Mas de 60 familias de la comunidad la Primavera, en el municipio de San
Cristóbal, Alta Verapaz están siendo amenazadas en ser desalojadas luego
de habitar por mas 215 años en la antigua finca productora de Café.
Los
habitantes empleados anteriormente como mozos colonos, fueron
abandonados (2007) sin que los antiguos dueños familiares del ex militar
de facto Peralta Azurdia pagaran tiempo o prestaciones a los centenares
de empleados, por ello y como forma de pago los campesinos ocuparon las
tierras con la promesa de que algún día las tierras pasarían a su
nombre.
Sin embargo los años han transcurrido y ahora la finca
fue “adquirida”, evidentemente de una forma anómala, por EcoTierrra,
instancia encargada de legalizar el despojo y creada para adquirir
tierras en conflicto. La empresa ha gestionado el desalojo de los
comunitarios sin que la secretaria de Asuntos agrarios o alguna
instancia estatal de alternativas a los indígenas Queqchis que sufren el
hostigamiento permanente de empleados de EcoTierra que amenazan con
desaojarlos y arrojarlos a la calle, por si esto fuera poco, cerca de 50
campesinos de la comunidad poseen orden de aprensión bajo los cargos de
"usurpación agravada" pues la empresa asegura que las tierras les
pertenecen.
Algunos de los interesados en el despojo de las más
de 45 caballerías son los aserraderos que han hecho en varias ocasiones
incursiones para deforestar la cotizada propiedad.
Cristóbal, Alta Verapaz están siendo amenazadas en ser desalojadas luego
de habitar por mas 215 años en la antigua finca productora de Café.
Los
habitantes empleados anteriormente como mozos colonos, fueron
abandonados (2007) sin que los antiguos dueños familiares del ex militar
de facto Peralta Azurdia pagaran tiempo o prestaciones a los centenares
de empleados, por ello y como forma de pago los campesinos ocuparon las
tierras con la promesa de que algún día las tierras pasarían a su
nombre.
Sin embargo los años han transcurrido y ahora la finca
fue “adquirida”, evidentemente de una forma anómala, por EcoTierrra,
instancia encargada de legalizar el despojo y creada para adquirir
tierras en conflicto. La empresa ha gestionado el desalojo de los
comunitarios sin que la secretaria de Asuntos agrarios o alguna
instancia estatal de alternativas a los indígenas Queqchis que sufren el
hostigamiento permanente de empleados de EcoTierra que amenazan con
desaojarlos y arrojarlos a la calle, por si esto fuera poco, cerca de 50
campesinos de la comunidad poseen orden de aprensión bajo los cargos de
"usurpación agravada" pues la empresa asegura que las tierras les
pertenecen.
Algunos de los interesados en el despojo de las más
de 45 caballerías son los aserraderos que han hecho en varias ocasiones
incursiones para deforestar la cotizada propiedad.
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