La Trementina, Zacapa

MIGUEL ÁNGEL ALBIZURES

Habitantes llevan una docena de años de luchar por la naturaleza.

La comunidad de La Trementina, en Zacapa, está compuesta por 13 mil habitantes que tienen unos 12 años de estar luchando en defensa del agua y por la conservación de los bosques en las montañas de Las Granadillas, frente a los finqueros que se dedican a deforestar, amenazar, acusar y hasta atentar contra la vida de quienes ejercen sus derechos en esa región y protegen el medio ambiente y la vida.

A principios de junio, se produjo un atentado más contra la comunidad, que después de varios días de permanecer sin agua, el  día 7 subieron a revisar lo que pasaba, y según las fotos que proporcionaron sobre los daños, la tubería estaba totalmente destruida, tal como había acontecido en otras oportunidades, para que dejen la lucha por la protección del vital líquido, que es un tesoro en medio de las áridas tierras de Zacapa y Chiquimula.

El problema no es solo el del pasado 7 de junio, que los finqueros mandaron a romper la tubería, pues ya en el 2009 el reverendo José Pilar, de la Iglesia luterana, quien ha luchado hombro con hombro con los líderes y habitantes de la comunidad, fue arrestado y acusado de instigación a delinquir, y así han estado bajo proceso otros líderes que protegen los bosques de esa región, pero tal como lo dice José Pilar “somos culpables hasta que no demostremos lo contrario”, porque las autoridades, incluyendo a los personeros del Instituto Nacional de Bosques (Inab) que otorga licencias de tala sin ton ni son, protegen, como en el caso la minería, a los finqueros que se enriquecen destruyendo los bosques. 

Además de José Pilar, hay nueve miembros de La Trementina acusados de robo, entre ellos tres mujeres, que exponen su vida para proteger las montañas y el rico manantial que surte de agua a la comunidad. En el 2011 se presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), peticiones concretas tales como el reconocimiento de la lucha por la defensa del agua, los bosques y la biodiversidad, como una lucha legítima y –de por sí– justa, y que se ordene al Estado de Guatemala velar por la seguridad, integridad y protección de los derechos humanos de las comunidades. 

Que la CIDH pida al Estado de Guatemala prohibir la práctica de tala rasa en todo el territorio nacional, para preservar las fuentes de agua y prevenir los riesgos de deslaves o escasez de agua en época seca. 

Hay una serie de recomendaciones al Estado que no han sido atendidas y ni siquiera existe una investigación de los hechos ocurridos, ni de la actitud del Inab que debe ser fiscalizado para que deje de servir a los intereses de los finqueros. 

El Gobierno no debe seguir criminalizando a quienes defienden los recursos naturales y que realizan una labor que debería ser parte del quehacer de las autoridades.