LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN GUATEMALA, ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA -APG-

GUATEMALA: INFORME DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 PRIMEROS CUATRO MESES 2020

3 de mayo 2020  

ELABORACIÓN HECTOR COLOJ

EDICIÓN LUIS OVALLE

MONITOREO HECTOR PERALTA

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA (APG) 

PRESIDENTE: MIGUEL ÁNGEL ALBIZURES 

VICEPRESIDENTE: ERWIN MÉRDIA 

DIRECTOR PRIMERO: BENEDICTO GIRÓN 

DIRECTOR SEGUNDO: ROSALÍA MARISOL LÓPEZ REYES 

DIRECTOR TERCERO: ESTEBAN US GARCÍA 

DIRECTOR CUARTO: ZULMA YOMARA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA: EUDA LISETH MORALES 

PROSECRETARIO: LEONEL ESTRADA FURLÁN 

TESORERO: IDALME SANDOVAL 

Libertad de Expresión en Guatemala

Introducción. 
La libertad de expresión y la seguridad de los periodistas y comunicadores sociales continúa siendo un tema delicado para Guatemala. El cambio de año dejó atrás a uno de los gobiernos más nefastos, intolerante hacia el papel crítico de la prensa y violador de los derechos humanos, en la historia reciente del país. Sin embargo, la realidad de los comunicadores sociales poco o nada ha cambiado. 

Con el cambio de gobierno desaparecieron casi por completo las campañas de desprestigio y difamación contra integrantes de la prensa, defensores de derechos humanos y miembros de sociedad civil y dio inicio una aparente apertura. Sin embargo, esto empezó a cambiar con la crisis provocada por el Covid-19 y las críticas hacia el Ejecutivo por el manejo de la emergencia. 

Las acciones del gobierno para restringir información a los periodistas y medios de comunicación iniciaron desde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La responsable de comunicación de esa cartera decidió cerrar el chat institucional que tenía con la prensa y abrir uno nuevo, en el que se excluyó a varios periodistas. Aparentemente esta medida serviría para mejorar la comunicación, lo cual no ocurrió, pues distintos reporteros denunciaron en redes sociales, que la información requerida nunca era entregada o sus solicitudes eran respondidas con demasiada demora. 

Mientras el Ministerio de Salud continuaba retrasando o negando la información a los periodistas, el presidente Alejando Giammattei los acusaba públicamente de solicitar datos sensibles sobre los pacientes infectados, como dirección domiciliar y nombres. 

Esa misma noche, el Secretario de Comunicación Social, Carlos Sandoval, decidió cerrar la participación de los reporteros en los chats institucionales del Ministerio de Salud y de la Presidencia, con la excusa de que cualquier consulta se hiciera de forma privada con los responsables de comunicación, incluyéndolo a él. Sandoval incluso intentó justificar las declaraciones del presidente, pero no pudo demostrar que los periodistas hubieran solicitado información privada. 

Esta no fue la primera actitud preocupante y desafiante que Giammattei tuvo hacia la prensa. El gobernante criticó con severidad, desde el discurso público, investigaciones que un periodista realizó en las que se le involucraba a él y su partido. El mandatario argumentó que las publicaciones eran mal intencionadas e inexactas. 

Más preocupante aún, el gobernante dijo haber identificado a siete personas que “incitan a la sedición” en redes sociales, las cuales serían denunciadas ante el MP. Las declaraciones de Giammattei serían una respuesta a las múltiples críticas, que circulan en plataformas sociales, medios de comunicación y espacios de opinión, hacia él y sus funcionarios, debido al manejo de la crisis del Covid-19, la información que aparentemente estarían ocultando y sus disposiciones en beneficio del sector privado.

La utilización del derecho penal, la creación de nuevas normativas para criminalizar la libertad de expresión o cualquier acción emanada desde el Ejecutivo o autoridades públicas que pretenda aplacar las críticas contra funcionarios, es deplorable desde cualquier punto de vista y sería una afrenta directa a la normativa nacional y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Prácticas de este tipo son propias de regímenes autoritarios y dictatoriales, enemigos de cualquier crítica y fanáticos de las adulaciones.

 Desde el Organismo Legislativo, las acciones para limitar el trabajo de los reporteros continuaron. Con el cambio de Legislatura, polémicos e impresentables diputados cedieron su espacio a nuevos representantes. Esto haría pensar que nuevas ideas se sobrepondrían a los oscuros intereses que reinaron en el pasado, pero con sus argucias, la mayoría continuaron priorizando sus agendas particulares. 

Esto permitió la aprobación de la iniciativa 5257 de reformas a la Ley de ONGs (suspendida actualmente), la cual lejos de “fiscalizar” y mejorar la labor de estas organizaciones, cedió poderes al Ejecutivo para que en un futuro, esta o las siguientes administraciones, pudieran cancelar de forma antojadiza a dichas entidades, la mayoría de carácter social, además de perseguir, criminalizar y sancionar a sus integrantes. 

