GUATEMALA: Sus sueños siguen enteros

-Juan José Hurtado Paz y Paz | PUERTAS ABIERTAS–

El 31 de enero de 1980, las fuerzas represivas del Estado cometieron la masacre en la embajada de España, en la que fueron asesinadas 37 personas. 

Aún hay personas que buscan justificar este crimen y/o tergiversar las responsabilidades, y siguen escribiendo fantasías. Pese a esto, ya el sistema de justicia del país ha condenado a algunos responsables de esos crímenes, como es el caso de Pedro García Arredondo, jefe policial en ese entonces, quien el 19 de enero de 2015 fuera sentenciado a prisión por 90 años más –pues ya estaba preso purgando por desapariciones forzadas– por su responsabilidad directa de estas muertes. Otros son prófugos de la justicia, como Donaldo Álvarez Ruiz, entonces ministro de Gobernación. Y otros más han muerto, como Germán Chupina Barahona, entonces director de la Policía Nacional o el general Romeo Lucas García, entonces presidente, sin que la justicia les alcanzara, aunque la historia ya los ha condenado.

Sin embargo, esas son las caras visibles de los responsables directos, de quienes dieron las órdenes; son los descartables, «los perros guardianes», pero no los amos del Estado que ha sido caracterizado como oligárquico, racista y patriarcal, dependiente del gran capital transnacional. 

Comenzaremos por recordar algo del contexto en que se produce la ocupación pacífica de la embajada de España por un grupo de campesinos indígenas, en su mayoría de Quiché, acompañados por estudiantes, obreros, pobladores y cristianos.

En la década de los años de 1970, en Guatemala se produjo un nuevo ciclo de luchas y resistencia en contra del sistema racista, explotador y opresor. Para mencionar solo algunas, recordemos: la huelga magisterial de 1973, las luchas obreras, el surgimiento de nuevas organizaciones populares estimuladas por la solidaridad que se tejió luego del terremoto de 1976, la formación del Comité Nacional de Unidad Sindical –CNUS–, la marcha de los mineros de Ixtahuacán en noviembre de 1977, la lucha contra el aumento al precio del transporte urbano en octubre de 1978 y tantas más. Estas luchas iban acompañadas, en paralelo, por un resurgir del movimiento guerrillero revolucionario. 

Lejos de atender las causas de estas luchas, la respuesta fue el incremento de la represión, primero de manera selectiva y, luego, generalizada contra amplios sectores de la población. Un parteaguas en la escalada represiva por parte del Estado contrainsurgente fue la masacre de Panzós, cometida el 29 de mayo de 1978.

Fotografía, marcha en repudio por la masacre de Panzós, por Mauro Calanchina, tomada de Prensa Comunitaria.

Poner fin a los secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos y masacres fue un elemento aglutinador para el movimiento social y los partidos políticos progresistas, dando lugar a la formación del Frente Democrático contra la Represión –FDCR– en febrero de 1979.

Sin embargo, los municipios del norte de Quiché continuaron sufriendo la creciente ocupación militar. El ejército cometía secuestros, asesinatos y algunas masacres. La contrainsurgencia llevaba muerte y terror a las comunidades indígenas y campesinas.

En esos tiempos no existían las tecnologías de comunicación actuales y estos hechos eran desconocidos en el resto del país y a nivel internacional, lo que facilitaba que el ejército continuara sus crímenes.

Ante esto, una delegación de indígenas campesinos viajó a la ciudad de Guatemala en septiembre de 1979 para denunciar lo que estaba ocurriendo y demandar el fin de la ocupación militar de sus territorios. Una de las actividades realizadas fue llegar al Congreso de la República para demandar a los diputados que actuaran en defensa de la vida de las y los comunitarios. A la salida del Congreso, varios estudiantes que les acompañaban fueron capturados y conducidos a centros de detención. Durante las horas que estuvieron presos, recibieron la solidaridad de otros privados de libertad y, afortunadamente, finalmente fueron liberados.

La represión contra la población indígena y campesina continuó. 

