jueves, 17 de noviembre de 2016

GUATEMALA: IMPACTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO 1996 - 2016


Con el apoyo del Procurador de los Derechos Humanos y la
Oficina del Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  

IMPACTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ
PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
1996 - 2016

Demandas de verdad, justicia y reparación digna

Introducción


El propósito de los Acuerdos de Paz no solamente era poner fin al conflicto armado interno (CAI), sino también transformar las causas profundas que dieron origen al conflicto y reparar los daños causados a las víctimas civiles.   En los Acuerdos de Paz el Estado asumió compromisos específicos para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición.  Estos compromisos están contenidos en el Acuerdo Global de Derechos Humanos, el Acuerdo de Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, y el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Sin embargo, 20 años después de la firma de la paz, muchos de estos compromisos no se han cumplido o se han cumplido a medias, y miles de víctimas y sobrevivientes del CAI seguimos esperando respeto por nuestros derechos y esperando que el Estado cumpla con sus obligaciones con las comunidades afectadas por la violencia. 

En el marco del 20 aniversario de la firma de la paz, la Red Nacional de Víctimas, el Consejo Nacional de Víctimas y el Movimiento Nacional de Víctimas Q´anil Tinamit realizamos consultas en cinco regiones del país  para evaluar el grado de cumplimiento de los Acuerdos de Paz, particularmente con relación a la búsqueda de los desparecidos, la implementación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el acceso a la justicia y la reparación digna.    En este documento las víctimas y los sobrevivientes del CAI presentamos a los representantes de los tres poderes del Estado de Guatemala los resultados de dichas consultas, y nuestras valoraciones y peticiones para que se cumplan los compromisos pendientes.

En las consultas regionales participamos más de 400 representantes locales de organizaciones y comités de víctimas de las zonas más afectadas por el CAI.  Las consultas se realizaron en Chimaltenango, Santa Cruz del Quiché, Nebaj, Huehuetenango y Alta Verapaz; y también participaron representantes de Baja Verapaz, El Petén, Ixcán y la Costa Sur.   En las consultas hubo gran participación de mujeres y muchos lugares la gente se expresó en su idioma materno.   En este proceso contamos con el apoyo del Procurador de los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), el Programa de Apoyo a la Justicia de Transición (PAJUST/PNUD), y la organización Impunity Watch,  quienes nos han acompañado por muchos años.  

El propósito de las consultas fue promover la participación de las organizaciones y los comités locales de víctimas en el balance de los Acuerdos de Paz, y recoger las demandas con relación a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Esperamos que los representantes del Estado reciban con buena voluntad las valoraciones y demandas de las víctimas, y que cumplan con responsabilidad los compromisos pendientes de la agenda de la paz.  


Perspectivas de las víctimas sobre el nivel de cumplimiento de los Acuerdos de Paz

Estas son las principales consideraciones y valoraciones de las víctimas y los sobrevivientes del CAI con relación al cumplimiento de los Acuerdos de Paz que se refieren a la verdad, justicia,  reparación digna y no repetición.   Los temas que se discutieron en las consultas regionales se agruparon en siete bloques: a) las recomendaciones del informe de la CEH; b) la búsqueda de los desaparecidos, exhumaciones e inhumaciones; c) el acceso a la justicia para las mujeres y los pueblos indígenas; d) la justicia por graves violaciones a los derechos humanos; e) la reparación integral y el Programa Nacional de Resarcimiento; f) el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas; y g) las garantías de no repetición.   En cada bloque presentamos un balance de los avances y obstáculos identificados en cada tema, y en la parte final hacemos un balance general del cumplimiento de los Acuerdos de Paz.   
 

