Publicado: 12 junio, 202113:49AutorNoe Vásquez Reyna
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Hace unos años colaboré con la organización de un certamen periodístico sobre sitios de memoria histórica en Guatemala. El objetivo era que personas y periodistas escribieran artículos para ubicar lugares en todo el territorio que recordaran hechos ocurridos durante el conflicto armado interno.
El artículo ganador fue una crónica sobre el asesinato del dirigente estudiantil Oliverio Castañeda de León, y el lugar de memoria comprende varios metros del centro histórico de la ciudad de Guatemala.
Mientras llegaban las propuestas al correo, la Universidad Rafael Landívar, en donde se desarrollaba parte del proyecto, me pasó una llamada. La voz era de un hombre que dijo que tenía algún grado militar que no recuerdo y se comunicaba conmigo porque quería saber si su historia cabía en los requisitos del certamen.
El hombre quería contar una historia sobre el Instituto Politécnico Aldolfo V. Hall. No me dijo a cuál de los ocho de estos institutos (parte del Ministerio de la Defensa Nacional) se refería, y comenzó a explicarme por qué. A grandes rasgos me dijo que él había egresado de ahí. Agregó que parte de los oficiales de su generación estaban ahora en la cárcel por diferentes crímenes y delitos. Me aseguró que ese lugar les había hecho daño, que los había traumado. «Nos dejó secuelas», recuerdo que dijo.
El hombre mencionó que ese instituto era un lugar de tortura para cada muchacho que entraba. A pesar de ello, me indicó que tiempo después su hijo también había estudiado ahí y que para él se había repetido lo traumatizante de la formación. También recuerdo que me dijo que las familias de quienes estudiaron con él no eran «familias normales».
Traigo hoy esta historia porque del 1 al 10 de junio se desarrolló la audiencia de primera declaración de seis de los doce militares y policías retirados sindicados de graves violaciones de derechos humanos en el llamado «Caso Diario Militar».
El Diario Militar es un documento que salió a la luz en 1999 por el Archivo Nacional de Seguridad (National Security Archive), una institución no gubernamental sin ánimo de lucro localizada en la Universidad George Washington, en Washington D. C., Estados Unidos. En este documento están registradas detenciones ilegales, torturas, violencia sexual, desapariciones y asesinatos entre 1983 y 1985.
Estudiantes, profesores universitarios, trabajadores de la universidad, integrantes de sindicatos y organizaciones sociales… Al menos 183 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas están registradas en el Dossier de la Muerte o Diario Militar.
La audiencia empezó solo con seis sindicados ya que el resto no pudo presentarse al Juzgado de Mayor Riesgo B, por condiciones de salud o por ubicarse en lugares afuera de la capital. En la investigación del Ministerio Público —que es extensa, profunda y con lógicas de rompecabezas— se mencionaron hechos puntuales de seguimientos, secuestros e interrogatorios mediante tortura, asesinatos y desaparición forzada, bajo las órdenes de una estructura de inteligencia militar con el aval y apoyo del Ejército y el Estado de Guatemala.
Este caso se relaciona directamente con otro caso, el de “la Panel Blanca”, en el cual se utilizaba este tipo de vehículo para secuestrar a personas consideradas contrarias al gobierno. Se les identificaba como enemigos internos, una categoría donde cabían todos: hasta niñas de 9 años.
El 9 de junio de 2021, después de veintidós años de que fuera revelado el Diario Militar, José Daniel Monterroso Villagrán, Edgar Virginio De León Sigüenza, Enrique Cifuentes de la Cruz, René Lara, Jacobo Esdras Salán Sánchez y Edgar Corado Samayoa (en esa época rondaban los 30 años de edad) fueron ligados a proceso. Al día siguiente se les dictó prisión preventiva por los tipos de delito que se les imputa: desaparición forzada, delitos contra los deberes de humanidad, asesinato y asesinato en grado de tentativa. Como supuestamente nadie está por encima de la ley, posiblemente tendrán que demostrar su inocencia ante un tribunal.
Este caso me recordó aquella llamada. Me llevó de vuelta a la historia que escuché de aquel hombre. La nota nunca llegó al correo, aunque le insistí que Guatemala también necesita escuchar historias como esa. Al colgar me asaltó la pregunta: ¿Me llamó directamente a mi número de celular? Respiré con tranquilidad cuando recordé que no: la Universidad me había pasado la llamada. Quizá la historia no fuera real. Quizá solo querían saber qué tipo de historias se esperaban. Quizá era una manera de intimidar. Quizá el tipo sí era militar y sentía culpa. No lo sé.
En Guatemala al menos tres generaciones que se enfrentaron abiertamente al sistema y a gobiernos militares fueron perseguidas, asesinadas o desaparecidas. Ser o pensar distinto no es delito, pero en aquella época (quizá ahora también) era suficiente para ser «el enemigo». La desaparición forzada es un delito que ha marcado a esas tres generaciones y es un delito pluriofensivo; es decir, que agravia no solo a las víctimas, sino a sus familias, amigos y a toda la sociedad.
La desaparición forzada de miles de personas nos dejó sin posibilidades reales de respuesta social. Nos dejó con miedo, con un supuesto romance malsano con el orden y las órdenes, los desfiles, los uniformes, las armas y las manos duras contra el crimen que nunca funcionan. Un aparato de inteligencia militar logró desintegrar el tejido social, dejando un entorno que desconfía, miente y sobrelleva la represión, la corrupción, el control y nos sigue eliminando si pensamos/sentimos/vivimos/somos de manera diferente.
[Foto de portada: @ojotriste33]
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