MIGUEL ÁNGEL ALBIZURES
Lo sucedido y a saber en dónde están los cuerpos, lo tienen los familiares de las víctimas.
Las páginas de la historia trágica de Guatemala, siguen abiertas, recibiendo uno a uno los nuevos hechos que provocan angustia y dolor a las familias. Los diarios, los noticieros, las páginas Facebook y los correos electrónicos, nos informan de adolescentes desaparecidas, de niños y niñas arrebatadas de los brazos de una madre para cambiarles nombre, arreglarles papeles falsos y venderlos. Autoridades y abogados, son cómplices de mafias criminales que extienden sus redes por el continente.
El 30 de agosto fue el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, fecha fijada por Naciones Unidas en diciembre de 2010, varias décadas después que en el mundo, y especialmente en América Latina y en Guatemala, se puso en práctica esa acción criminal en un intento por terminar con la oposición política. En Guatemala, además de ese día internacional, las organizaciones de víctimas decretaron el 21 de junio, por ser la fecha que, con toda impunidad, cercaron las oficinas de la Central Nacional de Trabajadores –CNT– y desaparecieron a 27 sindicalistas, era para recordar, a esta sociedad desmemoriada a golpes, que miles de miles de personas de diversos estratos, relacionadas con el movimiento social, habían sido desaparecidas y que jamás se ha vuelto a saber de ellas.
En el juicio que se lleva a cabo por caso Creompaz y por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen de 14 años, hecho ocurrido el 6 de octubre de 1981, el general Benedicto Lucas García, (según nota de elPeriódico), “Negó haber participado o tenido conocimiento de las violaciones a los derechos humanos que el Ministerio Público le señala”. Es normal que todos aleguen su inocencia, aunque todos sabemos que por los altos cargos que ejercían y las campañas de exterminio que lanzaban, estaban plenamente informados. Hasta la fecha, son pocas las osamentas que se han logrado identificar de personas que fueron detenidas-desaparecidas en la capital, aldeas o municipios y que aparecieron en cementerios clandestinos de destacamentos militares como el de Comalapa, Chimaltenango.
La Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, surgió para la búsqueda de estudiantes, sindicalistas, catedráticos, pobladores, periodistas, delegados de la palabra, sacerdotes o niños que fueron víctimas de esta forma de terror implantada en Guatemala y puesta en práctica por diversas dictaduras de América Latina. El derecho a la verdad de lo sucedido y a saber en dónde están los cuerpos, lo tienen los familiares de las víctimas y si alguien sabe de los 27 de CNT, de los 17 de Emaús, del niño Molina Theissen, de los cuatro miembros de la familia Azmitia y de cualquiera de los hombres y mujeres detenidos-desaparecidos, que contribuya para aliviar el dolor de tanta madre, hija o hermana que siguen en la búsqueda sin descanso de sus seres queridos. La verdad es un derecho.
http://elperiodico.com.gt/2016/09/01/opinion/derecho-a-la-verdad/
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