Un hecho que no debe olvidarse es la ocupación que hicieron campesinos de la finca El Izotal y Tejidos San Antonio, de Chimaltenango, de la iglesia El Calvario, en la ciudad de Guatemala, en diciembre de 1979. Pensaron que, por ser un lugar sagrado, la policía no intervendría. Sin embargo, el párroco de la iglesia, un cura de nombre José Girón Perroné, llamó a las fuerzas policiales para que desalojaran a los ocupantes. Posteriormente, uno de los dirigentes, Miguel Archila, fue asesinado.

Esto hizo necesario que se coordinara una nueva jornada de denuncia, en enero de 1980, que incluyó la visita a centros educativos, medios de comunicación, las oficinas de la OEA en Guatemala y otras. Sin embargo, la denuncia no trascendía suficientemente y no se tomaban acciones para frenar la represión del ejército.

Era preciso una acción que trascendiera a nivel internacional, en condiciones que ofrecieran mayor seguridad para los activistas sociales. Es así como se planificó la ocupación pacífica de la embajada de España, con la demanda de que se integrara una comisión plural que verificara in situlo que estaba ocurriendo en el norte de Quiché.

El jueves 31 de enero de 1980, indígenas campesinos organizados, acompañados de estudiantes, obreros, pobladores y cristianos, entraron a la embajada. Cerraron desde dentro las oficinas, desplegaron sus mantas con la consigna «EJÉRCITO ASESINO, FUERA DEL QUICHÉ», instalaron altoparlantes y comenzaron la demanda. Simultáneamente, otros estudiantes distribuyeron a medios de comunicación las demandas del grupo ocupante.

Como fuera dado a conocer por el testigo presencial Elías Barahona, el propio presidente Lucas García dio la orden de «que no salga nadie con vida de allí». El mensaje que querían dar era claro: no estaban dispuestos a permitir las luchas sociales y no les importaba, para ello, pasar por encima de convenios internacionales.

Eso fue lo que hicieron: prendieron fuego a la embajada e impidieron que unidades de rescate de bomberos y Cruz Roja pudieran intervenir oportunamente para salvar a las personas que se encontraban dentro del edificio. Las personas afuera del edificio gritaban: «los están quemando vivos». El resultado fueron 37 personas muertas, calcinadas.

Fotografía, elementos de los cuerpos de socorro proceden a retirar los restos carbonizados de las víctimas del incendio de la embajada de España en Guatemala, tomada de .

El entierro colectivo de las víctimas fue un acto masivo de protesta valiente contra la barbarie. Miles de personas desafiaron el terror y acompañaron el cortejo hasta el Cementerio General.

Previo a la salida del sepelio, dos estudiantes más fueron asesinados: Gustavo Adolfo Hernández, entonces presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina, y Jesús España, estudiante de Derecho. También fue desaparecida otra estudiante.

Hubo dos sobrevivientes entre las personas que se encontraban en la embajada: Máximo Cajal, entonces embajador de España en Guatemala, y Gregorio Yujá Xoná, campesino. El primero fue protegido por otros diplomáticos y pudo salir del país. El segundo fue trasladado al Hospital Herrera Llerandi, de donde fue sustraído/secuestrado, asesinado y su cadáver lanzado frente a la Rectoría de la Universidad de San Carlos –USAC–.

El movimiento social organizado no podía arriesgarse a seguir perdiendo a sus integrantes y decidió entonces que Gregorio fuera enterrado en el campus universitario, donde aún se encuentra, en la que se llamó Plaza 31 de Enero.

El dolor provocado por esta masacre se tradujo en rabia, rebeldía y decisión de lucha. Lejos de paralizar al movimiento social, este se fortaleció, creció y continuó, como se puso de manifiesto en la Lucha de la Zafra de fines de febrero y marzo del mismo año, la mayor movilización de trabajadores del campo en la historia de Guatemala.

El heroísmo de las y los ocupantes de la embajada de España sigue siendo inspiración de nuevas luchas. Nos dicen que podemos caer muchas veces, pero que también podemos –y debemos– levantarnos para seguir caminando. Nos hacen un llamado a la resistencia y a la unidad de los Pueblos, como se expresó entonces. Sus sueños, que también son los nuestros, siguen incólumes y avanzan a contracorriente.

