Bien dicen que para que haya corrupción, no basta solo el corrupto, sino el corruptor.
Por: Miguel Ángel Albizures
Parece, y así es, que estamos bien jodidos y el pueblo no lo sabe o se hace baboso, porque sigue dejando que los funcionarios y los políticos hagan lo que les viene en gana y que las mafias copen las instituciones que deben garantizar el funcionamiento de un Estado democrático de derecho. El dejar pasar y dejar hacer nos tiene como estamos y nos condenará, por otros muchos años, a soportar el beneplácito de magistrados a la corrupción galopante o fallos que favorezcan a los rufianes que andan sueltos. Si hoy no abrimos los ojos y nos oponemos rotundamente a la integración de una CC, ‘ad hoc’ a los intereses políticos de quienes gobiernan, los encargados de velar por el respeto y cumplimiento de las normas constitucionales, serán abogados cooptados al servicio de los más ruines intereses.
La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 113, señala que los requisitos para ser funcionario público deben ser: “capacidad, idoneidad, honradez”; esto lo reafirma el artículo 207, al señalar que los jueces y magistrados deben ser de “reconocida honorabilidad”. Si bien es cierto, la reconocida honorabilidad puede parecer un criterio subjetivo, hay que recordar el dicho: “por sus obras los conoceréis”.
A los profesionales probos los conocemos por su trayectoria, por el ejemplo de rectitud y de apego a las normas constitucionales, por no venderse a quienes pretenden comprar la justicia a su favor. Por eso no gozan de la simpatía de los entes electores que, seguramente, han sido los que intentaron comprarlos. Bien dicen que para que haya corrupción, no basta solo el corrupto, sino el corruptor.
Los otros, ya sabemos quiénes son; los hemos visto arrastrar los principios y valores por el suelo y venderse al mejor postor o, simplemente, a lo largo de su trayectoria, responder a intereses contrarios a la independencia que debe tener la honorable Corte de Constitucionalidad y, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones, las cuales, desgraciadamente, con raras excepciones, están plagadas de magistrados que han escalado posiciones con el empujón de los partidos políticos, del narco y del crimen organizado, así como de altos funcionarios de gobiernos que, para salvar el pellejo, han influido para que se seleccione gente que responda a sus intereses, todo por si acaso en el futuro, al dejar el Gobierno, la Justicia se atreva a perseguirlos. Esto significa que han tenido que asumir un compromiso contrario a los valores y principios de la Justicia.
También es cierto que las leyes no siempre son justas, pero están para regular la vida en la sociedad. Por eso es que deben cumplirse y aplicarse desde un organismo independiente. Ojalá en Guatemala llegara a aplicarse el artículo 203 constitucional, que dice: “A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público”. Si así se diera, el futuro del país sería otro y daríamos grandes pasos en la construcción de un país realmente democrático, pues la justicia dejaría de estar al servicio del mejor postor, que solo muerde al descalzo, como decía Monseñor Óscar Romero.
La corrupción es el cáncer que se ha ido extendiendo a todos los poderes del Estado; si queremos rescatar Guatemala y sacarla adelante, deben hacerse todos los esfuerzos para extirparlo de todas las instituciones del Estado, desde el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, hasta limpiar todo el sistema de administración de justicia que tanto ha sido cooptado.
https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/02/11/cooptacion-y-corrupcion-corroen-las-cortes/
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