1.      Las recomendaciones de la CEH


a.      Las víctimas y los sobrevivientes del CAI consideramos que el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) fue un gran aporte para esclarecer la verdad histórica y refleja las voces de las víctimas.   El informe de la CEH sirvió para determinar el número de víctimas del conflicto, las causas estructurales del conflicto, y las responsabilidades del Estado y la guerrilla en las violaciones a los derechos humanos contra la población civil. La CEH determinó que el Estado cometió actos de genocidio contra los Pueblos Indígenas, matando indiscriminadamente a niños, mujeres y campesinos.  El Informe contiene 84 recomendaciones para que el Estado reconozca los hechos y repare los daños causados a las víctimas, entre otra medidas, sin embargo el Estado nunca creo la comisión específica para impulsar dichas recomendaciones y la mayor parte de ellas nunca se implementaron.

b.      Es lamentable que el Estado siga sin reconocer la veracidad del informe de la CEH y el Ejército continué sin aceptar los hechos, sin pedir perdón a las víctimas por las atrocidades cometidas durante el CAI y sin dar información sobre el paradero de las víctimas de desaparición forzada.  Después de 20 años de la firma de la paz, el Estado y el Ejército siguen mantenido una posición negacionista de los hechos, muchas veces tergiversando la verdad y acusando injustamente a las víctimas de mentir.

c.      La mayoría de la población, sobre todo los niños y los jóvenes, no conocen el informe de la CEH ni la memoria histórica. El Ministerio de Educación no ha incorporado el contenido del informe de la CEH en el currículo de educación primaria, básica y secundaria.  Las víctimas consideramos que todos los niños y los jóvenes deben conocer lo que pasó para aprender de la historia y que estos hechos no se vuelvan a repetir. 

d.      A pesar de que el  Congreso de la Republica declaró el 25 de febrero como el “Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno” (Decreto 06-2004), las autoridades y las instituciones del Estado no conmemoran este día ni se enseña en las escuelas y las comunidades la importancia de esta fecha.  

2.      Búsqueda de desaparecidos, exhumaciones e inhumaciones


a.      La CEH determinó que durante el CAI ocurrieron más de 45 mil desapariciones forzadas, de los cuales más de 3,000 eran niños.   Sin embargo, el Estado ha mostrado poca voluntad política para ayudar a las mujeres y las familias a encontrar a sus seres queridos.   Esta negativa del Estado solamente sirve para proteger a los responsables de estas violaciones y prolongar la angustia de las familias.

b.      El Congreso de la República se ha negado reiteradamente a aprobar la iniciativa de ley 3590 que propone crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de la Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición. Hasta la fecha, los pocos reencuentros de familiares y las exhumaciones de cementerios clandestinos se han logrado gracias a las organizaciones de la sociedad civil y al apoyo de la comunidad internacional. 

c.      El Estado no ha impulsado una política de exhumaciones para encontrar a las víctimas del CAI, y este trabajo lo siguen realizando las organizaciones de la sociedad civil con apoyo internacional.   El PNR no realiza ni destina recursos para exhumaciones, a pesar de que esto es parte de la reparación integral para las víctimas.

d.      El PNR ofrece poco apoyo para enterrar los restos de las víctimas encontradas, exige muchos requisitos administrativos a las familias y no responde eficientemente a todas las solicitudes de inhumación.  El apoyo del PNR se limita a la construcción de nichos o trasladar los restos al cementerio, y las familias debemos comprar la caja, el terreno para el entierro, y cubrir los gastos velación y construcción del panteón.  Muchas familias nos endeudamos para enterrar a nuestros seres queridos. 

e.      Las investigaciones del MP y las órdenes judiciales han permitido descubrir cementerios clandestinos y realizar exhumaciones en destacamentos militares. Como en el caso Creompaz (antigua Zona Militar 21 de Cobán), en donde se encontraron más de 550 osamentas. Entre estas víctimas había niños, mujeres y campesinos indígenas de diferentes regiones del país, muchas de ellas con señales de tortura y violencia sexual. Algunas de las osamentas han sido identificadas y entregadas a sus familias, sin recibir ningún apoyo del Estado para la inhumación.

f.       Muchos sobrevivientes hemos dado muestras de ADN a las instituciones civiles que realizan exhumaciones para encontrar a nuestros seres queridos, pero no los hemos encontrado.  Esto prolonga nuestra angustia y desesperación,  y confirma la necesidad de seguir investigando y contar con una política de exhumaciones.