Iximuleu (Guatemala), 31 de enero de 2020

https://www.gazeta.gt/82244/?fbclid=IwY2xjawILqKhleHRuA2FlbQIxMAABHYtNzrkE9oqGZEaT-kW_8iX1nWLb5FjynDn8cSV1UdRWI-n1Bfsy0grPPg_aem_-8rhNNYUCstQginQWtEaDQ

GUATEMALA: Palabras en el acto de develación de la placa conmemorativa por el 45 aniversario del incendio de la embajada de España en Guatemala 31 de enero de 2025

Palabras en el acto de develación de la placa conmemorativa por el  45 aniversario del incendio de la embajada de España en Guatemala 31 de enero de 2025

Edgar Celada, COPADEH

Apreciables señoras y señores que nos acompañan en este acto, tengo la especial responsabilidad de dirigirme a ustedes en nombre de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, delegado para el efecto por el director en funciones de la institución.

La tarea que se me ha encomendado incluye referir las motivaciones de la COPADEH para realizar la develación de una placa conmemorativa por el 45 aniversario de la que, muy apropiadamente, es conocida en la historia nacional como la masacre de la embajada de España, ocurrida un día como hoy, el 31 de enero de 1980.

A la gran mayoría de quienes nos encontramos reunidos hoy aquí, nos resulta más que evidente la necesidad de que una representación del Estado, en este caso una entidad del Organismo Ejecutivo, haga un reiterado reconocimiento de la responsabilidad estatal en ese hecho de brutalidad criminal, que sigue siendo motivo de vergüenza nacional.

Pero lo que es claro para la mayoría de los asistentes a este acto, no lo es, lamentablemente, para una porción considerable de las y los habitantes de este país. 

Una elemental encuesta de carácter doméstico con seguridad daría como resultado que la mayoría ignora lo que ocurrió aquí hace 45 años.

Y más aun, ignora por qué ocurrió, ignora por qué un grupo de líderes indígenas, de campesinos, de trabajadores del campo y de la ciudad, y de estudiantes universitarios, se hicieron presentes en ese edificio, entonces sede diplomática de España, y lo ocuparon pacíficamente para denunciar el embate represivo, contrainsurgente y violador de los derechos humanos, que asolaba el norte del departamento de Quiché. 

También es desconocido para la mayoría de la población que la respuesta del gobierno a la acción pacífica fue un ataque incendiario contra la sede diplomática por parte de la Policía Nacional, que provocó la muerte de 37 personas.

Esos hechos y otros conexos, no obstante estar plenamente documentados en el juicio seguido al jefe policial que comandó la operación represiva, están ocultos por el manto del silencio, del ocultamiento y del burdo negacionismo, que apuestan por la desmemoria como una herramienta aliada predilecta de la impunidad.

Aquellas mentes oscuras e insanas, que dieron la orden de que nadie saliera con vida de este edificio, que violaron a sabiendas la extraterritorialidad diplomática española, contaban precisamente con la certeza de su impunidad, así como sus herederos políticos de hoy siguen confiando en que sus amenazas al proceso democrático pueden parapetarse en la cooptación temporal de espacios clave del aparato judicial.

Los criminales de ayer, como los criminalizadores de hoy, apostaron por la impunidad y apostaron por el olvido. Pero veámonos aquí, hoy, dando testimonio de su fracaso. Porque, dicho con palabras de Mario Benedetti, «el olvido está lleno de memoria».

O dicho con palabras coreadas por miles de voces en calles y plazas, durante años y decenios de luchas populares y democráticas: estamos aquí «¡porque el color de la sangre no se olvida!».

Este es un acto de dignificación, en memoria de personas que murieron en una forma que no buscaron ni merecían. 

El actual Gobierno de Guatemala, como representante del Estado guatemalteco, ratifica el reconocimiento de la responsabilidad estatal en estos trágicos hechos. 

Al hacerlo, busca impedir que caiga el manto del olvido sobre la memoria de las víctimas, a quienes desea dignificar y, al hacerlo, busca apuntalar el principio de no repetición, necesario para construir una democracia basada en la verdad y la justicia.

Reflexionar sobre eventos como la masacre de la embajada de España, es vital para superar el legado de impunidad que persiste en Guatemala. 

