunos de los mismos discutidos en la reunión del presidente (censurado) El caso de Efraín Bámaca y las acciones que se deben tomar durante las visitas futuras de la Comisión de Naciones Unidas a las bases militares guatemaltecas.”

Un año antes, el Estado Mayor de la Defensa Nacional había ordenado a todos los comandos, destruir archivos que pudieran ser utilizados para rastrear o dar con responsables de crímenes militares o que pudiera comprometer la seguridad o el estatus de cualquier miembro del Ejército. Dicha orden fue reiterada un año después y, de la Base Aérea del Sur, se obtuvo la siguiente respuesta:
“…esta acción ya había sido cuidadosamente supervisada y llevada a cabo. Además de extraer todos los archivos incriminatorios, las instalaciones que se usaron como áreas de “interrogación” al principio y mediados de los años ochenta, han sido totalmente demolidas, y las fosas que existían para enterrar a los guerrilleros han sido rellenadas y cubiertas con cemento. Se dice que estas instalaciones son los edificios destruidos ubicados directamente detrás de la pequeña estructura ubicada directamente detrás de la torre de control de tráfico aéreo en la Base Aérea del Sur.”

Las víctimas.

La Base tuvo que ver con la totalidad o la mayoría de secuestros, torturas y asesinatos de cientos de personas, entre guerrilleros, políticos de izquierda y ciudadanos comunes, como en los siguientes casos:

En marzo de 1966, tropas del Ejército capturaron a Leonardo Castillo Flores en Retalhuleu, líder de la Confederación Campesina y dirigente del Partido Guatemalteco de Trabajo; Carlos Barrios, Mauricio García y Enrique Chacón. Después de ser interrogados con torturas, fueron ejecutados secretamente.

En junio de 1969, en la ciudad de Guatemala, el Ejército capturó a Alder Gilbertino Martínez Rivas, quien había sido combatiente de las FAR, lo torturaron en una celda en la Base militar Mariscal Zabala durante un mes y lo liberaron. En abril de 1971, lo capturaron en la cabecera de Retalhuleu y lo trasladaron a la Base militar de Retalhuleu, donde fue desaparecido. 

El 17 de enero de 1980, en el cantón Paoj, municipio de San Sebastián, la policía secuestró a Domingo Quich Cuscena, presunto colaborador de la ORPA, y a su esposa Adela Raymundo Paz Chochajil. Dos días después, sus cadáveres fueron encontrados en la cabecera de San Andrés Villa Seca con señales de tortura. 

El 1 de julio de 1980, en el municipio de Nuevo San Carlos, la policía capturó a Benjamín Hernández, presunto colaborador de la ORPA, fue entregado al Ejército. Tres días después, su cadáver fue encontrado con alambre de púas alrededor de su cuello. 

El 3 de julio de 1980, en la Aldea Sibaná, municipio de El Asintal, la policía judicial secuestró a Eladio López Valle en casa de un comisionado militar. Fue trasladado a la Zona Militar de Retalhuleu donde fue brutalmente golpeado y desaparecido.

En el año 1980, en la cabecera departamental de Retalhuleu, el Ejército secuestró a César Augusto Dávila, fundador del sindicato de la Algodonera Retalteca, ARSA. Fue desaparecido.
En noviembre de 1980, en la aldea Barrios, municipio del Nuevo San Carlos, el Ejército ejecutó a los hermanos Joaquín y Olivio Rodas Santos y secuestró a Pedro Basilio Rodas Santos, quien fue desaparecido. 

El 18 de marzo de 1981, en la ciudad de Mazatenango, Suchitepéquez, la G-2 secuestró a Julián García Ramírez. Fue torturado con quemaduras en los genitales y piquetes en los ojos. Asesinado en un lugar llamado Casa Blanca, en la carretera que va a Retalhuleu.

El 13 de septiembre de 1981, en el caserío El Chico, militares y comerciantes rivales de la víctima, ejecutaron a Cristóbal Toj Imal, vendedor de mariscos. 

En octubre de 1982, en el municipio de San Martín Zapotitlán, la policía capturó a José Lara Benavente, colaborador de la guerrilla. Ejecutado en el caserío Ceiba Blanca, aldea Ajaxá. El cuerpo presentaba golpes y un alambre de púas amarrado en su cuello. 

En 1982, en el municipio de San Felipe, la policía capturó a César Tiguilá. Posteriormente la víctima apareció con vida en el río Samalá, pero, murió a causa de las torturas y la deshidratación. 

