MIGUEL ÁNGEL ALBIZURES
Quienes hoy en día mantienen un discurso anticomunista y agresivo contra jueces y fiscales probos, contra defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, y periodistas que investigan y denuncian la corrupción o expresan su opinión respecto de la grave situación que vive el pueblo, van a señalar de comunista y subversiva a toda la Diócesis de San Marcos por el contenido de su último comunicado que es un alerta a toda la población, y una exigencia a quienes gobiernan para que piensen en el país y en los seres humanos que lo habitamos, especialmente en quienes no tienen nada y están muriendo de hambre.
Parten de la realidad que viven en San Marcos, pero que es la situación que se vive en todo el país, porque consideran que esa realidad la provocan causas estructurales que no han sido atendidas por la ausencia cada vez mayor del Estado, que privilegia el modelo neoliberal y la minería extractiva de metales, así como las hidroeléctricas. Levantan su voz contra la criminalización de quienes exigen sus derechos y “han denunciado las injusticias de que está siendo objeto la población, en temas como la salud, la educación, los servicios públicos, el medio ambiente, la seguridad y la justicia”, y consideran que los actores de poder siguen cubiertos por el manto de la impunidad.
La Diócesis de San Marcos señala con claridad lo que muchos guatemaltecos percibimos y señalamos del Estado, y que ha dado lugar a órdenes de captura y hasta asesinatos, así como a la circulación de panfletos en los que se acusa a la Iglesia de comunista, y por ello no dudamos que lo harán contra los sacerdotes de San Marcos, que señalan que vivimos en “Primero, un Estado ausente para cumplir sus obligaciones en gobernabilidad, justicia y seguridad. Segundo, un Estado débil, que ha cedido ante grupos del crimen organizado. Tercero, un Estado fallido, donde estos grupos al margen de la ley, han ido tomado el control de la situación. Cuarto, un Estado represor, que utiliza la fuerza militar y las juntas de seguridad ciudadana, como órganos para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Esta última fase, nos causa mucha preocupación, pues ahora se sabe que la estrategia es instalar destacamentos militares en Tacaná, Sibinal, Tajumulco y Tecún Umán, entre otros municipios, disposición que contraviene el papel del Ejército en un Estado democrático, sobre todo por el rol que jugaron las fuerzas armadas en el pasado reciente, como por ejemplo las masacres, secuestros o desapariciones forzadas que se atribuyen a algunos miembros del Ejército en el pasado”. Este último párrafo les duele a quienes niegan el genocidio y las desapariciones, y buscan deslegitimar la lucha por la verdad y la justicia, ellos quieren la Iglesia del silencio y la complicidad y no la de los pobres y por los pobres.
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