La memoria histórica actúa para dignificar a las víctimas y sus familiares, pero también contribuye a fortalecer la democracia al propiciar que estos crímenes no se repitan.

Por comodidad se acude a la cifra sintetizadora: se dice y se escribe, «en la embajada de España murieron 37 personas». 

Pero ninguna de ellas era un número: tenían nombres y apellidos, tenían una vida cotidiana, con sueños y angustias, alegrías y sinsabores, como cualquiera de quienes estamos reunidos hoy aquí recordándolos.

Y porque ninguna de ellas y ellos eran un número, me permito nombrarlos, porque lo que no se nombra no existe, cuando ellas y ellos deben seguir existiendo en la memoria nacional:

SONIA MAGALY WELCHES VALDEZ

LUIS ANTONIO RAMIREZ PAZ

LEOPOLDO PINEDA PEDROZA

EDGAR RODOLFO NEGREROS

BLANCA LIDIA DOMINGUEZ GIRON

FELIPE SAENZ MARTINEZ

JAIME RUIZ DEL ARBOL SOLER

MARY WILKEN MOLINA DE BARILLAS

MARIA LUCRECIA RIVAS DE ANLEU

MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ URRUTIA

NORA ADELA MENA ACEITUNO

MARIA TERESA VILLA DE SANTA FE

MARIA CRISTINA MELGAR ESPINOZA

EDUARDO CACERES LEHNHOFF

ADOLFO MOLINA ORANTES

MATEO SIS

VICTORIANO GOMEZ ZACARIAS

JUAN CHIC HERNANDEZ

MATEO LOPEZ CALVO

JUAN JOSE YOS

MARIA RAMIREZ ANAY

REGINA POL CUY

FRANCISCO CHEN

SALOMON TAVICO

VICENTE MENCHU

MARIA PINULA LUX

JUAN US CHIC

FRANCISCO TUN

TRINIDAD GOMEZ HERNANDEZ

JOSE ANGEL XONA

GAVINO MARIO CHUPÉ

JUAN TOMAS LUX

MATEO SIC CHEN

JUAN LOPEZ YAC

GASPAR VIVI

FELIPE ANTONIO GARCIA

MARIA RAMIREZ ANAY

A este listado hay que agregar, por supuesto, el nombre de GREGORIO YUJÁ XONA, sobreviviente del incendio, secuestrado en el centro hospitalario donde era atendido y asesinado posteriormente. 

También agreguemos a los dirigentes estudiantiles Jesús España y Gustavo Hernández, asesinados días después durante el sepelio de la mayoría de las víctimas, en el centro histórico de la ciudad.

Tales son los nombres de quienes fueron innecesariamente sacrificados, en hechos que no pueden dejar de describirse como una tragedia nacional, pero que también cabe reivindicar como ejemplo de las valerosas luchas de los pueblos de Guatemala por la democracia y por el respeto de los derechos humanos.

La memoria de las y los mártires de esas luchas nos convoca a continuarlas. Diría Nicolás Guillén: «la hora no es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano».

Hoy hacemos la develación material y a la vez simbólica de una placa conmemorativa, que será colocada oportunamente en este lugar y que dice lo siguiente:

El 31 de enero de 1980, las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala incendiaron en este lugar el inmueble que ocupaba la antigua embajada de España, provocando la muerte de 37 personas.

En memoria de las víctimas y su dignidad, el Gobierno de Guatemala reconoce la responsabilidad estatal de este crimen de lesa humanidad.

Por el derecho a defender derechos

Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos

Guatemala, 31 de enero de 2025.

 

Agradecemos a todas y todos ustedes por su asistencia a este acto, y en particular agradecemos a la Convergencia 31 de Enero por la posibilidad de confluir en la realización de estas jornadas conmemorativas. 

Que tengan buena tarde y buen camino hacia sus destinos.

 

Guatemala, 31 de enero de 2025

GUATEMALA: No les hemos olvidado

Autoría: Iduvina Hernández

 

Hace 45 años, el 31 de enero de 1980, la Policía Nacional asaltó e incendió la embajada de España en Guatemala. La acción terrorista fue la respuesta del Estado al mando de Romeo Lucas García, ante la ocupación pacífica por parte de hombres y mujeres, indígenas en su mayoría,que buscaban que se detuviera la barbarie en sus comunidades.

