Prepotencia y libre expresión

Tiempo es ya de unir esfuerzos y parar los abusos y restricciones.

Miguel Ángel Albizures

Hace ya muchos años, se supone, nos despojamos del yugo español, pero no así de españoles insolentes y prepotentes que llegan a Guatemala como llegaban en tiempos de la Colonia, dándose el lujo de pasar sobre las leyes del país que garantizan el derecho a la libre expresión. El 23 de enero llegó el senador español Dionisio García Carnero a defender los intereses de la transnacional Hidro Santa Cruz, en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango,  donde se han dado serios conflictos por la oposición de la comunidad a la instalación de una represa. Dicho personaje irrumpió en una reunión irrespetando a miembros de organizaciones sociales, y a otros diputados españoles que estaban escuchando testimonios de la situación que se ha vivido en esa localidad.

En forma insolente cuestionó al periodista Andrés Cabanas por la investigación realizada sobre el comportamiento de los empresarios españoles en Guatemala, y le exigió que se retractara de la vinculación que hizo del Partido Popular con el franquismo y con la empresa Hidro Santa Cruz. O sea, llegó a respaldar los intereses de los empresarios y se atrevió a dar órdenes a quien ha hecho uso legítimo del derecho a la libre expresión.

Algo similar está pasando en el Congreso de la República, pues recientemente la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), denunció las arbitrariedades y abusos de Guillermo Mendoza, encargado de comunicación del Congreso, al restringir el acceso al palco de prensa, exigir la portación de un gafete e invalidar las credenciales de la APG y de los medios que acreditan a periodistas, pero además, quién sabe con qué fines, se les quiere obligar a registrar su huella dactilar o de lo contrario no habrá acceso a la información, pues hasta ha restringido los espacios para hacer entrevistas a los diputados, por supuesto, todo ello en cumplimiento de las órdenes del Presidente del Congreso.

Actitudes como la del senador español o del Presidente del Congreso y otros funcionarios, hay que pararlas a tiempo, pues son hechos que atentan contra el acceso a la información y el derecho a investigar y expresarse sobre el papel de las transnacionales en el país. Tiempo es ya de unir fuerzas y parar los abusos y restricciones al ejercicio de la profesión y para que los extranjeros, sean quienes sean, y las autoridades nacionales respeten el derecho de los periodistas a informar, estar informados o investigar los hechos que acontecen.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20130212/opinion/224616/