El Congreso de la República, por medio de diputados como Felipe Alejos, directivo de ese organismo, enemigo de la fiscalización y adverso a los periodistas continúa empeñado en limitar y obstaculizar el trabajo de los reporteros en ese organismo. El jueves 2 de abril, mientras la junta directiva buscaba aprobar préstamos millonarios para atender la crisis del Covid-19, pero que incluía beneficios al sector privado, financiamiento al Parlacen y a un grupo de cuestionados ex constituyentes, el Legislativo prohibió el ingreso de periodistas al palco de prensa. 

El organismo tomó esta decisión con el pretexto de garantizar las medidas sanitarias, pero, en realidad pretendía que los reporteros no pudieran abordar ni entrevistar a los congresistas. El palco de prensa no estuvo cerrado únicamente en esta oportunidad, pues, habría sido cerrado desde la última semana de marzo. 

 En los poderes locales, la situación no fue distinta. Desde el mismo día de cambio  de periodo o renovación de las administraciones municipales se remarcó un problema endémico: la censura que imponen o pretenden imponer las corporaciones municipales a la prensa. Restricciones o atrasos para que los reporteros ingresaran a los actos protocolarios se conocieron durante este día. Incluso, algunos, alegaron ignorancia sobre los derechos de la prensa, para prohibirles la cobertura de actividades del concejo municipal. 

Pero no solo las corporaciones municipales son responsables de agredir o censurar a los periodistas y medios de comunicación, también lo son los gobernadores, diputados, empleados públicos y autoridades de distintas instituciones estatales. Amenazas de muerte, daño o destrucción de equipo profesional, ataques físicos y obstaculizaciones a la cobertura periodística son parte de los ataques recurrentes de estos funcionarios de los cuales el Observatorio de los Periodistas ha tenido conocimiento. 

Hasta el 19 de abril, el Observatorio de los Periodistas reportó 28 casos de ataques en contra comunicadores sociales y medios de comunicación, en 13 departamentos distintos. 

Crímenes contra la vida 

Caso Irma Chinchilla

El primero de los crímenes ocurrió la noche del jueves 6 de febrero en el municipio de Salamá, Baja Verapaz, al norte del país, cuando la locutora Irma del Carmen Chinchilla fue atacada con arma de fuego por un hombre que la interceptó cuando ella se dirigía a un gimnasio. La comunicadora iba acompañada por familiares, quienes resultaron ilesos. 

Chinchilla recibió un disparo en el rostro e inmediatamente fue trasladada al Hospital Nacional de Baja Verapaz. Debido a la gravedad de las heridas, la mañana siguiente la trasladaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en la zona 9 capitalina. En este nosocomio permaneció en cuidados intensivos hasta la mañana del lunes 10 febrero, fecha en que falleció.

La locutora laboró por 15 años en “Radio Quetzal”, conduciendo segmentos musicales, en los que se abordaban diversos temas. Por las mañanas de 10 a 12 conducía el programa “Carga Positiva”, mientras que por las tardes, de 16 a 18 horas, “De Retorno con Carmencita Chinchilla”. 

Un comunicador, compañero de la víctima, aseguró que ella no había recibido amenazas de ningún tipo, sin embargo, en diciembre de 2019 ella denunció que era víctima de una campaña de desprestigio en redes sociales, aparentemente por temas personales y que no tenían relación con su profesión. El caso lo conoce actualmente la Fiscalía de Femicidio. 

Caso Bryan Guerra 

El segundo hecho se suscitó la noche del 27 de febrero, con el ataque y posterior muerte del joven periodista Bryan Leonel Guerra Chegüen, conductor de noticias del Canal TL Com y vicepresidente de la Red de Comunicadores Sociales de Chiquimula. 

Esa noche el periodista se dirigía a recoger a su pareja e hijo a un templo ubicado en la zona 4 de la cabecera de Chiquimula, cuando hombres a bordo de un vehículo lo atacaron con armas de fuego. 

Guerra logró comunicarse con los bomberos, quienes lo llevaron al Hospital Nacional de Chiquimula. Durante las 72 horas posteriores al ataque, el comunicador fue intervenido en dos ocasiones, debido a la gravedad de las heridas, pues los proyectiles penetraron el estómago, intestino y uno de los riñones. Guerra falleció la mañana del martes 3 de marzo. 

El Observatorio de los Periodistas tuvo conocimiento de que en los últimos meses el periodista recibió amenazas de muerte, las cuales fueron denunciadas ante la policía y el MP locales, sin embargos, éstos no brindaron ayuda a Guerra ni investigaron el hecho, argumentando que no existían pruebas ni elementos para comprobar las amenazas. El reportero no habría denunciado ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, supuestamente, porque no tendrían relación con su labor periodística. 

Censura en medio de la emergencia Gobierno y Congreso restringen información durante crisis del Covid-19 

La pandemia mundial del nuevo coronavirus acentuó en Guatemala la crisis del sistema de salud pública, agudizó la situación de millones de ciudadanos, en particular de aquellos que viven en el umbral de la pobreza y la pobreza extrema, y desnudó el problema de comunicación y relación del gobierno con los medios de comunicación, algo que no es nuevo ni exclusivo de esta administración, sino que es una situación que se ha repetido en los últimos gobiernos.