La mañana de ese día, un grupo de hombres y mujeres del norte de Quiché y otras comunidades, integrantes del Comité de Unidad Campesina (CUC), llegaron a la sede diplomática y la ocuparon. Les acompañaban integrantes del Frente Estudiantil Revolucionario Robin García (FERG) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y de secundaria. La denuncia internacional ante las atrocidades que vivían a manos del ejército de Guatemala buscaba obtener solidaridad y evitar que las acciones del terrorismo de Estado se acrecentaran.

 

Sin embargo, la respuesta gubernamental, lejos de respetar el derecho internacional y los tratados que obligan al Estado a respetar la sede diplomática, tomó por asalto el edificio con todas las personas que lo ocupaban. Para alcanzar su cometido de control, las fuerzas policiales prendieron fuego a las instalaciones y negaron el acceso de los cuerpos de socorro. 

 

A 45 años de este hecho deleznable, demandamos la reivindicación de quienes solo hicieron uso de su derecho a reclamar el cese de la barbarie. Como un 8 de marzo en 2017 lo hicieron las niñas del mal llamado Hogar Seguro.

Como resultado del hecho 36 personas, entre ocupantes y personal de la embajada, murieron en el incendio.  Dos personas que salvaron la vida, el embajador Máxio Cajal y el integrante del CUC Gregorio Yuja Xona, fueron trasladados a un centro asistencial. Gregorio Yujá fue secuestrado la noche de ese 31 de enero, lo  torturaron encima de las quemaduras que había recibido y luego fue asesinado. Su cuerpo sin vida fue lanzado frente a la rectoría de la USAC.

 

Durante el sepelio de las víctimas, cuando los cuerpos de estas eran trasladados desde el Paraninfo Universitario, en la zona 1, miembros del escuadrón de la muerte, oficialmente llamado Comando Seis, asesinaron a Gustavo Adolfo Hernández, estudiante de Medicina y a Jesús Alberto España, estudiante de Derecho. Ambos eran integrantes del FERG y habían participado en el velorio. 

 

En el 2015, un tribunal condenó por este crimen a Pedro García Arredondo, comandante del siniestro Comando Seis, responsable material de la masacre. No obstante, queda por juzgar las responsabilidades inherentes al racismo estatal y a los actos que formaban parte del plan ejecutado con  las violaciones a derechos humanos que denunciaron los ocupantes de la embajada y que derivarían en los actos de genocidio cometidos por el ejército.

 

Las víctimas de la masacre de la embajada de España no se nos han olvidado. La responsabilidad del Estado excluyente y racista, tampoco. A 45 años de este hecho deleznable, demandamos la reivindicación de quienes solo hicieron uso de su derecho a reclamar el cese de la barbarie. Como un 8 de marzo en 2017 lo hicieron las niñas del mal llamado Hogar Seguro. Al igual que Lucas García en 1980, Jimmy Morales también ordenó cerrar el acceso a los cuerpos de socorro y permitir que el fuego diera cuenta de las personas encerradas por las fuerzas de seguridad.

 

No se nos han olvidado las víctimas de la masacre de la embajada de España. No se nos han olvidado las niñas del hogar Virgen de la Asunción. No se nos ha olvidado el racismo y la discriminación. No se nos ha olvidado que la impunidad sigue siendo política del sistema de justicia. No se nos ha olvidado que tenemos derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia.

https://www.plazapublica.com.gt/opinion/no-les-hemos-olvidado 

GUATEMALA: La quema de la embajada española y la disputa de la memoria

Virgilio Álvarez Aragón | Política y sociedad / PUPITRE ROTO

El victorioso solo lo es si consigue que los demás acepten y aplaudan su relato. Pero si esa victoria es puesta en cuestión, demostrando no solo su falsedad, sino los crímenes cometidos para supuestamente conseguirla, intentará cubrirla con toneladas de silencio, pidiendo y hasta exigiendo que se mire para otro lado, haciendo como que hace justicia sin asumir de manera efectiva y seria las consecuencias de sus crímenes, insistiendo en su triunfo y en que todo lo hecho valió la pena. No nos dicen para qué valió la pena, porque tendrían que desenmascararse y decir que apenas valió para salvarse ellos, los de siempre, los que hablan de libertad, pero solo para sus negocios y sus ganancias.

Y es eso lo que ha ocurrido en estos cuarenta y cinco años transcurridos luego del crimen de Estado cometido contra cuarenta y un ciudadanos cuando se ordenó la quema de la sede de la embajada de España el 31 de enero de 1980. El primer intento del «victorioso» fue intentar hacer creer que las víctimas, al verse rodeadas por agentes de policía, habían decidido autoinmolarse, como si de una secta ultrarreligiosa se tratara, una decisión colectiva de la que no se tienen antecedentes históricos. La rapidez con la que se propagó el fuego y la posición en la que se encontraron muchos de los cadáveres son evidencia clara de la aplicación de un agente inflamable de alta toxicidad y calor. Las víctimas más próximas a las puertas de acceso murieron casi al instante. Ahora, con las evidencias del crimen cometido por el presidente Jimmy Morales contra las niñas del Hogar Seguro, es posible demostrar que ellas fueron encerradas hasta morir en el incendio, mientras las personas que se encontraban en la embajada española fueron asesinadas por invasores.

Pero el «victorioso» quiere insistir en su inocencia y, callando esta evidencia criminal, quiso culpar al jefe de la misión diplomática de haber organizado la toma de su sede para «provocar al Gobierno democrático» de Lucas García. La complicidad del diplomático no ha quedado demostrada, y aún, si así hubiese sido, los agentes del Estado no tenían ninguna justificación para asaltar territorio de otro Estado, como es el de una embajada.

Pero si el crimen ha quedado más que demostrado, los actores intelectuales y sus herederos quieren mantenerlo en el olvido o sumido en falsa justicia. Un juez valiente consiguió condenar al único acusado, un jefe policíaco tenebroso y sanguinario que simplemente ejecutó órdenes, sin que se haya podido condenar a quienes, con sus acciones, obligaron a los campesinos indígenas y sus acompañantes mestizos a tomar esa medida extrema para denunciar los crímenes que contra su comunidad se estaban cometiendo, mucho menos condenar y solucionar las causas que en aquellos años habían llevado a muchos a alzarse en armas. 

Para evitar hablar de todo ello, los agentes del Estado han hecho como que piden disculpas, ya sea en los alfombrados salones hispanos o en engalanados patios del Palacio Nacional. Pedidos de disculpas del diente al labio, pronunciados casi siempre por funcionarios que no tienen la posibilidad real de resarcir a las víctimas, ni condenar efectivamente a los perpetradores intelectuales, mucho menos resolver, al menos en parte, las causas que llevaron a la insurrección.

Mas no solo es eso, habiendo sido organizada la toma por un grupo de estudiantes universitarios, desde los despachos rectorales se ha decidido, con la complicidad abierta o inconsciente de docentes y estudiantes, callar ese crimen inventando falsas tricentenariedades. Así, el 31 de enero ya no se habla de crímenes contra la humanidad y el derecho internacional cometidos por un régimen terrorista que defendió, literalmente a sangre y fuego, los intereses de una élite económica que continúa humillando, vejando y explotando a la inmensa mayoría de la población guatemalteca. Se habla y celebra, ¡en latín!, la decisión de un rey español de crear «su» universidad en tierras guatemaltecas.

En la disputa por el relato, los «victoriosos», si bien no han conseguido imponer sus mentiras, han logrado silenciar el crimen y proteger tanto a los autores materiales e intelectuales, como a los que por décadas se han beneficiado de ellos. Si a ningún gobernante se le ha ocurrido convertir esa fecha en un día de la dignidad indígena ni realizar, al menos en las comunidades a las que pertenecían las víctimas, acciones efectivas de reparación y memoria, sus ministros de Educación tampoco han buscado promover en los centros escolares la reflexión y cuestionamiento de esos crímenes. Por su parte, las universidades y organizaciones supuestamente representantes de los pueblos originarios han decidido servir de cómplices y callar el crimen, ocultar el hecho con falsas conmemoraciones, o mirar ese y todos los días del año para otro lado.

