Opinión: elPeriódico, 21 de febrero de 2013
Ojalá los magistrados de la CC
escuchen el rechazo campesino.
Miguel Ángel Albizures
Foto PBI |
Hace ocho años se creó por
decreto del Congreso, la Ley Marco de los acuerdos de paz, en la cual se
reconoce el compromiso del Estado de realizar acciones para su cumplimiento.
Anterior a esta ley, se constituyó por Acuerdo Gubernativo 136-2002, la Secretaría
de Asuntos Agrarios de la Presidencia (SAA), que mal que bien ha estado
resolviendo parte de la conflictividad agraria, pero ahora vienen, 11 años
después, los diputados Ricardo Villate Villatoro y Leonardo Camey Curup del
partido Lider, quién sabe para servir a qué intereses, a interponer un Recurso
de Inconstitucionalidad para que esa secretaría sea desmantelada y se
desconozca todo lo actuado.
Ojalá y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad,
ratifiquen el fallo que dieron en abril del 2003 cuando mandaron al carajo el
recurso de inconstitucionalidad que presentaron Leonel Rodas y Jorge Rolando
Rosales y por lo cual les aplicó multa a los abogados Augusto Alejandro Porras
Ruano y Juan Francisco Arrazola Ponciano, al denegarles el recurso y
fundamentar su fallo.
Otros pretenden transformar la SAA en un viceministerio de asuntos
agrarios, lo que a todas luces afecta la independencia con la que hasta el
momento ha actuado, pues estaría sujeta a los intereses que defiende el nuevo
Ministro de Agricultura, pero además, atrás del interés de los diputados
ponentes, está el interés político del partido que representan, para crear
mayor ingobernabilidad, pues al no atenderse los conflictos agrarios, generaría
una serie de protestas y movilizaciones que no convienen al país ni al
gobierno, pues en el agro hay más de 1,400 conflictos por atender y con justa
razón, los campesinos tomarían carreteras para ser escuchados en sus demandas y
ese papel, bien o mal lo ha estado jugando esa secretaría que debe buscar una
eficiente coordinación con otras instituciones que atienden conflictos
similares o que su acción es complementaria.
Por ello, la CC debe declarar improcedente la petición, tomando en
cuenta que la Secretaría Agraria, según su informe, ha recibido desde su
creación hasta el 2012, 6 mil 16 casos, de los cuales han sido finalizados 4
mil 712. De ellos 3 mil 554 corresponden a disputa de derechos, 549 a
ocupaciones, 80 a límites territoriales y 529 a regularización de tierras.
Actualmente, la Secretaría está mediando y conciliando en 1,304 casos que se
encuentran en proceso de resolución. Ojalá los magistrados de la CC, escuchen
el rechazó de las organizaciones campesinas a la petición de
inconstitucionalidad que hacen los diputados.
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