jueves, 24 de noviembre de 2016

GUATEMALA: COMUNICADO DE LAS VICTIMAS Y SOBREVIVIENTES DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, A LOS 158 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE REPÚBLICA

RED NACIONAL DE VICTIMAS
CONSEJO NACIONAL DE VICTIMAS
MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS Q´ANIL TINAMIT

A LOS 158 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE REPÚBLICA.

A 20 años de la firma de los acuerdos de paz, el Programa Nacional de Resarcimiento no cuenta con presupuesto y recursos suficientes para atender a las víctimas que durante el conflicto armado interno sufrieron graves violaciones los derechos humanos, y provoco grandes daños y  pérdidas materiales que profundizo la pobreza en las victimas.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico –CEH- estableció que la magnitud del daño y la gravedad de las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno en Guatemala, produjo más de 200 mil víctimas fatales, 45 mil personas desaparecidas, un millón y medio de desplazados que para salvar sus vidas abandonaron sus viviendas, tierras y pertenencias, 669 masacres; el 83% de la población afectada es de origen maya.

El Programa Nacional de Resarcimiento –PNR- fue creado para resarcir esas violaciones y daños provocados y se estableció que para poder cumplir con dicho compromiso el presupuesto anual debía ser no menor a los 300 millones de quetzales.

 A trece años de creado el PNR, nuestro balance del cumplimiento de los Acuerdos de Paz sobre los derechos de las víctimas del conflicto armado interno es negativo. Consideramos que el Estado no ha mostrado suficiente voluntad política ni capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos, ni proteger los derechos de las víctimas y los sobrevivientes del conflicto. Todos los gobiernos posteriores a la firma de la paz han ido relegando la agenda de la paz a un segundo plano, y han priorizado su propia agenda política que ha respondido básicamente a los intereses clientelares de los gobiernos de turno.

Los pocos avances en materia de verdad, justicia y reparación se han logrado gracias al compromiso aislado de algunos funcionarios públicos, a la persistente lucha de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y al apoyo de la comunidad internacional.

Lo más preocupante es que el Estado sigue sin resolver los problemas estructurales que dieron origen al conflicto armado, entre estos la desigualdad y la pobreza, el racismo y discriminación, la militarización del Estado y la sociedad, la falta de acceso a la tierra y vivienda, y en general la falta de políticas de educación, empleo y salud. Mientras estos problemas no se resuelvan no se garantiza la sostenibilidad de la paz y la democracia.

Las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado nos hemos acercado muchas veces a los funcionarios del actual gobierno, pero no vemos un compromiso serio para cumplir con las demandas de las víctimas, de las mujeres y los Pueblos Indígenas. Nos preocupa el debilitamiento del Programa Nacional de Resarcimiento, que cuenta con poco presupuesto y falta de visión estratégica para impulsar una política integral de reparación para las víctimas.

Ante dicha situación hemos demandado al Estado ante las cortes nacionales y ante los organismos internacionales de derechos humanos.  Públicamente pedimos al Procurador de los Derechos Humanos que condene al Estado por la conducta levisa de los funcionarios de no garantizar el derecho a la reparación digna y que tutele los derechos a la vedad, la justicia, reparación y no repeticion

La base para resarcir dignamente a las víctimas es que el Estado (los poderes; ejecutivo, judicial y legislativo) reconozca y honren los acuerdos de paz; el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; en particular las resoluciones y sentencias emanadas de la PDH y la CIDH respectivamente.

Demandamos a los diputados del Congreso de Republica la Republica aprobar un presupuesto que garantice el resarcimiento digno. Recuerden señores diputados que somos ciudadanos que votamos cada cuatro años y que hemos estado en la plaza y en las calles exigiendo nuestros derechos.

Guatemala, 24 de noviembre de 2016

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