El hambre y la miseria campea en los cuatro puntos cardinales del país, la injusticia y el autoritarismo dominan en el campo y la ciudad. El crimen organizado, tanto el de pistola al cinto como el de cuello blanco, destruye día con día la sociedad y sus recursos naturales, manteniendo vivas las causas de aquellas insurrecciones armadas. Resolverlas es urgente, tanto como no olvidar aquellos crímenes y señalar, sin eufemismos, a los perpetradores y a quienes los crearon y protegieron. El olvido y la indiferencia solo pueden llevar a la repetición de lo que ahora se intenta ocultar.                https://www.gazeta.gt/82179/

GUATEMALA: Memoria, verdad y justicia por la masacre en la Embajada de España

Por: Víctor Ferrigno F.

Al conmemorarse el 45 aniversario de la Masacre de la Embajada de España, sin duda podemos afirmar que hemos vencido al terror contrainsurgente. Pero no lo decimos con triunfalismo ni soberbia, pues ha sido una lucha larga y dura, en la que los hombres y mujeres sobrevivientes empeñamos la vida que logramos preservar. En esta gesta, hicimos realidad la máxima bolivariana que “el arte de vencer se aprende en la derrota”.

Como individuos y como sociedad, nuestros actos nos definen. Lo realizado, o lo que dejamos de hacer, determina el rumbo de nuestras vidas. Por ello, la memoria histórica da cuenta de lo que somos como sociedad, explica cómo hemos llegado hasta aquí, sirve para entendernos y para delinear nuestro futuro. Rescatarla, equivale a preservar nuestra esencia y tener conciencia de nuestra identidad. Por ello, no cejaremos en nuestro esfuerzo memorioso.

La masacre de nuestros compañeros y el personal de la Embajada, como se demostró en el juicio, tuvo como propósito aterrorizar a la población, quemando vivos a quienes pacíficamente tomaron la legación diplomática, para frenar el genocidio en el norte del Quiché. 

Fue el corolario de meses de denuncias y acciones políticas bajo la consigna “Ejército asesino fuera del Quiché”. Ese grito desgarrador lo pintamos en paredes y lo grabamos en la conciencia de la ciudadanía que no fue cómplice del genocidio, como los son ahora los militares “matamarrados” y los politicastros cobardes que les sirven, a cambio de altos puestos y espurias monedas.

Los hechos, aunque extensamente conocidos, han sido permanentemente tergiversados. La ocupación pacífica de la Embajada por campesinos, indígenas, obreros y estudiantes, no tuvo más propósito que el de exigir que se integrara una Comisión Independiente para que investigara las masacres del Ejército en el Quiché.

La respuesta del gobierno luquista fue invadir territorio español y quemar vivos a casi todos los ocupantes, a pesar de que el embajador Máximo Cajal y el canciller español Marcelino Oreja, demandaron el respeto a la extraterritorialidad de la legación diplomática.

Por eso, quienes nos oprimen pretenden ocultar o tergiversar nuestra memoria colectiva, para enajenarnos y dominarnos con mayor facilidad. Esclarecer hechos como la masacre de la Embajada de España es sano, permite desentrañar la verdad histórica y demandar justicia y reparación digna y transformadora para las víctimas. Hacerlo bien es la única garantía para evitar que vuelvan a suceder hechos tan dolorosos, para impedir que el Estado sea instrumento de muerte, en lugar de ser garante de vida, de justicia y de desarrollo.

El Estado ya ha reconocido su responsabilidad en la masacre. Primero, cuando el Canciller de la República, Eduardo Stein, pidió perdón por la masacre al pueblo y al gobierno español, después de la firma de la Paz. Luego, cuando el Congreso emitió el Punto Resolutivo 6-98, estableciendo en su tercer considerando: “Que en el año de 1980, un grupo de campesinos hizo suyos los sufrimientos, necesidades y peticiones de la inmensa mayoría guatemalteca que se debate entre la pobreza y pobreza extrema, al tomar la embajada de España con el único fin de que el mundo conociera su situación”. Además, resolvió que los ocupantes “dieron su vida por encontrar el camino para un mejor futuro y alcanzar la paz firme y duradera”.

