sábado, 28 de marzo de 2015

Guatemala: Criminalización de los Lideres Indígenas y Sociales,"Ante la comunidad nacional e internacional Demandamos la promoción de la pluralidad de opiniones y formas democráticas de relacionamiento con la población y sus territorios".


Nos preocupa observar a un Estado cooptado por un solo interés, que impone como medida la persecución penal y de represión, frente al rechazo de la población a diversos proyectos de extracción de los bienes naturales, desentendiéndose de su naturaleza de ente rector del bien común y sus obligaciones con respecto a la aplicación de convenios internacionales y su propia legislación interna. Urge asumir, de fondo,  las demandas de la población, discutir y aprobar de forma democrática el modelo socio-económico que queremos y debemos construir, tomando en cuenta   que existe una deuda histórica con la población indígena y de todos aquellos sectores desfavorecidos; por lo que sería una obligación, diseñar un  modelo de desarrollo inclusivo y democrático desde una perspectiva integral. Tomando en cuenta la pluralidad de opiniones y respeto a la construcción de consensos.  Ante la ausencia de estos mecanismos alertamos sobre el nivel de conflictividad a que algunos actores interesados, están  llevando a diversos sectores poblacionales, en diversos territorios del país, especialmente en el norte de Huehuetenango. Por lo anterior y 
Preocupados ante el continuo aumento de criminalización y persecución de defensoras y defensores de derechos humanos:

CONDENAMOS

Enérgicamente la actual estrategia de persecución legal y criminalización de líderes y dirigentes comunitarios que se refleja en preocupantes largas listas de presos políticos, que recién fueron detenidos en forma injustificada: El 29/10/2014 fue detenida Bárbara Díaz Surim, lideresa de San Juan Sacatepéquez. El 21/11/2014 fueron condenados a 33 años y 4 meses los líderes comunitarios de Barillas, Saúl Méndez y Rogelio Velásquez por un linchamiento en el año 2010, en un proceso y sentencia cuestionada. El 7/12/2014 se capturó a Fausto Sánchez Robledo y el 27/01/2015 a Lorenzo Ramírez Rodríguez líderes comunitarios de San Pablo, San Marcos. El 26/2/2015 fueron detenidos Francisco Juan Pedro, Sotero Adalberto Villatoro Hernández y Arturo Pablo Juan dirigentes de Santa Cruz Barillas. El 24/3/2015 fueron detenidos Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, dirigentes de Santa Eulalia quienes además de ser ligados a proceso por los delitos imputados, el día hoy nuevamente al salir de la audiencia, con orden de juez  Otto Felipe Vásquez son nuevamente encarcelados y sindicados de los delitos de secuestro, instar a delinquir y plagio. La detención el 17/3/2015 de Francisco Javier Cruz Alvarado por oponerse a la Mina Marlin. Además siguen detenido, Timoteo Chen Tun de la Comunidad Monte Olivo en Cobán Alta Verapaz. Hay una  lista de nombre de líderes con  órdenes de captura y de personas con denuncias penales en etapa de investigación. Varios dirigentes comunitarios pasaron injustamente meses en cárceles entre tanto  esperaban  los resultados de investigaciones penales, las cuales finalmente terminaron sin prueba alguna, quedando las personas en libertad.

A esta lista de nombres de perseguidos penalmente se agregan asesinatos de diversos líderes y dirigentes comunitarios, así como la impunidad de autores materiales y/o intelectuales. Rechazamos especialmente los recientes asesinatos de Froilán Juárez en Malacatán, Daniel Pedro Mateo, Pascual Basilio Pascual de Santa
Eulalia y el día de hoy el líder comunitario Pascual Pablo Francisco, secuestrado el pasado martes.  Igualmente nos dejan consternados los asesinatos de tres periodistas en los últimos días, y otros hechos de violencia 
Ligado a los diversos hechos persecutorios se mencionan nombres de empresas extractivas que, en general, representan la lógica del capital que impone sus intereses sin importar el cómo, debilitando procesos democráticos. 
A eso se agrega la impunidad y actuación de la institucionalidad pública que debería estar al servicio del bien común, pero que por el contrario sus actuaciones afectan especialmente a líderes y dirigentes indígenas, algo que sólo puede entenderse en el marco del racismo y la discriminación existente en Guatemala.

EXIGIMOS:

· El cese a la estrategia de persecución de defensores y defensoras de derechos humanos. Y liberación de todas y todos los presos políticos del estado de Guatemala.

· La exhaustiva investigación de los asesinatos cometidos contra defensores de derechos humanos, y la condena para los autores materiales e intelectuales.

· El total respeto de los derechos humanos de pueblos indígenas, individuales y colectivos, incluyendo territoriales, de autogobierno, a la consulta de buena fe, entre otros más; el pleno cumplimiento de Convenios Internacionales y legislación nacional.

· Asegurar el respeto a las garantías fundamentales de todas las personas, reconocidas en la Constitución Política de la República, entre otros: detenciones sólo con órdenes de captura, acceso a defensa legal, ser informado sobre motivos de captura, ser escuchado en primera declaración, habeas corpus, entre otras.

· Asegurar la legalidad de los procesos y de la emisión de órdenes de captura, únicamente si se cuenta con resultados contundentes de serias investigaciones penales con relevantes pruebas.

· Que el Estado desarrolle formas democráticas de relacionamiento con la población y sus territorios, con discusión del modelo socio-económico y sus consecuentes políticas públicas en vez de estrategias represivas  de persecución de dirigentes y pueblos, ya sea por medios penales u otros.


Guatemala, 27 de marzo 2015

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