3.      Acceso de los pueblos indígenas y las mujeres a la justicia


a.      Los Pueblos indígenas y las mujeres seguimos enfrentando muchos obstáculos para acceder a la justica estatal.  En muchas de nuestras comunidades no existen oficinas del Ministerio Público ni del Organismo Judicial, y debemos recorrer grandes distancias para llegar a un centro de justicia.   Además, muchas instituciones judiciales no cuentan con intérpretes ni personal maya-hablante, lo cual limita la posibilidad de comunicarnos.   Lo peor es que muchos funcionarios y empleados públicos nos siguen tratando de manera despectiva y manifiestan actitudes racistas y sexistas. 

b.      Para muchos indígenas y mujeres es difícil confiar en el sistema de justicia estatal porque la justicia oficial no responde de manera justa a nuestros reclamos ni protege nuestros derechos colectivos y específicos.   El Estado no garantiza el respeto a nuestros territorios y bienes naturales, y muchos juzgadores ni siquiera conocen los estándares internacionales que protegen los derechos de los Pueblos Indígenas y las mujeres.

c.      El sistema de justicia es lento y difícil de entender para los Pueblos Indígenas y las mujeres porque muchas víctimas ni siquiera saben leer ni escribir.  Los funcionarios no se preocupan de explicarnos cómo funciona el proceso judicial ni las instituciones.   Por otra parte, nos cuesta confiar en el sistema de justicia porque hemos visto la injerencia de los grupos de poder en las resoluciones judiciales y los  casos de corrupción dentro del sistema judicial.

4.      Justicia por graves violaciones a los derechos humanos


a.      Reconocemos la valiente labor de fiscales y juzgadores que han aplicado correctamente la ley y los convenios internacionales en materia de derechos humanos, y han emitido sentencias condenatorias contra los responsables de delitos graves el CAI.  Estas condenas se han logrado gracias al trabajo de Fiscalía de Derechos Humanos del MP, el apoyo de las organizaciones querellantes, y las declaraciones de las víctimas-sobrevivientes.  Sin embargo, estos esfuerzos son pequeños frente a la magnitud de las graves violaciones cometidas en el CAI, hasta ahora solamente se han emitido 19 sentencias por graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna. 

b.      El sistema de justicia ha emitido sentencias emblemáticas para dignificar a los pueblos indígenas y las mujeres, como en el caso de “genocidio Ixil” y el caso “Sepur Zarco”.  Sin embargo, fue evidente para toda la población y la comunidad internacional la injerencia del CACIF en el caso de genocidio y la arbitrariedad de la Corte de Constitucionalidad que ordenó repetir el juicio.  La campaña negacionista de los grupos de poder y el Punto Resolutivo 3-2014 del Congreso de la República que niega el genocidio solo reflejan el profundo racismo que persiste en Guatemala.  

c.      Muchas víctimas y querellantes adhesivos constantemente recibimos intimidaciones y amenazas de grupos de ex militares y ex patrulleros civiles que buscan mantener la impunidad.  Sin embargo, el Estado hace pocos para garantizar la protección y la integridad  de las víctimas y los testigos de los casos.  Las amenazas de esos grupos generan temor y vulneran nuestro derecho a la justicia, pero no paralizan nuestra búsqueda de justicia.  

