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Once militares retirados fueron ligados a proceso por la desaparición forzada de civiles durante 1981 y 1988, cuyas osamentas fueran localizadas en lo que fue la base militar 21, ahora conocido como el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ), en Cobán, Alta Verapaz.
Los militares que fueron ligados a proceso son Manuel Benedicto Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor General del Ejército y los oficiales Gustavo Alonzo Rosales, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos e Ismael Segura Abularach.
También fueron ligados a proceso César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito y Luis Alberto Paredes.
Por otro lado, la jueza Claudette Domínguez declaró falta de mérito contra Carlos Humberto Rodríguez López, Edgar Rolando Hernández y Pablo Roberto Saucedo, contra quienes dictó arresto domiciliario.
Antes de ligarlos a proceso la jueza explicó que analizó cuatro cajas con los medios probatorios, con lo que confirmó que los militares estuvieron de alta en el período indicado por el Ministerio Público (MP).
La mayoría de personas estaban boca abajo, eso comprueba que fueron lanzadas, indicó la jueza, quien explicó que desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de humanidad no prescriben.
La juzgadora también aseguró que la Fundación de Antropología de Guatemala (FAFG) está facultada para hacer exhumaciones en este caso.
Este caso fue descrito por la Fiscalía como uno de los más grandes de desaparición forzada en América Latina.
En cuatro fosas se localizaron 558 osamentas, de las cuales 90 corresponden a menores de edad, 443 a adultos, el resto a adultos de la tercera edad y 22 sin definir; 97 víctimas fueron identificadas por ADN.
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