Si bien el gobierno de Alejandro Giammattei no ha replicado las ofensivas de su antecesor hacia la prensa, existen actitudes coléricas y preocupantes del gobernante hacia el papel de los periodistas que hacen temer que, en un cercano o mediano tiempo, se acrecienten las restricciones de información a la prensa, se continúe estigmatizando a los reporteros o se incurra en otras medidas (incluyendo la utilización del derecho penal) para atacarlos. 

El primer exabrupto del mandatario ocurrió pocos días después de asumir el cargo, cuando criticó con severidad una serie de investigaciones que el periodista Marvin del Cid publicó, las cuales lo involucraban a él y a la agrupación política que lo impulsó a la primera magistratura del país. 
  
Durante una conferencia de prensa, el 20 de enero, Giammattei declaró: “me parece que el señor Marvin del Cid nos la trae (…) porque se ha dedicado a hacer una serie de investigaciones basadas en no sé qué y nosotros mismos consideramos que se está extralimitando”. Entre las publicaciones, hechas por Prensa Libre, se encontraban dos sobre los asesores de la campaña del mandatario, el panameño Poll Anria y el mexicano Kif Nava, así como la existencia de una oficina que habría servido para contratar a personal en el gobierno de Giammattei. 

Con la crisis del nuevo Coronavirus y las medidas sanitarias dictadas por el gobierno, la información respecto a esta emergencia empezó a ser bloqueada y retrasada por los responsables de comunicación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como de la Presidencia. 

El 19 de marzo, la encargada de comunicación social de la cartera de salud, Ana Lucia Gudiel Zacarías, decidió cerrar el chat institucional que ese ministerio tenía con los periodistas. El cierre de este espacio ocurrió luego de que periodistas de distintos medios denunciaran la falta de datos y respuestas, respecto a las acciones implementadas respecto al Covid-19.

De acuerdo con denuncia de comunicadores en redes sociales, la vocera de la institución aseguró que se trabajaría con “listas de difusión”, para mejorar la comunicación. Salud Pública decidió abrir un nuevo chat, pero en esta ocasión, se excluyó a varios periodistas. Pese a la promesa de agilizar la información, la falta de respuestas y datos continuó. 

Mientras la crisis avanzaba, en redes sociales, espacios de opinión y en algunas publicaciones de medios de comunicación se criticaban las respuestas del gobierno hacia la pandemia, entre ellas, la decisión de no masificar las pruebas, las acciones en materia económica y la incoherencia del mandatario entre sus declaraciones y sus decisiones respecto a la suspensión de labores y actividades públicas. 

El 1 de abril, durante una entrevista televisiva, el presidente aseguró que tenían identificado a 7 personas que “están incitando a la sedición” por medio de las redes sociales, las cuales serían denunciadas ante el MP. Las declaraciones de Giammattei serían una respuesta a las numerosas críticas que él y sus funcionarios habían recibido en las últimas semanas. Pese a estos serios señalamientos, el gobierno no presentó pruebas de los supuestos mensajes o publicaciones, que a criterio del gobernante, incurrían en el delito de sedición. 

Unas semanas después, la noche del sábado 11 de abril, en un nuevo exabrupto en cadena nacional, el gobernante acusó a reporteros de solicitar información, nombres y direcciones domiciliares de los pacientes infectados por el Coronavirus.

Es preciso recordar que cuando se conoció el primer caso positivo del Covid-19, fue el mismo presidente el encargado de brindar el nombre, edad y procedencia del paciente; incluso en este último tema brindó dos versiones. Además, en redes sociales circuló un listado de personas en cuarentena, el cual incluía nombre, edad, número telefónico y dirección, datos que habrían sido filtrados por alguien dentro del Ministerio de Salud. 

Después de las acusaciones del mandatario, periodistas y activistas criticaron en redes sociales las declaraciones de Giammattei, las cuales carecían de cualquier fundamento o prueba. Las quejas de los reporteros hicieron que el Secretario de Comunicación Social, Carlos Sandoval, restringiera la participación de los periodistas en el chat de comunicación del Ministerio de Salud y de la Presidencia.

En un inicio, Sandoval dijo que la participación de los periodistas en estos espacios estaría restringida por poco tiempo, luego aseguró que las consultas serían de forma “personalizada” y “en privado”. No conformes con estas acciones, del chat de Salud Pública fue expulsada Francelia Solano, reportera del medio digital Nómada. 

La mañana siguiente a este incidente, el Secretario de Comunicación intentó burdamente defender las declaraciones del presidente. En su cuenta de Twitter, Sandoval mostró dos mensajes en los que se le consultaba quiénes eran los 19 pacientes recuperados y dónde vivían, pero en ningún momento, los reporteros solicitaban dirección o nombre de los pacientes. Los reporteros buscaban saber municipio de residencia y número de pacientes, como los había catalogado el gobierno, brindando información sobre el sexo, edad y lugar de los infectados. 

Esa misma tarde (el domingo 12 de abril), el director del Área de Salud de Quetzaltenango, Juan Nájera, indicó que no brindaría información respecto a casos del Covid-19 en ese departamento, aduciendo que existía una prohibición expresa del presidente, que solo él o el Ministerio de Salud podrían brindar información.