5.      Reparación integral para las víctimas y el PNR


d.      El Estado ha hecho poco para reparar dignamente a las víctimas del CAI. Después de 13 años, el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) únicamente ha atendido alrededor de 19,000 solicitudes de resarcimiento, y el apoyo se ha limitado a ofrecer una pequeña compensación económica, una vivienda modesta, o un proyecto productivo incompleto para las familias y las comunidades.  Los gobiernos han usado el PNR de manera clientelar y no han priorizado el resarcimiento para los ancianos y las viudas.  Muchos ancianos están enfermos o han muerto sin recibir ningún resarcimiento ni un gesto de perdón por parte del Estado.     

e.      Las víctimas participamos activamente en el diseño y la creación del PNR con la esperanza de que se concretara la reparación integral; y hemos participado en múltiples  mesas de trabajo con los distintos gobiernos, con la Comisión Nacional de Resarcimiento, con los diputados, y con otros funcionarios para exigir reparación integral, el incremento del presupuesto del PNR y la aprobación de la iniciativa 3551, para crear la Ley del Programa Nacional de Resarcimiento.  Sin embargo, los funcionarios no ha tomado en cuenta las voces de las víctimas en sus acciones y el PNR no ha cumplido con efectuar como mínimo cuatro consultas al año con las víctimas, como lo establece el Acuerdo Gubernativo de PNR.

f.       Los gobiernos han utilizado constantemente el PNR con fines políticos.  Generalmente nombran a miembros de  su partido político en cargos dentro del PNR y existe injerencia de militares y ex militares en la institución.   Este personal no tiene la voluntad política ni la capacidad suficiente para atender las demandas de las víctimas, por el contrario, muchas veces muestran actitudes discriminatorias y racistas contra las víctimas indígenas y las mujeres.

g.      Actualmente el PNR enfrenta una crisis de debilitamiento debido al bajo presupuesto, poca capacidad de ejecución, y retrasos en el nombramiento del personal.    En el 2016 únicamente se le asignaron 25 millones de quetzales de los 300 millones que establece la política de reparación, y más del 60% del presupuesto se usa para gastos de funcionamiento. Por otra parte ha habido muchos retrasos en la contratación del personal y varias sedes locales siguen sin funcionar.  Esto violenta el derecho de las víctimas a la reparación, tal como lo establecen las resoluciones del Procurador de los Derechos Humanos.   

h.      El PNR no cuenta con programas específicos para mujeres. Muchas mujeres víctimas de violencia sexual no son atendidas adecuadamente y se duda de su testimonio, algunos  funcionarios incluso las califican de mentirosas.  Esto representa una grave violación a los derechos de las mujeres y provoca re-victimización.

i.        El PNR exige muchos requisitos administrativos y documentos que difícilmente podemos cumplir, y cuando logramos completarlos no recibimos reparación digna. En otros casos, nuestra papelería se ha perdido en las oficinas del PNR y esto se agrava con cada cambio de Gobierno.  El convenio entre el PNR y el RENAP no ha facilitado de manera rápida y eficiente la documentación necesaria para solicitar resarcimiento, y todas estas barreras nos provocan desgaste, desesperanza y frustración.

6.      Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas


a.      El Estado ha ofrecido poco apoyo para el reasentamiento de las poblaciones de retornados y desplazados internos. Los pocos proyectos de tierra entregados a las poblaciones desarraigadas se hicieron en lugares donde la tierra estaba empobrecida, y sin la asesoría y el acompañamiento técnico y crediticio para hacerla producir. Además, la falta de certeza jurídica en la tenencia de dicha tierra nos pone en riesgo de perderla, de que nos sea embargada, o de sufrir un desalojo.

b.      Los temas centrales de acceso a la tierra y a la vivienda digna, y recuperación de los medios y relaciones de producción, siguen sin ser atendidos para las poblaciones desarraigadas. El  Estado no muestra una voluntad seria para cumplir el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado.

c.    Las comunidades desarraigadas tenemos dificultad para gestionar reparación ante el PNR debido a los costos económicos que conlleva seguir los trámites.  Muchas familias vivimos en precariedad por no poder recuperar las tierras que poseíamos y porque en la actualidad debemos arrendar terrenos para nuestros cultivos. Existen numerosos casos de desintegración familiar por la migración de las víctimas o sus hijos hacia los Estados Unidos y otros lugares en busca de trabajo. La falta de educación y empleo para los jóvenes provoca que muchos  se unan bandas delincuenciales, comprometiendo el futuro de nuestros hijos. 

