Guatemala, 27 de diciembre de 2011
ONU DH LLAMA A PROTEGER LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
La ONU-DH Guatemala resalta la importancia de respetar y garantizar el derecho de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario a la verdad, la justicia, la reparación integral y a garantías de no repetición. Así mismo, destaca que el Estado tiene el deber de conducir investigaciones imparciales y efectivas ante cualquier denuncia de actos delictivos cometidos por cualquier persona, pertenezca o no al Estado, así como de procesar y sancionar a los responsables. La decisión del Ministerio Público de nombrar a un fiscal para investigar delitos cometidos por grupos armados no estatales es un paso en la dirección del cumplimiento de esta obligación.
Sin embargo, la ONU-DH manifiesta su preocupación en tanto que algunas de las denuncias que fueron presentadas en semanas recientes por presuntos delitos cometidos durante el conflicto armado por personas supuestamente vinculadas con grupos guerrilleros, puedan contener serias inconsistencias. Al dirigirse contra defensoras y defensores de derechos humanos (incluyendo a una periodista y varios columnistas), estas denuncias pueden además tener el efecto de obstaculizar y criminalizar su trabajo.
El principio número 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos señala que las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”. En este mismo sentido, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre defensores y defensoras de derechos humanos ha subrayado el riesgo que enfrentan las y los defensores ante denuncias penales infundadas que lo que pretenden es estigmatizar su labor ante la población en general o generar autocensura.
La ONU-DH hace un llamado para que, de encontrarse infundadas las anteriores denuncias, las autoridades adopten las medidas necesarias para evitar un uso abusivo del sistema de justicia que entorpezca los esfuerzos para superar la impunidad.
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