Las restricciones impuestas por el gobierno no solo entorpecen el trabajo realizado por los periodistas y medios de comunicación, si no que veda a la ciudadanía de información oficial, precisa y veraz que les permita conocer de mejorar manera la crisis que atraviesa el país. La Presidencia no puede pretender que la ciudadanía implemente las medidas adecuadas para su resguardo y el de sus comunidades si se continúa negando información respecto a las pruebas realizadas, personas, el alcance del virus, entre otros datos. 

Una declaración conjunta de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Naciones Unidas y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, recalcó que “es esencial que los gobiernos proporción en información veraz sobre la naturaleza de la amenaza que supone el coronavirus. Los gobiernos de todo el mundo están obligados, en virtud de las normas de los derechos humanos, a proporcionar información fidedigna en formatos accesibles a todos (...)” 

La declaración añade que “el derecho a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando se tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno”. 

El Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye; el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, Harlem Désir; y el Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, instaron a los gobiernos a que “apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma”. 

“Cualquier intento de penalizar la información relativa a la pandemia puede crear desconfianza en la información institucional, retrasar el acceso a la información fiable y tener un efecto silenciador en la libertad de expresión”. 

En tanto, la Resolución 1/2020 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, de la CIDH, estableció que debe asegurarse “El derecho de acceso a la información pública (...) y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. Los órganos que garantizan este derecho y los sujetos obligados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente (...) de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”. 

“En los casos de postergación de los plazos de solicitudes de información en asuntos no vinculados a la pandemia, los Estados deberán fundamentar la negativa, establecer un espacio temporal para cumplir con la obligación y admitir la apelación de estas resoluciones”. 

La Comisión indicó también que se debe “respetar la prohibición de censura previa y abstenerse de bloquear total o parcialmente sitios de medios de comunicación, plataformas o cuentas de particulares en Internet”. 

En cuanto a las declaraciones de funcionarios, el organismo recordó que éstos “están expuestos a un mayor escrutinio y a la crítica pública, aún en periodos especiales”. 

“En las actuales circunstancias, constituye un deber que las autoridades estatales informen a la población, y al pronunciarse al respecto, deben actuar con diligencia y contar en forma razonable con base científica”. 

Semanas después, las autoridades lograron identificar al supuesto responsable de realizar las llamadas. La persona detrás del acoso sería Gerson Rodas, vecino de la cabecera de Chiquimula que se identifica en distintos espacios como periodista y activista en temas de libertad de expresión. 

Acoso contra mujeres periodistas 

A comienzos de febrero una denuncia causó especial preocupación en el gremio periodístico: llamadas de acoso a mujeres periodistas realizadas por una mujer. Las denuncias empezaron a circular en Twitter, donde comunicadores relataron haber recibido llamadas de una mujer que se hacía pasar como una amiga o conocida, para obtener información personal de ellas. Todas las llamadas se hicieron desde el mismo número. 

Días más tarde, Prensa Libre publicó una nota en la que consignaba que más de 15 mujeres habían recibido este tipo de llamadas. Una de las comunicadoras afectadas dijo al Observatorio de los Periodistas que la mujer la llamó, haciéndose pasar como una amiga de la adolescencia, sin especificar su nombre. La persona de forma insistente pretendía saber la ubicación de la reportera y las actividades que realizaba. 

En una segunda llamada, la comunicadora le advirtió a la desconocida que la denunciaría si no se identificaba y revelaba sus intenciones. La persona rompió en llanto e insistió que era una vieja amiga, pero nunca se identificó.

La periodista, quien habló en calidad de anonimato, aseveró que varias de sus compañeras reporteras recibieron llamadas similares del mismo número y con todas, el modo de actuar fue similar: insinuar que era una familiar, una amiga o conocida, dirigirse a ellas de forma amistosa e intentar obtener información personal. 

Las periodistas acosadas pertenecían a distintos medios televisivos, escritos radiales e incluso, una de ellas era comunicadora social de un hospital nacional y una más integrante de la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), dependiente de la Presidencia. En alguno de los casos, se conoció que durante las llamadas la persona realizó insinuaciones a las mujeres.

Estos deplorables actos tuvieron una particular atención en redes sociales y medios de comunicación, ante el temor de que pudiera tratarse de una campaña para intimidar a las periodistas por sus investigaciones o publicaciones. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas y las afectadas recibieron acompañamiento de la Defensoría de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). 

Semanas después, las autoridades lograron identificar al supuesto responsable de realizar las llamadas. La persona detrás del acoso sería Gerson Rodas, vecino de la cabecera de Chiquimula que se identifica en distintos espacios como periodista y activista en temas de libertad de expresión. 

El celular de Rodas se encuentra actualmente en análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para establecer si mensajes que, también habría realizado a comunicadoras, constituyen algún tipo de violencia en contra de la mujer. Por el momento, la investigación continúa. 

Violencia, restricciones y censura desde el poder local 

La censura, restricciones para acceder libremente a información de carácter público, amenazas de distinta índole y la violencia física hacia los comunicadores sociales por parte de autoridades locales, son un problema endémico que se repite año con año en Guatemala y trascienden a los cambios de figuras políticas o administraciones municipales. 

