La práctica dictatorial del poder.
En víspera de Navidad, los periodistas y comunicadores sociales tienen que enfrentar las embestidas del capital nacional y transnacional, así como de funcionarios y políticos que unas veces los embisten, otras les amenazan y ahora practican las acusaciones en los tribunales para silenciar a quienes ejercen el derecho de opinar. Algunos periodistas no han tenido la suerte que algunos poseemos, y descansan en una tumba fría después de haber desafiado al sistema y denunciado las movidas chuecas de funcionarios o empresarios.
Además de las acusaciones de terroristas, que algunos afrontamos en los tribunales y por las cuales ya fuimos llamados a declaración y que persiguen el objetivo que no insistamos en la aplicación de la justicia por los crímenes del pasado, ahora le ha tocado el turno a Francisca Gómez Grijalva, columnista de ‘Prensa Libre’,.
Después de su artículo contra los abusos de la cementera en San Juan Sacatepéquez, fue citada, no por un tribunal de imprenta como debe ser, sino por un juzgado civil que le advierte que es para “preparar juicio posterior contra ella”, todo a petición de los personeros de la empresa que se sienten ofendidos por la defensa que la colega hace de 12 comunidades que pueden ser afectadas, en el uso del agua y la destrucción de las montañas.
Estamos finalizando el año y la criminalización de los conflictos sociales y del derecho de libre expresión sigue en pie, mientras se pregona a los cuatro vientos que vivimos en un Estado democrático, donde el discurso nada tiene que ver con la práctica dictatorial de quienes ejercen el poder, tal como lo expresa la Asamblea Departamental de Huehuetenango en su último comunicado “La represión y criminalización como estrategia del gobierno, en el año 2013 atravesó todo el país en donde tenemos persecución, encarcelamiento y asesinatos de líderes, cuyo único delito es defender su comunidad, su territorio y su vida”.
Está bien que el Ministro de Comunicaciones cubra de concreto las carreteras del país, pero está mal que los niños mueran de hambre y se criminalicen las opiniones de los columnistas, intentando sepultar bajo cemento la libre expresión para silenciar a los y las periodistas que desde estos espacios apoyan la lucha de los pueblos en defensa del territorio y de los recursos naturales. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libre Expresión ha sido claro al señalar: “En tiempos de guerra o paz, cuando el derecho público de conocer la verdad de los hechos es amenazada, todos los derechos humanos pueden ser minados”.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20131219/opinion/239868/
No hay comentarios :
Publicar un comentario