7.      Garantías de no repetición


a.      El Estado hace poco para transformar las causas que dieron origen al conflicto armado interno, y no ha cumplido con los compromisos de los Acuerdos de Paz que se  refieren a la reducción del poder del Ejército y el fortalecimiento del poder civil; la lucha contra el racismo y la discriminación; la reducción de la desigualdad y la pobreza; y el acceso de la tierra para los Pueblos Indígenas y las mujeres. 

b.      Nos preocupa que el Ejército siga interviniendo en decisiones políticas y en actividades de seguridad que le corresponden a la PNC.  Los Acuerdos de Paz plantean reducir su función al resguardo de la seguridad externa, reducir el número de efectivos y disminuir su presupuesto.  Sin embargo, en los últimos años hemos observado la influencia del Ejército en el poder político, el incremento de efectivos, el aumento de su presupuesto, y la remilitarización de las comunidades indígenas para defender los intereses económicos de empresas de minera, cemento, hidroeléctricas  y otro tipo.  La instalación de centros militares cercanos a las comunidades que fueron golpeadas por el CAI nos parece una forma de intimidación y control por parte del Estado. 

c.       Reconocemos que ha habido avances en el reconocimiento de algunos derechos culturales, como el uso de nuestros idiomas maternos y vestimentas en las escuelas; además en algunos centros educativos se implementa la enseñanza bilingüe intercultural.  Aunque se han creado instituciones para proteger los derechos de los Pueblos Indígenas, como CODISRA y la Defensoría de Mujer Indígena, persisten prácticas racistas y discriminatorias en las instituciones del Estado y pocas sentencias que condenan este comportamiento.   

d.      Las mujeres continúan siendo utilizadas para dar una imagen incluyente a las instituciones del Estado y los partidos políticos, pero no tienen poder de decisión real.  El machismo obstaculiza la superación personal las mujeres, y sigue siendo limitado el acceso de las jóvenes y las mujeres a la educación y el trabajo. 

e.      Las víctimas y sobrevientas del CAI seguimos viviendo en condiciones de extrema pobreza y marginación.  El Estado sigue sin  implementar políticas efectivas para reducir la desigualdad y la pobreza.  Consideramos que para lograrlo se requiere de política económicas y sociales claras y firmes que contribuyan a generar empleo, acceso a la tierra, créditos económicos para pequeños productores y comerciantes, y una política fiscal justa que obligue a pagar más impuestos a quien más tiene.   

f.        El Estado no ha implementado una política integral para resolver el problema del acceso a la tierra, ni facilita la adquisición de tierras a las madres solteras y las viudas, mientras que las familias pobres no logran llenar los requisitos exigidos.  Numerosas familias bajo engaños vendieron las pocas tierras que tenían, dando paso a la instalación de empresas explotadoras de los bienes naturales, que en muchos casos comenzaron a operar sin haber cumplido todos los requisitos legales o, peor aún, sin respetar el derecho de consulta de los Pueblos indígenas.

g.      Los pueblos indígenas estamos siendo despojados arbitrariamente de nuestros territorios por las mineras, las hidroeléctricas y las palmeras; y los finqueros están promoviendo desalojos con el respaldo del sistema de justicia y las fuerzas de seguridad.  El Estado debe frenar los abusos de poder y la criminalización contra los pueblos indígenas, garantizar las comunidades recuperen los territorios que perdimos durante de CAI.