Reiteradamente, los comunicadores denuncian no solo los atropellos que sufren por parte de autoridades locales (como alcaldes, integrantes de los concejos municipales o gobernadores), sino además la cooptación de la representación del sector justicia por parte de éstos, la compra de voluntades de algunos medios de comunicación y periodistas, así como la interrelación de funcionarios con estructuras del crimen organizado. 

Para los reporteros afectados no siempre es fácil denunciar este tipo de violaciones a sus derechos. Al hacerlo, muchos de ellos temen represalias mayores por parte de los funcionarios y sus subordinados que pudieran poner en riesgo su integridad física o encontrarse con mayores dificultades para realizar libremente su labor. 

En múltiples oportunidades la autocensura (tanto en temas de interés público como los ataques de los que son víctimas) prevalece, lo que ocasiona que números casos queden en el sub registro. En sus respectivas comunidades o municipios, los periodistas se encuentran a merced de sus agresores, a quienes no sería difícil establecer la residencia de los comunicadores, los sitios que frecuentan, el establecimiento donde estudian sus hijos o la vivienda de su familia política, lo cual los vuelve presa fácil de cualquier atentado o agresión que intentaran realizar en su contra. En otras ocasiones, los reporteros señalan que son los únicos representantes de la prensa en sus comunidades, aldeas e incluso municipios, por lo que cualquier denuncia o información que trascienda en los medios, aunque no corresponda a ellos, se les señala como sus autores.

Entre enero y la tercera semana de abril, el Observatorio de los Periodistas conoció 16 casos en los que se involucra a autoridades, empleados públicos y trabajadores de funcionarios. Luego de implementarse las medidas de restricción a la movilidad y suspensión de actividades, derivado de los contagios por el Covid- 19, a mediados de marzo, se notó un incremento en estos hechos. Varios de estos casos tienen relación con la cobertura de la pandemia y las medidas implementas. 

Pero, también existieron casos de restricciones o acoso por cobertura de temas que incomodarían a las corporaciones municipales. Entre los que también está la restricción a cubrir los actos por cambio de administraciones municipales y reuniones del concejo municipal. 

El Observatorio de los Periodistas conoció dos de estos casos para impedir el acceso de los reporteros a los actos protocolarios, pero posiblemente existen muchos más. El 15 de enero, reporteros del municipio de Pastores, Sacatepéquez, denunciaron que se les impedía ingreso al acto de toma de posesión del nuevo alcalde, Hugo Leonel Mendoza Reyes, quien ocuparía el cargo luego de cuatro periodos seguidos de Miguel Antonio López Barahona. Fue necesaria la intervención de la PDH para que los comunicadores pudieran realizar su labor.

Un día después de estos hechos, en la cabecera departamental de Quetzaltenango, periodistas denunciaron que el Concejo Municipal, encabezado por el alcalde Juan Fernando López, electo por el Partido Humanista, les impidió cubrir la primera reunión que celebrarían, alegando que “desconocían” que la prensa podía ingresar. 

Amenazas y ataques contra comunicadores departamentales 

Uno de los primeros casos de violencia física y amenazas contra integrantes de la prensa conocidos durante este año es el de Óscar Quintana, colaborador de Nuestro Diario en el departamento de Santa Rosa, al suroriente del país. La noche del 29 de febrero, el reportero denunció que el Concejal Cuarto de Taxisco, Selvin Hernández López, lo golpeó durante la cobertura que daba a un evento de belleza. 

Quintana relató que se encontraba cerca del escenario, cuando el funcionario lo golpeó en el cuello y derribó. El concejal incluso intentó agredir al elemento de seguridad que cuida al reportero. Tras el incidente, el político se retiró unos metros, pero continuó intimidando al periodista y retándolo para que se acercara a donde él estaba. 

El reportero aseguró que unos 30 minutos después que lo golpeara, Hernández López se acercó nuevamente hacia él, acompañado de varios hombres, para amenazarlo de muerte si no se retiraba del lugar. 

Hernández López fue electo en las últimas dos administraciones por el partido UCN, agrupación fundada y liderada por Mario Estrada, político que actualmente se encuentra preso en EE.UU., acusado de conspiración para el tráfico de estupefacientes. El concejal además es allegado al ex alcalde de Taxisco, Edgar Catalán, quien en noviembre de 2018 también lo amenazó de muerte. 

En esa oportunidad, Quintana recibió amenazas por parte del ex alcalde Taxisco, el alcalde de Chiquimulilla, Obdulio Herrarte, así como de dirigentes de un club de futbol local, luego de que el reportero publicara una nota respecto a incidentes violentos en un encuentro futbolístico y las críticas que realizara sobre la permisividad de los alcaldes para que estos hechos se repitieran. Además de las amenazas expresas en redes sociales circuló una imagen del comunicador, con una moña negra y la leyenda “que en paz descanse”. 

Quintana cuenta con seguridad personalizada a raíz de las amenazas que sufrió en 2018, pero debido a este reciente ataque, la fiscalía solicitó un nuevo análisis de riesgo al Ministerio de Gobernación y que las medidas fueran ampliadas, debido a que estaban próximas a vencer. 

En esta misma región del suroriente, integrantes de un canal de Jalapa denunciaron intimidaciones por parte del guardaespaldas de un alcalde. Los hechos ocurrieron la mañana del miércoles 31 de marzo, durante una reunión de alcaldes de Jalapa, que se celebraba en esa cabecera departamental.