En enero de 1983, la Primera Compañía del Comando de Operaciones Especiales (COE) o Quinto Cuerpo de la Policía Nacional, participó en el denominado Teatro de Operaciones del Sur Occidente (TOSO), que utilizó la Base como centro de operaciones, dirigidas por la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército. Operó a lo largo de la Costa del Pacífico, abarcando Retalhuleu, Suchitepéquez, el sur de Sololá y parte del Volcán de Pacaya con más de trescientos agentes.
Durante esos meses, el comandante del COE, teniente coronel Juan Francisco Cifuentes Cano y el subcomandante, se coordinaron directamente con dependencias de las fuerzas armadas y mantuvieron comunicación directa y constante con el director general de la Policía Nacional, coronel Hernán Orestes Ponce Nitsch. 

El 28 de enero de 1983, en el caserío San Martín, municipio de San Lucas Tolimán, Sololá, el Ejército secuestró a Gumercindo Binac Ramos, Gabriel Calel Rosales, Benigno Valentin Castro Guit, Gaspar Chávez, Alberto Choguaj Canel y Lucas Gómez Cuc. Los llevaron a la Zona Militar de Mazatenango. Después de trece días detenidos, los trasladaron a la Zona Militar de Retahuleu, donde los torturaron y los liberaron. 

El 16 de mayo de 1983, en la zona militar de Retalhuleu, el Ejército mató a Domingo Martínez Rodríguez, cuando pasaba cerca de la garita de la mencionada zona militar. Fue muerto en un “juego” de tiro al blanco. 

El 3 de enero de 1984, en el barrio Monterrey, fue secuestrado Jorge Hiram Muralles García. Unas semanas después, un testigo lo vio torturado en la oficina de la Dirección de Investigaciones Criminológicas (DIC) de la ciudad de Guatemala. Desde ese momento nadie volvió a saber más de la víctima. 

El 3 de enero de 1984, en la cabecera departamental, el Ejército capturó al sindicalista Darío Roldán Gómez. El mismo día, en el cantón Los Patos, soldados secuestraron a Pedro Mejía Díaz, quien era compañero de trabajo de Darío. Fueron desaparecidos. 

El 31 de diciembre de 1991, en la finca La Aurora, municipio de Nuevo San Carlos, el Ejército secuestró a Julio Pérez López, colaborador del PGT, junto a dos personas más no identificadas. Las víctimas fueron trasladadas a la zona militar de Suchitepéquez. Posteriormente se publicó un comunicado de prensa con las fotos de los tres capturados en el que se decía que tres guerrilleros se habían entregado voluntariamente en la zona militar. Fueron desaparecidos. 

Presuntos victimarios.

Por supuesto que hay cientos de víctimas más, pero es necesario hablar, también, de los posibles victimarios que participaron del secuestro, la tortura y el asesinato. Entre ellos figuran verdaderas “joyas” que, al amparo de la deleznable política de seguridad nacional, estuvieron destacados en la Base Aérea del Sur durante el período de guerra y represión:
Emilio Arturo Batres Luna, comandante de pelotón, (1961-1962). Preparado en tácticas y armas de infantería en 1960, por la Escuela de las Américas. José Domingo García Samayoa, comandante de paracaidistas, (1965-1966). Habría amenazado al político Jorge Carpio por negarse a apoyar una amnistía contra militares que orillaron a Jorge Serrano a dar el autogolpe de Estado de 1993.

Mario Salvador López Serrano, instructor del curso kaibil, (1972). Fue acusado por Edwin González Barrientos de integrar una banda de militares asesinos, roba carros y extorsionistas de finqueros, cuando era comandante de la zona militar de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, en la década de los 90. González Barrientos fue secuestrado, torturado y dado por muerto en Santa Lucía.
Luis Arturo Isaac Rodríguez, segundo comandante, (1982). José Luis Díaz Muñoz, comandante, (1983) Integró la cúpula de golpistas del general Óscar Humberto Mejía Víctores contra el general Efraín Ríos Montt en 1983. 

José Luis Quilo Ayuso, segundo comandante, (1984). Se negó a dar los informes de la zona militar de El Quiché, tras el crimen de Jorge Carpio. Experto en operaciones sicológicas, fundador de la Asociación de Veteranos Criminales Militares, Avemilgua, y financista del partido gobernante FCN. Acusado de ordenar masacres en el Triángulo Ixil y reclutador de menores para el Ejército, condecorado por el Banco Industrial en 2016.

Sergio Arnoldo Camargo Muralles, segundo comandante, (1985-1986). Eterno presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, corrupto. Como segundo jefe de Estado Mayor Presidencial, encubrió el crimen de la también retalteca Mirna Mack, ocurrido en 1990. 

Marco Tulio Espinoza Contreras, comandante, (1993-1994). Como jefe de Estado Mayor de la Defensa, sospechoso de ser uno de los intelectuales del crimen de monseñor Juan Gerardi.
Estas y otras joyas castrenses deberían dar respuestas a un documento desclasificado del Departamento de Defensa estadunidense, en el cual se señala a las Fuerzas Armadas Guatemaltecas de lanzar al Océano Pacífico a rebeldes vivos y muertos que habían sido detenidos, entre 1984 y 1986. Los vuelos de la muerte en Guatemala, identificados por el documento, salían de la Base Aérea Sur, en Retalhuleu.

