GUATEMALA: PLANTÓN PACIFICO, COMUNIDADES DESALOJADAS FORZOSAMENTE Y DESPLAZADAS INTERNAS POR EL ESTADO DE GUATEMALA CONSTITUYEN COMUNIDAD FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

Familias provenientes de distintas comunidades desalojadas de manera forzosa por el Estado de Guatemala, en los departamentos de Petén, Izabal, las Verapaces, Quiché, Santa Rosa y Escuintla, constituyen una comunidad indígena y campesina, denominada “Comunidad Indígena y campesina de desalojados de manera forzosa y de desplazados internos por el Estado de Guatemala”, el cual exige al Gobierno de Guatemala, soluciones a la problemática agraria que afecta a las familias y comunidades, la reinstalación de las comunidades desalojadas, el cese a los desalojos y el cese a las políticas represivas, violentas, asesinas y criminalizadoras, implementadas por el Gobierno de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera.

Las familias que constituyen la comunidad, manifiestan venir preparados para quedarse el tiempo que sea necesario hasta que el Gobierno asuma compromisos y defina soluciones a la problemática que los afecta; “Las familias desalojadas exigimos al Presidente que deje de desalojar a las familias que viven en las comunidades, que deje de perseguirnos y llamarnos invasores y terroristas por el hecho de exigir que se cumplan nuestros derechos, no queremos más violencia, más criminalización ni asesinatos” expresó Lorenzo Pop, en representación de las comunidades de las Verapaces.

“Las Comunidades indígenas y Campesinas presentes, exigen al Estado de Guatemala el cumplimiento de su legítimo derecho a su Territorio, es motivo de repudio ver como el Gobierno Actual, antepone intereses de un sector de poder económico, por encima de los derechos inherentes, inalienables y constitucionales de los Pueblos Originarios, implementando políticas criminalizadoras, represivas, violentas y asesinas en contra de las comunidades que defienden su territorio y su derecho a la vida”, expresó Julian Marcelo Sabuc, coordinador Nacional del CCDA.

Éste mismo día se hizo entrega a la Secretaría general de la Presidencia, un memorial con las exigencias de las comunidades constituidas en la “Comunidad Indígena y campesina de desalojados de manera forzosa y de desplazados internos por el Estado de Guatemala”.
CCDA Presente. 

COMUNICADO DE PRENSA DEL 20 DE NOVIEMBRE

El Comité Campesino del Altiplano, CCDA, y la Asamblea Permanente de Comunidades desalojadas y desplazadas por parte del Gobierno de Guatemala, a la opinión pública, a los medios de comunicación nacionales, internacionales y alternativos, y a la Población en General, MANIFIESTA:

Durante mucho tiempo hemos entablado mesas de negociación con altos funcionarios del gobierno de Jimmy Morales, con la finalidad de resolver los graves problemas agrarios en distintos puntos del país, sin que hasta el momento hallan resultados concretos y viables para las comunidades y pueblos indígenas y campesinos. Hemos sido flexibles en nuestras peticiones a tal grado de priorizar entre miles de casos, tan solo 147 conflictos que no representa ni si quiera el 10% de las comunidades que hoy en día no tienen la certeza jurídica de su territorio, esto a pesar de que muchos de los casos las comunidades se han asentado en sus tierras por décadas, incluso siglos, por lo que históricamente ese territorio les pertenece pero aun así, las maniobras oscuras de ciertos sectores se las intenta arrebatar con maniobras ilegales.

La semana recién pasada la asamblea se reunió con líderes y lideresas de 50 comunidades desalojadas de los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Izabal, Escuintla, Peten, El Quiche y Santa Rosa, y dimos un plazo de 10 días para el gobierno en turno a través de las instituciones relacionadas al tema agrario dieran una solución a las hermanas y hermanos afectados por los desalojos que han dejado como resultado, Comunidades completas desplazadas en zonas montañosas.

Esto solo demuestra el interés de este Gobierno por acaparar las tierras que con mucho esfuerzo hemos trabajado y las hemos vuelto útiles para las cosechas, ahora ellos lo quieren para seguir con su modelo de desarrollo extractivo, acaparador y explotador que lo único que ha demostrado es la miseria, la exclusión, la discriminación y el racismo para nuestros pueblos originarios.
En esa ocasión también denunciamos el exceso de la fuerza pública para ejecutar un desalojo supuestamente pacifico, procesos en donde participaban cientos de elementos de la Policía Nacional Civil quienes en lugar de realizar su trabajo que es cuidar a la ciudadanía, pasaron a ser parte de los empresarios corruptos e impunes que son favorecidos por el Estado.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO:
La Asamblea de Comunidades desalojadas y desplazadas, se encuentran en asamblea permanente y hemos acordado tomar medidas de hecho durante los siguientes días, para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, de territorio, culturales y constitucionales de los habitantes de las comunidades desalojadas.
Exigimos:
• Al Estado de Guatemala Presidido por el gobierno de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, el cese inmediato de los desalojos forzados y desplazamientos internos, producto de sus políticas represivas, criminalizadoras, violentas y destructivas, cometidas en contra de las comunidades originarias de los departamentos de Izabal, Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Santa Rosa y Quiché.
• Demandamos al Estado que resuelva inmediatamente las demandas de tierra de las comunidades, ya que ellos son la base fundamental para la producción de alimentación y auto sostenibilidad de las familias para la generación de ingresos. 
• La depuración de los integrantes del pacto de la corrupción e impunidad en el Congreso de la República que buscan continuamente atentar en contra del bienestar de las grandes mayorías favoreciendo únicamente intereses de sectores de corrupción, del crimen organizado, el narcotráfico, transnacionales y sectores de poder económico, incrementando la impunidad, y la legislación perversa, sumado a que no dudamos que ellos también sean parte de esa secta que desaloja a diestra y siniestra a las comunidades de nuestros hermanos y hermanas.

• Solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la aprobacion de medidas cautelares para las familias desalojadas de manera forzada y desplazados internos, consecuencia a las políticas de este Gobierno.
• Solicitamos a la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, su vigilancia al cumplimiento de los derechos humanos de las familias desalojadas, y acciones en contra del Gobierno de Guatemala y sus instituciones, debido a la ola de acciones represivas en contra de las comunidades, en las que se han violentado derechos humanos a hombres, mujeres, niños, niñas y adultos mayores, habitantes de las comunidades.
• A la CICIG, la investigación de las instituciones y los órganos de justicia que han incurrido en ilegalidades al otorgar autorización de desalojos extrajudiciales y anómalas en contra de las comunidades.
Guatemala, 20 de noviembre de 2017
CCDA PRESENTE EN LA LUCHA.

Tribunal de sentencia de Guatemala absuelve a líderes comunitarios y autoridades ancestrales

Por Aroldo Mateo

Después de 14 meses en prisión preventiva como consecuencia  de una persecución política que llevo la detención arbitraria de siete lideres comunitarios y autoridades ancestrales del departamento de Huehuetenango, Guatemala; Francisco Juan Pedro, Sotero Adalberto Villatoro Hernández, Arturo Pablo Juan ambos detenidos el 26 de febrero de 2015 sindicados de detenciones ilegales, instigación a delinquir y obstaculización a la acción penal; Bernardo Ermitaño López Reyes detenido el 2 de junio de 2015 sindicado del delito de detenciones ilegales, instigación a delinquir y obstaculización a la acción penal, Mynor Manuel López Barrios detenido el 30 de noviembre de 2013 sindicado de atentado con agravación específica, instigación a delinquir, detenciones ilegales, amenazas, evasión, robo agravado, Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar de Santa Eulalia, detenidos el 24 de marzo de 2015 sindicados del delito de detenciones ilegales, coacción e instigación a delinquir, finalmente la verdad y a justicia  llegó, la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, dictó una sentencia absolutoria para los defensores de la vida y de los recursos naturales.

Este acontecimiento  puso en claro la criminalización contra líderes comunitarios que han alzado la voz para defender sus recursos naturales y hacer valer sus derechos de una forma democrática. El desconocimiento del funcionamiento del sistema de autoridades ancestrales, la judicialización del ejercicio de los derechos fundamentales, constituye la vigencia de la segregación jurídica, el racismo institucional y la aplicación de la doctrina penal del enemigo en contra de los pueblos indígenas de Guatemala.

Esta sentencia absolutoria condenó la utilización del sistema de justicia a favor de los intereses de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, que desde hace varios años ha vulnerado la paz de las comunidades del territorio Q´anjob´al del departamento de Huehuetenango, al querer imponer un modelo de desarrollo sin consultar a las comunidades, en detrimento de los derechos fundamentales del pueblo y como consecuencia utilizaron el sistema de justicia para detener a los defensores.

En el proceso se evidencio los falsos testimonios de los querellantes, la inconsistencia en sus acusaciones, demostraron que los delitos y acusaciones vertidas en contra de los líderes comunitarios fueron arbitrarias debidamente montadas para criminalizar a los principales opositores a los proyectos hidroeléctricos autorizados sin consulta ni consentimiento de los pueblos por el Ministerio de Energía y Minas.

La imposición del modelo extractivista en las regiones del país  constituye una amenaza real, que lejos de impulsar el desarrollo, propician la voracidad y el carácter criminal de las empresas al violentar la armonía comunitaria, provocación de crisis y violencia, persecución de líderes comunitarios, cooptación del Estado y despojo.

En este proceso quedó vigente la necesidad de investigar la existencia de una red criminal que opera desde los centros de administración de justicia de Huehuetenango como responsables directos de esta tragedia, al mismo tiempo, será necesario un resarcimiento digno a las víctimas de la criminalización por parte del Estado de Guatemala de conformidad con las normas nacionales e internacionales vigentes.

La jueza Yassmín Bariios dijo públicamente creer en la inocencia de los defensores al no existir fundamentos en las declaraciones de las personas que los acusaban  ``las autoridades deben respetar a las comunidades, su forma de organización para devolver la credibilidad de la justicia en Guatemala´´.

Esta sistemática criminalización de las luchas comunitarias incluyó una campaña de difamación y descalificación de las  luchas legítimas, propiciada por las empresas y el mal gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, ahora  detenido por diversos delitos de corrupción.

Admitieron desconocer de los derechos indígenas y de la forma de organización para promover el desarrollo  e instaron a los pueblos a ejercer sus derechos defendiendo el territorio, los recursos naturales.

Por otro lado, llaman a la reflexión a los operadores de justicia a no criminalizar a los pueblos indígenas ya que es necesario fortalecer el estado de derecho en el país y a los empresarios, no criminalizar as conductas ancestrales de los pueblos indígenas marginados históricamente, ya que es necesario que prevalezca la dignidad humana en Guatemala.

Esta situación perversa provocó desestabilidad social, profundizó la estigmatización en contra de defensores de derechos humanos, el odio y racismo en contra de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional.