Por: Miguel Ángel Albizures
Mucho se ha dicho que el silencio es complicidad, aun cuando este se dé por amenazas, persecución, criminalización y juicios que tengan como objeto obligarnos a guardar silencio ante el acontecer diario y en relación a funcionarios e instituciones que tienen obligación de cumplir con las funciones para las que fueron nombrados. Pero sea lo que sea, lo mejor es hacerle frente, denunciarlos y enfrentarlos, sí necesario es, en los tribunales correspondientes, pero no callar, no hacer las del avestruz porque iremos perdiendo derechos que nos garantiza la Constitución de la República, por el contrario, hay que poner en evidencia a quienes atentan, directa o solapadamente, contra el derecho ciudadano de expresarse.
A las más de un centenar de denuncias penales en los tribunales que enfrentamos varios periodistas, hay que agregar las acusaciones contra Daniel Pascual, dirigente campesino, quien por expresar públicamente su posición sobre la situación del país y la actitud de funcionarios de la Asociación Contra el Terrorismo, es llevado juicio con el objeto de silenciarlo y sembrar temor en la dirigencia de diversas organizaciones sociales, lo cual es un atentado a la emisión del pensamiento, pues incluso hay resoluciones de salas y tribunales, que en este caso no cabe un Tribunal de Imprenta, porque eso solo puede conformarse en caso de periodistas, lo que veda el derecho ciudadano a la Libre Emisión del Pensamiento.
En estos días se ha dado a conocer el macabro plan, del presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, de destinar recursos de los contribuyentes para el monitoreo y control de los medios de comunicación, de periodistas y columnistas, lo que representa una clara amenaza al derecho de expresarnos. Suponemos que ese tipo de controles existe en otras instituciones y que en este caso hay conocimiento de autoridades superiores, pues no por gusto estarán implicados militares, quienes históricamente han desarrollado espionajes telefónicos y otros métodos de inteligencia para el control ciudadano, especialmente de periodistas, políticos, activistas sindicales, comunitarios o de derechos humanos.
La Unidad de Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) registró el año pasado, 18 asesinatos de defensoras y defensores y 61 denuncias judiciales. Este año hemos seguido por el mismo camino. Después del control, viene la criminalización, los juicios, amenaza, persecución y asesinato y es por eso que no debemos callar, sino de denunciar a quienes están atentando contra la Libre Emisión del Pensamiento.
http://elperiodico.com.gt/es/20140724/opinion/251372/
No hay comentarios :
Publicar un comentario