Lo anterior es el fruto de un esfuerzo colectivo de quienes hemos mantenido viva la memoria de aquellos luchadores por la paz, convencidos que debe haber justicia para que haya reconciliación.

Tuvimos que esperar 36 años para que se realizara el juicio en el que se individualizaron las responsabilidades penales por la masacre del 31 de enero de 1980, ya que nuestro ordenamiento jurídico no permite enjuiciar al Estado.

La matanza nos golpeó brutalmente, pero no nos desmovilizó, pues dos días más tarde, el 2 de febrero de 1980, más de treinta mil ciudadanos rompimos el cerco militar y policial y le dimos a los mártires la más digna sepultura. 

En el sepelio, los estudiantes Jesús España, Gustavo Hernández y yo fuimos ametrallados por Pedro García Arredondo, Jesús Valiente Téllez y sus esbirros. Los dos compañeros murieron, pero yo sobreviví para reivindicar su ejemplo y contribuir a la condena de 90 años al Jefe del Comando Seis. 

Meses más tarde, en plena dictadura luquista, los trabajadores del campo pararon la zafra y el corte de café y, en una gesta sin precedentes, lograron que el salario mínimo agrícola se incrementara 320%. El enfrentamiento fue con los finqueros, sus bandas de sicarios y el ejército que, totalmente rebasado, no pudo frenar una lucha que involucró a más de 300 mil obreros del campo.

Después, la matanza siguió contra los universitarios, los sindicalistas, los pobladores, los religiosos, los socialdemócratas y, con especial sevicia, contra los Pueblos indígenas. Sin embargo, la lucha continuó desde la clandestinidad, desde el exilio o desde los Comités de Población en Resistencia. Fue ese clamor ciudadano por la paz el que posibilitó el cese al fuego y las negociaciones de paz.

Después vino la Paz y se impuso la dictadura del gran capital, que utilizó todos sus medios de comunicación para dar una batalla contra la verdad histórica. Durante muchos años los mártires, los auténticos patriotas, las víctimas de la ignominia castrense y oligárquica fueron tildados de subversivos y terroristas, hasta que logramos sentar a los victimarios en el banquillo de los acusados y demostrar su culpabilidad.

En juicios televisados, que observaron el debido proceso hasta el último detalle, se demostró que fueron los militares, al servicio de la oligarquía, quienes construyeron un régimen de terror contrainsurgente, que ahora se hace pedazos, gracias a miles de mujeres y hombres que no cedimos en nuestros afanes libertarios, mantuvimos viva la memoria, reclamando verdad y justicia.

Parece que fue ayer, pero ya han pasado 45 años desde la masacre de la Embajada de España, el 31 de enero de 1980. La rabia desapareció, pero el dolor persiste, agudo, pertinaz, implacable. La rabia se desvaneció porque hubo justicia; en un juicio con todas las garantías del debido proceso, se demostró cómo el Estado de Guatemala, y sus agentes represivos, con el apoyo de la oligarquía, promovieron brutales crímenes de lesa humanidad, como quemar vivos a los ocupantes de la Embajada de España y al personal de la legación.

 En su informe, la Comisión de Esclarecimiento Histórico aclaró los hechos y estableció que se trató de un crimen del gobierno de Lucas García. Hubo verdad y justicia, pero no hubo reparación digna ni garantías de no repetición. Eso permitió que, décadas después, durante el gobierno de Jimmy Morales, 41 niñas fueran abrasadas vivas en el estatal “Hogar Inseguro Virgen de la Asunción”, crimen por el que el comediante debe responder.

La historia nos enseñó que el arte de vencer al terror radica en la consecuencia, en la lucha y en la perseverancia. Lo más duro fue superar los años de oscuridad y silencio, aquella época en que encarnamos el ejemplo de Mahatma Gandhi: “Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón. Incluso si eres una minoría de uno solo, la verdad sigue siendo la verdad”.

https://lahora.gt/opinion/vferrigno/2025/01/29/memoria-verdad-y-justicia-por-la-masacre-en-la-embajada-de-espana/