La Asociación de Periodistas de Guatemala APG y su Comisión de Libertad de Prensa rechazan enérgicamente los allanamientos realizados por la “Fiscalía Especial contra la Impunidad” (FECI) y la Policía Nacional Civil (PNC), en las instalaciones del diario elPeriódico y la vivienda de su presidente, José Rubén Zamora. Las acciones de esta tarde remarcan la instauración de un Estado dictatorial.
Directivos del medio informaron que los fiscales no argumentaron el allanamiento a elPeriódico, debido a que el caso se encuentra “bajo reserva”, pero esto no impidió que el despacho de la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, y el Organismo Judicial (OJ) filtraran la información a los grupos de netcenters y redes de cuentas falsas en redes sociales con las que tienen relación.
Aparentemente, los allanamientos tienen relación con un supuesto caso de lavado de dinero que se le imputa a Zamora. En las oficinas del medio, las autoridades mantenían incomunicado al personal y les habrían impedido continuar con sus labores, para censurar la edición impresa de elPeriódico para este sábado.
Las acusaciones en contra de Zamora y elPeriódico forman parte de la campaña persecución, criminalización y censura que el Estado, por medio de las fuerzas de seguridad y el MP, continúan emprendiendo en contra de los medios de comunicación y periodistas que no se pliegan a los intereses de las autoridades estatales. Las acciones de este viernes son una venganza de Porras Argueta por las investigaciones y publicaciones que elPeriódico ha realizado para evidenciar los actos de corrupción del MP, la Presidencia, el Congreso de la República, entre otros organismos públicos.
El gobierno de Giammattei, replicando las acciones represivas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, busca ahogar económicamente a elPeriódico para obligar a su cierre. Como el caso de este medio, la Presidencia podría tomar medidas similares con otros medios de comunicación en un futuro cercano o mediano.
Como lo denunciamos en el informe de medio año presentado la mañana de este viernes, Guatemala paulatinamente se convirtió en un Estado autoritario con escasos espacios democráticos, en el que la libertad de expresión es uno de los primeros derechos que el Estado busca eliminar para que no exista investigaciones y críticas de los medios de comunicación ni una fiscalización social.
Responsabilizamos directamente al presidente Giammattei, a Porras Argueta y a Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, estos últimos sancionados por Estados Unidos por socavar el acceso a la justicia en el país, de la seguridad de José Rubén Zamora, su personal y de los archivos periodísticos, físicos y digitales, los cuales podrían hurgar durante la diligencia de esta tarde.
Reiteramos nuestra voz de alerta a los sistemas interamericano y universal de derechos humanos, a la comunidad internacional, organismo de derechos humanos y organizaciones de prensa sobre el socavamiento de la democracia en Guatemala y la constante persecución a la libertad de expresión.
Guatemala 29 de Julio de 2022
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