Nuestro balance general

En síntesis, nuestro balance del cumplimiento de los Acuerdos de Paz sobre los derechos de las víctimas del conflicto armado interno es negativo.   Consideramos que el Estado no ha mostrado suficiente voluntad política ni capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz ni proteger los derechos de las víctimas y los sobrevivientes del CAI.  Todos los gobiernos posteriores a la firma de la paz han ido relegando la agenda de la paz a un segundo plano, y han priorizado su propia agenda política o han utilizado el Estado para responder a sus intereses personales.

Los pocos avances en materia de verdad, justicia y reparación se han logrado gracias al compromiso personal de algunos funcionarios públicos, a la persistente lucha de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos,  y al apoyo de la comunidad internacional.   Lo más preocupante es que el Estado sigue sin resolver los problemas estructurales que dieron origen al conflicto armado lo cual representa un riesgo para sostenibilidad de la paz y la democracia.   

Los pueblos indígenas y las víctimas del conflicto armado interno somos gente de paz y esperamos en que los horrores del genocidio y la guerra nunca vuelvan a repetirse.   Sin embargo, nos preocupa que el Estado siga sin atender los problemas estructurales de este país: la desigualdad y la pobreza, el acceso a la tierra, la desmilitarización de la seguridad pública, la falta de participación política de las mujeres y los indígenas y la lucha contra el racismo.  Consideramos que mientras estos problemas no se resuelvan Guatemala corre el riesgo de vivir en permanente conflictividad y malestar social.  Creemos que el 20 aniversario de la paz es una buena ocasión para reflexionar sobre estos problemas y retomar la agenda que proponen los Acuerdos de Paz para transformarlos, así como atender las demandas de las víctimas del conflicto armado interno. 

Demandas de las víctimas para retomar el camino de la paz


Con base en las valoraciones anteriores, las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno proponemos y demandamos a las autoridades del Estado de Guatemala adoptar las siguientes medidas para retomar la agenda de la paz y cumplir con los compromisos pendientes de los Acuerdos de Paz:

Al Organismo Legislativo

·         Aprobar el marco normativo necesario para garantizar los derechos de las víctimas del CAI a la verdad, justicia y reparación integral.  En particular demandamos la aprobación inmediata de la iniciativa de ley 3590 para crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de la Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición, y  la aprobación de la iniciativa 3551 para garantizar la institucionalidad del Programa Nacional de Resarcimiento.  Además pedimos a los diputados oponerse a cualquier intento de aprobación de iniciativas de ley de amnistía general que promuevan la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el CAI.

·         Otorgar el presupuesto adecuado a todas las instituciones responsables de garantizar los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocasionados durante el CAI.  En particular demandamos la aprobación del presupuesto de Q150 millones asignados al PNR para el 2017, y asegurar que en los próximos años se asignen Q300 millones al PNR para que cumpla con la responsabilidad de ofrecer reparación dignas a todas las víctimas del CAI.   

·         Supervisar y vigilar permanente el desempeño de las instituciones y los funcionarios públicos encargados de garantizar los derechos de las víctimas del CAI, en particular las comisiones de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas, Paz y Desminado, y la Mujer.  

Al Organismo Ejecutivo

·         Reconocer la veracidad del Informe de la CEH y cumplir con sus recomendaciones. El Ministerio de Educación debe incorporar el contenido del informe en el currículo de educación primaria y secundaria para que los niños y los jóvenes conozcan la verdad histórica y aprendan las lecciones de la guerra para que estos hechos no vuelvan a repetirse.  Además se deben emprender campañas para difundir el Informe en las comunidades con enfoque intercultural.

·         Diseñar, implementar y financiar una política efectiva de búsqueda de personas desaparecidas, que incluya lo relativo a exhumaciones, identificaciones, inhumaciones de osamentas, y reencuentros de familiares sobrevivientes.  Esto es urgente porque muchas víctimas están enfermas o están muriendo sin encontrar a sus seres queridos después de más de 35 años de buscarlos.  