Según el desclasificado: “Una técnica usada para deshacerse de insurgentes que habían sido asesinados durante interrogatorios, y que en ocasiones estaban vivos, pero tenían que ser desaparecidos, era tirarlos desde aviones al océano. 

Aeronaves Aravá IAI-201 se estacionaban en la parte sur de la pista después de la medianoche. Personal del D-2 (Inteligencia Militar) cargaba los aviones con prisioneros y cadáveres Los pilotos recibían instrucciones de volar durante treinta minutos mar adentro y entonces empujar a los prisioneros y a los cuerpos fuera de la aeronave. De este modo, el D-2 podía deshacerse de la mayoría de la evidencia que mostraba que los prisioneros habían sido torturados y asesinados”

De viaje al pasado.

La Base, como comúnmente la conocen los retaltecos, fue una pista de aterrizaje creada en 1956 por el coronel Carlos Castillo Armas (CACA). La asfaltó el otro vende patrias, general Miguel Ydígoras Fuentes (mercenario retalteco) “para la defensa y seguridad nacional y regional,” con el entrenamiento de tropas paracaidistas.

“Yvívoras Fuete” también le ofreció la pista al presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, para que la usara en su política antirrevolucionaria cubana, la cual fue ejecutado por la CIA y sus mercenarios que se entrenaron en la Finca Helvetia, del también retalteco Roberto Alejos Arzú, apodado como John Black por los gringos conspiradores y terroristas.

En junio de 1960, Alejos se reunió con el agente de la CIA, Jacob Esterline en los Estados Unidos. Ambos evaluaron la capacidad de la pista de La Base para el aterrizaje de aviones C-54. Posteriormente, en Miami, Alejos conoció al mercenario cubano Juan Paula Argeo, quien manejaba fondos millonarios para la evaluación de pistas de aterrizaje en Retalhuleu, Escuintla y El Petén.
Avión B-26 derribado por el Ejército cubano en la fallida invasión terrorista de Bahía de Cochinos emprendida desde Guatemala

Finalmente, la CIA remozó la pista aérea de Retalhuleu a través de la empresa Thompson Cornwall Company, que le construía carreteras al gobierno de Ydígoras. En septiembre, la pista pasó a ser un centro de operaciones estadounidense, con el aterrizaje de aviones DC-3 y C-46. La clave en español de la Base era Rayo Base y, en inglés, JMADD.

Cuando el 13 de noviembre se levantó un grupo de militares contra la corrupción de Ydígoras, Alejos se dirigió a La Base para alertar a los mercenarios y a las tropas acantonadas en Retalhuleu, con la posibilidad de que accionaran contra los alzados que pasaron a crear la guerrilla guatemalteca. El subdirector de planes de la CIA, Richard Bissell solo aprobó el envió de las tropas nacionales en sus aviones a la capital y la participación de sus pilotos, como voluntarios, en apoyo aéreo (bombardeo, patrullaje y abastecimiento en Izabal).

Cuando Estados Unidos fracasó en la invasión a Bahía de Cochinos, la Base dejó de ser un medio al servicio de la política anticastrista norteña, pero siguió jugando su papel, acorde con la política de seguridad nacional diseñada por Estados Unidos para el Ejército. A la nueva ola anticomunista se sumaron dos escuadrones de la muerte: la Unidad de Comando Especial del Ejército, en la década de los 60, y el Comando Anticomunista del Sur, en la década de los 80.

El nombre oficial de Base Aérea del Sur data de mayo de 1989. Su primer comandante fue el coronel Carlos Alberto Pozuelos Villavicencio, quien empezó a trabajar junto con la Oficina Antinarcóticos de los Estados Unidos, pero, a sabiendas de que los militares guatemaltecos son traidorazos de primera, la Embajada norteamericana le quitó la visa ad-eternum. 

La Base lleva el nombre del coronel Mario Enrique Vásquez Maldonado, muerto en las faldas del Volcán Tolimán, Sololá; cuando el helicóptero que tripulaba fue derribado por guerrilleros en octubre de 1982. Según el Ejército, La “Seca” Vásquez, era muy querido por los retaltecos.

En marzo de 2003, la Base se constituyó en Comando Aéreo con su respectiva área de responsabilidad en toda la costa sur, incluyendo la Zona Económica Exclusiva en el Océano Pacífico. 
En abril del 2010, el Congreso, presidido por Roberto Alejos Cámbara, sobrino-nieto del Roberto Alejos Arzú anticastrista (John Black) aprobó la Ley de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, propuesta por el presidente, el general Otto Pérez Molina, como parte de la cuatrinca político-militar-mediático-empresarial para la gobernanza de mano dura y la protección de los intereses de la oligarquía nacional.