Los reporteros Alex Castillo y Antony Marroquín, integrantes de Alfa TV Canal 45, buscaban abordar al jefe edil de Monjas, Saúl Escalante, luego de que éste insinuó, durante una transmisión en vivo en redes sociales, que el medio mal informaba sobre la crisis de agua potable en ese municipio. Este canal no es el único medio que ha criticado o informado sobre la falta del vital líquido. 

Los comunicadores intentaron entrevistar al funcionario para que explicara sus declaraciones, pero se negó y aseguró que no hablaría con ellos. Ante la insistencia, uno de los guardaespaldas, con insultos, le pidió a Marroquín que dejara de estar molestando y amagó con desenfundar su pistola. 

Un caso más involucró a organizadores de un espectáculo entre dos alcaldes, la penúltima semana de enero. La noche del 24 de enero, organizadores de la pelea de boxeo entre los alcaldes de Mixco (Guatemala) e Ipala (Chiquimula), Ernesto Bran y Edwin Javier Javier, celebrada en este último municipio, impidieron cubrir el evento al reportero José del Águila, de Ojo con mi Pisto, aduciendo que no tenía “acreditación” para ingresar. Por medio de redes sociales, Ojo con mi Pisto indicó que el reporteo había enviado una carta para acreditarse, pero fue ignorada. 

La pelea fue transmitida por un canal del monopolio de medios de Albavisión, propiedad del mexicano Ángel González. Idalme Sandoval, directivo de la APG, denunció también que los organizadores trataron de impedir que realizara grabaciones, pese a que él y sus acompañantes habían cancelado su entrada. Este espectáculo había sido pactado desde 2019 por los funcionarios, aparentemente con fines altruistas. 

En un hecho más reciente, desconocidos ingresaron a la vivienda de Carlos Choc, reportero de Prensa Comunitaria en El Estor, Izabal, para robar equipo periodístico y teléfonos. El robo ocurrió la madrugada del sábado 18 de abril, pero el periodista notó el atraco hasta en horas de la mañana.

Los desconocidos robaron una cámara marca Nikon, micrófonos de solapa, dos lentes fotográficos y dos celulares, que el reportero utilizaba para grabaciones de audio. Choc relató a la APG que cerca de estos objetos había también billeteras con dinero en efectivo y documentos personales, pero los malhechores únicamente se interesaron por el equipo de trabajo.

El reportero reside en el segundo nivel de una vivienda, con su familia. Previo al robo se encontraba en el patio de la vivienda esperando la llegada del agua potable. Ante el retraso de esta, decidió ingresar a su morada y dejo la puerta abierta, debido a las temperaturas. 

El patio y la vivienda se encuentran cercados por un muro de block y el único ingreso es una puerta de metal, la cual no tenía señales de haber sido forzada. En parte del patio, se mantiene además una perra del periodista, la cual alerta sobre cualquier sonido o visitas, pero en esta ocasión no hizo ningún ruido. Otra familia que reside en la planta baja de la vivienda tampoco escuchó sonidos que alertaran sobre la presencia de desconocidos.

Por la forma en que se realizó el atraco, el reportero no descarta que los responsables sean personas conocidas o que sepan de sus movimientos, pero también manifestó su preocupación por la forma y la facilidad con la que los maleantes ingresaron a la vivienda, sin realizar ruido ni forzar la puerta de ingreso al patio.

El día previo al robo, Choc realizó un reportaje en la comunidad “27 de Abril”, respecto a la falta de agua potable que agobia a 40 familias y la necesidad que tienen de utilizar agua de un río contaminado. En sus declaraciones, los pobladores habrían asegurado que solicitaron apoyo a la Municipalidad de El Estor para abastecerse del vital líquido, pero no fueron atendidas sus peticiones. 

Luego de conocerse el robo a su vivienda, un vecino de Choc dijo que tenían conocimiento del reportaje que publicaría y que habrían personas interesadas en que no saliera a luz. Las autoridades investigan este hecho y analizan el video de seguridad de una vivienda cercana, para determinar si existe elementos que ayuden a individualizara los malhechores. Por su parte, la PNC otorgó medidas de seguridad perimetrales en las afueras de la vivienda. 

Acoso y restricciones durante la cuarentena 

Después de la segunda semana de marzo, el Observatorio de los Periodistas reportó al menos seis casos de acoso y ataques contra periodistas (además de los hechos ocurridos en la capital y relatados con anterioridad) relacionados a la cobertura del Covid-19 y las medidas implementadas por el gobierno central. Estos actos ocurrieron en Quiché, San Marcos y Chimaltenango, en los que se acusó a las fuerzas de seguridad pública y funcionarios locales. Un caso más involucró a un periódico feminista de la capital, pero en este se ignora la autoría. 

A mediados de abril, reporteros de Ixcán, Quiché, denunciaron limitaciones para acceder a la información respecto a casos y acciones de las autoridades locales respecto a la pandemia, luego que el 8 de abril la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED) decidiera cerrar el chat de comunicación que tenía con la prensa. 

