La verdad, es un derecho de las víctimas saber dónde quedaron sus desaparecidos.
Por: Miguel Ángel Albizures
Los diputados al Congreso de la República se preparan para aprobar una oprobiosa ley de amnistía que tiende a beneficiar a militares, policías y patrulleros civiles responsables de crímenes de lesa humanidad durante el llamado “conflicto armado interno”. Con ello lo único que logran es mantener campante la impunidad y mandar el mensaje de que hechos similares pueden cometerse contra el pueblo de Guatemala, porque esas atrocidades no serán castigadas. Este sería el peor mensaje del Pacto de Corruptos a la comunidad nacional e internacional, pues quiere decir que la justicia no importa, la paz es una utopía y la democracia solo sirve si a ellos les conviene. Hay que recordar que esos crímenes contra la humanidad fueron cometidos en una época en la cual pensar y actuar en la búsqueda del respeto a los derechos humanos y la construcción de un país democrático era considerado un delito, una afrenta a las dictaduras que controlaron el país.
Con esta propuesta jurásica de ley se pretende dejar en libertad a los responsables de los crímenes del pasado y atar las manos del Ministerio Público para que no pueda seguir las investigaciones y persecución penal (su mandato constitucional) sobre las atrocidades cometidas durante la guerra. No es extraño que quienes la promuevan estén vinculados a la comisión de esos delitos. Ojalá los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad respeten el espíritu de la ley y la Constitución y sostengan el fallo que señaló que dicho proyecto de ley violaba la Constitución y ordenó al Congreso suspender el debate sobre la propuesta.
Otra aberración que se pretende consumar es el otorgamiento de una recompensa a militares en retiro por los crímenes que cometieron; porque no se trata de un resarcimiento. Resarcimiento es cuando se tiene que reparar el daño que se hizo por la comisión de un delito o las violaciones a derechos humanos. Recompensa es pagarles por defender al gobierno de los ricos y los militares, que es lo que ellos hicieron.
En realidad, no importa si tienen necesidades económicas, si son pobres –porque ellos no estaban en la cúpula militar que se adueñó de tierras y bienes–; lo importante es que el pago de cualquier cantidad debe ser proporcional al daño del cual fueron víctimas. Y estos militares que reclaman una indemnización de Q120 mil, así como casa y terreno, no fueron víctimas, sino victimarios en la guerra terrorista que dirigió la cúpula económica y político-militar del país. Que les paguen los representantes de ese gobierno de los ricos y los militares; que les pague el CACIF, porque mataron y desaparecieron campesinos para protegerles las fincas y las cosechas; que les pague el Ejército con el dinero que se robaron los mismos militares del Instituto de Previsión Militar.
La verdad, es un derecho de las víctimas saber dónde quedaron sus desaparecidos, saber por qué asesinaron a sus seres queridos, por qué los militares violaron niñas y mujeres, por qué los militares torturaron maestros, intelectuales, líderes sociales. Saber por qué se cometió genocidio contra el pueblo maya.
Sentar precedentes judiciales, políticos, sociales, es importante para que hechos como esos no vuelvan a repetirse. Para que no volvamos a estrategias represivas (como las que hemos visto resurgir en los últimos meses) y logremos consolidar una endeble paz y democracia en Guatemala.
Valgan estas letras también para rendir homenaje a las y los dirigentes sindicales, campesinos, religiosos y sociales que fueron secuestrados en los allanamientos a la Central Nacional de Trabajadores (CNT) el 21 de junio y al centro de retiros Emaús, Escuintla, el 24 de agosto de 1980.
https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/06/24/rechazo-a-la-amnistia-y-resarcimiento/
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