A raíz de los escándalos de corrupción de La Línea, que terminaron con la renuncia y el arresto del chafarote y algunos de sus secuaces, correspondió al payaso Jimmi Morales inaugurar los dos primeros proyectos aéreos, en el contexto de las “alianzas público privadas” donde el Estado es soporte; y la empresa privada transnacional, la gran beneficiaria de los recursos del Estado; asegurado por dos vías: 1) la contratación de servicios del Estado con la iniciativa privada y 2) el uso de los recursos nacionales por la iniciativa privada. 

Prueba de ello es el denominado Aeródromo de Quetzaltenango y el Aeropuerto de Retalhuleu, a los que seguirán los de Puerto Barrios, Izabal y Puerto de San José, Escuintla. Las principales contrapartes en estos negocios son Guatemágica, dirigida por Ricardo Alejos David, otro retalteco y familiar del Alejos anticastrista de los 60; Transporte Aéreos de Guatemala, de capital transnacional; y el Instituto de Recreación de los Trabajadores, creado con fondos de trabajadores y empresarios, pero dirigido eternamente como finca personal por el oligarca industrial Ricardo Castillo Sinibaldi, tío del prófugo de la justicia Alejandro Sinibaldi, por corrupción multimillonaria. 
De regreso al futuro.

¿A un año de inaugurado el “aeropuerto”, qué ingresos recibe el Estado por haber puesto La Base a los pies de Castillo Sinibaldi y el Irtra, empezando con un vuelo semanal entre Retalhuleu y la capital? TAG ha dejado de realizar muchos vuelos por falta de demanda, pero en el supuesto de que los hiciera todos, los ingresos por pasajes apenas sobrepasan los tres millones de quetzales anuales. 
En el supuesto, también, de que el Estado goza de un 30 por ciento de los ingresos en la alianza, estaría recibiendo ocho mil quetzales mensuales por el uso de un terreno de kilómetro y medio de largo por medio kilómetro de ancho. Un buen negocio manejado por la oligarquía nacional y la burguesía local sobre la lápida de un cementerio clandestino y el olvido de cientos de desaparecidos en La Base. 

A esos ocho mil quetzales que ingresan mensualmente a las arcas nacional habría que descontar el pago estatal a oficiales de migración, aduana, policía y administración tributaria, que fueron anunciados durante la inauguración del aeropuerto. Eso significa que el Estado no solo cedió La Base, sino que, además, debe hacer gastos para complacer a Sinibaldi, sus socios y sus invitados nacionales y extranjeros. 

¿Si un empresario fuera el dueño de La Base, cobraría ocho mil quetzales mensuales de renta por el uso de un terreno de kilómetro y medio de largo por medio de ancho? Impulsar el turismo en Retalhuleu es el pretexto inicial para que La Base termine como propiedad privada. Después llegará la apropiación de tierras nacionales como El Manchón Guamuchal, uno de los últimos bosques manglares de la costa.

Suponiendo nuevamente que Guatemágica, TAG y el Irtra quieren promover el desarrollo turístico, no van a llenar tanto las expectativas de Retalhuleu como sus bolsillos. El Irtra es una piedra en el zapato para restauranteros y hoteleros de Retalhuleu, como lo demostró el también retalteco Jorge Murga Armas en su libro “No lugares” e identidad en Guatemala. 

EL Irtra, que se desvió de sus objetivos iniciales (recreación de los trabajadores) es una empresa de competencia desleal, ya que dentro de sus instalaciones vende caro y no paga, entre otros impuestos, el IVA, el de hotelería al Inguat y el de bebidas alcohólicas, bebidas provenientes, exclusivamente, de la cervecería de la parentela de Castillo Sinibaldi.

Mientras pagan todos los impuestos, los empresarios retaltecos seguirán a expensas del “derrame” a cuentagotas que produce el Irtra, porque este monstruo construye más y más hoteles y restaurantes protegidos por la competencia desleal, la cual debió ser abolida por el Congreso desde el mismo momento que la institución perdió su razón de ser. 

El Irtra, ese no lugar del que habla Murga, es uno de los últimos elementos para que los retaltecos olviden, no solo el pasado, sino acepten el robo de bienes nacionales como La Base, de la misma manera que funciona el ilusionismo arribista de montar aviones, porque, como bien lo dice el lema de la vieja Base: “Cuando la población lo necesita, la ayuda siempre llega del cielo.” Todo gracias a una oligarquía voraz que negocia a punta de corrupción y privilegios, pero se presenta públicamente como empresariado angelical en nuestra Guatemágica.

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