·         Fortalecer el Programa Nacional de Resarcimiento para que cumpla con su mandato, otorgándole el presupuesto suficiente, nombrando a personal calificado, y  asegurando que todas las sedes locales operan adecuadamente para atender a las víctimas de manera respetuosa y eficiente.  La Comisión Nacional de Resarcimiento debe convocar cuatro veces al año a las organizaciones de víctimas para informar sobre las acciones y resultados del PNR e incorporar las recomendaciones de las víctimas, tal como lo establece el Acuerdo Gubernativo 539-2013.  

·         Promover la conmemoración del Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno a través de actos oficiales, actividades en las comunidades y celebraciones en las escuelas y los institutos públicos, tal como lo establece el  Decreto 06-2004 del Congreso de la República. 

·         Cumplir inmediatamente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cesar su actitud de rebeldía ante violaciones a derechos humanos plenamente probadas.

·         Limitar las tareas del Ejército al resguardo de las fronteras y fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil,  tal como lo establecen los Acuerdos de Paz.  Pedimos que se reduzca el número de efectivo del Ejército, se disminuya su presupuesto, y que se retiren los destacamentos militares de las comunidades afectadas por el conflicto armado interno.  

·         Impulsar políticas efectivas para eliminar el racismo y la discriminación contra los Pueblos indígenas y las mujeres en todos los sectores de la sociedad, asumiéndolo desde todas sus dependencias.

·         Promover una política de restitución de  tierras para víctimas del CAI que abandonaron sus tierras debido a la represión del CAI y que se implemente una reforma agraria que incluya el impulso al desarrollo rural integral, desde la visión de los campesinos, las mujeres y los Pueblos indígenas.

Al Organismo Judicial y al Ministerio Público

·         Investigar juzgar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el CAI, particularmente los casos de trascendencia internacionales como el genocidio, la desaparición forzada, la tortura y la violencia sexual contra niños y mujeres.  

·         Mejorar los mecanismos de protección para víctimas, testigos y operadores de justicia que participan en casos de graves violaciones graves a los derechos humanos.  Esto es fundamental para garantizar la independencia e integridad de los fiscales y jueces que actúan con valentía para hacer cumplir la ley.

·         Respetar y proteger los derechos colectivos de los Pueblos indígenas y los derechos específicos de las mujeres, y que se apliquen los convenios internacionales ratificados por Guatemala en la materia. La defensa de la tierra y los bienes naturales de los Pueblos no debe dar origen a la persecución penal del MP en contra de las autoridades indígenas.

·         Promover la actualización y capacitación constante del personal judicial para que atienda adecuadamente a los pueblos indígenas y las mujeres, de tal forma que al acercarnos a un operador de justicia tengamos la confianza de que está capacitado y sensibilizado para responder a nuestras necesidades culturales y de género.

Al Procurador de los Derechos Humanos y los Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos

Continuar con su misión de supervisión y vigilancia de las instituciones del Estado para que se respeten los derechos de las víctimas del CAI, los pueblos indígenas y las mujeres.   Ofrecer asesoría técnica a las instituciones del Estado en materia de derechos humanos con base en el marco normativo nacional e internacional, y continuar acompañando y apoyando las luchas de las víctimas por una vida digna y en paz.

Peticiones inmediatas

Demandamos al Organismo Ejecutivo integrar de manera inmediata una mesa de alto nivel para establecer un plan de trabajo para cumplir con los compromisos del Estado en materia de reparación.  En esta mesa debería participar un Delegado del Presidente de la República, los miembros de la Comisión Nacional de Resarcimiento, un delegado del Procurador de los Derechos Humanos, y los representantes de las organizaciones de víctimas.  También pedimos el acompañamiento y observación de las organizaciones internacionales de derechos humanos.  Esta mesa debería integrarse en un plazo no mayor de 15 días.    

Red Nacional de Victimas
Consejo Nacional de Victimas
Movimiento Nacional de Victimas Q´anil Tinamit


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