Durante las discusiones en diferentes mesas de trabajo nacionales de los últimos meses es uno de los temas que más dudas y cuestionamientos ha generado.
¿En cuáles delitos tendrían jurisdicción y en cuáles no?, ¿cómo se tratarán las violaciones y los asesinatos?, son algunos ejemplos de las interrogantes que algunos plantean.
La primera en mostrar su rechazo ha sido la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), que no acepta la propuesta de modificar el artículo 203 de la Constitución Política de la República, referente a la independencia judicial y a la potestad única de juzgar del Organismo Judicial (OJ).
Dicho artículo establece que: “La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia”.
En la propuesta de reforma presentada por los presidentes de los organismos Ejecutivo, Jimmy Morales; del Legislativo, Mario Taracena, y del Judicial, Ranulfo Rojas, se elimina la exclusividad de la CSJ, y proponen que se agregue: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres, siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Para este efecto deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el Sistema de Justicia Oficial y las autoridades indígenas”.
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Criterio confuso
Jorge Briz, presidente de la CCG, reiteró su rechazo al considerar que la exclusividad en el ejercicio de justicia corresponde a la CSJ y a juzgados, y que si se la retiran y agregan que la jurisdicción indígena impartirá justicia con base en su uso y costumbres, se tendrían 23 jurisdicciones indígenas “sin saber ni siquiera cuáles son las normas que aplican para los temas penales, civiles, mercantiles, administrativos, realmente el país sería un caos y no habría ninguna certeza jurídica”, señaló.
“Las autoridades indígenas conocen y resuelven todos los tipos de conflictos, quizá civiles, penales, laborales, y eso lo hacen actualmente”, Cristian Otzín, abogado.
Quizá el tema que mayor preocupación genera a los empresarios es el de la propiedad privada, y que se transgrede el principio de igualdad de la ley.
“En la reforma no ponen ninguna limitación para ninguna jurisdicción y ni ámbito judicial, eso sería muy grave para el país”, indicó Briz. La CCG también se opone a la iniciativa 3946, ley de jurisdicción indígena, que se conoce en el Congreso.
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Reconocimiento
Magdalena Jocholá, asesora del Departamento de Pueblos Indígenas del Ministerio Público (MP), resaltó que la reforma busca el reconocimiento constitucional del sistema jurídico propio de pueblos indígenas. “Algo que se da y que se ha estado dando desde hace más de cien años... no es crear algo nuevo sino reconocer algo que ya existe, y más que crear división, resuelve problemas”, indicó.
Agregó que hay estudios que demuestran que el trabajo de las autoridades indígenas ha contribuido al sistema de justicia oficial, pues resuelve los casos con mayor celeridad, la gente no tiene que salir de un lugar a otro, lo cual le reduce gastos al mismo Estado.
“El sistema jurídico indígena ha coexistido con el sistema de administración de justicia oficial occidental y no ha sido quien ha tenido el problema", Álvaro Pop, politólogo.
Para Alberto Brunori, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aplicar la justicia es complicado, por eso se tiene todo un sistema que analiza los hechos y leyes del país, aunque el sistema jurídico cambia continuamente y se tiene que poner al día para aplicar y entender cómo varían las reglas en un estado democrático.
Refirió que en América Latina hay varios países que tienen pluralismo jurídico como Ecuador, Bolivia y México donde las constituciones recuperan parte de la justicia indígena. Agregó que se trata que con el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales y la declaración de los derechos de los pueblos, estas formas de justicia sean reconocidas en el ámbito constitucional, ya que los tratados internacionales admiten el pluralismo jurídico.
Brunori indicó que una vez reconocido, no quiere decir que si una decisión de una autoridad ancestral va contra tratados internacionales o principios básicos constitucionales, se quede así, sino que debe haber un mecanismo de control y apelación para que la víctima o el victimario pueda recurrir al sistema de justicia cuando considera que no se han aplicado los principios.
Complementario
El politólogo Álvaro Pop resaltó que es claro que el imperio de la ley y del régimen del sistema oficial en la administración de justicia seguirá intocable, y es opcional que se tengan una administración bajo un enfoque indígena y donde exista debe respetarse, de tal manera de que no hay un doble enjuiciamiento.
Lesbia Marley Sis Chén, de la Coordinación de Enfoque Intercultural, del Instituto de la Defensa Pública Penal, comentó que han tenido casos en los que las personas han sido sancionadas en sus comunidades y al determinar mediante un peritaje cultural que es cierto, le solicitan al juez que no conozca el caso porque según el Código Procesal Penal, una persona no puede ser sancionada dos veces por lo mismo.
“Con la reforma se pretende hacer valer, que se reconozca esa facultad de la autoridad indígena de resolver los conflictos de su comunidad", Lesbia Sis Chen, del IDPP.
Pedro Barán Tzay, coordinador del Departamento de Pueblos Indígenas, señaló que han abierto espacios de diálogo entre el Ministerio Público y autoridades indígenas y firmado convenios de coordinación para promover el intercambio de experiencias.
Con respecto a quién regularía ciertos delitos, refirió que es complejo porque el pretender establecerlo de esa manera pareciera verse al sistema jurídico de pueblos indígenas que solo conozcan delitos de menor gravedad, pero no todas las autoridades indígenas comparten esos criterios, pues en ocasiones ven desde una falta leve hasta un asesinato.
Cristian Otzín, de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas, se cuestiona que la mayoría de autoridades son hombres, que podrían favorecer a su género. “Creo que las autoridades indígenas van trascendiendo en el ejercicio y van a ir estableciendo nuevos parámetros de sanción y reparación hacia la víctima”, señaló.
Legal integración
Cándido Cupil, comisionado presidencial contra la discriminación y el racismo de los pueblos indígenas, señaló que reconocer el sistema jurídico de pueblos indígenas modernizaría el sistema, porque reconocería en su carta magna esa pluralidad jurídica que existe a lo interno.
Visibilización
Jordán Rodas, vicepresidente de la Asociación de Abogados y Notarios de Guatemala, consideró que lo más justo de
cara a la mayoría de la población es que se reconozca el sistema jurídico de pueblos
indígenas.
“Es una realidad que ya existe y que no podemos seguir invisiblizando, ni dándole la espalda, tiene sus propios principios, normas y autoridades”, puntualizó el abogado.
Discusión
Domingo Hernández, de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, señaló que para el 9 de agosto —Día Internacional de los Pueblos Indígenas— se convocó al diálogo público Estado y Pueblos Indígenas para discutir con los presidentes de los tres poderes sobre sus derechos, uno de los temas es el sistema jurídico.
http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/reconocimiento-pendiente-justicia-indigena
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