martes, 21 de agosto de 2012

Condenamos el intento de agresión contra Miguel Angel Albizures


 La Asociación COMUNICARTE Condena el intento de agresión contra  el Periodista Miguel Angel Albizures, actual Presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala - APG- por parte de Ricardo Méndez Ruiz, hijo del coronel, exministro de Gobernación con el mismo nombre.

En la sala del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que preside Jazmín Barrios donde fue condenado a 70 años de prisión el exjefe policial Pedro García Arredondo por la desaparición de Édgar Saénz Calito estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la década de 1980.

Ricardo Méndez Ruiz,  después de escuchar la condena se dirigió al periodista Miguel Angel Albizures y trato de agredirlo frente a todos los asistentes.


Un exjefe policial guatemalteco condenado a 70 años de cárcel

Guatemala, 21 ago (EFE).- Un tribunal de Guatemala condenó hoy a 70 años de prisión al exjefe policial Pedro García Arredondo por la desaparición forzada en 1981 del universitario Edgar Saenz.
El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que preside Jazmín Barrios, dio valor probatorio a los documentos, testimonios y pruebas presentadas por el fiscal Orlando López durante el juicio contra García, que inició el pasado jueves.
La condena de García Arredondo, de 68 años, constituye la cuarta dictada por la Justicia de este país centroamericano por desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra interna que vivió Guatemala (1960-1996).
Tanto el fiscal López como el abogado Mynor Alvarado, querellante en el proceso, señalaron en el juicio que el exjefe policial coordinó y apoyó la captura y desaparición de Saenz el 9 de junio de 1981 en la capital.
Las autoridades acusaron al estudiante de Agronomía de ser un "enemigo interno" y un "subversivo", al haberle encontrado propaganda de la desaparecida Organización del Pueblo en Armas (ORPA), según la Fiscalía.
García, capturado en 2011, fue juzgado por los delitos de desaparición forzada y "deberes contra la humanidad", como se tipifica en Guatemala el delito de lesa humanidad, por los que fue sentenciado a 40 y 30 años de prisión, respectivamente.
Saenz fue detenido el 4 de mayo de 1981 y llevado a un cuartel policial en el que fue torturado hasta su liberación el 9 de junio del mismo año, cuando ese mismo día, de nuevo, fue secuestrado por agentes bajo el mando de García y hasta hoy se desconoce su paradero, de acuerdo con la investigación judicial.
"Después de 31 años la Justicia se ha hecho presente de nuevo", señaló el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), promotor del proceso penal en contra del exjefe policial.
Moisés Galindo, el abogado de García Arredondo, había pedido la absolución de su cliente con el argumento de que en ningún momento la Fiscalía pudo demostrar la participación de su defendido en la captura y desaparición del estudiante.
Galindo dijo que cuando Saenz fue detenido, García Arredondo era jefe del Cuerpo de Detectives y no del Comando Seis de la Policía Nacional, cuyos agentes fueron los que capturaron al estudiante con propaganda de la guerrilla.
Ésta es la cuarta sentencia que dictan los tribunales guatemaltecos en contra de exagentes del Estado por desapariciones forzadas durante el conflicto armado que vivió Guatemala entre 1960 y 1996 y dejó unas 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
En agosto de 2009 fue condenado a 150 años de prisión el exmilitar Felipe Cusanero por la desaparición de seis indígenas entre 1982 y 1984 en la comunidad de Choatalun, en el departamento de Chimaltenango.
En octubre de ese mismo año cuatro exmilitares fueron sentenciados a 53 años de cárcel por la desaparición de ocho campesinos en 1981 en la jurisdicción de el Jute, en el oriental departamento de Chiquimula.
La última condena fue dictada en octubre de 2010 contra dos exagentes de la Policía Nacional hallado culpables de la desaparición del dirigente universitario Edgar Fernando García, el 18 de febrero de 1984.
El juicio por la desaparición de Saenz es el primero que enfrentó García, que también será enjuiciado por su presunta participación en el incendio de la embajada de España el 31 de enero de 1980, en el que murieron 37 personas.
Además, tiene abierto otro proceso por la muerte de tres estudiantes que habían asistido al funeral de las víctimas del incendio en la legación diplomática española.
La fechas de estos juicios aún no han sido anunciadas por el tribunal guatemalteco.

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