Aunque el delegado de la coordinadora, Aroldo Yohol, abrió un nuevo espacio de comunicación, se denunció que hasta el 14 de ese mismo mes, los comunicadores no habían recibido ningún tipo de información. Esta situación es similar a lo ocurrido con el chat institucional del Ministerio de Salud Pública y las restricciones impuestas por la responsable de comunicación social. 

En San Juan Comalapa, Chimaltenango, una radio local (cuyo nombre y el de sus integrantes se reserva por seguridad) denunció haber recibido amenazas y advertencias para no informar sobre la supuesta violación al toque de queda de un funcionario municipal. 

El medio dijo que la última semana de marzo, circuló la noticia que el síndico suplente y secretario municipal, Nestor Peren Simón, había sido descubierto en estado de ebriedad violando el toque de queda. Por medio de mensajes anónimos y un perfil falso, la radio recibió advertencias para que no abordara el tema. El medio dijo que las amenazas pudieron provenir de la Municipalidad y aseguró que es común que periodistas o medios de comunicación reciban advertencias, sugerencias o amenazas para que no divulguen información comprometedora sobre su personal o funcionarios. 

Esta misma emisora denunció que a inicios de abril la municipalidad impuso restricciones arbitrarias para circular durante el toque de queda y obtener información oficial. La comuna decidió aprobar una “acreditación” para la prensa y únicamente quienes estuvieran autorizados podrían circular libremente en los horarios en que se restringe la movilidad, ingresar y salir del municipio, y entrevistar al alcalde, Justo Rufino Similox.

La radio aseguró además que la actitud del alcalde no es nueva. El edil es señalado de no brindar declaraciones o información a los medios críticos a su gestión, evadiendo cualquier cuestionamiento o solicitud que se le haga, aduciendo que sus subordinados responderían los requerimientos, pero éstos están instruidos para no hacerlo.

El alcalde, electo en 2016 por el Partido TODOS y reelecto en 2020 con la UNE, es acusado también de sobornar a ciertos medios para ocultar información o divulgar únicamente aspectos positivos de él. 

Similox es recordado porque en julio de 2016 intimidó a dos reporteros de Prensa Libre y Canal 48 Comalapa, cuando querían entrevistarlo sobre problemas de agua. El funcionario les dijo que no podían ingresar a la municipalidad y les preguntó qué podrían hacer si en ese momento a ellos (los reporteros) les ocurriera algo. 

En Uspantán, Quiché, Antonio Chitop y Marlon Chitop, reporteros de Nuestro Diario y Radar Informativo, denunciaron intimidaciones por parte de un empleado municipal y un juez de asuntos municipales, cuando cubrían una jornada de limpieza en el parque central de la localidad. El hecho ocurrió el 1 de abril, cuando personal y propietarios de un comercio desinfectarían el parque, como medida de prevención al Covid-19. 

La medida había causado malestar en las autoridades municipales, debido a que usuarios en redes sociales los criticaron por no realizar ellos estas acciones. Cuando los reporteros hacían su labor, fueron abordados por el Juez de Asuntos Municipales, Melvin Saúl Urizar, y el Síndico Primero, Santos Calel Mendoza, quienes les demandaron que se retiraran del área, sin justificación alguna.

Incluso, el juez pidió a los policías presentes que retiraran a los comunicadores del área, pero ellos no aceptaron. En años anteriores, Urizar habría tenido un activismo político con la UNE y en enero de este año logró que lo eligieran como juez de asuntos municipales. 

Antonio Chitop aseguró que esta no es la primera ocasión que es víctima de un ataque por parte de Urizar. Chitop dijo que el 23 de noviembre de 2018, Urizar encabezada una manifestación en contra de la antigua corporación municipal, oponiéndose a un proyecto de agua potable, y cuando los reporteros pretendían cubrir el hecho, los intimidaron para que no tomaran ninguna evidencia. 

En otra ocasión, en el municipio se discutía sobre la decisión de expulsar a una mujer, por supuestamente explotar a menores de edad en una cantina. Cuando se iba a realizar una reunión, para tratar el tema en la municipalidad, entre autoridades municipales, autoridades indígenas y población, Urizar le prohibió ingresar de forma abusiva, argumentando que era una orden directa del alcalde. 

 En otra ocasión, en el municipio se discutía sobre la decisión de expulsar a una mujer, por supuestamente explotar a menores de edad en una cantina. Cuando se iba a realizar una reunión, para tratar el tema en la municipalidad, entre autoridades municipales, autoridades indígenas y población, Urizar le prohibió ingresar de forma abusiva, argumentando que era una orden directa del alcalde.

En Malacatán, San Marcos, Tele Noticias 12, denunció que uno de sus integrantes fue acosado y obligado a borrar material periodístico por elementos de policía. La noche del domingo 12 de abril, el reportero se encontraba en una subestación del cantón Santa Lucía, recopilando información sobre la detención de un hombre, cuando agentes le dijeron que no podía hacer su trabajo allí y lo obligaron a borrar imágenes y vídeo que tenía.

Por el lugar pasó el alcalde Emilio Gálvez, quien pidió a los agentes que arrestaran al comunicador, según denunció el medio. Horas antes de este incidente, miembros del COCODE descubrieron a dos jóvenes que violaban el toque de queda, pero solo uno de ellos fue conducido por la policía. El joven arrestado denunció después que los COCODE lo habían golpeado y provocado heridas con un machete.

