lunes, 2 de abril de 2012

17 AÑOS DE LUCHA POLÍTICA POR EL EJERCICIO PLENO DE LA IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

    17 años de lucha política por el ejercicio pleno de la identidad y derechos de los pueblos indígenas frente al Estado excluyente, racista y discriminador de Guatemala
    El 31 de marzo de 1995 el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca – URNG - firmaron el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, un paso importante para la solución política de la lucha armada revolucionaria iniciada en 1960 y un gran logro de la prolongada resistencia indígena a lo largo de 500 años.  El Acuerdo indígena es el primer pacto político de gran importancia entre la sociedad guatemalteca, los Pueblos Maya, Xinka y Garifuna y el Estado guatemalteco después de cinco siglos de despojo, exclusión y explotación hacia los pueblos indígenas.

    En el Acuerdo Indígena, en 1995, el Gobierno de Guatemala ante las Naciones Unidas se comprometió a que cualquier decisión del Estado, sus organismos y dependencias debe ser informada, consultada y acordada por y con los Pueblos Indígenas y reafirmó la obligación constitucional del Estado de reconocer y respetar a las Comunidades y Pueblos Indígenas, su identidad, sus derechos y su papel central en la unidad nacional y el desarrollo del país.  Esta y otras decisiones se reafirmaron como compromisos del Estado de Guatemala en  el Decreto 52-2005 Ley Marco de los Acuerdos de Paz.

    De 1995 a la fecha, el Estado implementó algunas medidas del Estado como la inclusión de las Comunidades y Autoridades Indígenas en las leyes de descentralización, la Ley de Idiomas Nacionales, la tipificación de la discriminación étnica como delito, la creación de traductores en el sistema de justicia, las comisiones indígenas de algunos Ministerios del organismo ejecutivo, CODISRA, FODIGUA y, la reciente creación de la unidad de pueblos indígenas de la Corte Suprema de Justicia.  Sin embargo, unas se han desvirtuado como el caso de los consejos de desarrollo por la práctica clientelar de cada gobierno de turno, las comisiones indígenas de los Ministerios carecen de objetivos y presupuesto y, en general al no contar con la participación directa de los pueblos indígenas, éstas se convierten en otras medidas racistas, excluyentes y discriminatorias por parte del Estado de Guatemala.

    En el contexto internacional, las recomendaciones y resoluciones de los organismos internacionales que velan por los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas  como las del Relator Especial de las Naciones Unidas para la observancia de los derechos de los pueblos indígenas, de la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU,  de la Corte Interamericana de los Derechos humanos y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han sido evadidas y rechazadas por el Estado de Guatemala.

    A esta conducta del Estado de Guatemala, se agrega la reciente campaña de ataque y desprestigio por parte de sectores económicos poderosos con importantes vínculos con el actual gobierno, a los países de Suecia, Holanda, Noruega y otros que ayudaron al proceso de paz y ayudan a distintos sectores sociales, desde las víctimas del genocidio cometido por el Estado de Guatemala durante el conflicto armado interno hasta distintas iniciativas de desarrollo comunitario y de respeto de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos humanos.

    Durante estos 17 años de vigencia del Acuerdos sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas y la construcción de la paz y la democracia en Guatemala Desde las Comunidades y Pueblos Indígenas, sus organizaciones, autoridades ancestrales fortalecieron su capacidad de movilización y su diversidad de  demandas sociales y culturales y, cada vez en la defensa de la madre tierra y sus bienes naturales.

    En distintas regiones del país: Petén, Las Verapaces, Izabal, Huehuetenango, San Marcos, Costa Sur, Zona Reyna, Ixcán, Región Ixil, entre otras, las Comunidades rechazan la política de entrega de los bienes naturales, montañas, bosques y ríos a las empresas multinacionales de hidroeléctricas, mineras y petroleras y las políticas de limpieza social, la re militarización de regiones indígenas y la criminalización de las luchas de comunidades, organizaciones y autoridades indígenas y campesinas que cada gobierno de turno impone con el único propósito de cuidar el capital y los intereses de las empresas multinacionales.  

    En el plano de la aplicación de las leyes del país para el bien común existen varios procesos jurídicos impulsados por comunidades e instituciones indígenas y populares ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.   Entre otros, el 19 de marzo del año 2012, las Comunidades y Autoridades Ancestrales Ixiles de la microrregión de Sumalito de Nebaj denunciaron públicamente que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con excepción del Magistrado César Crisóstomo Barrientos Pellecer, sin fundamentos de ley negaron el amparo a dichas Comunidades Ixiles que defienden sus derechos violados por la empresa HIDROIXIL que trata de construir las Hidroeléctricas La Vega I y la Vega II.  La CSJ favoreció con su resolución a la empresa HIDROIXIL y días después anunció la creación de la unidad de pueblos indígenas de dicho organismo.

    En el camino de la lucha por la dignidad y los derechos indígenas, el 27 de marzo del 2012, con representaciones de las Comunidades Q’eqchi’, Ch’orti, Mam, Q’anjob’al, Kiche’, Ixil, Uspanteka, Sacapulteka, Tz’utujil, Kaqchikel, Poqomam y otras Comunidades mayas, xinkas, garífunas y mestizas terminó la Marcha Indígena, Campesina y Popular, por la Vida y la Madre tierra iniciada en Cobán el 19 de marzo, con sus principales demandas:
    • Abordar con seriedad la problemática de la tierra.
    • Condonación total y definitiva de la deuda agraria.
    • Que terminen los desalojos, la persecución y criminalización de las luchas justas y legítimas y la presencia del ejército,
    • Cancelación de las licencias mineras de exploración y explotación minera, petrolera, la construcción de hidroeléctricas y el impulso de monocultivos.
    • Aprobación de la Ley de Desarrollo Rural.

    La marcha por la vida y la madre tierra desde las Comunidades y Pueblos, a 17 años de la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, abona la construcción de la Guatemala y el Estado plural sin explotación, despojo, racismo y discriminación hacia los pueblos indígenas.

    La lucha y resistencia sembrada durante el 13 BAKTUN camina hacia el nuevo amanecer con dignidad y derechos de las futuras generaciones

    CONSEJO POLITICO 13 BAKTUN
    Iximulew, Día 12 TZ’IKIN, AÑO 13 NO’J, BAKTUN 13.  Guatemala, 31 de marzo del 2012

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