Finalmente, el 15 de abril, el periódico feminista “La Cuerda” denunció que una transmisión que realizaban mediante la aplicación “Zoom” fue interrumpida por insultos e imágenes pornográficas. Las integrantes del periódico realizaban una entrevista respecto al Covid-19. 

En las últimas semanas, compañías y expertos en seguridad a nivel global advirtieron sobre la utilización de “Zoom”, debido a las graves fallas de seguridad, la apropiación de cuentas por parte de hackers y el acceso a información privada de los usuarios. En distintas países se denunciaron casos similares a los de “La Cuerda”, en las que las videollamadas eran irrumpidas por desconocidos, quienes proferían insultos y transmitían imágenes pornográficas, sin que los usuarios pudieran evitarlo. 

Población civil, agresora de la prensa 

Un fenómeno constate en los últimos años es el involucramiento de población organizada, personas particulares o comunidades, en los ataques en contra de periodistas. Estos actos comúnmente ocurren en coberturas que, en teoría, no deberían representar un riesgo para los reporteros, como accidentes viales, nota roja, la captura o traslado de sindicados. En estos hechos no solo participan los involucrados en los sucesos, sino también sus familiares o allegados. En no pocos casos, la policía no interviene para defender a los periodistas, pese a presenciar los ataques.

En lo que va del año se han conocido por lo menos tres casos de este tipo, de los cuales dos ocurrieron en Quiché y Alta Verapaz. El primero de ellos, la tarde del sábado 18 de enero en Santa Cruz del Quiché, Quiché. Fredy Chaperón, reportero de Knal 4 Quiché, se encontraba en las instalaciones del Instituto Adolfo V. Hall cubriendo el traslado aéreo, hacia la capital, de unas personas que resultaron heridas en una cohetería de Chichicastenango, un día antes. 

Cuando Chaperón filmaba el traslado de las víctimas hacia la aeronave, tres familiares de uno de los heridos lo increparon y demandaron que dejara de grabar, aduciendo que con esto únicamente “lucraba” con el dolor ajeno. Acto seguido, los individuos lo golpearon en repetidas ocasiones hasta derribarlo. El comunicador indicó que a pocos metros se encontraban elementos de seguridad del ejército, pero ninguno de ellos intervino para defenderlo. 

No conformes con atacar alevosamente a Chaperón, los individuos amenazaron con asesinar a reporteros de otros medios si se atrevían a divulgar algo, entre ellos Bernardo Montufar, colaborador de Nuestro Diario. Los individuos inclusive les tomaron fotografías a todos los reporteros, como forma de intimidación. 

Después de la agresión, el periodista fue trasladado al Hospital Nacional de Santa Cruz del Quiché. Las evaluaciones médicas determinaron que tenía desviada la mandíbula, lo que le provocó problemas para hablar y alimentarse. Chaperón estuvo al menos dos semanas en tratamiento médico.

El segundo hecho se suscitó la noche del 5 de marzo en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, cuando Irma Tzi, colaboradora de Nuestro Diario en ese departamento, cubría la detención de tres hombres que horas antes habrían secuestrado a un comerciante local. 

Tzi se encontraba en las afueras de la sede policial recopilando información y esperando el traslado de los sindicados hacia prisión, cuando uno de ellos, identificado como Edson Yat Villatoro, la agredió verbalmente y amenazó con asesinarla por cubrir su captura. El presunto secuestrador le advirtió a la reportera que conocía su residencia y si no la asesinaba a ella, lo haría con su familia. 

La reportera manifestó su profunda preocupación por estas amenazas, debido a que estos individuos poseen un extenso record criminal y son conocidos en la zona por sus múltiples crímenes. La Fiscalía de Delitos contra Periodistas solicitó de forma urgente medidas de seguridad para la periodista. 

Gráficas

CONCLUSIONES 

- La pandemia del coronavirus COVID-19 ha modificado distintos ámbitos de la vida y de ello no queda exenta la libertad de expresión. 

- Las limitaciones y restricciones tomadas por las autoridades, para contrarrestar la propagación de la enfermedad, incidieron en la actitud asumida por algunos funcionarios en contra de periodistas y comunicadores. 

- El gobierno de Alejandro Giammattei inició con una relación no conflictiva hacia los medios, pero muy pronto asumió posiciones autoritarias y prepotentes, por publicaciones en los medios, que no fueron de su agrado. 

- Varios diputados, principalmente los de la bancada oficial, vinculados al denominado “pacto de corruptos”, aprovecharon el contexto de las restricciones por el COVID 19, para impedir el ingreso de periodistas, durante la asamblea en la que se discutían leyes a favor de grupos de poder. 

- En lo que va del año han sido asesinados dos comunicadores, en hechos que se dieron antes de la crisis por el COVID 19, pero que siguen en investigación por parte del Ministerio Público. 

- Entre enero y la tercera semana de abril, el Observatorio de los Periodistas conoció 16 casos en los que se involucra a autoridades, empleados públicos y trabajadores de funcionarios.